Por Karla Armas / @k_rmas
Fotos: Iván Castaneira / @Tegantai
Miles de mujeres marcharon el 8 de marzo, como parte de una lucha de más de un siglo por la reivindicación de derechos sobre sus territorios. «No al sistema patriarcal», «Sí al aborto», «Mi cuerpo es mi territorio», «Quiero caminar segura», fueron algunas de las consignas de colectivos que se unieron a esta conmemoración mundial a la que se adhirió también el colectivo de las Mujeres Amazónicas.
Patricia Gualinga, una de las líderes de la Amazonía, contó cómo fue amenazada de muerte en su propia casa la madrugada del 5 de enero del 2018. Ella asegura que ha sido calumniada y tratada como terrorista por defender su tierra, y cuenta además que lo ha denunciado. Pero, cuando lo hizo, otras tres líderes indígenas fueron también amenazadas y la casa de reuniones de las mujeres amazónicas fue quemada.
Este 9 de marzo, con cartas de apoyo de más de 70 organizaciones de derechos humanos y con 250 000 firmas de apoyo que Amnistía Internacional gestionó, buscaron reunirse con la fiscal general, Diana Salazar, para exigir resultados. Pero la funcionaria no las recibió.
Mientras esperaban ser atendidas afuera del edificio de la Fiscalía, recitaban una especie de mantra que sonaba a un canto de guerra en lengua ancestral. Esa es la historia de sus abuelos -cuentan ellas- que se enfrentaron por primera vez a las empresas petroleras. Dicen que ellos eran los dueños de la tierra y que ya por entonces «llegaron las avionetas trayendo la muerte».
«Nosotros éramos dueños de esta selva que es nuestra madre y ahora está amenazada. Nos han dejado únicamente el miedo al cáncer, a la contaminación de las aguas y las ofensas que puedan sufrir nuestros hijos e hijas». La canción llenaba el espacio y se imponía sobre el ruido de autos y bocinas.
Durante la visita del colectivo Mujeres Amazónicas, se realizó también el Foro Mujeres, Violencia y Extractivismo, en la Universidad Católica, y las integrantes del colectivo se reunieron con la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, del que forma parte la Fundación Pachamama.
Esa mañana del lunes 9 de marzo, delegados de Amnistía Internacional junto a tres mujeres indígenas: Patricia Gualinga, Salomé Aranda y Margot Escobar, fueron recibidos por Daniel Vejar, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la entidad estatal, y funcionario designado para tratar este tema. A su salida, Vejar nos aseguró que se están haciendo las investigaciones de los casos denunciados por las mujeres de la Amazonía, pero no dio mayores detalles debido a que esos casos se encuentran en etapa de investigación previa.
Sin embargo, según el funcionario, la Fiscalía ofreció levantar una investigación «en territorio» para contrastar la información de las denuncias tratadas en la reunión y garantizar el estado de las investigaciones.
En el 2018, varias de estas dirigentes sufrieron provocaciones que terminaron en la destrucción de varias de sus casas. En esa ocasión, se organizaron en comitiva y llegaron a Carondelet para exigir a Lenín Moreno que detenga las actividades extractivas y que proteja y respete su legítimo derecho a defender su territorio, y el Presidente se comprometió a dar respuesta a sus pedidos. No obstante, dos años después, ellas regresaron a Quito para reclamar por la falta de respuestas oficiales.
Las mujeres exigieron que se identifique a los responsables de las amenazas y daños sufridos y que el Gobierno deje de ejercer mecanismos ilegítimos de persuasión disfrazados de consulta previa. La dirigencia del colectivo Mujeres Amazónicas demandó que los territorios de los pueblos indígenas sean declarados libres de actividades extractivas, y exigió reparación a defensores y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de persecución y criminalización.
Exigir el cese de actividades extractivas en una de las regiones más biodiversas del planeta es, para estas mujeres, exigir que se respete su vida. Muchas lloran por sus hijos y sienten amenazado su futuro por enfermedades y desastres ecológicos que temen vendrán, y que algunos habitantes amazónicos ya padecen desde hace muchos años. En varias comunidades de las provincias amazónicas ecuatorianas es común encontrar casos de personas que han muerto por afectaciones a las vías respiratorias o que enfrentan graves afectaciones a la piel e incluso cáncer.
La Red de Mujeres Amazónicas está formada por líderes y dirigentes de asociaciones de mujeres comunitarias de base, pueblos y diversas nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
En el 2013, estos colectivos se juntaron y también se movilizaron para defender su territorio y alzar una voz de protesta frente al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, quien decidió potenciar sus políticas extractivistas sin consulta legítima previa a los y las habitantes de los territorios shuar, achuar, kichwa, waorani y shiwiar, asentados en las provincias del centro sur de la Amazonía. Ese año es tristemente memorable para las mujeres de la Amazonía y para sus familias -cuentan ellas-, pues fue el año en el que la Iniciativa ITT, que pretendía dejar bajo tierra el petróleo para la conservación de la inmensa selva amazónica se vino abajo. En su lugar, el entonces presidente Correa emprendió una arremetida extractiva sin precedentes que aún hoy continúa.
Patricia Gualinga dice que esperarán que este seguimiento que el personal de la Fiscalía General del Estado ofrece se dé realmente, y que haya se inicie «una adecuada investigación en cada uno de los procesos», después de recibir como respuestas el silencio.
