Por Liz Ortiz*
Según Olivier De Schutter, experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la pobreza es una de las causas fundamentales del aumento de la violencia y la inseguridad en Ecuador”. Según los datos más recientes del INEC, para junio 2023 la pobreza por ingresos a nivel nacional se ubicó en 27% y la pobreza extrema en 10,8%, lo que equivale a 1,9 millones de personas.Esta realidad de precariedad económica y falta de oportunidades para amplios segmentos de la población es el ambiente propicio para el surgimiento y expansión de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, sicariato, extorsiones y otros graves delitos. (Gráfico 1).
Para el académico y maestro en Derecho Constitucional Jorge Paladines, “el incremento vertiginoso de la tasa de homicidios en los últimos tres años en Ecuador tiene varias causas, pero la más fundamental de ellas tiene que ver con el empobrecimiento y las condiciones paupérrimas en que vive buena parte de la ciudadanía”, dijo a la agencia Sputnik.
En ese sentido, se puede decir que la precarización económica tiene un doble efecto nocivo: por un lado empuja a más personas hacia actividades al margen de la ley, y por otro debilita al sistema educativo, privando a los jóvenes de oportunidades para un futuro digno.
En esta línea, Schutter señala que “la falta de oportunidades laborales y la mala educación han hecho que los jóvenes sean fácilmente reclutados por las bandas criminales”. Esta situación se refleja en las alarmantes cifras educativas del país. Para 2023, el Ministerio de Educación reportó que 38.238 estudiantes no volvieron a clases en el régimen Sierra-Amazonía, siendo las principales causas la falta de dinero, movilidad y trabajo infantil, además del embarazo adolescente.
Pero tal vez el dato más preocupante es la pronunciada caída en el número de matriculados. En el presente período lectivo se alcanzó uno de los valores más bajos registrados, reduciéndose el número de niños matriculados en 1,64% frente al 2022-2023. En términos absolutos, son cerca de 71 mil niños y adolescentes que abandonaron el sistema educativo, mucho más expuestos ahora a la falta de oportunidades, la delincuencia y la violencia mortal que azota al país.
El negativo contexto socioeconómico del Ecuador, agravado por la precariedad, el desempleo juvenil y la creciente inseguridad, prácticamente condena a los jóvenes más vulnerables, negándoles un futuro digno y empujándolos a engrosar las filas de las organizaciones criminales (Gráfico 2).
La violencia en aumento: más homicidios, menos futuro
Por otro lado, la evolución de homicidios intencionales en niños, adolescentes y jóvenes en Ecuador empeora. Las cifras recientes son altamente alarmantes. Según datos del Ministerio de Gobierno, entre enero y noviembre de 2023 se registraron 7.270 homicidios intencionales, de los cuales 878 correspondieron a menores entre 0 y 19 años, mientras que 2.794 eran jóvenes entre 20 y 29 años. Es indudable el aumento que ha ocurrido en los últimos años, debido a que el 2022 se cerró con 4.830 homicidios de los cuales 473 eran menores y 1.867 jóvenes (Gráfico 3)
Lamentablemente, la violencia homicida no es el único componente que demuestra el recrudecimiento de la actividad criminal entre los jóvenes ecuatorianos. Las estadísticas de detenciones y aprehensiones realizadas por el Ministerio de Gobierno confirman este hecho.
Principales motivos de la detención de niños y jóvenes
Las recientes estadísticas de detenciones realizadas en Ecuador entre enero y noviembre de 2023 son motivo de preocupación, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. De las 68.662 personas aprehendidas y/o detenidas en este lapso, 32.211 eran jóvenes de entre 10 y 29 años, lo que representa casi la mitad, exactamente el 47%, del total. Los motivos varían según los rangos de edad.
Según las estadísticas, el principal motivo de detención y/o aprehensión en menores de 10 a 14 años es el robo a personas, por el cual han sido detenidos 41 niños y adolescentes. Por otro lado, en el caso de los adolescentes de 15 a 19 años y los jóvenes de 20 a 29 años, la principal causa de detención es el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En términos absolutos, 874 adolescentes y 4.586 jóvenes han sido detenidos por estar involucrados en actividades de narcotráfico, convirtiéndose en la infracción más frecuente en estos rangos de edad. Estas cifras revelan un panorama preocupante, donde los delitos asociados al narcotráfico y crimen están impactando fuertemente a los adolescentes y adultos jóvenes (Gráfico 4).
El involucramiento de los jóvenes en actividades delictivas relacionadas al narcotráfico y armas ilegales los expone a entornos de violencia, abuso y vulneración de derechos. Asimismo, las detenciones por delitos menores como robos o conducción en estado de ebriedad, apuntan a problemas sociales subyacentes como la pobreza, falta de oportunidades y consumo problemático de alcohol y drogas.
En Ecuador, la principal provincia con este triste fenómeno es Guayas, pues entre enero y noviembre se han detenido/ aprehendido 7.555 menores y adultos jóvenes (10 – 29 años). Siendo los principales motivos, justamente los asociados con el crimen organizado. Según InSight Crime, el reclutamiento infantil por parte de grupos criminales se ha agudizado, afectando principalmente a Guayaquil. “Los niños, niñas y adolescentes que habitan en los barrios marginales de Guayaquil son los blancos ideales para las bandas, pues a menudo viven en hogares disfuncionales, con profundas carencias económicas, además la presencia institucional es débil”, dice la organización.
La desestructuración del Estado, otro problema
Expertos coinciden en que otro factor que ha propiciado el incremento de la violencia y la delincuencia es la progresiva desestructuración del Estado y sus instituciones en los últimos años. La corrupción, las pugnas políticas y la burocratización han debilitado la capacidad regulatoria y de control del Gobierno en todos sus niveles. Esto se ha traducido en una presencia ineficaz del Estado en varios territorios, abriendo espacio para que las organizaciones criminales ejerzan su poder de facto, copando los vacíos e imponiendo sus reglas al margen de la ley. Recuperar y fortalecer la institucionalidad del Estado es así crucial para retomar el control y garantizar la seguridad.
Según el Latinobarómetro, que cada año consulta a la población hasta qué punto creen que se encuentran garantizada la protección contra el crimen, hay un cambio importante en los últimos años, pues para 2020 el 26,9% consideraba que estaban para nada garantizadas y en el 2023 esa respuesta pasó al 53,4%. Este salto tan pronunciado en apenas tres años es un indicador claro del deterioro en materia de seguridad ciudadana bajo la actual administración. Refleja un hondo sentimiento de indefensión y vulnerabilidad de la población ante la ola de violencia criminal (Gráfico 5).
La corrupción, en particular, se ha identificado como un factor corrosivo que socava la integridad y eficacia de las instituciones estatales. La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) en su Informe de Avance de la Política Pública de Lucha contra la Corrupción muestra que este fenómeno en Ecuador ha permeado varios niveles del gobierno, desviando recursos esenciales y socavando la confianza en las instituciones públicas.
Como proxy para cuantificarlo, se utiliza el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que es una herramienta desarrollada por Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción en el sector público en países y territorios alrededor del mundo. Según cifras más recientes, el Ecuador cuenta con IPC de 36, es decir, está siendo percibido como relativamente corrupto en términos de sector público. Dado que la escala del IPC va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio), esta puntuación indica que la percepción de corrupción es considerablemente alta. Esto sugiere que, según las evaluaciones de expertos y empresarios que forman parte de la metodología del IPC, hay una fuerte presencia o percepción de prácticas corruptas en el sector público del país, sin embargo, esta cifra se ha mantenido en los últimos dos años (Gráfico 6).
Las pugnas políticas y la polarización también contribuyen a la desestructuración del Estado. Cuando los actores políticos se centran más en sus disputas internas que en el bienestar de la población, se descuidan las políticas públicas esenciales, y la cohesión y eficacia institucional se ven comprometidas. El Banco Mundial señala que la inestabilidad política puede llevar a un ciclo de reformas inconclusas y a una ejecución deficiente de políticas, debilitando la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos, incluyendo la violencia y la criminalidad.
Esta combinación de corrupción, inestabilidad política y burocracia ineficiente ha resultado en una presencia estatal debilitada, particularmente en áreas donde el control del Estado es más precario. En estas zonas, como ha documentado Insight Crime, las organizaciones criminales han encontrado un terreno fértil para operar, llenando el vacío dejado por el Estado y estableciendo sus propias reglas, a menudo con violencia e intimidación.
Como reflexiona el economista y sociólogo Pablo Samaniego, “entre más débiles son las instituciones estatales de control y judiciales, mayor influencia e impunidad ganan las organizaciones criminales, tal como se ha visto en otros países como Colombia”, pues “el crimen organizado requiere de Estado fuerte y presencia institucional, ya que de lo contrario este termina siendo penetrado y utilizado por los grupos delictivos para sus fines”.
Adicionalmente, el deterioro de indicadores sociales como el empleo, la cobertura de servicios públicos y la educación, sumado a la pérdida de valores entre los jóvenes tras una crisis como la pandemia, ha derivado en una creciente desprotección e impulsado a más personas hacia actividades criminales. Samaniego señala que ante la ausencia de oportunidades y falta de buenos ambientes familiares, las bandas delictivas atraen ofreciendo salidas fáciles pero peligrosas. Critica que no existan políticas focalizadas en proteger a los más vulnerables, incluso medidas de ajuste fiscal como el alza del IVA al 15% terminan perjudicando a hogares empobrecidos. El debilitamiento de los sistemas de salud, educación y justicia agrava este escenario, mientras organizaciones criminales suplen funciones de protección en algunos territorios.
La violencia encuentra el mejor caldo de cultivo en la exclusión y en la desatención estatal a múltiples crisis sociales, y sólo podrá mitigarse con políticas de inclusión y recuperación de derechos.
*Esta entrega se publicó originalmente en nuestro medio aliado Revista Gestión.
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