Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
Luego de 18 años, la imagen de Tuca Vieira que ilustró la desigualdad en el Folha de S. Paulo y que se convirtió en el símbolo de la inequidad global vuelve a ser noticia. En la fotografía -que acompaña esta entrega- se muestra el obsceno contraste entre la favela de Paraisópolis y la torre Penthouse en el barrio de Morumbí. Poco o nada ha cambiado en las cifras y en las vidas de sus habitantes desde entonces, y los datos más actuales la mantiene vigente.
El lunes 17 de enero, la organización Oxfam publicó la investigación internacional Las desigualdades matan. El informe, publicado en relación con la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial, señala que la desigualdad no es un problema abstracto ni inevitable, sino que es la consecuencia directa de un sistema diseñado para beneficiar a las minorías más ricas a la vez que perjudica a las grandes mayorías.
En su investigación, Oxfam explica cómo la violencia arraigada a los modelos económicos se cobra vidas todos los días. La organización indica que las desigualdades contribuyen a la muerte de una persona cada cuatro segundos: muertes ocasionadas por hambre, falta de acceso a la salud, violencia de género y la crisis climática en los países pobres.
Alrededor del mundo, las estructuras económicas vigentes no solo impidieron que los gobiernos estuvieran preparados para garantizar los derechos de todas las personas cuando llegó la pandemia, sino que facilitaron que entidades multimillonarias se beneficiaran de la crisis. Durante los dos primeros años de pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo creció al ritmo de 15 000 dólares por segundo, al mismo tiempo que los ingresos del 99% de la humanidad se deterioraron y más de 160 millones de personas fueron empujadas a la pobreza.
Por otro lado, la producción de vacunas ha propiciado que nuevos milmillonarios del monopolio farmacéutico surjan, mientras que millones de personas en países de rentas bajas han perdido la vida por no poder acceder a vacunas. Para controlar la pandemia, varios países de renta media y baja se vieron obligados a recurrir a préstamos cuyas condiciones incurrirían en el aumento de desigualdades entre países y generarían un aumento de la austeridad en el país deudor.
El incremento de la fortuna de los millonarios en la pandemia fue el resultado de la privatización de entidades públicas, el aumento de los monopolios en el mercado, el auge de las entidades no reguladas estatalmente, el aumento injustificado de los precios de los mercados de valores y el retroceso de los derechos laborales y los salarios. Todo ello, enmarcado en un contexto en el cual las personas más ricas y empresas continúan evadiendo los impuestos sobre la renta personal y empresarial, situación que lleva a que, cada año, los gobiernos de todo el mundo pierden más de 200 000 millones de dólares gracias a la elusión fiscal.
Tan solo aplicando un impuesto del 99% a los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos obtuvieron durante la pandemia se podría vacunar a la población mundial, cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar servicios de salud y protección social universales y apoyar proyectos en contra de la violencia de género en más de 80 países.
La desigualdad, sin embargo, no solo es visible en cifras de salud, violencia y hambruna. El cambio climático, siendo una de las principales preocupaciones actuales, también evidencia cómo la desigualdad opera en el sistema. Mientras los países ricos son responsables del 92 % del exceso de emisiones históricas de CO2, el 91 % de las muertes provocadas por la crisis climática se han producido en países de renta media y baja. A su vez, los países que menos gases invernaderos emiten son también los que tienen menos acceso a la tecnología y conocimientos para adaptarse a los efectos del calentamiento global.
De esta manera, el informe de Oxfam demuestra que el aumento desproporcionado de la riqueza de las minorías no es gratuito. La extrema riqueza y la desigualdad son dos categorías que se determinan mutuamente: la desigualdad sólo existe por el acaparamiento del crecimiento económico por parte de las élites y el enriquecimiento de las mismas solo es posible en tanto no exista una distribución equitativa de recursos. A su vez, son las decisiones legislativas y políticas las que determinan quiénes van a ser los beneficiados dentro de la sociedad.
¿Hay soluciones?
Las soluciones, para la organización, se basan en tres premisas principales: la aplicación de impuestos progresivos de carácter permanente, el aumento de gasto público y la creación de leyes que redistribuyan el poder económico. Las soluciones propuestas son medidas estructurales, que quieren afectar profundamente al sistema y su dinámica.
En Ecuador, las medidas para acabar con la desigualdad son urgentes, puesto que, mientras el 32,2% de ecuatorianos vive con menos de USD 2,8 al día, tan solo 965 personas en el país controlan más de 68 mil millones de dólares.
Los impuestos progresivos, señala el informe, no deben recaer en la ciudadanía de clase baja o media, sino solo en las entidades más acaudaladas de cada país. La aplicación de impuestos solidarios excepcionales sobre la riqueza y la regulación y eliminación total de los paraísos fiscales permitirían reintegrar ese dinero en la economía real y movilizarlo en función del bien común.
En Ecuador, se calcula que 7 600 millones de dólares se dejan de percibir gracias a la evasión fiscal. A la vez, los grupos más acaudalados pagan apenas el 2% del impuesto a la renta.
En marzo del 2020, Ecuador pagó 324 millones de dólares de deuda externa a pesar de que, en ese momento, el sistema sanitario de sus principales ciudades estaba colapsando.
El gasto público, por otra parte, debería estar orientado principalmente a generar servicios de salud públicos y de calidad. Oxfam explica que el Estado debería impedir la privatización de la salud, permitiendo que su papel siempre prevalezca sobre los proveedores privados. El dinero recaudado de los impuestos, además, debería ser invertido en proyectos de seguridad social, los cuales deberían garantizar la seguridad de ingresos a las personas desempleadas y personas trabajadoras del sector informal. La inversión en organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, a su vez, permitiría reducir la brecha de desigualdad de género.
La creación de leyes debería orientarse a garantizar la participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones empresariales, a la vez de impulsar la representación política de mujeres, grupos racializados y personas de clase obrera y campesina. Disminuir la presencia desproporcionada de las élites ricas en la esfera política permitiría poner los intereses del pueblo por sobre el interés desmedido del crecimiento económico.
Además, y con el fin de disminuir la brecha de desigualdad entre países, el informe propone la condonación definitiva de la deuda externa para los países de renta media y baja, además de señalar que los países ricos deberían inyectar capital directamente, y sin restricciones, a las economías más vulnerables. Esto permitiría que los países puedan invertir en salud pública y seguridad social sin tener el peso de la deuda en sus hombros.
¿Cuánto inciden los encuentros de Davos, las recomendaciones de organizaciones como Oxfam y los crudos datos en las decisiones de los gobiernos? ¿Qué esperan los líderes mundiales para estrechar la brecha entre sus discursos y la realidad cada vez más dramática de millones de seres humanos?
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