Por Daniel Almeida Chérrez
Si al término de este gobierno los ecuatorianos tenemos una lección sobre el retroceso en políticas medioambientales es, sin lugar a dudas, la disolución del fideicomiso Yasuní ITT. La noche del 15 de agosto de 2013 constatamos que finalmente la que fue una de las principales propuestas del gobierno durante sus primeros años, sería descartada. La iniciativa no sólo fue presentada en campaña, sino que fue llevada a la Asamblea General de Naciones Unidas como una propuesta innovadora además de aleccionante para los países industrializados en temas estratégicos para enfrentar al cambio climático. Pero la explotación se iniciaría tan solo semanas después del anuncio.
Dentro del Palacio de Gobierno, las cámaras de Telesur transmitían a un desafiante presidente Correa presentando todos los argumentos por los que se empujó esta propuesta, calificada como “perfecta” en términos económicos y de conservación. Al tiempo que, dirigiéndose a los jóvenes, hablaba de los miles de millones de dólares que su gobierno necesitaba para paliar la pobreza y, por lo tanto, la necesidad de una inminente explotación.
Afuera, la Plaza Grande era compartida por dos grupos bajo una configuración imposible de imaginar hoy, cuando ese espacio es casi exclusivamente para manifestaciones de la Revolución Ciudadana. A la izquierda, ambientalistas indignados por el anuncio hacían sonar sus tambores mientras repetían enunciados de protesta. A la derecha, cargando banderas verdes, se aglutinaban quienes apoyaban al régimen, vitoreando eslóganes del partido de gobierno, de cuando en cuando entonaban la canción Patria, tierra sagrada. Ambos grupos estaban separados por una decena de policías. Al término de la jornada, policías, ambientalistas y partidarios de gobierno desocuparon la plaza sin mayores enfrentamientos, después de que las principales figuras de gobierno dirigieran sus saludos desde el balcón de Carondelet.
Así conocimos los sinsabores de enfrentar la realidad versus la expectativa de las ofertas electorales. Aprendimos también que las políticas medio ambientales suelen estar sujetas a una disyuntiva frente a las necesidades económicas de un país con las características que tiene el Ecuador. Con estas dos herramientas llegamos hoy a un nuevo proceso electoral en el que es importante identificar cuáles son las propuestas de los candidatos sobre el tema, sus alcances y factibilidad. Las tibias posturas, los ofrecimientos que después resultan fáciles de revertir, las ambigüedades frente a asuntos que puedan comprometer el presupuesto del Estado o la omisión de posicionamientos, deben activar alarmas.
Después de dos debates presidenciales, nos ha quedado claro que estos comicios tienen sobre todo ofrecimientos clientelares, entre los cuales las referencias a políticas públicas medio ambientales fueron escasas o ridículamente tangenciales. De hecho, quienes organizaron los encuentros ni siquiera consideraron relevante incluir el tema, a pesar de que, si tomamos los datos más recientes del LatinoBarómetro, los asuntos medio ambientales son, para la opinión pública, el segundo elemento más importante para el desarrollo de país.
Más allá de estos encuentros, cabe precisar que no se trata de un aspecto totalmente ausente en el tablero electoral. Un breve repaso por los programas de gobierno de los cuatro candidatos que encabezan la intención de voto nos muestran que todos incluyen apartados sobre el tema. Lasso, por ejemplo, abre su sección sobre medio ambiente proponiendo concesionar zonas boscosas a empresas privadas. Se la juega aún más cuando se refiere a lo que denomina “pueblos ocultos”, término que aprendí durante la lectura de este plan de gobierno, con quienes se debe “contemplar soluciones contractuales con empresas petroleras que puedan ver su operación afectada”. Intuyo que el candidato se refiere a lo que el resto del país entiende como pueblos en aislamiento voluntario.
Moncayo se explaya en el análisis de un profundo entendimiento de las exigencias de la sociedad civil, las demandas de los pueblos indígenas y aspectos más específicos sobre la defensa del medio ambiente. Un despliegue de buenas intenciones que remiten, de alguna manera, a las formulaciones de la Constituyente del 2008 en formato primera persona. Por su parte, desde la tribuna socialcristiana, Viteri promete, con una escueta y breve alusión al tema, la suscripción a acuerdos internacionales mal citados, de los cuales Ecuador ya es parte desde el 2015. Novedosa iniciativa que además viene acompañada de explotación responsable y servicios ambientales.
Finalmente, y fiel al estilo ambiguo al que estamos ya casi acostumbrados, el candidato oficialista insiste sobre temas de soberanía y amor por la naturaleza, a la par que plantea reforzar la exploración y explotación petrolera. Moreno además insiste en la propuesta de establecer una Corte Penal Internacional para casos de crímenes contra la naturaleza, inconsistente con la agenda del gobierno actual. Menciona también la importancia de establecer un eco-impuesto internacional que reconozca el legado del actual presidente nombrándolo con su apellido: Daly-Correa.
Frente a la situación descrita, nos sirve de consuelo considerar que el diseño de política pública en temas de medio ambiente no es sencillo pero sí fundamental para nuestra supervivencia. Varios países alrededor del mundo llevan décadas tratando de concretar compromisos para enfrentar el cambio climático. No es descabellado entonces esperar un poco más de atención al tema en una coyuntura electoral.
Entre las presiones que puede ejercer la sociedad civil y/o las empresas privadas, la agenda medio ambiental global se ha visto frustrada en varias ocasiones. Es importante recordar la fallida Cumbre de Copenhague de 2010. En 2015, el más ambicioso acuerdo sobre el tema tuvo lugar en París (COP 21). Aunque los resultados fueron ampliamente criticados por su limitado alcance, al cierre de la exhaustiva negociación el canciller francés anunciaba, casi desde el agotamiento, uno de los resultados más relevantes: limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales.
Es importante ponderar los planteamientos en este sentido, considerando no solo las presiones inherentes a las asociaciones público-privadas y sus efectos, sino también la recurrente propuesta de reforma tributaria de los candidatos. Esta última, demandaría de nuevas fuentes de ingreso para el Estado, generando una amenaza latente para la naturaleza, en un contexto de dependencia a la actividad extractivista.
Desarrollo sostenible no es solo un buen nombre para un ministerio más. El respeto real a los derechos de la naturaleza demanda necesariamente de una sociedad civil articulada, de participación ciudadana, de la incorporación de los derechos humanos de los pueblos indígenas –especialmente aquellos en aislamiento voluntario- y de la garantía de un camino económico fuera del extractivismo que permita sostener a los programas sociales al margen de la degradación de la naturaleza. Esto requiere de una administración pública que no mire al medio ambiente solo como un parque nacional o un centro de investigación científica, sino como una real conjugación de normas y ejercicio democrático.
De alguna forma, al vivir en Ecuador, estamos acostumbrados a entendernos como un país megadiverso. Es uno de los orgullos nacionales que durante los últimos años ha funcionado como recurso propagandístico del gobierno para sostener la fracasada Iniciativa Yasuní o campañas turísticas millonarias pautadas durante el Super Bowl, así como también comunicaciones para promocionar la inversión minera. Resulta interesante, por poner un adjetivo, recordar los 3 600 millones de dólares que el equipo de promoción de Yasuní ITT, liderado por Ivonne Baki, se habría propuesto recaudar y compararlos ahora con los sobreprecios en las obras de infraestructura o los casos de corrupción dentro del sector petrolero de los que ni siquiera tenemos toda la información.
Dadas las condiciones electorales, la situación actual nos remite al clásico trabajo en grupo de épocas universitarias en el que uno de los colegas nunca aporta. Ese eterno Estado lleno de pretextos, que no te contesta el teléfono, que te deja en visto los mensajes y te obliga a amanecerte haciendo el trabajo solo. Luego, además, cuando tienes que exponer, el arrimado Estado o se lleva todo el crédito o te quita la palabra para improvisar. Solo nos queda esperar que, al menos durante los próximos 4 años, sea quien sea, si no va ayudar, al menos no estorbe.
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