Asamblea 2025: ¿quiénes son los candidatos?
La mitad de los aspirantes a asambleístas fueron ―o siguen siendo― funcionarios públicos. Ocho tienen declaraciones tributarias pendientes.
Cinco de los 24 candidatos a asambleístas de Morona Santiago han enfrentado procesos penales. Uno de ellos es Elvis Nantip Kajekai, de la Izquierda Democrática (ID, lista 12), quien fue llamado a juicio por presunto asesinato. La audiencia para su juzgamiento se iba a instalar el pasado 27 de enero, pero no se pudo pues goza de inmunidad como candidato.
Los otros postulantes han enfrentado causas por delitos como estafa y daños materiales. Casi todas fueron archivadas, menos una, donde el sospechoso fue sobreseído, pues las autoridades consideraron que no había evidencia suficiente para llamarlo a juicio. Solo el proceso por supuesto asesinato sigue activo.
Además, los postulantes de esta provincia no son prolíficos en el pago de impuesto a la renta, pese a que la mayoría ha tenido ingresos por ocupar cargos públicos. En los últimos cuatro años, apenas cuatro candidatos pagaron algún valor por ese tributo. Los veinte restantes no han presentado la respectiva declaración tributaria o han registrado cero dólares de impuesto.
Dos candidatos tienen deudas en firme con el SRI, las cuales no sobrepasan los 120 dólares.
Asimismo, de los 24 candidatos, doce han pasado por la función pública con cargos como capacitadores de manualidades, analistas ambientales, alcaldes, tenientes políticos, docentes o legisladores.
En Morona Santiago, ocho organizaciones políticas compiten por las tres curules legislativas destinadas a esta provincia.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. La Barra Espaciadora y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Cinco años de enredos judiciales por un asesinato
Elvis Nantip Kajekai (ID) debe enfrentar un juicio por presunto asesinato. La víctima fue Iván Antuni Sando, jefe político de Huamboya. El crimen ocurrió la madrugada del 1 de febrero de 2020, en una discoteca de Sucúa. En el proceso, el abogado Julio César Sarango, representante de la familia del fallecido, acusó a Nantip de haber participado como autor intelectual.
De acuerdo con testimonios anticipados, minutos antes del ataque, Elvis Nantip habría dicho a una joven: “Gracias por traerlo a Iván Antuni Sando porque hoy no saldrá vivo” y luego, según las cámaras de seguridad, la víctima fue apuñalada por la espalda presuntamente por uno de los hermanos del ahora candidato a asambleísta.
En primera instancia, el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago absolvió a Nantip por el delito de asesinato y condenó a su hermano, no por asesinato, sino homicidio. Sin embargo, dicha sentencia fue anulada en un recurso de apelación porque fue dictada únicamente de forma oral y antes de la emisión del fallo escrito, murió uno de los jueces del tribunal. En consecuencia, la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago anuló la sentencia y ordenó que la audiencia de juicio se iniciara de cero.
Desde agosto de 2021, la audiencia ha intentado realizarse en múltiples ocasiones. Sin embargo, hasta la presente fecha, no se ha logrado porque siempre ha existido algún percance. El último intento fue el pasado 27 de enero, pero el acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato se refugió en la inmunidad que el Código de la Democracia otorga a los participantes de procesos electorales. Por esta razón, la audiencia se suspendió hasta luego de los resultados de las votaciones.
Nantip dijo a esta alianza periodística que, si bien la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago anuló el proceso por esta inconsistencia de firmas, para garantizar la seguridad jurídica y, a pesar de que nuevamente se debe repetir la audiencia, él está seguro que se ratificará su inocencia.
Otro candidato que se ha enfrentado a la justicia penal es el exconcejal de Gualaquiza Leonardo Sagbay Arias (Súmate a la Transformación, alianza 23-61-62). Un grupo de 16 personas lo denunciaron por presunta estafa relacionada con la venta de unos terrenos para uso residencial, pero que estaban en una zona industrial.
Esto ocurrió en 2018. Sin embargo, se declaró el sobreseimiento del procesado, argumentando que las personas sí sabían que era zona industrial. Sagbay dijo a esta alianza periodística que el sobreseimiento fue justo, ya que el uso de suelo está en la página web del Municipio para consulta de los compradores.
Sagbay fue concejal de Gualaquiza entre 2014 y 2019. En ese período su patrimonio creció en unos 362 mil dólares, pasando de 621.737 a 984.428 dólares. También es el candidato que más impuesto a la renta ha declarado, con 50 mil dólares entre 2017 y 2023.
Él dijo a esta alianza periodística que el incremento de su patrimonio fue gracias a la venta de bienes inmuebles heredados de su padre y de otro inmueble que se le adjudicó hace más de 25 años.
De su parte, el exalcalde de Morona Franklin Galarza Guzmán (Construye, lista 25) también ha registrado procesos penales. En su caso, existen dos investigaciones archivadas, una por presunta estafa y otra por un delito que no se menciona en el expediente público.
Galarza fue alcalde entre 2019 y 2023. Su patrimonio declarado también es uno de los más altos de los candidatos de esta provincia, pues se acerca al millón de dólares. Él además es uno de los aspirantes que más impuesto a la renta ha pagado, casi 12 mil dólares entre 2019 y 2023.
Otros candidatos con investigaciones penales archivadas son Edwin Jarrin Rivadeneira (Gente Buena Unida, alianza 3-6-20) y Ladeth Dalida Palomino Jimbicti (ID).
Bajo pago de impuestos
Aparte de Sagbay y Galarza, hay otros candidatos que han ejercido altos cargos públicos. Por ejemplo, el actual asambleísta provincial Payar Wisum Saant (Súmate a la Transformación), el exteniente político de la parroquia Sevilla de Don Bosco, Antonio Pidru Yambisa (Construye); y su compañera de lista, María Belén Alemán, exvocal de la Junta Parroquial de El Ideal (Gualaquiza).
La mitad de los candidatos de Morona Santiago ya han tenido experiencia en la burocracia. De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, los tres candidatos de Construye y los tres de la alianza Revolución Ciudadana–RETO (lista 5-33) fueron servidores públicos entre 2014 y 2024.
.También han estado en la esfera burocrática dos candidatos de Pachakutik (PK), dos de la Izquierda Democrática y dos de la alianza Súmate a la Transformación.
Por el contrario, el partido Unidad Popular (UP), Gente Buena Unida y la alianza Amigo-CREO no tienen a servidores públicos entre sus filas.
El 80 por ciento de los candidatos que han pasado por la función pública tiene un patrimonio de máximo 10.000 dólares.
La mayoría de candidatos no registra un alto pago de impuesto a la renta, a pesar de sus funciones en el sector público. Seis de los 24 candidatos no tienen datos registrados en el Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir, que nunca han declarado este tributo.
Los registros del SRI también muestran que ocho aspirantes no han presentado su declaración de impuesto a la renta, en al menos una ocasión, entre 2017 y 2023; en tanto que una buena parte declaró cero dólares.
El SRI señala que la declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todos los contribuyentes, menos para quienes residan en el exterior o tengan ingresos bajos.
Esta es una investigación realizada por el Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC).
