Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
En la mitología shuar, Iwia es un ser glotón que nunca se satisface. Para Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), las mineras son como este demonio: extraen los recursos sin empacharse.
Durante los últimos dos años, la primera presidenta del PSHA ha luchado en contra de este tipo de demonio: la minera canadiense Solaris Resources, que busca desarrollar la mina de oro y de cobre Warintza, en el sureste de Ecuador.
Este demonio viene con un disfraz particularmente seductor. Solaris ha hecho importantes afirmaciones sobre sus actividades en el país, enfatizando su modelo de diálogo entre las comunidades, el Estado y el sector privado.
Los funcionarios de la compañía, incluido un vicepresidente que anteriormente estuvo en el Ministerio de Relaciones Indígenas y Reconciliación de la provincia canadiense Columbia Británica (B.C.), sugieren que sus esfuerzos para construir relaciones a nivel local se han basado en el acercamiento del gobierno canadiense hacia los pueblos indígenas. Además de la empresa, el gobierno federal canadiense está involucrado en ayudar a establecer un proceso de consulta “libre, previa e informada” en Ecuador.
Pero los líderes Shuar como Tunki viven con miedo y enfrentan riesgos por protestar contra las industrias extractivas. Los miembros de la comunidad sostienen que ni Solaris ni el Estado ecuatoriano realizaron una consulta legítima. También aseguran que el modelo de diálogo de la empresa ha desplazado sus sistemas ancestrales de gobernanza. Mientras tanto, el gobierno de Canadá está ayudando a desarrollar un sistema de licencias en Ecuador que apunta a expandir aún más la minería.
Solaris parece haber exportado completamente el modelo de reconciliación canadiense: una nueva aceptación de los pueblos indígenas desde la retórica, pero que encubre el saqueo de recursos ya conocido.
Un país plagado de conflictos mineros
El rol de las empresas canadienses en Ecuador es histórico, de acuerdo con William Sacher, docente de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“La gran mayoría de los proyectos hoy en cartera han estado en un momento dado en manos de empresas canadienses”, dice el académico. “Han identificado nuevos yacimientos y han realizado exploraciones, pero han sido muy criticados por sus estrategias de acaparamiento de tierras, así como por sus vínculos con la represión de las poblaciones indígenas y campesinas que protestaban contra sus actividades”.
De alrededor de 20 conflictos sociales provocados por la minería en Ecuador, Sacher dice que al menos cinco están relacionados con empresas canadienses.
En un campo salpicado de resistencia comunitaria al extractivismo, Solaris ha trabajado para hacerse un nombre como una empresa socialmente responsable. Pero lejos de abrir camino hacia el consentimiento libre, previo e informado, Solaris está repitiendo los patrones de otros en la industria.
El 13 de junio, representantes de Solaris hicieron alarde de un modelo de relaciones con poblaciones indígenas frente a representantes de los gobiernos de Ecuador y Canadá durante la cumbre anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés).
El Modelo Warintza es “de participación minera que promueve el diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades. Se basa en la transparencia, en la colaboración y en la confianza. De esta manera contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible de las comunidades y del proyecto”, de acuerdo con el sitio web de Solaris.
El mismo día, en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró el inicio del paro nacional en contra, entre otros puntos, de la minería sin consentimiento en territorios ancestrales.
Las movilizaciones se intensificaron después de que la Policía Nacional detuviera a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, la madrugada del 14 de junio. El líder fue acusado de paralizar el acceso a servicios públicos. El mismo día, casi a la media noche, la jueza Paola Bedón, de la Unidad Penal de Latacunga, ordenó la liberación de Iza y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva.
Docenas de comunidades afectadas por la minería se han unido al paro nacional desde sus territorios. La protesta, que no tiene un cierre a la vista, ha ganado terreno. Hasta el 25 de junio, se han contabilizado 145 detenidos, 5 fallecidos y, al menos, 200 heridos, de acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Un ataque en el campamento de Solaris el 21 de junio puso a la minera canadiense en el centro de atención. Aún no se han encontrado a los responsables de ingresar al campamento y prenderle fuego.
El Pueblo Shuar Arutam tiene unos 12000 habitantes y está organizado en 47 comunidades. La nacionalidad Shuar, que abarca al PSHA, ha vivido en el suroriente de Ecuador por alrededor 7000 años. De acuerdo con Amazon Watch, durante los últimos 30 años, el 56% del territorio del PSHA ha sido concesionado de manera inconsulta a empresas mineras.
En relación a otros países latinoamericanos, Ecuador es nuevo en la minería metálica. No fue sino hasta el gobierno de Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2015, que pequeñas mineras canadienses obtuvieron concesiones masivas y comenzaron a abrir nuevas minas en todo el país.
El depósito Warintza se descubrió en 2000, pero se suspendió durante casi 20 años debido a la oposición de la comunidad. Es un proyecto de oro, cobre y molibdeno en etapa de exploración que abarca más de 250 kilómetros cuadrados en la Amazonía ecuatoriana, todo en territorio del Pueblo Shuar Arutam.
Los críticos señalan que los proyectos mineros se han impuesto con la ayuda de la fuerza pública, lo que ha resultado en desalojos violentos, así como en asesinatos de defensores de la naturaleza. Freddy Taish y José Tendetza, dos defensores shuar, fueron asesinados defendiendo sus tierras frente a los intereses mineros de Ecuacorriente. Hasta ahora no se ha hallado a los responsables de estas muertes.
Solaris se ha esforzado por distanciarse de estos conflictos mediante su Modelo Warintza. Este se basa en la creación de alianzas con las comunidades Warints y Yawi, directamente afectadas por sus actividades. Las conexiones de esta empresa con instituciones gubernamentales canadienses son profundas. Un exfuncionario del gobierno de B.C. involucrado en la política de reconciliación ayudó a construir el Modelo Warintza.
De Columbia Británica a Quito, de Toronto a la Amazonía
Solaris afirma regularmente que sus ejecutivos entienden y respetan a los pueblos indígenas y sus derechos. “Entendemos que tanto el gobierno ecuatoriano como las propias comunidades deben garantizar que los sujetos indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos”, dice Ricardo Obando, gerente de Solaris Resources en Ecuador, en una entrevista para The Breach.
Lo que diferencia a Solaris de otras empresas, según Obando, es que trabaja con asambleas comunitarias. “Cada una de nuestras actividades pasa por un ejercicio asambleario. Este ejercicio de asamblea es la guía para el desarrollo de nuestras actividades”.
El modelo Warintza también se basa en un discurso desarrollista que dice apoyar a los shuar a través de inversiones en salud, educación y participación comunitaria en actividades de minería legal, entre otras cosas. En la práctica, dicen los críticos, el modelo de Warintza es poco más que palabrería.
«El ‘modelo de reconciliación’ de Solaris Resources es un contrato de acuerdo con fines de lucro. Está supervisado por una junta privada compuesta por empleados de la empresa. Esta junta opera en paralelo a la estructura de gobierno indígena tradicional del Pueblo Shuar Arutam», dice Kirsten Francescone, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá.
Los promotores de Solaris Resources viajaron a Toronto para impulsar el proyecto Warintza en la cumbre minera PDAC, que se realizó la semana del 13 de junio. La empresa también llevó a miembros de la comunidad de la nación Shuar para hablar a favor del proyecto.
Los miembros del Consejo de Gobierno del PSHA afirmaron que quienes viajaron a Canadá no son representantes electos de la comunidad.
“Estamos muy agradecidos con Canadá”, dijo Federico Velásquez, vicepresidente de Solaris, en una presentación en la cumbre. “Cada aspecto en términos de la relación entre el sector privado y las Primeras Naciones aquí en Canadá ha sido la línea de base para desarrollar las bases de nuestro propio modelo para América del Sur. Y funciona».
Antes de unirse a Solaris Resources en 2018, Velásquez trabajó para el Ministerio de Relaciones Indígenas y Reconciliación de B.C. como asesor principal sobre salud y comunidades seguras. En ese Ministerio, Velásquez ayudó a redactar leyes sobre el reparto de ingresos de actividades extractivas con los pueblos indígenas. Además, entre 2005 y 2010, Velásquez trabajó para el Ministerio de Energía y Minas de B.C. como director provincial de operaciones.
Velásquez mantiene relaciones con altos cargos del gobierno de B.C. Su relación con Ravi Kahlon, el actual ministro de Empleo, Recuperación Económica e Innovación de la provincia y, según se informa, el probable sucesor del primer ministro John Horgan, no es secreto en las redes sociales. Velásquez también tiene conexiones con las Primeras Naciones de Canadá, que han sido usadas para fortalecer la imagen de Warintza.
De hecho, durante la cumbre de la PDAC en 2020, la delegación Shuar de Solaris se reunió con representantes del Gobierno de la Nación Tahltan, un pueblo originario de B.C., y miembros del gobierno de B.C. para discutir el “éxito del diálogo y el desarrollo económico”.
Velásquez estableció conexiones con la Nación Tahltan cuando trabajó para AltaGas, una empresa canadiense de infraestructura energética enfocada en gas y petróleo. Mientras el ahora vicepresidente de operaciones de Solaris fue parte de esta compañía, AltaGas firmó acuerdos con la Nación Tahltan por beneficios económicos relacionados con un proyecto hidroeléctrico masivo.
“Federico Velásquez está aprovechando el contexto político en Canadá para usar este ‘lenguaje de reconciliación’ en América Latina”, dijo Francescone de Mining Watch. “Él dice que se están logrando resultados positivos con las Primeras Naciones aquí, a pesar de que persisten los mismos problemas de raíz”.
El año pasado, Tunki denunció haber recibido una amenaza de muerte de Velásquez durante una conversación telefónica. “Soy mujer y dirijo el gobierno de PSHA por primera vez”, dijo en una conferencia de prensa en ese momento. “Si estoy involucrada en algún tipo de accidente, Solaris y Federico Velásquez son los responsables directos”.
Tunki denunció penalmente a Velásquez por amenazas e intimidaciones, las cuales, dijo, fueron hechas para disuadirla de organizarse contra Solaris. Velásquez no respondió a las solicitudes de entrevistas. Dos miembros del departamento de comunicación de la empresa las declinaron repetidamente en su nombre.
El Modelo Warintza permite a Solaris vender a los accionistas la idea de que el pueblo Shuar está a favor de la minería. Pero al igual que Tunki, Marcelo Wachapa, presidente de la comunidad Yawi, dentro de PSHA, ha cuestionado las afirmaciones de la empresa sobre el consentimiento.
“No hicieron un proceso de consulta previa de acuerdo con la Constitución. No hubo consulta libre, previa e informada. Solo hicieron un proceso de socialización de información con las comunidades Yawi y Warints”, dijo Wachapa en una entrevista telefónica. “Hicieron pocas socializaciones y a partir de ahí, la empresa empezó a trabajar”.
Una queja internacional en contra de Solaris
En febrero de 2021, el PSHA presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra Solaris y el gobierno ecuatoriano, alegando que ambos violaron el Convenio 169 de la OIT. Este convenio, que es vinculante para el Estado ecuatoriano, garantiza la consulta a los pueblos indígenas antes de desarrollar megaproyectos en sus territorios.
“Nuestro caso es bastante fuerte. Se ha demostrado la violación de los derechos colectivos contemplados en el convenio 169 ”, dijo Mario Melo, representante legal del PSHA en este caso y experto en derechos indígenas. “Esperamos obtener un informe favorable”. Melo espera que hasta finales de este año, la OIT elabore un informe que incluya una orden para el Estado ecuatoriano de medidas de reparación obligatorias.
“El PSHA fue creado con el objetivo de defender nuestro territorio que está siendo amenazado por las empresas mineras”, dijo Tunki vía telefónica. “Nunca hemos determinado en una de nuestras asambleas que Warints y Yawi puedan dedicarse libremente a actividades mineras”. Para los grupos indígenas amazónicos como los Shuar, las asambleas son el principal instrumento para la toma colectiva de decisiones.
La Constitución ecuatoriana protege el derecho al territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas. El artículo 57 de este documento exige “la consulta previa, libre e informada, en un plazo razonable, sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.
Además, en una decisión reciente que sentó un precedente a favor de los A’i Kofán, la Corte Constitucional aclaró que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho al autogobierno y la autodeterminación en sus territorios.
“Se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos de derechos. Entre estos derechos, se encuentra el derecho a decidir sobre su presente y su futuro. Esto ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la Declaración [de la ONU] sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho a la libre determinación, lo que implica el autogobierno territorial”, explicó Melo.
Poca información y un gobierno paralelo
Wachapa, el presidente de Yawi, dice que la empresa no explicó a las comunidades los impactos negativos de la minería. Solaris simplemente habló sobre los beneficios de la minería durante las sesiones informativas celebradas durante las asambleas, asegura el líder.
De acuerdo con un artículo de Radio Pichincha, Solaris firmó un memorando de entendimiento con el PSHA y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el 23 de enero de 2019. Además, según el mismo reporte, el 28 de julio de 2020, la empresa firmó un Acuerdo de Impactos y Beneficios con el apoyo de más del 90% de las comunidades Warints y Yawi.
Ambas asambleas comunitarias aprobaron la firma de un acuerdo de tres años con Solaris a cambio de servicios de educación, empleo e infraestructura que el Estado ecuatoriano ha fallado en cubrir.
Casi dos años después, las comunidades ya no están conformes. Wachapa dice que la empresa no ha sido transparente ni ha cumplido con los términos del acuerdo.
Una de las principales causas de preocupación es la contaminación de los ríos Piunts y Warints, que antes eran fuentes de agua limpia para las comunidades. Galo Chup, miembro del comité de gestión externa del PSHA, denuncia que se ha derramado combustible en los ríos. La exploración minera utiliza aceites para la perforación. Estos pueden contaminar la tierra y filtrarse en los cuerpos de agua. “El ingeniero ambiental de la empresa nos dijo que no debemos usar esa agua”, aseguró Wachapa.
Los habitantes de Maikiuants, comunidad vecina a Warints y Yawi, están preocupados por la contaminación que sufrirán a medida que avance el proyecto minero. Fanny Kaekat, habitante de Maikuants, explicó a finales del año pasado, que los Shuar tienen una relación especial con las cascadas que abundan a lo largo de la cordillera del Cóndor y que dependen del agua limpia, la caza y la pesca.
“Había cascadas y montañas para cazar, ahora el Shuar no puede ir, no está permitido”, dijo Kaekat. “La empresa minera dice que esos territorios le pertenecen a la concesión minera. Prohibido cortar árboles. Pero hay aliados de Warintz que dicen que los árboles que cortan se llevan con helicóptero. Como mujer sí me da coraje, una persona extraña viene de afuera a hacerse dueña de lo que tuvimos. Eso es lo que nos dejaron nuestros ancestros”.
Marcelo Unkuch, Ejecutivo de Gestión Externa de PSHA, dice que los conflictos comenzaron cuando el expresidente de la organización, Vicent Tsakimp, inició conversaciones con Solaris sin el conocimiento de las 12 000 personas a las que representaba.
“Cuando nosotros llegamos a ocupar el cargo y funciones como nuevo Consejo de Gobierno [el 31 de marzo de 2019], nos dimos cuenta de que [el ejecutivo] había firmado un acuerdo con la empresa. Esto lo dimos a conocer en nuestra asamblea general y la asamblea lo rechazó rotundamente, pidieron que se archive y que se desconozca”, dijo Unkuch.
Una vez que Tsakimp terminó su mandato en el PSHA el 31 de marzo de 2019, se convirtió en el coordinador de lo que Solaris llamó la “Alianza Estratégica”. Así, la empresa estableció una estructura paralela al Consejo de Gobierno del PSHA. Al hacerlo, la empresa rompió la estructura organizativa Shuar y violó su derecho al autogobierno.
La Embajada canadiense en Quito interfiere
De vuelta en Toronto, en la cumbre minera de este año, el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Xavier Vera, dijo a los asistentes que Ecuador está trabajando en estrecha colaboración con el gobierno canadiense para establecer un marco para procesos de consulta previa, libre e informada. Según un audio grabado por MiningWatch Canada durante el Ecuador Day en PDAC, este proyecto tiene como objetivo abrir el catastro minero a finales de este año.
La embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, se ha convertido en una protagonista central de la expansión de la minería en Ecuador. Durante el Día de Ecuador en PDAC, representantes del Gobierno ecuatoriano, así como ejecutivos de muchas de las empresas mineras presentes (incluida Solaris), la felicitaron por sus esfuerzos para fortalecer esta industria. En un momento, Bédard llegó a identificarse como parte del sector minero.
“El desafío para nosotros en la industria minera es desarrollarla de manera correcta, responsable y sostenible”, dijo Bédard en PDAC. “Como lo hemos hecho en Canadá con nuestras comunidades indígenas locales, la idea es transferir la experiencia y los conocimientos locales a este país que aún se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo de la minería a gran escala”.
Tunki también está alertando sobre la contaminación causada por las operaciones de Solaris, que, según ella, afectará no solo a las comunidades más cercanas al sitio de la mina propuesta, sino a otras que residen dentro del territorio Shuar Arutam. Los ríos se mueven aguas abajo de Warints y Yawi y desembocan en el río Santiago, que baña a pueblos de la nación Shuar de Ecuador y Perú.
“El gobierno ecuatoriano debería ser directo y decir que Ecuador es un país minero y no discursar, solo por el interés de recibir financiamiento internacional, que Ecuador es un país que conserva sus bosques. Todo es falso”, dijo Tunki. “Las empresas están invadiendo nuestro territorio con autorización del gobierno. Ningún pueblo originario está autorizando esto”.
Para el Pueblo Shuar Arutam no habrá reconciliación mientras Solaris no abandone sus operaciones en el territorio. “Nunca hemos visto confrontaciones, pero la empresa nos trae el conflicto, malestar a la sociedad y eso es un verdadero retraso”, dijo Josefina Tunki en octubre de 2021. “Si (la empresa) se va, todo quedará en paz”.
*Este reportaje fue publicado en inglés en el portal The Breach.
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