Esta es una publicación de la Red de Periodismo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas
Tres advertencias reciben los equipos de trabajo que llegan a Mataje, parroquia rural del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, para no correr riesgos: evitar usar el celular, no tomar fotos y una lista de lugares por los que no deben transitar.
Así, entre el miedo y la zozobra, el 29 de julio de 2022 se desarrolló una reunión en ese cantón fronterizo de la provincia de Esmeraldas, a la que asistieron representantes de organizaciones no gubernamentales, autoridades y mujeres de las comunidades de la parroquia Mataje.
En el vehículo en el que se transportaron los participantes se sintió la tensión que provoca la violencia que se vive en ese territorio. Durante el trayecto, una de las autoridades locales observaba constantemente por el retrovisor, para cerciorarse de que todo estaba bien, que nadie los seguía. Además, comentó que unos 30 hombres armados monitorean la zona e intentan tomar el control de Mataje.
El tono bajo y precavido de esa autoridad, que prefiere el anonimato, acompaña su relato sobre ese grupo armado. Contó que está conformado por algunos habitantes de su comunidad, que pertenece a Mataje, y que supuestamente estarían tras los crímenes de cinco personas. Aseguró que existe presencia de mexicanos y de otros extranjeros que transitan por el sector de Vayan Viendo, del recinto El Pan de esta parroquia, ubicado al sureste del territorio, a orillas del río Mataje.
“Esa es la guerra que hay ahorita”, menciona el hombre, al tiempo que dice sentirse vigilado, pues integrantes de estos grupos ingresan a las oficinas y monitorean sus movimientos, con quién habla y lo que hace.
“Esa es una realidad, yo he conversado con moradores, con autoridades, con profesores. Miembros de estos grupos armados llegan al poblado y hay ocasiones que les atemorizan”, confirmó el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas, Alexander Levoyer.
El Gobierno declaró a Esmeraldas como zona de seguridad, el 3 de junio de 2022, y creó una Fuerza de Tarea Conjunta para controlar este territorio. Un total de 1.700 militares y policías intentan debilitar a los grupos criminales.
En los 94 kilómetros de frontera que tiene Esmeraldas hay 14 pasos irregulares identificados y uno legalmente reconocido, que es el puente internacional sobre el río Mataje. Antes de la iniciativa, la provincia tenía un promedio de 15 a 28 muertes violentas por mes y ahora se redujo a 8 muertes, según Javier Buitrón, comandante de Policía de Esmeraldas.
En el cantón San Lorenzo, 9 de cada 10 asesinatos se realizan con armas de fuego.
Pero la inseguridad que se extiende por toda la provincia, y en especial en Mataje, deja víctimas invisibles para el Estado: los desplazados internos.
“Mire, por ejemplo, el 19 de julio de 2022, salieron unas tres familias que estaban en Mataje, que no podían dormir por las balaceras y las amenazas, vinieron a San Lorenzo, están arrendando, trabajan en las palmeras y ya les han amenazado”, dijo la autoridad local.
Esas familias, según la fuente, además de dejar sus viviendas hablaron con la Policía. Un doble error para la gente que vive en la zona porque les han advertido que los van a acribillar si continúan sus reuniones con los uniformados.
La Policía tiene identificados nueve grupos delincuenciales en el territorio colombiano, cuatro de ellos se autodenominan compañías, que se encargan de la siembra, el cultivo, la producción, el transporte, el almacenamiento y luego la distribución de cocaína.
Tienen un aparataje para transportarla luego hacia el Ecuador. Ese negocio ilícito trajo otros delitos conexos como tráfico de combustible y de armas, minería ilegal y contrabando.
Lo que ha pasado en la zona de frontera y particularmente en Mataje, desde el año 2000 hasta la fecha, el oficial Buitrón lo atribuye a movimientos de la geopolítica.
Según él, “esas nueve organizaciones que están en el lado norte del Ecuador se dedican a hacer de todo y los que transportan son las organizaciones criminales que están en nuestro país, que son los Grupos de Delincuencia Organizada o GDO”.
Antes había menos sicariato, cuando la actividad narco-delictiva estaba en manos colombianas, pero con la aplicación del Plan Colombia y las negociaciones de paz todo cambió y los carteles mexicanos tomaron el mando. Estos factores han provocado este alto índice de muertes violentas en el país.
El comandante Levoyer sostiene que en la provincia de Esmeraldas lideran dos grupos, que tienen una triangulación entre disidencias, crimen organizado y narcotráfico.
El primero es el Frente Óliver Sinisterra (FOS) —vinculado con la banda de Los Choneros— que tiene nexos con el cártel de Sinaloa, en México. Y el segundo es la columna móvil Urías Rondón, que ha desplazado al FOS, y está ligada con los Tiguerones —un subgrupo de Los Choneros que se rebeló— quienes, a su vez, están vinculados al grupo Jalisco Nueva Generación.
Ellos luchan por espacios de poder y por corredores de movilidad para sacar la droga.
Pero en medio de este conflicto, hay un desplazamiento interno de cientos de personas que se agravó en este 2022 y que el país lo ignora.
El rol de las mujeres en los desplazamientos desde Mataje
Las mujeres cabeza de hogar que asistieron a la reunión en San Lorenzo, el 29 de julio de 2022, tenían un objetivo en común: lograr asociarse para que les permitan llevar las conchas que extraen del manglar a los supermercados nacionales. Ellas consideran que esa sería una estrategia para que su producto se venda en esos establecimientos y mantener sus ingresos.
Ese objetivo de las mujeres está atravesado por la necesidad de evadir el contexto de violencia. Cada vez que hay un enfrentamiento en Mataje, ellas no pueden salir a vender su producto. Lo que afecta su empobrecida economía y la concha es su único sustento.
Durante la reunión, lanzaron algunos nombres para esa asociación como ‘Conchas violetas, mujeres por la paz’. Su intención es quitar el estigma que existe sobre esa población, aunque la violencia es su cotidianidad.
Ellas no hablan de los grupos armados ni de las muertes. Apenas tocan el tema de los desplazados y prefieren que otras personas den información. Por eso, ayudaron con el contacto de Juan (nombre ficticio). Él es un hombre de 53 años, que se radicó en un barrio de San Lorenzo, junto a su esposa y sus hijos.
Ellos salieron del recinto Valverde, ubicado al norte de la parroquia y a orillas del río Mataje, pero esporádicamente visitan su pequeña propiedad.
“Yo subo a Valverde cuando me conviene, pero ya no es estable para vivir, por eso voy a trabajar temporalmente y regreso a San Lorenzo”, comentó Juan.
Vestido con pantaloneta y sandalias para mitigar el calor, ofreció sillas a los visitantes para mantener una conversación más cómoda. Contó que Mataje se está quedando sin habitantes por el desempleo, pero también por la inseguridad.
“Usted sabe que los grupos ilegales se han tomado el poder, la gente con ese miedo está saliendo de ahí, porque los gobiernos de turno se han despreocupado de la frontera”.
El barrio donde vive Juan es humilde, las calles son de tierra y con servicios básicos deficientes. Los vecinos están atentos cuando llega gente extraña. Muchos de ellos también salieron de Mataje, pero prefieren no hablar por miedo, pues algunos tienen familiares que son parte de estos grupos.
Juan es un hombre afroecuatoriano de contextura delgada y con el ceño fruncido dijo que el conflicto siempre estuvo, pero no con tanta violencia como ahora. Explicó que ya no se puede recorrer los territorios de Mataje por miedo de las represalias de los armados. “Pero uno como no se mete con nadie, no pasa nada”.
El hombre aseguró que la mayoría de familias desplazadas de la parroquia Mataje están en San Lorenzo, en Ibarra o en Quito, por inseguridad y porque no hay trabajo.
En Mataje, el sonido de las balas aterra, paraliza y obliga a dejarlo todo atrás, porque de forma permanente se dan enfrentamientos con armas entre grupos irregulares asentados en el límite fronterizo de Ecuador y Colombia. Allí se registran muertes relacionadas con el conflicto y también hay víctimas que caen abatidas, muchas veces por error.
Diana (nombre ficticio) también fue desplazada por la violencia. Ella y su familia huyeron del ruido de los tiroteos, el temor y la incertidumbre de vivir en la frontera norte, y se refugiaron en la Sierra centro. Contactarla no fue fácil, prefiere no contestar llamadas de números desconocidos. Pero tras varios intentos se escuchó un "aló" que permitió preguntar por qué se trasladó desde Mataje a Latacunga.
“Yo no sé decirle nada, lo que pasa es que nosotros salimos de allá de Mataje”, dijo al otro lado del teléfono. Han pasado cinco meses desde que Diana dejó su parroquia y esta es su primera reacción al preguntarle por qué abandonó su lugar de origen. Su voz es aguda y su tono contundente. Al recibir la llamada telefónica evitó hablar sobre lo que ocurre en esa parroquia. Pero enseguida apeló a solicitar ayuda.
“Que lo ayuden a uno, estamos en la joda porque no tenemos ni trabajo ni nada”. Respondió unas pocas preguntas y, cuando se le solicitó una entrevista de manera formal, dijo tajante: “Yo no sé esas cosas”. Luego, hizo una pausa y agregó: “Yo no sé nada de nada”.
Pero entre el miedo y las ganas de pedir ayuda, deslizó algunos datos. Según reseñó, son cinco familias de Mataje que se trasladaron hasta Latacunga. Estos grupos familiares salieron por sus propios medios y hasta el momento no han recibido asistencia ni del Estado ni de organismos de apoyo a los desplazados por el conflicto armado en Colombia, que ha permeado hacia territorio ecuatoriano.
Otras cinco familias se han establecido en Ibarra, aseguró Diana. Ella sabe que Nino, uno de sus coterráneos, se asentó en esa ciudad. Allí es común que quienes llegan de San Lorenzo o del Valle del Chota se instalen en la parroquia Guayaquil de Alpachaca.
Las llamadas insistentes para entrevistar a Nino no dieron resultado. La primera vez que contestó dijo que no quería responder las preguntas por temor, pero sí solicitó ayuda para los desplazados. En otra llamada, argumentó estar enfermo y se negó a la entrevista.
La violencia no cesa en Mataje
En redes sociales se difundió un video donde se escuchan disparos y gritos en Mataje. La gente corre, se esconde y hasta los perros huyen de las calles. El video registró los hechos del 1° de junio, sobre los cuales el comandante de Policía de Esmeraldas, Javier Buitrón, informó que hubo un enfrentamiento con armas en territorio colombiano que dejó un ecuatoriano muerto.
El hombre fue asesinado cuando retornaba de Tumaco (Colombia) en dirección hacia Mataje (Ecuador). Buitrón añadió que soldados colombianos entregaron el cuerpo a soldados ecuatorianos, y que hay enfrentamientos continuos.
“Nosotros tenemos personas que han fallecido en el lado ecuatoriano por disparos desde el lado colombiano, hemos encontrado cuerpos enterrados en la línea de frontera”, dijo el jefe policial. Se refiere al hallazgo del 18 de abril de 2022 cuando encontraron esos restos en un terreno baldío en Mataje.
Las víctimas estaban desaparecidas desde el 5 de abril y la autopsia confirmó que fueron muertes con armas de fuego.
Según Virginia Valencia, representante de la Defensoría del Pueblo en San Lorenzo, en principio se dijo que eran guerrilleros que habían muerto en Colombia y los enterraron en Mataje.
Después de la investigación de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, “se descubrió que eran ecuatorianos que iban para Tumaco y se desviaron por tomarse fotos en Mataje Pueblo Viejo y los acribillaron. Eran personas de Muisne y Esmeraldas”.
El parte policial reveló que existían cuerpos enterrados en un terreno baldío de la parroquia y que la información fue proporcionada por personas que no quisieron identificarse.
Abril de 2022 fue uno de los meses más violentos desde los hechos ocurridos en 2018, y que registró uno de los desplazamientos más grandes en la frontera ecuatoriana. De acuerdo al relato de Valencia hubo un desplazamiento por una incursión en Mataje.
“Personas de cinco recintos de esa parroquia llegaron a San Lorenzo porque hubo un enfrentamiento dentro del territorio ecuatoriano, incluso murió un adolescente de 14 años, y lo único que hicieron los militares fue decir que el chico murió del lado colombiano y que además era una persona que cruzaba información a los grupos irregulares”.
El menor de edad y sus padres eran de la parroquia y su vinculación como informante no se logró confirmar.
La Defensoría del Pueblo, el GAD parroquial y las organizaciones que trabajan en la zona en temas de movilidad humana hicieron un registro a través de encuestas donde identificaron 85 familias desplazadas, que se alojaron en viviendas de familiares y amigos en San Lorenzo. No hubo presencia de organismos del Estado, relató Valencia.
En la zona hay asesinatos de manera permanente, que no son visibilizados. Pero hablar de cifras de víctimas en la línea de frontera es complicado, según la Policía no existe un registro por parroquias sino por cantones.
Desde la Fuerza de Tarea Conjunta se asegura que las estadísticas las lleva la Policía, y las autoridades locales, como el Municipio de San Lorenzo o la Gobernación de Esmeraldas, tampoco las registran.
Un activista social, de una organización no gubernamental que trabaja en la zona, y prefiere reservar su identidad, aseguró que en la parroquia de Mataje se han registrado más de siete asesinatos desde enero de 2022. Cuatro de estas muertes son las que ocurrieron en abril. Otras dos sucedieron el 16 de febrero de 2022, en el recinto La Cadena. En ese caso, las víctimas fueron dos hermanos de 39 y 30 años.
Hubo una séptima víctima en junio, de acuerdo con el reporte de la Policía y del Ejército. “Hace pocos meses quisimos ingresar con materiales y nos dijeron que no porque hay combates, hay pelea entre actores armados, luego nos dijeron que los pasos ya están habilitados, pero eso lo definen los actores armados, no el Estado”, insistió el activista.
Nuevos enfrentamientos, entre fuerzas irregulares y el Ejército Nacional, se registraron el martes 16 y el miércoles 17 de agosto de 2022. Los combates se dieron en Mataje y se decomisaron armamentos, fusiles, municiones y un chaleco con carga explosiva.
El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta informó que lograron capturar a dos disidentes de las guerrillas. “Eso fue el 16, y al otro día hubo enfrentamientos más fuertes, ahí mismo en Mataje Nuevo. Ahí pasaron unas ocho o nueve personas armadas, equipadas con fusiles, cargas explosivas y nuestro personal militar reaccionó bien y logramos retener una ametralladora, fusiles, cascos”.
Mataje, ubicado 20 kilómetros al noreste de San Lorenzo, es un pueblo sofocante. No solo por el calor que producen los 25 grados centígrados de temperatura promedio, en esa zona costera del Pacífico, sino por su ubicación estratégica para la incursión de grupos irregulares desde Colombia hacia territorio ecuatoriano.
Esa sensación de inseguridad se experimentó en Mataje Alto, el 23 y 24 de febrero de 2022, junto a una organización privada sin fines de lucro. El viaje se postergó algunos días por las fuertes lluvias en la zona, que generaron derrumbes en la carretera, y por la inseguridad.
Durante la visita uno de los transportistas, dueño de un camión de los años 50, quien recorre los dos lados de la frontera para comercializar madera, dijo haber escuchado que los enfrentamientos y asesinatos acabarían porque el Frente 30 (una disidencia de las FARC, que pertenece al grupo de la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez) y el grupo Contadora (residuo en Colombia y Ecuador del Frente Oliver Sinisterra, que era comandado por alias Guacho), estaban llegando a acuerdos.
Pero los hechos de abril, junio, julio y agosto de este año demuestran que no fue así.
En el año 2000, Mataje tenía 154 habitantes y 27 viviendas en el centro parroquial y hasta entonces no existía resguardo policial. Los militares de San Lorenzo eventualmente custodiaban la zona, pues antes de la ejecución del Plan Colombia, que se inició en ese año, no se había considerado una vigilancia permanente. La amistad y el parentesco entre los pueblos fronterizos mediaba las relaciones comunitarias.
Pero según los registros de prensa todo empezó a cambiar tras las primeras fumigaciones a las plantaciones de coca. El centro de Salud de Mataje registró, en octubre de 2001, 26 niños con ojos enrojecidos, picazón e irritación de la piel, vómito y diarrea. Y otros 29 casos en poblaciones dispersas.
Producto de los acuerdos del Plan Colombia, no solo se presentaron nuevas enfermedades, sino que se generó la presencia de las disidencias que encontraron refugio y facilidades en el Ecuador. Los cambios en el vecino país motivaron también la construcción del primer destacamento militar en Mataje.
Javier Buitrón, comandante de Policía de Esmeraldas, agregó que cuando hay un problema grave el Estado y la población reaccionan, pero no existe prevención. “Hemos cometido errores y queremos solucionarlos cuando el problema se presenta, tuvimos gran cantidad de hombres y mujeres policías y militares en Esmeraldas, luego se quitó el personal y el presupuesto y volvimos a lo mismo. Todos somos corresponsables de lo que está sucediendo”.
En ese territorio hace décadas mueren personas a manos de grupos irregulares y delincuencia organizada. El 26 de marzo de 2018, fueron secuestrados y posteriormente asesinados: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de Diario El Comercio, por el FOS.
Los hechos ocurridos durante el 2018 (atentados, enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden, secuestros y asesinatos) son quizá los más conocidos, pero desde febrero de 2001 se han reportado secuestros y muertes. Aquella vez fue el teniente Político, Milton Guerrero, seis familiares y dos amigos.
Allí siguen muriendo, cada año, cada mes, cada semana, cada día: civiles, autoridades, militares y policías. La violencia no ha parado a lo largo de estos 21 años.
La niñez está desprotegida
“Lo que hacen las bandas es entregar armas de fuego a niños para que asesinen a otras personas”, dijo el jefe policial Buitrón sin aspavientos. En la provincia, agregó, los sicarios tienen entre 14 y 18 años. “¿Y de dónde salieron estos niños? —se pregunta y responde el mismo oficial— de sectores identificados en Esmeraldas, donde las personas aprenden por imitación”.
Estos sectores, según Buitrón, están ubicados en las riberas del río Esmeraldas, la zona sur, los barrios montañosos como La Guacharaca, donde para la Policía es difícil acceder.
Esa versión del comandante de Policía contrasta con la de la representante de la Defensoría del Pueblo. “En San Lorenzo siguen matando, robando, pidiendo vacuna, extorsionando y no pasa nada. La Policía tiene un patrón a seguir que indica que todos los chicos que mueren tienen que ver con los grupos irregulares, cuando no es así, nosotros conocemos a nuestra gente y no todos los 68.000 habitantes que vivimos en el cantón somos delincuentes”, enfatizó Virginia Valencia.
Ella cree que esas afirmaciones hacen daño, pues no todos los jóvenes son delincuentes. Citó, como ejemplo, a un adolescente que mataron dentro de su propia casa. El menor estaba comiendo cuando le dispararon por la espalda. Lo confundieron con su cuñado.
La violencia y los desplazamientos tienen un efecto directo en la vida de los niños. La autoridad anónima que participó en la reunión en San Lorenzo, el 29 de julio de 2022, mostró su preocupación por el cierre de la escuela de la comunidad Las Delicias.
Allí se construyó un centro educativo y se consiguió una maestra, quien salió porque solo había 2 estudiantes, expresó con desazón. Esta comunidad está ubicada a seis kilómetros de la vía principal de ingreso a Mataje.
Marta Valencia, directora del Distrito de Educación 08D05-San Lorenzo, confirmó que la Escuela General Básica 26 de Septiembre, de Las Delicias, fue cerrada en 2018, como consecuencia de los atentados que provocaron el desplazamiento de las familias, por lo que la institución se quedó sin alumnos. Por la misma razón permanece cerrada la unidad educativa de la comunidad de El Pan.
En Campanita, la escuela José Ibarra cuenta con 11 niños que están en un sistema virtual y reciben clases dirigidas para garantizar su seguridad y la de los profesores. “La violencia y el difícil acceso a las comunidades complica la permanencia de los docentes, algunos han sido reubicados en otras instituciones educativas”, explicó Valencia.
La Directora Distrital de Educación aseguró que ha solicitado a las Fuerzas Armadas que permanezcan en el territorio durante el año escolar. Después de los sucesos de agosto, a ella le preocupa la situación de la escuela Mi Patria, ubicada en la cabecera parroquial, a la que asisten 114 estudiantes.
Los enfrentamientos se dieron cerca del plantel. Marta Valencia narró que los alumnos se asustaron y permanecieron en el piso, junto a los docentes. Por eso, este plantel brinda contención emocional a los estudiantes como parte del plan de contingencia con apoyo de psicólogos. Esta es la situación de 4 de las 8 escuelas que existían en la parroquia Mataje.
En esta frontera, la deserción educativa es alta. En los cursos de bachillerato antes había 30% de deserción, ahora llega al 60%, según una ONG que labora en este ámbito. Los jóvenes awá graduados en la zona rural tienen que rendir el mismo examen de admisión para la universidad que los de la ciudad y sus posibilidades de ingresar son de máximo 20%.
La ONG afirma que, en febrero de 2022, en Mataje Alto, se graduaron 18 bachilleres, pero sus padres pidieron nivelarlos porque no estaban preparados.
Esta realidad de los jóvenes preocupa y pone en alerta a quienes trabajan con esta población en la zona. Durante la pandemia por el Covid-19, quienes apoyaron a esas poblaciones que quedaron desprotegidas fueron los grupos del narcotráfico, aseguró el activista social. Ellos repartieron alimentos en la zona y con eso se ganaron la simpatía de la gente.
“Hasta el 2015, cuando hacíamos diagnósticos en las comunidades de frontera, el 80% de los jóvenes querían ser: profesores, ingenieros, médicos, abogados, etc. Desde 2021, el 60% quiere ser narcotraficante y lo dicen directamente. El 40% de las chicas quieren ser mujeres de narcotraficantes porque eso es lo que tienen a la vista, con eso conviven día a día”.
Para la autoridad local los datos de desplazados y de abandono son alarmantes y expresó su descontento por el cierre de servicios de beneficio comunitario. “Lo que más me ha dolido es el cierre del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Mataje, es una locura”.
Un funcionario de la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de San Lorenzo, confirmó el cierre del CDI desde hace 6 meses, debido a la violencia que vive esta población.
No solo la educación escasea sino también la salud. Desde septiembre de 2021, los médicos asignados a Mataje no pueden visitar las seis comunidades que deben atender en la parroquia, confirmó uno de los galenos del sector. “Está fea la cosa por allá. Desde hace dos años dejamos de tener resguardo militar”. La conversación terminó con un “por favor si va a hacer un reportaje no ponga mi nombre”.
Las mujeres como escudo ante la violencia
En Mataje Alto, la única comunidad awá de toda la parroquia, las mujeres son las encargadas de ir a San Lorenzo para vender o comprar alimentos. Esa es una estrategia que han encontrado para evitar que los hombres sufran atentados. La situación no ha cambiado en los últimos años, dijo el líder awá de este recinto durante una asamblea que trató sobre las necesidades de esa población y el riesgo de vivir en la frontera, en febrero de 2022.
En esa asamblea, los awá analizaron que la producción agrícola no alcanza para cubrir las necesidades. Su principal cultivo es el cacao que se comercializa en alrededor de 60 dólares el bulto. Lo compararon con lo que le deja la producción de una hectárea de hoja de coca: entre 1.000 y 1.500 dólares mensuales.
La reunión concluyó a la madrugada y a lo lejos se escucharon disparos.
En Mataje y en todo el cantón San Lorenzo, la dinámica de la violencia es la corriente que guía la economía y hasta la justicia. Por ejemplo, la gente que se dedica a la pesca o a la extracción de concha ya no quiere realizar esta actividad porque les roban las canoas, los matan en el manglar o los captan para transportar droga en el mar.
Muchos pescadores de San Lorenzo están presos en Centroamérica, según los registros de la Defensoría del Pueblo. Aunque pocos casos se han judicializado y se han hecho públicos en Ecuador.
A esta frontera le falta todo, incluso jueces. Los magistrados en materia penal que son designados a esta zona suelen presentar excusas para evitar ser trasladados a los cantones fronterizos de Esmeraldas por temor al crimen organizado. Las unidades judiciales siguen sin llenar sus vacantes, reveló en un conversatorio con medios el Consejo de la Judicatura.
Los desplazados tampoco quieren volver a sus pueblos natales. Y el caso más dramático es El Pan, donde en el 2018 se registraron enfrentamientos entre los grupos disidentes de las FARC y los ejércitos ecuatoriano y colombiano. En ese año, la comunidad tenía 80 familias, según el activista social. Pero con el incremento de los combates hubo un gran desplazamiento de habitantes que abandonaron casi todas sus pertenencias por cuidar su vida.
Ahora, ninguna autoridad tiene el registro de cuántas salieron ni cuántas quedaron. Solo el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas dice que en El Pan “a veces hay familias y otras veces no”.
Las autoridades no se pronuncian, pero los enfrentamientos se incrementan. Los últimos días de agosto de 2022, las Fuerzas Armadas de Ecuador aumentaron tropas por los constantes combates entre el ejército colombiano y los disidentes de las FARC.
El 30 de agosto, hubo operativos a cargo de los IWIAS, grupo de élite del ejército ecuatoriano. En un patrullaje en el caserío Mata de Plátano, de San Lorenzo, encontraron ocho kilos de pasta base de cocaína. El día anterior hallaron explosivos en Mataje.
Aunque en estos territorios rondan esos 30 hombres armados, que intentan tomar el control de la parroquia y quitan la tranquilidad a los líderes locales; las autoridades cantonales, provinciales y nacionales desconocen esos hechos y evitan dar declaraciones.
El contacto telefónico con el alcalde de San Lorenzo fue imposible, la persona que lleva su agenda y la responsable de comunicación indicaron, el 30 de agosto, que la solicitud de entrevista que se envió tres meses antes aún está en análisis.
El jefe de comunicación de la Gobernación de Esmeraldas, dos semanas después de solicitar la entrevista, dio a conocer que estaban recopilando la información para que la gobernadora pudiera responder las preguntas, la siguiente semana.
En el Ministerio de Gobierno señalaron que otras entrevistas se habían solicitado con la misma anticipación, pero “las agendas territoriales han estado bastante álgidas en las últimas semanas”. El 31 de mayo ofrecieron una respuesta en los siguientes días, pero esta nunca llegó.
Con estos testimonios de inseguridad, intimidación y desplazamientos en la zona se solicitó la versión del Ministerio de Defensa sobre su presencia en el territorio. Pero a pesar de insistir telefónicamente y a través de un oficio, la respuesta fue un documento que reseña cuál es la gestión de esta cartera de Estado “respecto de Frontera Norte y Derechos Humanos”. Allí constan estatutos, decretos, planes estratégicos y artículos de la Constitución.
Solo Virginia Valencia, la única representante de un Estado achicado y casi fantasma, resume en una frase la situación: “Desde el 2018, todo es muerte e inseguridad”.
Escucha el podcast sobre cómo se hizo esta investigación
Explora el mapa Amazonía viva
