Redacción La Barra Espaciadora
El pasado 2 de junio, el principal organismo de Derechos Humanos del continente presentó su informe relativo al año 2021. Un capítulo de relevancia para el periodismo nacional es el que tiene que ver con la libertad de expresión; y, justamente, en la introducción a la situación de este tema en Ecuador, la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) manifiesta su preocupación por 4 temas: la impunidad del crimen cometido en contra del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera norte, a lo que suma el incremento de ataques en contra de la prensa; la situación del informático sueco Ola Bini, cuyo proceso judicial lleva más de 3 años sin resolverse en medio de denuncias de violación al debido proceso e intimidación; y, una mejora en libertad de expresión en internet que, no obstante, se encuentra amenazada por agentes estatales que usan el sistema de justicia y medios privados para limitarla.
Nos Faltan 3: impunidad que promueve más ataques a la prensa
Sobre el acceso a justicia, memoria y repetición en el crimen del equipo de diario El Comercio, la Relatoría, dirigida por el jurista colombiano Pedro Vaca, reiteró que no existe nada más “permisivo a la repetición de violencias” que la ausencia de una reacción institucional contundente frente a crímenes cometidos en contra de periodistas.
El caso de Javier, Paúl y Efraín continúa en investigación previa desde hace 4 años y 3 años después de ocurridos los hechos, tanto sus familiares como el equipo legal que los acompaña, encabezado por los juristas Javier Andrade, Juan Pablo Albán y Hugo Cahueñas de la clínica jurídica de la Universidad San Francisco, han denunciado un interés de la Fiscalía General por entorpecer la investigación. En marzo de este año, cuando se conmemoraron 4 años del secuestro y asesinato, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo, fue enfático en expresar en medios de comunicación que, pese a tener todos los elementos para investigar una desaparición forzada con participación de agentes estatales, la Fiscalía se empeña en seguir la línea de un secuestro extorsivo.
Asimismo, el equipo de familiares instó a la Corte Constitucional a dar respuesta a su pedido de desclasificación de las actas correspondientes a los meses de abril y marzo del 2018 de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública, en las que se trataron temas relativos a la situación del equipo periodístico, en esos momentos secuestrado en Colombia. La RELE ha recogido esta preocupación y también apunta en su informe a la necesidad de que todas las entidades del Estado ofrezcan respuestas oportunas que permitan esclarecer los hechos y otorgar a las victimas y al periodismo ecuatoriano la oportunidad de una no repetición de los hechos.
Ola Bini: por tercer año consecutivo la CIDH manifiesta su preocupación
Una preocupación similar representa la situación del activista sueco por los derechos digitales Ola Bini, quien continúa a la espera de la resolución de su caso en las instancias de justicia del país. Por tercer año consecutivo la Relatoría incluye en su informe anual las persistentes dilaciones en el proceso judicial, sin embargo, en varios pronunciamientos adicionales han mostrado su preocupación por este caso. Esta vez, el informe recoge también las denuncias de la defensa de Bini de un caso “viciado de nulidad absoluta” por las alegadas violaciones a las garantías de debido proceso y derecho de defensa.
La RELE otorga un interés especial al hecho de que, desde el día de la instrucción fiscal hasta la fecha se desconoce efectivamente de manera precisa, pormenorizada y debidamente identificada los hechos que constituyen la conducta criminal que se juzga. Para la CIDH es relevante también el papel que ha tenido la sociedad civil ecuatoriana e internacional, relacionada con los derechos digitales, que constantemente continúa llamando la atención sobre las irregularidades y obstáculos planteados por la justicia ecuatoriana en el caso de Bini.
La audiencia de juicio en contra del activista sueco que se reinstaló el pasado 16 de mayo, luego de casi 3 meses de suspensión, fue diferida nuevamente el 20 de mayo, sin fecha de instalación próxima, por parte del tribunal de Garantías Penales que lleva el caso. La suspensión se dio mientras la defensa de Bini, conformada por los penalistas José Charry y Carlos Soria, hacían la presentación de más de 100 pruebas de descargo y 100 testigos entre los que constan personalidades mundiales del sector de la seguridad digital y la privacidad en internet.
Una semana antes de la audiencia de juicio, una veintena de organizaciones nacionales e internacionales censuraron el proceso y denunciaron que la acusación de presunto acceso no consentido a sistemas informáticos, planteada por la Fiscalía en contra del programador, está “rodeada por un preocupante marco político que afecta el curso de la causa”. Para las organizaciones entre las que se cuentan a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Electronic Frontier Foundation (EFF), Artículo 19; entre otras, existen tres hitos en el proceso que manifiestan el carácter “absurdo” del caso y la debilidad jurídica de la acusación: la noticia del delito, que no guarda relación con una conducta criminal, sino que es especulativa; la activación de la garantía constitucional de ‘habeas corpus’ que determinó una detención arbitraria e ilegal; y, cómo se siguió cursando el proceso hasta llegar hasta la audiencia de juzgamiento en medio de reiteradas violaciones al debido proceso.
Ataques a la prensa
Agresiones a la prensa en el marco de movilizaciones sociales, en su mayoría perpetradas por agentes estatales; amedrentamiento a activistas por los derechos de las mujeres; amenazas de muerte a los periodistas del medio digital La Posta por parte de grupos vinculados con la delincuencia; las amenazas en contra de la periodista de Teleamazonas Dayanna Monroy por sus reportajes de investigación sobre actos de corrupción; la detención del periodista Juan Sarmiento, y decenas de casos más en los que periodistas, tanto de medios tradicionales como emergentes, han sido amenazados y agredidos levantan la preocupación de la Comisión que insta al Estado ecuatoriano a desplegar mecanismos de protección.
La RELE recoge información proporcionada por Ecuador a esa dependencia sobre la activación de un Comité de Protección de Periodistas, que se desprende de las recomendaciones que en el 2019 hiciera el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) instancia que analizó el caso Nos Faltan 3; sin embargo, entre las y los periodistas poco o nada se conoce de este Comité, su estructura o funcionamiento, sus autoridades, sus mecanismos de activación. Esta instancia no posee una página web, redes sociales, número de contacto o ubicación.
Sobre la censura a los medios, la Relatoría mostró su preocupación por el retiro de contenidos con órdenes judiciales como la ocurrida con el medio La Posta; el allanamiento a las oficinas de la página de noticias La Voz TV con la consiguiente incautación de sus equipos de trabajo, que podrían poner en riesgo a las fuentes de una investigación sobre un presunto fraude bancario.
“Una sociedad libre es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma”, expresa la Comisión en su informe y continúa: “tal como señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
¿Más libertad en internet? ¿Y la privacidad de los usuarios?
Finalmente, el documento señala que, en 2021, Ecuador fue el país que registró la mayor mejora en los índices sobre libertad de expresión en internet que produce anualmente la organización Freedom House. Aún así, esa mejora no le alcanza para ser catalogado como un país libre. En el rango de evaluación por países, la organización califica a Ecuador con 62 puntos sobre 100 en materia de Libertad en internet.
Según el informe Freedom on the Net, el entorno de los derechos humanos en línea se deterioró en 30 países el año pasado; mientras que solo 18 países registraron mejoras. Ecuador obtuvo el ascenso más significativo. Según señala el reporte, las mejores condiciones para el ejercicio de los derechos en internet en Ecuador se evidencian en un espacio informativo con cada vez más contenidos diversos, que permite que periodistas, ciudadanos y usuarios pertenecientes a grupos usualmente excluidos como pueblos indígenas también participen de la discusión pública. Es decir, la sociedad civil ecuatoriana y los colectivos sociales han propiciado una mayor circulación de contenidos sobre temáticas diversas, lo que ha promovido un mayor debate de problemáticas que usualmente no tendrían cabida en otros espacios.
Si bien lo anterior representa una oportunidad para la creación de más y mejores contenidos, la Relatoría para la Libertad de Prensa de la CIDH también es enfática en expresar que, así como crece la participación de la sociedad persisten amenazas a la libertad de expresión en internet, relacionadas con el uso de mecanismos judiciales o de moderación privada de contenidos por parte de actores estatales para eliminar contenidos que consideran críticos.
Ese mismo informe de Freedom House llama la atención a Ecuador y califica con la puntuación más baja al país en materia de vigilancia estatal en internet por ser atentatoria contra la privacidad de los usuarios. El informe cuestiona la eficacia de los servicios de inteligencia ecuatorianos y repara en la falta de coordinación interna y en la elaboración de operaciones de vigilancia basadas en desinformación en redes sociales en lugar de hacer uso de técnicas de inteligenia propiamente dichas. También se refiere Freedom House a la falta de conectividad y acceso a internet, principalmente en la Amazonía, en zonas andinas del sur del país y en algunos sectores de la costa ecuatoriana y de Galápagos. De hecho, según datos oficiales, alrededor del 38 % de las parroquias del país carecen de conexión a Internet móvil, y solo el 16 % de todas las parroquias tienen conectividad 4G.
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