El incremento de los sembradíos de coca se concentró en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte Santander, fronterizos con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Colombia abarca entre el 60 % y 70 % de los cultivos de coca en el mundo.
El 49 % del área con coca se concentró en zonas de especial protección ambiental. Parques Nacionales Naturales como Paramillo y La Paya y varios resguardos indígenas son los más afectados.
El cártel brasileño Comando Vermelho ha establecido rutas de narcotráfico hacia Perú y Ecuador desde la Amazonía colombiana. La explotación minera, la tala ilegal de madera y el tráfico de migrantes son delitos conexos que financian el narcotráfico.
Por Juan Carlos Granados, Pilar Puentes*
Por segundo año consecutivo, los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico en Colombia. Este 11 de septiembre se conoció el reporte del área sembrada de coca con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). La cifra llegó a 230 000 hectáreas, lo que significa un aumento del 13 % con respecto al 2021.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) dejó a Colombia con alrededor de 204 000 hectáreas sembradas y tras un año de gobierno del presidente Gustavo Petro, los cultivos de uso ilícito siguen en aumento. Sin embargo, el ministro de justicia, Néstor Osuna aseguró que “se ha aplanado la curva, al pasar de un crecimiento del 41 % en 2021 al 13 % en 2023”.
El aumento y persistencia del cultivo de hoja de coca se concentra en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño. El 88 % de las hectáreas están en “enclaves productivos”, lugares donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína por más de 10 años.
El reporte también destaca que la producción potencial de cocaína se ubicó en 1738 toneladas métricas, un 24 % más que en 2021. Además, advierte que aproximadamente la mitad de los cultivos de coca (49 %) se concentran en zonas protegidas: el 21 % en Parques Nacionales Naturales (PNN), especialmente en los parques La Paya, en Putumayo, y Paramillo, entre Antioquia y Córdoba; el 18 % en resguardos indígenas; 4 % en consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y 2 % en reservas forestales de Ley 2 de 1959, terrenos baldíos que fueron creados con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de suelos, el agua y la vida silvestre.
El gran hallazgo de este informe es que el incremento de los cultivos de coca se concentró en Putumayo, mientras que en el resto del país mantuvo cierta estabilidad. El ministro Osuna también resaltó que hoy Colombia no solo exporta cocaína, sino pasta de coca.
Un aumento del 70 % en Putumayo
El departamento de Putumayo tiene una posición estratégica por su geografía: el largo río Putumayo, que nace en los Andes colombianos, se adentra en la selva y desemboca en Brasil y hace de frontera natural de Colombia con Ecuador y Perú.
Mario Erazo, autoridad del resguardo Buenavista del pueblo siona, en Puerto Asís, Putumayo, señala que ha sido evidente el aumento de los cultivos de coca y la presencia de grupos ilegales en la zona. “Ya no nos fumigan, como lo hacía antes el gobierno y no hay tantos operativos, pero los cultivos permanecen”, comenta.
Según el informe de UNODC, este departamento pasó de tener 28 205 hectáreas en el 2021 a 48 034 en el 2022, lo que representa un incremento del 70 %. Solo el Putumayo concentró el 21 % de toda la coca sembrada a nivel nacional y es una cifra que no se registraba en el departamento desde 2001, cuando contabilizaron 41 050 hectáreas. De los 13 municipios que conforman Putumayo, nueve tienen presencia de coca y cuatro de ellos están entre los 10 municipios con mayor presencia de cultivos en todo el país. Puerto Asís tiene sembradas 11 504 hectáreas y sólo es superado por Tibú en Norte de Santander y Tumaco en Nariño.
Para Francisco Daza, coordinador de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, el aumento en este territorio tiene que ver con aspectos transfronterizos. “El narcotráfico está cambiando y estableciendo nuevas rutas y enclaves en otras zonas del continente. La posible participación de organizaciones criminales trasnacionales como el Comando Vermelho, cártel brasileño que ha establecido rutas de narcotráfico hacia Perú y Ecuador desde la Amazonía, puede haber influido en el incremento sustancial en Putumayo”, señala Daza. Además, en la zona tienen presencia disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) y los Comandos Bolivarianos de Frontera de la Segunda Marquetalia.
La oficina de la ONU advierte que una de las razones para el aumento de las hectáreas cultivadas con coca es la suma de problemas que ha tenido la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), un elemento clave dentro la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP en 2016. En ese departamento se vincularon 20 317 familias, un 21 % del total nacional. Aunque se logró la erradicación voluntaria de 9904 hectáreas, la persistencia de cultivos de coca en lotes PNIS Putumayo, al 31 de diciembre de2020, era del doble en comparación con el promedio nacional. Las familias beneficiadas aseguraban que había “demoras en la implementación de los componentes productivos del Programa’”, se lee en el reporte del 2023.
En voz de Paula Aguirre, directora para Colombia de la organización Elementa Derechos Humanos, que ha trabajado en la investigación sobre la producción de cocaína y sus efectos especialmente en México y Colombia, el PNIS lleva un retraso en los compromisos adquiridos con las familias que se suscribieron a la transformación de cultivos de uso ilícito por cultivos y proyectos productivos legales. “Es una situación que ha impactado directamente en la subsistencia económica y alimentaria de las comunidades cultivadoras”, señala la directora. Aguirre afirma que es importante pensar en otro tipo de estrategias que “permitan que las personas tengan las alternativas que se ajusten mejor a contextos, necesidades, e incluso proyectos de vida individual y en comunidad”.
Para el líder indígena Mario Erazo, el aumento de coca en su territorio ha significado una mayor presencia de los grupos armados y luchar con vecinos que cultivan al lado del resguardo Buenavista. En el 2019, los mayores o autoridades tradicionales de ese resguardo decidieron prohibir cultivos de uso ilícito dentro de su territorio.
La Defensoría del Pueblo, dos años después, emitió una alerta temprana por el riesgo en que se encontraban varias comunidades, incluido el resguardo Buenavista, por la disputa territorial entre los dos grupos integrados por disidencias de las extintas FARC (Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez) por el control del río Putumayo y el río Caquetá. La Defensoría volvió a emitir otra alerta en junio de 2023 en la que advierte que la situación presentada se repitió. “Las disidencias han sido señaladas por las autoridades ecuatorianas de resguardarse allí (…) tendrían una importante infraestructura de transformación de narcóticos en la zona de frontera, donde los pobladores (de ambos lados de la frontera) viven bajo constante presión y amenazas de los armados”.
La consolidación de la coca en las áreas de manejo especial
En los resguardos indígenas se registraron 23 794 hectáreas de coca, un incremento del 18 % respecto al 2021 cuando hubo 20 100 hectáreas del cultivo. El 20 % de los cultivos en estos predios se concentró en dos de los 208 resguardos que tienen coca: Inda Zabaleta y Gran Rosario, ambos ubicados en el municipio de Tumaco, Nariño, que pertenecen a comunidades indígenas awá. La Organización Nacional Indígena (ONIC) señaló hace unos meses que entre agosto de 2022 y febrero de 2023, 14 indígenas de esta etnia fueron asesinados en esa región.
En los Parques Nacionales hubo un aumento del 21,5 %, pasando de 8749 hectáreas sembradas en 2021 a 10 626 en 2022. Más de la mitad de este aumento, —el 57 % del cambio total— se concentró en el Parque Nacional La Paya, ubicado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Si bien se reportaron cultivos de coca al interior de 13 de los 59 parques que hay en el país, el 84 % de las hectáreas sembradas en estas áreas protegidas se concentró solo en cinco parques: Paramillo (2608 hectáreas), La Paya (1840 hectáreas), Nukak (1622 hectáreas), Catatumbo-Barí (1573 hectáreas) y Sierra de La Macarena (1284), tres de ellos en la Amazonía colombiana.
Para Francisco Daza, en estas “áreas de manejo especial”, como las denomina el gobierno colombiano, confluyen distintos factores que las han convertido en territorios con un alto número de cultivos de coca. “Estas zonas son de difícil acceso, por lo que les permite a las organizaciones ilegales operar con relativa impunidad. Además, los grupos armados en algunas de estas áreas pueden controlar la producción de coca para financiar sus actividades, y si a eso se le agrega que la gente recurre a los cultivos como fuente de ingresos ante la ausencia de otras alternativas, la situación se vuelve más compleja”, explica Daza. El experto considera que es importante recordar que hay parques como La Macarena, donde los guardaparques tienen prohibida la entrada debido a constantes amenazas de los grupos armados.
Los enclaves cocaleros y el papel de las fronteras
En los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo se concentró el 65 % de los cultivos de coca. El enclave con mayor área de coca sembrada es Catatumbo, con 27 766 hectáreas. En el municipio de Tibú, que hace parte de la región del Catatumbo, se concentra casi el 80 % de la totalidad de cultivos de este enclave (22 081 hectáreas), siendo el municipio con mayor área sembrada en Colombia. Tumaco, en Nariño, es el segundo municipio con más cultivos de coca con 20 720 hectáreas y el tercero es Puerto Asís, Putumayo, con 11 504 hectáreas. El informe menciona que estos dos últimos municipios aumentaron su área con coca en más 6500 hectáreas en el último año.
En 2022 se consolidaron 15 enclaves productivos en los que aumentó el área con coca en un 5 % respecto al 2021. Estas zonas ocupan el 14 % del territorio con presencia de cultivos de coca y representan el 44 % de la producción potencial de hoja de coca del país. Los cinco enclaves con mayor extensión de cultivos son: Catatumbo, Norte de Santander (27 766 hectáreas); Frontera Tumaco, Nariño (14 780 hectáreas); Frontera Putumayo, Putumayo (12 112 hectáreas); El Charco-Olaya Herrera, Nariño (11 088 hectáreas) y Argelia-El Tambo, Cauca (10 099 hectáreas). Además, el año pasado se consolidó un nuevo enclave productivo, el Timba-Jamundí-Buenos Aires, ubicado entre los límites de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el cual hay 1436 hectáreas de cultivos de coca.
En la Política Nacional de Drogas, recientemente publicada por el gobierno Petro, según estimaciones del Observatorio de Drogas de Colombia, en los últimos 20 años se han invertido aproximadamente 76 billones de pesos (unos 19 billones de dólares) en la lucha contra las drogas. Sumado a esto, entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843 905 hectáreas de coca pero el área sembrada en este periodo se incrementó más de cuatro veces, un 379 %, según indica el Observatorio.
Luis Cruz, investigador de la organización jurídica Dejusticia, explica que el informe de UNODC documenta la ineficacia que tuvo la sustitución de cultivos en transformar las economías locales. “Esta medida no solo ha generado dispersión de recursos, sino que ante la dificultad de crear posibilidades de un desarrollo alternativo se ha visto afectado tanto el cierre de la frontera agrícola como el cuidado de las áreas protegidas. La solución no puede ser la erradicación forzada porque el Gobierno está obligado a cumplir con los criterios del Acuerdo Final de Paz”, dice el investigador.
Por otra parte, Meta, Guaviare, Caquetá y Chocó son los cuatro departamentos en los que ha habido una mayor desconcentración de los cultivos de coca, es decir, un descenso en la producción, representando el 60 % de los territorios que están inscritos dentro de esta categoría.
El documento señala que los traficantes prefieren comprar en enclaves de concentración debido a la calidad y disponibilidad del producto y a la proximidad de rutas de tráfico, teniendo en cuenta que Norte de Santander, Putumayo y Nariño, los tres departamentos con más cultivos, colindan con Venezuela, Perú y Ecuador respectivamente.
Para Daza, la desconcentración en ciertos departamentos se debe también a que hay otros intereses económicos, distintos a la coca, por parte de los grupos armados. “En Chocó, por ejemplo, hay una dinámica de disputa armada entre el Clan del Golfo y el ELN que no se concentra en la cocaína, también hay dinámicas de explotación minera, tala ilegal de madera y tráfico de migrantes a través del Darién, por lo que es una muestra de que, en distintas zonas del país, la coca no es la única forma de financiación de los grupos armados ilegales”, explica el investigador.
Además, en Sudamérica los cultivos de coca van en aumento. En 2022, Perú alcanzó su máximo histórico, pasando de 40 300 hectáreas sembradas en 2015 a 95 008 en 2022, lo que representa un incremento de más del 100 %, siendo el segundo país con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito después de Colombia. Por su parte, en 2021 Bolivia llegó a 30 500 hectáreas, mientras que en 2015 registraba 20 200.
En el Informe sobre la cocaína 2023, también elaborado por la UNODC, se explica que estos tres países concentran casi la totalidad de área sembrada con coca a nivel mundial, siendo Colombia el país que mayor terreno abarca. Además, el monitoreo hecho por la ONU en Colombia revela que las incautaciones de coca hechas por Ecuador se incrementaron más del doble, pasando de 88 toneladas confiscadas en 2019 a 201 en 2022, lo que muestra la importancia de las fronteras en la consolidación de los enclaves cocaleros.
Este informe es una publicacion original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
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