Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
El programador sueco Ola Bini enfrenta un proceso ante la justicia de Ecuador desde abril del 2019 y corre el riesgo de ir a prisión en un país que no consigue controlar su sistema carcelario. Suecia no se ha pronunciado con contundencia para exigir justicia en este caso.
Los abogados de Bini y más de 100 organizaciones de todo el mundo denuncian violaciones al debido proceso y una persecución política en su contra. Mientras tanto, una crisis de violencia en las cárceles ecuatorianas se ha cobrado la vida de más de 320 presos en lo que va del 2021 hasta la fecha de cierre de este artículo, sin que el gobierno pueda frenarla.
Antecedentes del caso Ola Bini
La tarde del 11 de abril del 2019, agentes policiales detuvieron sin orden judicial al ciudadano sueco Ola Bini en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La detención ocurrió minutos antes de que Bini abordara un vuelo rumbo a Japón, donde asistiría a un encuentro de bujinkan, una de las artes marciales que él practica desde su adolescencia. Esa misma mañana, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció el retiro del asilo diplomático al australiano Julian Assange, quien se refugió desde junio de 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres, para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de delitos sexuales.
Romo dijo en rueda de prensa que “dos hackers rusos” residían en Ecuador y trabajaban con Wikileaks para “desestabilizar” a su gobierno. Este 10 de diciembre del 2021, un tribunal en Londres ha aceptado un recurso impuesto por EEUU que permitiría su extradición a ese país. EE.UU. acusa a Assange de 18 cargos, entre ellos, el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense. En 2010, el portal Wikileaks reveló información que evidenció graves abusos de parte las fuerzas armadas estadounidenses en las guerras de Iraq y Afganistán, pero el mundo ha dejado de hablar de eso.
La Policía detuvo a Ola Bini buscando a esos supuestos hackers que hasta hoy no han sido encontrados. Luego de 70 días, Bini obtuvo un recurso de habeas corpus en vista de las irregularidades cometidas durante su detención y sus días en prisión. La Fiscalía General del Estado abrió un expediente diciendo que Bini era suizo, al principio le acusó de atacar sistemas informáticos, pero como no pudieron hallar pruebas, lo acusaron de acceso no consentido a un sistema informático privado de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que daba soporte a la estatal petrolera Petroecuador y a la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Desde entonces, la Fiscalía usa una captura de pantalla en formato JPEG supuestamente tomada en el 2015, cuando el gobierno de ese país era otro, para probar que Ola Bini pretendía desestabilizar al régimen ecuatoriano en el 2019. La foto habría sido intercambiada por chat de WhatsApp entre Bini y un proveedor de CNT que le vendió un servidor cuatro años antes de su detención. El fiscal Fabián Chávez usa esa fotografía para probar un delito informático.
La jueza Yadira Proaño, quien llevaba adelante el proceso, ha sido separada definitivamente del caso luego de que la defensa de Bini presentara una solicitud de recusación en su contra debido a las constantes dilaciones que provocó en las etapas previas del proceso. “Proaño sale completamente del caso y en el supuesto consentido de que se declaren nulidades, volveríamos a la etapa anterior (preparatoria del juicio), esperemos que con un juez independiente”, explicó Carlos Soria, uno de los abogados de Bini. Al cierre de este artículo, Ola Bini y sus abogados recibieron la notificación de que esta audiencia tendrá lugar el 19, 20 y 21 de enero del 2022.
El discurso político carece de pruebas
El entonces presidente Lenín Moreno declaró en un foro internacional que a Bini “se le ha sorprendido haciendo hackeo a cuentas del gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”. Al periodista Fernando del Rincón, de CNN, Moreno le dijo que “Ola Bini ha intervenido no solamente en la política del Ecuador sino en la política del mundo entero”. Incluso dijo que habría intervenido en el proceso electoral del 2016 en EEUU. Tanto Romo como Moreno ofrecieron aportar con pruebas, pero casi tres años después no han declarado en la Fiscalía y la fotografía de la pantalla del 2015 es la única prueba con la que cuenta la parte acusadora.
Romo y Moreno decidieron guardar silencio, pero el fiscal Chávez lleva adelante el caso a pesar de las decenas de irregularidades que ponen en duda la seguridad jurídica para el trabajo de defensores y activistas por los derechos digitales como Ola Bini en Ecuador.
Soria asegura que su defendido está “secuestrado por el Estado” y ha dicho incluso que el personal de Criminalística accedió al teléfono celular de Ola Bini violando la cadena de custodia y que lo manipuló. “Es muy fácil establecer que no hay un delito pero es muy difícil develar los tentáculos políticos” detrás de este caso, dijo.
Para la realización de este artículo, también intentamos en varias ocasiones entrevistar a la exministra Romo, pero tan solo obtuvimos respuestas vía chat. “Me referí en pocas ocasiones al señor Bini en el marco de las preocupaciones que teníamos sobre las posibles actividades de Wikileaks en Ecuador”, dijo. Y añadió: “Entiendo que la estrategia de la defensa es más atractiva si me involucran”. Romo se ha negado reiteradamente a dar entrevistas a los medios digitales y a los autores de este artículo, que siguen este caso, pero sí ha concedido entrevistas sobre otros temas a otros medios.
Razones técnicas para un caso politizado
Luego de varios intentos fallidos, Chávez accedió a responder algunas inquietudes y reconoció que sabe muy poco sobre programación o informática. “Yo no soy un experto, yo soy un abogado”, se justificó. Pero, a pesar de su ignorancia en la materia, aseguró que sería imposible que cualquier persona llegue a la pantalla que se usa como prueba en contra de Bini. “Tiene que hacer una investigación para llegar a eso”, aseguró y aunque no ha podido probar nada, incluso especuló que lo que buscaba Bini era “información de la Presidencia de la República en la que él quiso ingresar por la parte trasera”.
Pero más allá de los intereses políticos que empañan este caso, la acusación en contra de Bini tiene explicaciones técnicas.
Danny O’Brien, miembro de la Filecoin Foundation for the Decentralized Web y asesor especial de la Electronic Frontier Foundation (EFF), explica que una imagen como la usada por CNT y la Fiscalía ecuatoriana no puede ser indicio del cometimiento de ningún delito informático. Más bien, “es una indicación de que alguien está haciendo el equivalente en Internet a mirar por una ventana, pero sin atravesarla. Miles de personas en todo el mundo hacen lo mismo todos los días para comprobar qué pasa con su conexión a Internet, para ver por qué su sitio web fue visitado por una computadora en particular, etcétera…”.
John Matherly, creador y fundador de Shodan, un motor de búsqueda diseñado para rastrear todas las direcciones IP públicas, ubicó la IP del computador al que -según el Estado ecuatoriano- Ola Bini habría intentado acceder, y comprobó que no se trata de una red privada. “Esa IP estaba conectada a Internet en 2015 y Shodan tiene un registro de esa IP ejecutando un servicio Telnet en el puerto 23”, aseguró Matherly, a través de un correo electrónico.
La respuesta de Shodan demuestra que CNT -la empresa pública de telecomunicaciones de Ecuador que posee datos de millones de clientes- usaba el servicio Telnet, considerado muy inseguro por la comunidad global de la seguridad digital.
La respuesta enviada por Matherly adjunta una captura de pantalla de la información que obtuvo de esa IP:
Como se ve, esta imagen obtenida por Matherly contiene el mismo mensaje que exhibe la captura de pantalla que se usa como prueba mayor en contra de Ola Bini. De hecho, basta que cualquier usuario cree una cuenta de Shodan en este enlace para obtener la misma imagen sin cometer ningún delito:
https://www.shodan.io/host/181.113.57.169/history
O’Brien incluso cree que la prueba en contra de Bini “es mejor como prueba para la defensa que para la acusación” y explica que la imagen “muestra a alguien accediendo a la página de inicio de sesión (es decir, justo antes de escribir su nombre de usuario y contraseña) y luego desconectarse. Es lo que haría un buen ciudadano de Internet”.
O’Brien se pregunta por qué la Fiscalía de Ecuador no ha mostrado la cadena de custodia de esa imagen. “Esperaría ver una documentación completa y cuidadosa de cómo se obtuvo la imagen y su estado en cada etapa de su transporte hasta la sala del tribunal -dice-. Por ejemplo, uno esperaría que la imagen inicial tuviera una huella digital o un hash calculado para ella, y luego ese hash se verificaría con cada imagen futura. No he visto indicios de que se haya llevado a cabo tal custodia en este caso”.
Un hash es una función que toma datos de cualquier elemento dentro de un dispositivo digital y devuelve un texto de una longitud fija que funciona como su código. Por ejemplo: hash(“ecuador”)=ab12ab44abcc, o hash(“suecia”)=dd42ab12abff Cualquier alteración en el elemento, por más mínima que sea, hará que el código hash de la misma cambie también.
De su parte, Matherly confirma que la IP no es privada, de modo que el sistema informático al que supuestamente habría intentado acceder Ola Bini tampoco lo es, como sostienen Chávez y la parte acusadora. “Por definición, Shodan solo puede ver cosas que son de acceso público en Internet, por lo que la empresa de telecomunicaciones se equivoca en este caso. Es posible que no supieran que era público -por ejemplo, si alguien de la empresa de telecomunicaciones configuró mal un firewall-, pero Shodan confirma que sí es público”.
Ola Bini dice que su caso no se trata solamente de él. “Cuando el Estado usa motivos políticos para perseguir a los investigadores y usa una extrema falta de comprensión de temas técnicos como su razón principal para actuar, está enviando una gran advertencia a cualquier persona interesada en la seguridad informática: que no es ni será seguro hacer ese tipo de investigación en Ecuador. Y eso significa que se producirán más y más ataques informáticos, lo que afectará tanto al gobierno como a las empresas, así como también a los ciudadanos comunes”.
Luis Enríquez, Coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, es uno de los escasos peritos especializados en informática forense en Ecuador. Para este académico, el caso de Ola Bini demuestra la incapacidad del Estado y de sus instituciones en materia tecnológica, de seguridad y protección de sus sistemas informáticos. “El Estado es mucho peor que la empresa privada en Ecuador. El Estado es un desastre, y no por el nuevo Gobierno, es que lo ha sido siempre”, dijo, al referirse al uso de una fotografía -es decir, a un archivo de extensión JPEG- para probar un delito informático. “El Ecuador necesita más gente como Ola Bini. Su caso es bochornoso”, añadió Enríquez.
Reacciones y silencios cómplices
La CNT se ha negado a declarar a la prensa para explicar las razones técnicas de su acusación. Incluso se excusó de presentarse a la audiencia de juicio que estuvo prevista inicialmente para el 21 de octubre, y provocó así que se la suspendiera.
Fiel a su histórica política de discreción y neutralidad, el Gobierno sueco también se ha mostrado tímido al referirse al caso, lo que le ha significado fuertes críticas. “En algún lugar hay un límite para la diplomacia silenciosa, escribió Thomas Bodström, abogado y exministro de Justicia de ese país, en el periódico Expressen, el pasado 19 de octubre. Bodström, quien goza de una imagen muy respetable entre los suecos, destacó que a mediados de octubre la Cancillería sueca haya enviado a su par ecuatoriana una carta en la que exige un juicio justo para Bini, sin embargo, calificó esa acción de “tardía”.
Ola Bini tiene impedimento de salir de Ecuador, está obligado a presentarse cada semana ante la Fiscalía y tiene sus cuentas bancarias bloqueadas. Además, es víctima de vigilancia permanente.
“Más de cien violaciones bien documentadas a mis derechos humanos ya se han producido -dice Bini-, sin que el gobierno sueco haya dicho algo públicamente al respecto, mientras que organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han expresado constantemente su preocupación y condena por este comportamiento. Yo hubiera esperado que Suecia fuera el primero en condenar estos comportamientos injustos”.
En efecto, organizaciones de todo el mundo, entre ellas la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Access Now, Electronic Frontier Foundation o Derechos Digitales sostienen una campaña global para que se garantice acceso a la justicia y se reparen los daños causados contra el programador sueco.
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Al Oído Podcast es un proyecto de periodismo narrativo de la revista digital La Barra Espaciadora y Aural Desk, en colaboración con FES-Ildis Ecuador y FES Comunicación.
Al oído Podcast son crónicas y reportajes que recogen los relatos de ciudadanas y ciudadanos, pueblos, nacionalidades y colectivos que han sido víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales y de sus libertades individuales, como un ejercicio de memoria colectiva.
El equipo de Al Oído podcast está integrado por Pepe German, en la dirección técnica, la producción y el diseño de sonido; Ana Cristina Alvarado y Jonathan Venegas, en la locución; Diego Cazar Baquero, en la dirección de contenidos y un amplio equipo de reporteros free lance.
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