Por Karol Noroña / @KarolNorona
Eran las 20:30. Alexandra Córdova prendió su televisor y, durante más de tres horas, escuchó las intervenciones de los 16 candidatos presidenciables en el segundo día de debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, el domingo 17 de enero del 2021. El encuentro, además, era histórico en el marco de una contienda electoral atípica: por primera vez se convocó a los postulantes de forma obligatoria en medio de la pandemia desencadenada por el covid-19. Era una buena oportunidad para que los ecuatorianos conocieran sus propuestas, pero la desazón fue mayor.
Mientras los políticos intentaban responder -unos nerviosos, varios, en cambio, faltos de argumentos y otros desacreditándose entre sí- miles de familiares que buscan a sus desaparecidos vieron con frustración que su lucha fue olvidada por quienes aspiran al sillón presidencial. Esto ocurrió muy a pesar de que el cuarto eje temático del debate se enfocaba -o debía hacerlo- en cómo desarrollarían su gestión para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en Ecuador.
“Nadie preguntó sobre el tratamiento de la búsqueda de nuestros desaparecidos y la falta de respuestas. Ningún candidato los nombró y cuando les consultaban sobre temas de violencia eludían las preguntas y contestaban otra cosa. En este país no existe una voluntad política para hacer cumplir nuestros derechos. No están preparados, no les importa”, reclama Alexandra Córdova, la madre que desde hace ya 7 años y 8 meses le exige al Estado dar respuestas sobre la desaparición forzada de su hijo, David Romo.
El silencio de los candidatos, sin embargo, no solo fue evidente en los debates televisados, sino que es el reflejo del vacío en sus planes de gobierno. Aunque las familias se plantan cada miércoles en la Plaza Grande para exigir el cumplimiento de procesos investigativos objetivos y ágiles, además de la coordinación de las instituciones estatales -Fiscalía y Policía Nacional- para que la búsqueda de personas desaparecidas sea efectiva, en las hojas de planificación de los binomios que buscan llegar al poder Ejecutivo el próximo 7 de febrero no hay una sola propuesta que atienda una problemática que no solo se constituye en un atentado grave contra la vida y la dignidad de la víctima, sino que vulnera los derechos de las familias que intentan encontrarlos.
Para Gina Benavides, docente del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar y exdefensora del Pueblo, esa omisión da cuenta de “la falta de una adecuada concepción del cómo hacer política en este país. Yo, sinceramente, me he alarmado por la manera en la que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia asumen los temas de Derechos Humanos. Creo que para todos fue evidente -viendo los debates- un acercamiento poco informado, sin conocimiento de los principales estándares internacionales, sin determinar con claridad el alcance de repercusión que tienen las situaciones de DDHH y sin tener una visión integral de la lógica de DDHH”. Y Benavides también es crítica con el Comité Nacional de Debates Electorales del Consejo Nacional Electoral: “¿Por qué las personas que elaboraron las preguntas no lo incluyeron? El tema de las personas desaparecidas ha venido generando una discusión durante los últimos 10 años y se ha posicionado públicamente como una de las principales problemáticas en materia de derechos”.
La especialista fija la necesidad de una lectura integral y sistemática de las desapariciones en el país “porque se ha hecho parecer como si fueran casos aislados. Y pienso que están insertados en una lógica que opera en el país y debería revelarse por qué y bajo qué condiciones existen”. El registro de casos, dice Benavides, debería ser sintomático para que haya una aceleración de profundización en las causas. “Sin embargo, si no tienes un adecuado diagnóstico -como sucede en Ecuador- las políticas públicas no van a ser efectivas. También se debe pensar en cómo construir políticas basadas en condiciones de seguridad humana que tengan una visión más integral y no solo de seguridad nacional y pública”, enfatiza.
En Ecuador, el balance oficial de personas desaparecidas -elaborado por el Ministerio de Gobierno- arroja que 59 684 denuncias de desapariciones fueron registradas desde 1947 hasta mayo del 2020; 1 492 de los casos se encuentran en etapa de investigación. El reporte, además, indica que durante los cinco primeros meses de 2020, de enero a mayo, se documentaron 2 197 denuncias; 100 casos son indagados. Es decir que, en promedio, son 20 personas las que desaparecen involuntariamente cada mes.
Pero las cifras son cuestionadas. Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), señala que los balances gubernamentales de personas desaparecidas no logran dimensionar la problemática y que, además, son inconsistentes e imprecisos. Lidia recuerda cuando el exfiscal Galo Chiriboga, condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos, se reunió con los familiares y afirmó que eran 4 402 las personas desaparecidas desde el 2013 hasta junio del 2016. “Esa fue la cifra que defendimos hasta que el fiscal Carlos Baca Mancheno nos pidió disculpas y dijo que eran 1 557 desaparecidos. Así es como se maneja el tema en este país, ¿cómo confiamos si vemos que poco les importa, si nos dejan en el aire?”, reclama.
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Lidia apenas duerme. Su celular se ha convertido en una alarma que suena cada hora con nuevas denuncias sobre personas desaparecidas. ‘La Dama de Hierro’, como la llaman sus compañeros de lucha, atiende cada caso, lo registra, lo difunde junto a sus compañeros, escucha a los familiares, los asesora y les da aliento. Su labor -al igual que la de sus compañeros- es titánica y no deja de denunciar el subregistro de personas desaparecidas en el país, aunque -explica- se remiten a él porque los recursos de la organización son escasos y no logran abastecer el desarrollo de un mapeo a escala nacional.
La inconsistencia de las cifras oficiales no es una negligencia presente solo en Ecuador, sino que atraviesa cada nación en donde una persona ha desaparecido. El 17 de enero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda de México reveló que en esa nación, vulnerada por la violencia del narcotráfico y la corrupción de funcionarios públicos vinculados al crimen organizado, hay al menos 82 882 casos de desapariciones. Desde Torreón, una ciudad ubicada en el estado mexicano de Coahuila, Julio Sánchez, fundador de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desmiente ese balance y señala que en ese país habría al menos 140 000 desaparecidos. “Las familias no denuncian por miedo y eso se debe a las amenazas del narco y el Gobierno. Entonces, permanecen en silencio por el temor a que puedan matarte”, relata.
Julio dejó su trabajo y su rutina para buscar a su hija Thania, de 22 años, desaparecida el 21 de enero de 2012 en México. “Es posible que esté muerta, pero no dejaré de buscarla. Tengo cuidado porque mi caso llegó a altas esferas del Gobierno, que sabe quiénes son los responsables. Pero estamos solos. Nos hemos convertido en investigadores, expuestos a la violencia, para ir rastreando fosas clandestinas y así encontrar a nuestros desaparecido”, cuenta. La realidad del padre, sin embargo, no es ajena a lo que viven los familiares de personas desaparecidas en Ecuador.
A Fernando le brillan los ojos cuando habla de ‘La Negra’. Y cuando lo hace se refiere a su hija Michelle Montenegro, la joven docente y activista por la defensa de los derechos humanos cuya silueta aparece en las banderas que flamean en cada plantón. Han pasado 32 meses desde su desaparición, el 5 de junio del 2018, y las respuestas son el silencio. “Cuatro fiscales y dos agentes de Dinased han investigado el caso, pero no tenemos ningún resultado. Es desgastante porque no tenemos oídos y el problema que siempre se replica es el cambio de fiscales y agentes. Ellos no están capacitados para encontrar a mi hija y la pandemia solo empeoró la situación”, asegura. Pero Fernando no se rinde y sale a las calles cada miércoles para recordarle al Estado que la silla de Michelle está vacía en casa, aunque la ausencia y la falta de acceso a la justicia -dice- enferma, duele y quiebra.
“La desaparición es lo peor que le puede pasar a cualquier persona”
El vacío en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales no solo ignora este drama, sino que, además, invisibiliza la vulneración que sufren los familiares. Vivir una desaparición también supone la violación de derechos que atraviesan no solo el campo económico, sino social, cultural y emocional.
Benavides explica que el principal derecho vulnerado es, precisamente, “la falta de una adecuada investigación y el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a una garantía, el acceso a la justicia desde la investigación seria, hecha desde las instituciones a las que les corresponde investigar y no endosando esa responsabilidad a los familiares”. En noviembre del 2020, una adolescente desapareció en Quito. Su madre, María (nombre protegido), denunció públicamente que la agente de la Dirección Nacional de Policía Especializada Para Niños, Niñas y Adolescentes asignada para llevar la investigación no actuaba con rapidez. “Ella me pedía a mí las evidencias y si yo las hubiese tenido, ¿para qué la estaría buscando?”, se pregunta, desesperada, indignada y rabiosa. Su hija fue encontrada cinco días después, luego de que la investigadora llamara a María para increparla por su reclamo público. “Me dijo que era una desagradecida porque ella me dio todo su tiempo libre».
Las implicaciones de la desaparición en la vida familiar afectan, además, según Benavides, “a su derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho que las personas tenemos a una estabilidad emocional y el derecho a la familia también se está quebrando”, explica.
Varios familiares han perdido sus empleos o han renunciado a ellos para dedicarse a la búsqueda de sus desaparecidos. Otros, en cambio, han perdido la posibilidad de acceder a la educación y continuar con sus estudios para dar soporte a sus compañeros, afectados por la ausencia. Pero también hay una falta de acceso a la salud. La Asfadec reclama que ni en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ni en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social exista un servicio especializado para atenderlos. Se sienten solos, sufren en el silencio, padecen depresión, insomnio, estrés crónico, presión alta, entre otras patologías, mientras buscan a los suyos.
Para Pilar Tobar es vivir en la incertidumbre, la desidia y la impotencia. Ella y su madre aún buscan a su hermano Camilo Tobar Abril, desaparecido el 17 de abril de 2012 en Cumbayá. Pronto se cumplirán nueve años desde que el cuarto de Camilo está vacío. “Las investigaciones son precarias porque tanto fiscales y oficiales de la Dinased no tienen formación y tampoco están capacitados. En el caso de mi hermano han pasado cerca de 10 fiscales y más de 20 agentes investigadores. Y aún no sabemos nada, no se han hecho las pericias necesarias, ni se tomaron las versiones necesarias de las personas que lo vieron por última vez con prontitud”, reclama.
Los casos no son aislados y las negligencias tampoco. Pero los familiares han convertido la indignación en un impulso para fortalecer su organización y exigir que el Estado admita que Ecuador es un país en donde las personas desaparecen. Fue a partir de su lucha y movilización social que se obtuvieron logros como la tipificación de la desaparición involuntaria como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), a partir del 21 de junio del 2020, cuando las reformas al COIP entraron en vigencia. Ese avance fue clave para su lucha, considerando que hasta el 2019 solo existían las figuras de desaparición forzada, un delito perpetrado por agentes estatales, y el secuestro, figuras que no eran suficientes para resolver sus casos.
La Asfadec también celebró la aprobación de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, publicada en el Registro Oficial el 28 de enero del 2020. Aunque la norma no es retroactiva, significó un progreso en materia de derechos, porque las desapariciones se investigaban como un acto administrativo y no penal hasta el 2019. Antes del cambio, buscar a una persona era como intentar hallar, por ejemplo, un vehículo perdido. Además, los investigadores estaban imposibilitados de realizar pericias para recabar evidencias como la intercepción de llamadas telefónicas de los celulares de sospechosos, tampoco se podía pedir una orden judicial para detener a una persona durante 24 horas para fines investigativos.
La Ley, entre sus avances principales, dictamina la búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas; la protección de los derechos de las víctimas indirectas o familiares, además de la prevención y coordinación interinstitucional para garantizar una efectiva respuesta y la capacitación especializada a sus funcionarios, y dar acompañamiento psicológico, jurídico y social.
Asimismo, la normativa establece la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a la Víctimas Indirectas y la obligación del Estado de buscar hasta encontrar a una persona, la presunción de vida durante la búsqueda, la prohibición de discriminación o estigmatización de cualquier naturaleza, así como la información efectiva por parte del Estado hacia las familias.
Pero hay falencias. Lidia cuestiona que aunque la ley es clara, el reglamento -que fue promulgado con más de cinco meses de retraso, en noviembre del 2020- es deficiente y no contó con la participación de las familias para su elaboración. “Es una burla para los familiares de todo el país. Hemos luchado tanto para que haya una verdadera capacitación y profesionalización de los investigadores. Sin embargo, el reglamento no definió cómo se debe aplicar. Necesitamos funcionarios preparados para encontrar a nuestros desaparecidos”, dice indignada.
El pedido constante de formación efectiva, además, exige la profundización de la investigación porque la desaparición es una problemática que puede tener de fondo el tejido de otros crímenes: redes de trata, ciberdelitos, acoso, violencia de género, tráfico de personas, esclavitud sexual, entre otros. Por ejemplo, el registro de la Alianza de Mapeo y Monitoreo de Femicidios da cuenta de que en Ecuador fueron asesinadas 118 mujeres durante el 2020 por la violencia machista y 15 de ellas fueron reportadas como desaparecidas.
La Ley está escrita, sí, y está vigente, pero hay deficiencias que aún se repiten en nuevos casos. Carol Manzano, hija de Martha Andrade, una adulta mayor de 68 años que desapareció el domingo 27 de diciembre del 2020 en el sur de Quito, relata que la familia quedó atónita cuando supo que el agente investigador asignado ese mismo día para la búsqueda de su madre ya no estaba en servicio activo. Se sentía indignada, dice, porque las primeras horas a partir de una desaparición son clave. “No hubo una actuación ágil, no se movieron. Las primeras jornadas de búsqueda se realizaron después de 25 días, aunque nosotros nos organizamos para investigar por nuestra cuenta”, recuerda.
Aunque la Asfadec solía enviar cartas a funcionarios públicos para que el foco de atención llegue a sus desaparecidos, los miembros de la organización decidieron no hacerlo para las elecciones de este 7 de febrero. “Nosotros no somos partidistas y tampoco buscamos protagonismo político. Lo que queremos es que busquen a nuestros familiares. Creemos, además, que la sociedad está entendiendo que no somos pocos, sino muchos y que se trata de un problema social”, afirma.
Pero sí hace públicas sus demandas para los futuros gobernantes. “El reglamento está mal hecho y queremos que se corrija porque, de otra forma, los procesos seguirán siendo lentos. Esperamos reunirnos con el Presidente. Si no sucede, pediremos que se declare inconstitucional a través de la Corte Constitucional. Solicitamos, además, que las autoridades desarrollen un banco de datos genéticos que nos permitan saber la identidad de los cuerpos clasificados como NN y que las instituciones investiguen con base en un protocolo unificado; necesitamos coordinación y resultados”, dice Lidia.
Alexandra Córdova, en cambio, pide que se cree una Comisión de la Verdad que analice las principales violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en la última década, incluido el caso de David, que aún continúa en la impunidad con una cadena de irregularidades, mentiras y teorías fabricadas.
La clase política ecuatoriana debe dejar de mirar hacia otro lado y ser consecuente con lo que está en la Carta Magna y recordar que, a partir del 2008, Ecuador es un estado constitucional de derechos, enmarca Gina Benavides. “De esa letra que está contenida en la normativa, en lo legal, en la política pública, se necesita pasar a los hechos concretos. Se deben garantizar el cumplimiento de esos derechos para los ecuatorianos. El cómo ya está dado: debe ser un real compromiso por asumir que los DDHH sí son importantes y que deben estar en cualquier plan de gobierno que se esté postulando”, explica.
De lo contrario, las personas desaparecidas seguirán desaparecidas no solo de sus familias y hogares, sino de las políticas públicas, de los gobiernos de turno y de la sociedad civil.
En el nuevo ‘hogar’ de la Asfadec, en el Centro Histórico, los familiares armaron un collage de la memoria. Los rostros de Juliana, Giovanna, Michelle, Telmo Orlando, Álvaro, Camilo, Luis, Alexander, Angie, Gustavo, Leonor y Bertha descansan en una serie de cuadros que cubren la pared principal de la oficina. Los ojos van desentrañando de a poco el mural fotográfico en el que no solo conviven los desaparecidos, sino sus rastreadores. Sí. Los padres, madres, hijos, hijas, amigos y amigas que no se cansan, que gritan ante el silencio estatal con la esperanza de que un encuentro aún sea posible, de que pronto las sillas dejen de estar vacías. Es el amor -dicen- lo que les impulsa a salir a las calles, aun en pandemia, para seguir cuestionando: ¿Hasta cuándo los gobernantes impondrán la política del avestruz frente a su dolor?, ¿hasta cuándo el silencio y la indolencia?, ¿hasta cuándo se agotará su vida en buscarlos?
