Por María Fernanda Almeida / @mafe_82almeida
Cuando Margarita Salas conducía por la Autopista General Rumiñahui, en agosto de 2019, falló la batería y su vehículo se apagó. Al sitio llegaron dos oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y le amenazaron con multarla por provocar congestión. Sin embargo, el Código Integral Penal (COIP) sólo estipula una sanción en caso de que un vehículo provoque congestión por haberse quedado sin gasolina.
Los agentes, en tono prepotente, le exigieron que colocara los triángulos de seguridad detrás del vehículo, pero ella estaba sentada en el parterre, abrazando a su hijo con autismo, porque lloraba muy asustado. “No me brindaron ayuda, sobredimensionaron la situación porque querían dinero, pero yo conocía la Ley y sabía que no había hecho nada malo”, recuerda.
El caso de Margarita se suma a otros cientos, en una ciudad en la que la seguridad vial se percibe cada vez más lejana.
En 2022, Quito fue la primera ciudad con más congestión vehicular del Ecuador y la tercera de América del Sur, según el reporte de INRIX 2022, en el que, además, se especifica que los capitalinos perdieron alrededor de 70 horas lidiando contra el tráfico.
La crisis de seguridad vial en Quito no es sólo una percepción. Según la misma (AMT), sólo en los dos primeros meses de 2023 se reportaron 500 accidentes. Además, de acuerdo con el Informe Corto de Mortalidad de Siniestros de Tránsito Quito 2022, elaborado por la AMT y Bloomberg Philanthropies, se reportaron 234 fallecidos en 2022, mientras que en 2021, se contabilizaron 218. Un aumento del 7,34%. Si se toma como referencia la serie histórica de víctimas fatales desde 2015, la tendencia de fallecimientos va al alza.
Los jóvenes de entre 20 y 29 años son las víctimas más frecuentes (37,7%). Les siguen los jóvenes de entre 30 y 39 (28,6%).
El 79,06% de todas las víctimas fatales son peatones, ciclistas y motociclistas, es decir, usuarios vulnerables, según los reconoce la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) así como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ellos deben estar protegidos de manera especial mediante el diseño y la construcción de una infraestructura vial adecuada.
Pero en la capital ecuatoriana, esto no se cumple (ver datos en infografía).
En Ecuador, los accidentes de tránsito están entre las 10 principales causas de muerte, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras tanto, los agentes municipales de tránsito perfeccionan sus prácticas de extorsión hasta convertirlas en un modus operandi.
¿Agentes de tránsito o extorsionadores a sueldo?
En mayo de 2021, la exreina de Quito Carolina Báez fue detenida debido a una falsa infracción por exceso de velocidad en la zona de Lumbisí. Un agente de la AMT la amenazó con retener su vehículo, 30 días de prisión y una multa de 1.200 dólares, a menos que transfiriera 1.000 dólares a su cuenta bancaria personal y grabara un video en el que dijera que ella era quien le ofrecía el dinero como coima.
Algo similar le ocurrió a la educadora Gabriela Cevallos, quien también fue extorsionada en Carcelén, al norte de Quito, en diciembre de 2022. Realizaba el recorrido habitual para dejar en sus casas a varios niños que asisten a su guardería cuando fue detenida, supuestamente, por rodar con las llantas de su vehículo lisas.
El agente nunca usó un profundímetro －instrumento que determina el nivel de desgaste de los neumáticos－. “Le entregué 120 dólares, después fui a una mecánica a cambiar las llantas y el maestro me dijo que no era necesario, que tenían al menos 6 meses más de vida”.
Tres semanas antes, la mujer ya había sufrido otro intento de extorsión cuando conducía por una calle paralela a la avenida Occidental, cerca del centro comercial El Bosque. En esa ocasión fue detenida por infringir el pico y placa aun cuando ella estaba fuera de la zona donde rige la norma. Luego de que la conductora no accedió a la extorsión, el agente llamó a una grúa para llevarse el auto.
Después de una acalorada discusión a la que se unieron otros ciudadanos, el agente reconoció su equivocación, pero fue tarde. Gabriela tuvo que pagar 50 dólares por la grúa que nunca usó, sin siquiera haber cometido la infracción por la que fue retenida. “Se aprovechan de la situación y te presionan psicológicamente hasta convencerte de que estás equivocada (…), estoy segura de que el dinero se lo repartieron a medias”.
Omar C. aseguró a La Barra Espaciadora que vive atemorizado por los agentes de tránsito de la AMT. En mayo de 2023 fue detenido por conducir un vehículo con la matrícula caducada. Un agente le pidió que le transfiriera 80 dólares a una cuenta del Banco del Pichincha para no retener su vehículo, advirtiéndole que la multa, oficialmente, superaría los 600 dólares. Tan sólo dos semanas después, otro oficial lo escoltó hasta un cajero en el valle de Cumbayá para que le entregara 140 dólares y evitar así ser multado por la misma infracción. “Yo acepto que estaba atrasado en los pagos, pero es que no tenía el dinero suficiente para pagar”, dice.
Tanto Gabriela como Omar decidieron no denunciar estos hechos porque, aseguran, no confían en la institución.
Entre 2021 y mayo de 2023, la AMT recibió 94 denuncias ciudadanas relacionadas con actos de corrupción. De estas, sólo se han abierto 43 expedientes que no garantizan una sanción ni, mucho menos, el acabar con las prácticas corruptas de los agentes.
Servicios de grúas: negociados sin controles
Mientras Margarita consolaba a su hijo y soportaba la hostilidad de los agentes metropolitanos, una grúa llevó su vehículo a un taller mecánico. El trayecto fue desde el sector de Monjas hasta el valle de Los Chillos. “Al señor de la grúa le pagué 70 dólares y me di cuenta de que [ese dinero] es mitad-mitad, porque el que llamó a la grúa fue el [agente] metropolitano, ellos tienen los contactos”, cuestiona.
De acuerdo con el tarifario actualizado de servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), un ciudadano debe pagar 18 dólares por movilizar un vehículo liviano en una grúa, más 1,10 dólares por kilómetro recorrido. Cuando se trata de motocicletas, el valor es de 9 dólares más 0,80 centavos por kilómetro recorrido. Pero Margarita fue estafada, pues ese trayecto comprende 8 kilómetros y la grúa debía haberle cobrado 26,80 dólares.
“Muy pocas grúas cobran lo que corresponde. ¿Quién fiscaliza esos pagos y por qué a vista de los agentes metropolitanos se cobra valores altos en las calles y en los patios de retención”, se pregunta el dueño de una empresa que ofrece servicio de grúas en Quito y que pidió proteger su identidad por temor a represalias de sus mismos colegas.
Con más de 30 años de experiencia, este empresario cuenta que muchos de sus compañeros que se inscribieron para brindar servicios a la AMT “generan evasión fiscal”, pues no siempre entregan facturas por el servicio y cobran valores excesivos sin ninguna justificación.
Las grúas que se inscriben para trabajar exclusivamente con la AMT y que deben cumplir ciertos requisitos, como tener licencia vigente con puntos y permiso de circulación, son identificadas como KILO, y en sus vehículos lucen un distintivo con esta etiqueta.
Contactamos a uno de sus trabajadores más antiguos, quien también pidió la reserva de su nombre por temor, y explicó que en Quito hay alrededor de 80 grúas KILO que sirven a la AMT. Cada una brinda un promedio de 10 servicios de retiro de vehículos a la institución al mes, pero solamente cobran por dos de ellos, porque en los otros casos, los propietarios de los vehículos fallecen o huyen cuando provocan un accidente. Esos autos, por lo general, quedan abandonados en los centros de retención. “Nosotros sí le subimos un poquito [los precios] a fin de compensar los otros servicios que nunca cobramos”, reconoce la fuente. Y añade que hay un “control mínimo” por parte de la AMT a los cobros que hacen las grúas KILO. “Si nos ponen esos precios que pone la Agencia Nacional (tarifario), nadie les va a trabajar”.
El 24 de julio de 2019, el Municipio convocó a un ordenamiento de grúas y “plataformas autoelevables”, debido a varias quejas ciudadanas por sobreprecios y por el uso de unidades no aptas para el remolque. En esa reunión se estableció el uso de una aplicación digital para que los agentes metropolitanos contacten a los servicios de grúas a través de ese medio; sin embargo, la aplicación nunca entró en operación.
En la actualidad, la AMT no tiene contratos directos con operadoras de grúas, según se especifica en el sitio web de la institución y en carteles informativos ubicados en los patios de retención vehicular municipales. En el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) sólo consta una convocatoria de contratación de grúas por 232.260 dólares (SIE-AMT-006-2014) que se declaró desierta en 2014 y otra contratación de ínfima cuantía, en 2017, por el servicio de remolque, a la empresa Chavalytrans S.A., por 5.191 dólares.
No existe información disponible sobre la norma ni tampoco se ha implementado campaña alguna para brindar esta información en Quito. Pero, en caso de detención vehicular por infracción o pico y placa, los mismos ciudadanos pueden conducir su vehículo hasta los patios de retención. No están obligados a usar el servicio de grúas.
La incapacidad al volante
De acuerdo con el Plan Mundial de Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud, para reducir la corrupción en la gestión del tránsito y el transporte, el control debe hacerse por medios tecnológicos.
Con ello concuerda Guillermo Abad, director de la organización Seguridad Vial. “En el momento en que usted empieza a controlar y gestionar el tránsito a través de semáforos inteligentes, de cámaras con lectores de placas, a través de pórticos de velocidad, de radares, de sensores en las vías, los agentes en las vías ya no son necesarios (…). Ahora las cosas funcionan a ojo de buen cubero”.
Abad reconoce que la cultura ciudadana en Quito carece de una formación constante para adquirir destrezas y prácticas de conducción que permitan evitar siniestros. “Se sabe manejar pero no conducir”, explica, y cita como ejemplo el accidente de tránsito en Guayllabamba del pasado 27 de mayo de 2023, que dejó 3 fallecidos y 20 heridos, debido al choque múltiple provocado por el chofer de un tráiler que perdió los frenos. El informe pericial de reconocimiento técnico-mecánico integral de los sistemas, realizado el 13 de junio de 2023, concluyó que los frenos se cristalizaron －lo que ocurre cuando se calienta el freno por uso excesivo－ debido a un mal manejo del conductor.
Abad insiste en que el 96% de los accidentes responde a errores humanos. El 47% de accidentes se atribuye a conductores profesionales －sin contar con los conductores que huyen－y el 53% a conductores no profesionales que no conocen sobre seguridad vial y carecen de habilidades básicas para conducir.
Daniela Chacón, directora de las organizaciones Quito cómo vamos y Fundación Tandem, suma otra mirada: el modelo de movilidad “está orientado a la velocidad, a la conducción distraída, al incumplimiento de la norma (…), al consumo de alcohol (…) el transporte público está estancado, pues hasta el 2017, el 70% de los viajes que se hacían en la ciudad, en general, eran en transporte público; ahora son el 50% y ese cambio se ha dado en favor del vehículo particular y de las motocicletas”.
Chacón apuesta por cambios profundos a largo plazo que incluyan educar a los agentes metropolitanos de tránsito como gestores de la movilidad, no del tránsito; la promoción de un transporte público eficiente y la implementación de un plan educativo que mejore la convivencia urbana. “Si la tendencia continúa y no se hace nada al respecto, vamos a enfrentar en los próximos años mayores niveles de congestión, contaminación y mayor demanda de la gente por soluciones a la movilidad”.
La Agencia Metropolitana de Tránsito bloquea el acceso a información pública
El 8 de junio de 2023, La Barra Espaciadora envió un pedido de acceso a información pública a la AMT para conocer cuántos agentes metropolitanos han sido sancionados por extorsionar a los ciudadanos, qué tipo de sanciones han recibido, los montos que se han calculado de esas extorsiones, así como los contratos o negociaciones que existen con los servicios de grúas o “plataformas autocargables”, como las llaman los funcionarios municipales. Pese a nuestra insistencia por distintos canales, hasta la publicación de esta nota no recibimos la información.
Además, solicitamos una entrevista con la máxima autoridad o con un vocero de la institución para conocer más detalles sobre los procedimientos que usan los agentes para contactar a los servicios de grúas, sobre quiénes son los dueños de las grúas que trabajan con la AMT, entre otros detalles. Sin embargo, el director de Comunicación de la entidad aclaró la disposición oficial a través de mensajes de chat: «Te comento que el proceso de respuesta fue a partir de lo que dispuso la Directora General y que el procedimiento sea de esa manera, y otra disposición fue que la respuesta sea por escrito y no haya entrevista, esas fueron las disposiciones de la directora general y ya no está en mi competencia” (sic).
Expora el mapa Amazonía viva
La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito La Agencia Metropolitana de Tránsito
 sólo ha abierto 43 expedientes en contra de agentes de tránsito acusados por recibir coimas. ){kind=link}