¿Cómo combates un problema si no lo reconoces? Un reportaje investigativo sobre cómo el estado ecuatoriano, a pesar de incluir a las mujeres trans como posibles víctimas bajo el delito de femicidio, no registra la epidemia de asesinatos a mujeres trans y las dinámicas de violencia que las causan.
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Por Camila Albuja, Sol Miranda, Runa Sanabria P. Ilustraciones: Ricardo Carrasco.
Transfemicidios: una realidad que existe solo en la palabra
“Para mí siempre será Juanita”, dice Magdalena Cabascango con un brillo en sus ojos que contagia el cariño que le tiene a su tía recién asesinada. Desde que se encontró el cuerpo de Juanita Criollo, el 16 de noviembre de 2020 en su casa en el norte de Quito, Cabascango y su primo luchan para tener justicia.
Cabascango enfatiza el nombre de su tía en femenino, repetidamente, como si Juanita misma estuviera defendiendo su identidad de mujer contra los familiares que le siguen llamando por su nombre de cédula. La autodefinición de su tía es quizá la única prueba que tiene Cabascango para recalcar que era una mujer trans y que su brutal asesinato difícilmente se puede separar de esa realidad. Pero ese dato tan importante para quienes no se identifican ni con el nombre ni el género asignado al nacer, no se procesa en los registros de la Fiscalía, la institución que ahora investiga su muerte como posible homicidio a un hombre.
Entre 2014, cuando se tipificó el delito de femicidio en el Ecuador, y 2019 se han reportado 935 asesinatos violentos contra mujeres, según datos oficiales de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia. Este organismo estatal que monitorea los femicidios a nivel nacional, indica que de ese número, solo un tercio se han procesado como posible femicidio en el sistema judicial. Sin embargo, los asesinatos de mujeres transgénero no aparecen en dichas cifras, ni como homicidio ni como femicidio. Debido a la ausencia de datos oficiales es difícil saber cuántas mujeres trans como Juanita, hayan cambiado su identidad en la cédula o no, se pierden en ese registro.
Pero esta no es la única dificultad para que el asesinato de Juanita se juzgue como femicidio. El Código Integral Penal (COIP) define este delito como el asesinato de una mujer por su condicion de sexo o género como resultado de relaciones de poder entre víctima y victimario. Esta definición incluye a las mujeres trans. Sin embargo, en la práctica, la Comision monitorea únicamente el sexo y no el género, lo cual explica la ausencia de mujeres trans en las estadísticas. Así mismo, la Comisión debe llevar un registro de víctimas “glbti” pero, hasta el momento, no hay ningún caso.
Según el Informe general de femicidios, la Fiscalía reconoce el sexismo, androcentrismo, misoginia, y homofobia como factores en las relaciones de poder. Pero no hay ninguna mención a la transfobia. Lo mismo ocurre en el último boletín fiscal sobre femicidios de 2019 en el que no se menciona la identidad trans.
Es por ello que, en los últimos años, varias organizaciones sociales de personas trans como Silueta X y Horizontes Diversos, luchan para que se reconozca el delito de transfemicidio.
Para Chavica Moreira, presidenta del colectivo trans ‘Horizontes Diversos’ en Manta, ese reconocimiento es importante para resaltar que la víctima pertenece a la población trans y que su asesinato se debe a una cadena de violencias y exclusiones históricas que mantienen a las mujeres trans en condición vulnerable: excluidas de sus familias, del sistema de salud, lejos de tener un trabajo digno y de acceder a la justicia.
“Cuando investigan un asesinato no hacen la relación con el odio que existe desde la sociedad hacia la población trans”, dice Moreira, quien lleva defendiendo la causa trans por casi dos décadas Y agrega: “ si la sociedad se encarga psicológicamente de matarnos, el agresor solo realiza el acto físico”.
Así como no existen datos estatales sobre los asesinatos, tampoco hay estadísticas oficiales que permitan entender el nivel de marginalidad en el que viven las personas trans, por eso también es difícil sostener que la transfobia en Ecuador es sistemática.
Ante esta realidad, Moreira advierte que incluir los asesinatos de mujeres trans como Juanita dentro de la categoría de femicidio, podría invisibilizar que las causas de sus muertes son diferentes.
Las muertes trans son carpetas en Fiscalía
En Ecuador, 7 de cada 10 crímenes violentos a la comunidad LGBTIQ+ fueron contra mujeres trans en el período de 1990 a 2019, según el informe ‘Runa Sipiy’, presentado por la organización Trans Silueta X.
La mayoría de investigaciones por asesinato de mujeres trans, como el de Juanita Criollo, ocurrido durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 en 2020, usan el nombre masculino de la víctima anulando la autodefinición de género, según explica la plataforma Ethnodata. Este hecho da cuenta que existe una narrativa transfóbica y estigmatizante en los procesos judiciales.
Juanita tuvo la primera peluquería en el barrio ‘La Roldós’, en Quito. Fue una mujer independiente, vivía sola y recibía visitas constantes de sus sobrinos. Magdalena recuerda que la mayoría de relaciones de Juanita fueron informales y estuvieron marcadas por la violencia.
Pedro Gutiérrez, investigador de Kuska Estudio Jurídico, considera que es complicado que las personas que trabajan en el sistema de justicia sepan reconocer las dinámicas de poder que llevan a las mujeres trans a vivir violencias sistemáticas y repetidas que suelen terminar en la muerte. En un podcast de Kaleidos, se cuenta cómo una fiscal de la Unidad de Garantías y Personas, intentó que el ‘Caso Constelación’, se investigara como tentativa de femicidio y no de homicidio, con el fin de incluir el círculo de violencia que vivía la víctima,–una mujer trans en una relación heterosexual, es decir, con un hombre–. Sin embargo, el juez decidió no aceptar el cambio.
Y es que hasta después de muertas las mujeres trans y sus familias que demandan justicia siguen siendo víctimas de violencia. A pesar de que en el sistema de justicia ecuatoriano existe el Servicio de Atención Integral (SAI), cuya misión es “atender y asesorar a la víctima y/o denunciante de un delito […]”, y el “Manual de Procedimientos de Asesoría al Usuario y Recepción de Denuncias”, la sobrina de Juanita recibe malos tratos cuando va a la Fiscalía a averiguar por el caso de su tía Juanita “Me dicen: ahí está la carpeta. usted no entiende nada”, relata. Magdalena y su primo son quienes presionan para que avance la investigación del caso de Juanita en la Fiscalía, pero seis meses después de ocurrido el crimen no tienen ninguna respuesta. Magdalena asegura que ha sido un proceso desgastante del que no van a desistir, aunque a veces no tengan dinero ni para el pasaje de bus y siempre se encuentren con la misma carpeta en Fiscalía..
Para que el caso de su tía avanzara, los sobrinos de Juanita intentaron contratar un abogado, pero en la Fiscalía de personas y garantías N01 les dijeron que “no servía para nada hasta tener un culpable”. Entonces desistieron de la idea. Sin embargo, Luisa Villacís, asesora legal de la organización defensora de derechos humanos, INREDH, afirma que es fundamental tener un abogado para agilizar el proceso. “Las investigaciones avanzan cuando hay un impulso de los familiares, si no lo hay las investigaciones se quedan estancadas, pasa el tiempo y luego van a archivo”, detalla.
La Fiscalía General del Estado asegura que el procedimiento que debe seguir el asesor del SAI al momento de receptar la denuncia, es consultar al usuario o familiar el nombre con el que se identificaba la víctima. Sin embargo, en el caso de Juanita esto no es posible porque el sistema de justicia no reconoce su identidad como mujer trans.
Los crímenes violentos en Ecuador son investigados directamente por la Fiscalía y no requieren una denuncia al ser considerados «crimen de acción pública». Pero todavía no hay una respuesta concreta respecto del caso. “A uno le duele porque es como que a mi tía le hacen a un lado. Si para ellos la Juanita no era muy valiosa, para nosotros sí”, asegura Magdalena.
Una característica común en las sentencias de femicidio en el país, es que las víctimas estaban en relaciones formales y heterosexuales. Según el Informe sobre la situación del Femicidio en Ecuador de 2018 “el criterio jurisprudencial para valorar las relaciones de poder radica en su mayoría en la existencia de una relación de pareja o ex pareja previa al cometimiento del delito». Esta reducción puede provocar que los funcionarios de justicia se nieguen a aplicar el tipo penal de femicidio en casos de relaciones extramatrimoniales o relaciones no formales, como sucede en muchos casos de mujeres trans.
Muchas muertes trans se atribuyen a parejas sentimentales, sin considerar la complejidad de las relaciones con personas trans, explica la comunicadora y activista transfeminista Devy Grijalva. Por ejemplo, una amiga trans de Juanita dijo en el velorio que «a veces los hombres se enamoran de nosotras y no pueden tener esa relación formal. A una mujer le puede llevar donde la familia pero a mí no me puede llevar porque qué van a decir”. Por eso, la mayoría de las relaciones con personas trans suelen mantenerse en secreto. En esto coincide la sobrina de Juanita y menciona que ella nunca dio nombres de sus amantes.
Activistas trans de varias organizaciones sociales, como Silueta X e INREDH, reiteran que la tipificación del transfemicidio permitiría el reconocimiento de todas estas particularidades.
¿Cómo denuncio si el agresor es el Estado?
Antes de su asesinato, Juanita ya había sido víctima de un intento de transfemicidio. Años atrás, la pareja de aquel entonces la secuestró y torturó, según cuenta su sobrina. Juanita sobrevivió, pero nunca denunció a la policía. Aunque el hombre que la agredió fue declarado inocente en la investigacion de su eventual asesinato, es común que en los casos de femicidios las víctimas ya hayan sufrido algún tipo de agresión antes de su asesinato. De las 20 víctimas de femicidios registradas en Ecuador en el 2021, 40 por ciento ya había reportado un antecedente de violencia ante las instituciones públicas. Sin embargo, denunciar no les evitó la muerte.
Te proponemos ponerte en los zapatos de Kassandra V. de Manta y Xiomara B. de Guayaquil. Ambas son mujeres trans que sufrieron agresiones contra sus vidas. Una decide denunciar ante la Fiscalía y la otra no. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Los desenlaces están basados en hechos reales.
Eres Xiomara B. y sí denuncias / Eres Kassandra V. y no denuncias
Las dificultades para brindar asistencia emocional y protección física por parte de las instancias públicas que prevengan eventuales asesinatos son comunes, según la organización Surkuna, que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres en Ecuador. Sin embargo, su “Informe sobre situación del femicidio en Ecuador 2018,” no incluye datos sobre cómo afecta la dinámica entre funcionarios públicos y las mujeres trans al momento de denunciar un crimen.
Sobre el tema, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género realizó en 2017 un informe en el que los resultados son contundentes: de las 875 personas trans encuestadas, 96% manifestó haber recibido gritos, insultos, amenazas y burlas por parte de agentes públicos institucionales y/o estatales. Más de la mitad dijo que había sido víctima de golpes y otras agresiones y 95% afirmó que nunca denunció los hechos. Así mismo, 47% de las personas que decidieron denunciar se sintieron discriminadas.
Édgar Zúñiga, psicólogo de la Red Ecuatoriana de Psicología por la diversidad LGBTI, afirma que las mujeres trans no denuncian “porque si la persona que te atiende para recibir una denuncia es transfóbica, no te la va a recibir, y únicamente se revictimiza a la persona”.
¿Cuántos casos de violencia contra las mujeres trans no se han denunciado por miedo a sufrir acosos físicos y psicológicos por parte de la Policía y los funcionarios públicos? ¿Cuántos asesinatos a mujeres trans podrían ser prevenidos si la Policía y la Fiscalía cumplieran con lo establecido en el Código Penal?
Las fantasmas siguen cabreadas
“La represión y confinamiento que sufrió la comunidad LGBTIQ+ ecuatoriana se diferenció de la Pinochetista únicamente porque la sociedad civil chilena pudo estar en capacidad de llevar registros y datos de sus ciudadanos agraviados”, relata en el libro ‘Los fantasmas se cabrearon’, Purita Pelayo, activista trans y miembro de la organización de mujeres trans Coccinelle. Pero en Ecuador no existen datos disponibles sobre lo que ocurrió en el país entre 1980 y comienzos del año 2000.
Las Coccinelle encaminaron y sostuvieron la lucha por la despenalización de la homosexualidad durante el gobierno del Partido Social Cristiano (1984-1988), uno de los más represivos contra las diversidades sexogenéricas. Son sobrevivientes. Por eso, el 17 de mayo de 2019, junto a INREDH, presentaron al Estado la denuncia por delito de lesa humanidad como consecuencia de la violación sistemática y estructural que sufrieron las personas de las diversidades sexogenéricas en Ecuador en la época previa a la despenalización. La solicitud de reparación integral y las garantías de no repetición son la piedra angular de la denuncia. Así como la exigencia de políticas públicas que garanticen una vida digna a la comunidad LGBTIQ+.
El informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador reconoció graves violaciones de derechos humanos a quienes eran disidentes de las normas sexuales y de género, como agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual, cometidas por el Estado ecuatoriano en el periodo mencionado.
Las Coccinelle nacieron por la “necesidad imperiosa de defender los derechos de las minorías sexuales del Ecuador”, afirma Purita en su libro. Añade que la colectiva permitió a las mujeres trans hacer plantones en espacios públicos, como el Palacio de Gobierno, para denunciar las violaciones y vulneraciones que sufrían con impunidad en el país. Esto las convirtió en referentes de la lucha por la despenalización.
La memoria de la comunidad trans sigue siendo el único registro de las violencias que enfrentaron: “los agentes allanaban las viviendas de forma ilegal a sabiendas de que sus inquilinos no tenían respaldo familiar o amistades que pudieran denunciar esos procedimientos”, menciona Purita.
También cuenta en su libro los incansables intentos de Patricia Ponce, trabajadora sexual quiteña afro, para denunciar ante la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), las agresiones que sufría por agentes policiales.“La denuncia no trascendía más allá de las formalidades, no había seguimiento por parte de algún organismo”. Lo mismo ocurrió en el caso de Martha Sánchez, travesti afro de Esmeraldas, quien fue asesinada a mediados de 1996 por una persona que disparó desde una ventana. Su muerte fue confirmada en el Hospital Eugenio Espejo. Purita explica que este hecho quedó en la impunidad porque no hubo familia o instituciones que exigieran una investigación. Sin embargo, según el Código Orgánico Penal y la Constitución vigente en 1996, era obligación de la Fiscalía asumir el caso.
Los Fantasmas se cabrearon también ubica lugares de tortura como ‘La lagartera’, una celda del Centro de Detención Provisional en Quito. A su vez, la comunidad trans reconoce la laguna del parque ‘La Alameda’, ubicada al norte de la capital, como el lugar donde varios policías ahogaban a las mujeres trans mientras estaban en busca de clientes para el trabajo sexual.
“Tránsito la reina de El Guambra”, “Angelita Zamora”, “la femenina María”, “la mulatita guapa de Esmeraldas”, entre otros, son algunos nombres de travestis y transexuales reconocidas por sus ideales de lucha que murieron violentamente.
Pero con el paso del tiempo las Coccinelle siguen muriendo sin que se concrete el reconocimiento de sus derechos y sin ver justicia. Así le pasó a María Jacinta Almeida, una de las sobrevivientes de la persecución estatal y denunciante en el caso que lleva INREDH. Jacinta falleció en junio del 2020 por Covid-19.
A la denuncia presentada por las Coccinelle se sumaron otros colectivos como Sobrevivientes 516 y el colectivo Años dorados LGBT. Aunque la investigación avanza lentamente, y el tiempo no está a su favor, Coccinelle busca no morir sin ver justicia por lo que el Estado ecuatoriano les hizo. INREDH afirma que si la investigación no avanza,llevarán la denuncia a organismos internacionales.
Palabra, acción y memoria: contra la injusticia y la impunidad
“Si yo mañana me muero me registrarán como David, eso nos pasa a todas”, relata indignada Devy Grijalva. Ella sabe que aunque el Estado no registra los asesinatos de las mujeres trans, las organizaciones sociales, activistas y algunas familias son quienes preservan la memoria de su comunidad. No olvidarlas es la mínima acción de justicia.
Magdalena también lo sabe, por eso se encarga de llevar la pancarta con la foto de su tía en grande a todas las marchas y de seguir acercándose a los medios para que su vida no se olvide y que su crimen no quede impune.
Y con la misma intención, Purita Pelayo ha creado un documento histórico que relata la violencia que vivieron las personas trans. Esa memoria ahora ocupa un espacio de exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito para informar y educar al público sobre la lucha trans y sobre la necesidad de eliminar la transfobia para evitar la violencia que afectó y sigue afectando a las mujeres trans.
Así mismo, los nombres y apellidos de las mujeres trans y no-binarias asesinadas año tras año, constan respetando su auto-identificación en los informes de Silueta X. Es la única organización que lleva un registro de los asesinatos a mujeres trans en el Ecuador y que explícitamente los denuncia como transfemicidios.
Todas estas acciones suman. Sin embargo, todavía está pendiente un mayor reconocimiento y comprensión de la violencia contra la población trans desde los organismos del estado, dice Diane Rodríguez, mujer trans que está al frente de Silueta X.
“Las organizaciones sociales no podemos siempre estar haciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado,” dice Rodriguez, “No podemos hacer eso”.
Este reportaje fue creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas, con el apoyo de Open Society Foundations.
Isabel González Ramírez acompañó y editó este proyecto. Alina Manrique realizó la verificación de datos.
La equipa de Chicas Poderosas acompañó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y editorial.
Conoce todas las historias creadas en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado en Ecuador ingresando a chicaspoderosas.org/historiasecuador
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