No me iré de este mundo sin saber dónde está Juliana Campoverde

Por Karol Noroña / @KarolNorona

“¿Una despedida? No lo creo. Quizás un hasta luego, espero verlas pronto, aunque las llevo aquí adentro, en el cofre de oro, mi corazón, del cual ustedes forman parte y, créanme, de donde no saldrán jamás”.

(Juliana Campoverde, durante su discurso de despedida del colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, en julio del 2011)

El alegato de Elizabeth Rodríguez es un grito por justicia que retumba desde hace casi nueve años frente a un sistema de justicia fallido, falto de respuestas y de sensibilidad. Y es un grito firme: “Yo no voy a descansar hasta que el Estado ecuatoriano me devuelva a mi hija Juliana Campoverde”, dice, durante cada plantón, marcha, entrevista o conversación que una a nuevos puños a su lucha. Repite, repite, repite.

‘July’ -así la llama- fue desaparecida el 7 de julio del 2012 por Jonathan Carrillo, el hombre que, después de escudarse en la religión como pastor de la iglesia evangélica Oasis de Esperanza, la secuestró y asesinó. La justicia lo condenó a 25 años de reclusión el 17 de julio del 2019, luego de una larga serie de irregularidades durante el proceso investigativo que solo cumplió su fin por el reclamo incansable de Elizabeth y su familia.

Aún habiendo admitido el crimen, aunque luego se acogiera al silencio y despojara a la familia de la posibilidad de saber qué ocurrió con ‘July’, Jonathan Carrillo agotó todas las instancias legales para intentar recuperar su libertad. Pero el 16 de noviembre del 2020, la Corte Nacional de Justicia finalmente inadmitió el recurso de casación que interpuso para anular su condena. La negación de la Corte, entonces, significaba que la sentencia que pesa sobre el femicida se ratificaba y debía entrar en ejecución. Y esa sentencia es histórica: por primera vez la justicia había emitido una condena -el 17 de julio del 2019- sin cuerpo o testimonio directo, sino con prueba indiciaria, luego de una investigación llevada por la fiscal Mayra Soria. Pasaron más de siete años para que se resolviera el caso, aunque la familia denunció a Jonathan Carillo y a su familia desde los primeros días de la desaparición.

Cuando se habla de justicia, no solo se habla de castigos punitivos y rejas, sino de reparación integral, una medida que el sistema de justicia ecuatoriano aún no ha saldado. Ni saldará, pues para una madre que reclama a su hija desaparecida solo hay reparación encontrándola.

El 13 de marzo del 2020, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el recurso de apelación de Elizabeth y en mayo de ese año dispuso en su resolución a Fiscalía la coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional para que se continúe la búsqueda de ‘July’. Además, ordenó la aplicación de un programa de recompensas que agilice el proceso y el cierre de la iglesia Oasis de Esperanza, aunque Elizabeth reclama que estaría operando bajo otro nombre y por eso exige extinguirla definitivamente.

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Son las diez de la mañana y en el sector de Bellavista, en el norte de Quito, el sol despunta. Elizabeth camina sobre una quebrada, ubicada junto a la calle Bosmediano y pasaje Baquero, donde Jonathan Carrillo dijo haber abandonado los restos de Juliana. Han pasado más de dos años desde la primera vez que Elizabeth llegó a ese camino lleno de hierba, árboles débiles y tierra con relleno. Fue el 11 de noviembre del 2018. Sí, ahora volvió al mismo lugar donde por entonces se hallaron restos óseos humanos que no correspondían a Juliana y que las autoridades aún no han determinado a quién pertenecen.

Elizabeth desempaca los nuevos carteles que se han diseñado en honor a su hija Juliana y los levanta para exigir justicia. Los cuida, los mira y me mira, mostrándome el rostro de ‘July’ en el centro de un corazón del que nace un puño. En eso se ha transformado la vida: un puño cerrado y fortalecido. Entonces, me dice que ella siente que ‘July’ no está allí, que no pierde la esperanza y que se abrirán nuevos espacios de búsqueda, pero no. Ella, que conoció a su hija y la tuvo a su lado más de 18 años, no la siente en ese suelo desgastado.

Elizabeth siente el corazón encogido, me lo confiesa. Y se recompone de inmediato: “Tengo que fortalecerme porque sin que nosotros denunciemos, las cosas no se dan. No me queda más que venir nuevamente, porque es la única forma de seguir exigiendo y esperando que este lugar sea descartado de una vez por todas para que se analicen otros espacios donde puede estar mi hija”.

Elizabeth no está sola. Le acompaña Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la abogada que asumió el caso pero que, además, es crítica con la inoperancia estatal. Ella es una de las mujeres que contiene a Elizabeth, como también lo hacen sus compañeros y compañeras de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec). Allí estaba Lidia Rueda, presidenta del colectivo, e Ítalo Salazar, el amigo cuyo grito nunca falta; y a la distancia le acompañaron varios familiares que también buscan a sus desaparecidos.

En un círculo, cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), dos agentes del Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC), siete agentes de Control Metropolitano y un equipo de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) trazaron la hoja de ruta que marcaría el inicio de la búsqueda, una diligencia dispuesta por la fiscal Paola Córdova, quien lleva el caso desde marzo del 2021.

El equipo acordó realizar un barrido en un talud pronunciado de la quebrada, de al menos 300 metros de profundidad, y trazaron seis puntos con 50 metros de distancia entre cada uno, durante casi tres horas. Dos perros exploraron la zona para buscar restos cadavéricos y óseos, pero no obtuvieron resultados.

Elizabeth quería saber cuándo serán las próximas jornadas de búsqueda, pero la periodicidad aún no está definida, pues el caso se ha quedado sin agente que dirija las pericias. La fiscal Córdova contó que se le notificó el pase del teniente Luis Miguel Romero -el agente que trabajó junto a la fiscal Mayra Soria- a otra unidad policial.

Estos cambios administrativos, que son bastante comunes, se han convertido en uno de los principales motivos de protesta de los familiares de desaparecidos en Ecuador, porque en lugar de hacer más eficientes las acciones de los agentes, dilatan las investigaciones, y Córdova lo corrobora: “Habíamos hecho una planimetría de acuerdo a un cronograma de una o dos búsquedas semanales. Me enteré ayer (14 de abril) de su pase y eso nos trunca la planificación y proyección que teníamos. Entonces, interpondremos los oficios correspondientes para que el agente Romero continúe y sea mi soporte, porque de otra manera no hay una continuidad. Él ya conocía la investigación y la parte técnica. Estos cambios son frecuentes y con la consecuente repercusión. Cuando les cambian, no es que ellos tienen un lapso de tres días para transmitir los conocimientos de los casos, sino que, hecho el trámite del pase, debe cumplirse inmediatamente”, me explicó.

Para Elizabeth, ese trámite significa otra muestra de inoperancia después de que su caso llegara a la mesa de 12 fiscales y ocho agentes investigativos durante casi nueve años. “Nos duele porque es una burla que nos hace el mismo Estado. ¡Exijo que el teniente Romero permanezca en la investigación!”, reclamó.

Para la jurista Pamela Chiriboga, pese al cambio de agente, el primer día de búsqueda es un gran paso en materia jurídica. “No es la misma que se hizo antes, pues aquella búsqueda se realizó en el marco de un proceso penal. Ahora ya existe la responsabilidad de Jonathan Carrillo, quien está cumpliendo su condena. Hoy se marca un precedente porque es la primera vez que se empieza la búsqueda de una persona desaparecida luego de una sentencia histórica que es muy clara diciendo que esta búsqueda será indefinida hasta que se encuentren los restos de Juliana”, asegura.

Juliana Campoverde, entre cifras oscuras

Han pasado 3 200 días desde que el cuarto de ‘July’ está vacío en la casa de Elizabeth. Pero la memoria sigue intacta y la madre se reencuentra, se fortalece por el amor y el hartazgo.

-Usted no ha callado durante estos nueve años de búsqueda, no se cansa… -le digo.

-La verdad es que yo estoy aquí porque Dios me ha permitido, porque yo no quiero irme de este mundo sin saber en dónde está mi hija Juliana, y cada día le pido fuerzas para que me ayude. ¡A mí no me van a callar, nunca van a tener nuestro silencio! ¡Por más decepcionada que esté por esta inoperancia voy a estar aquí hasta que me la devuelvan!

Elizabeth me mira con sus ojos verde-miel y su rostro de madre humana contiene el llanto.

El temor de Elizabeth no es solo suyo, es colectivo y se teje en la memoria de sus compañeras y compañeros que a gritos piden no perder la vida sin recuperar a sus familiares, sin sentirlos para saberse nuevamente vivos. El balance gubernamental de personas desaparecidas del Ministerio de Gobierno dice que desde 1947 hasta febrero del 2021, 1 556 personas aún siguen desaparecidas en Ecuador. Sus casos todavía se encuentran en investigación previa, la primera fase del proceso investigativo. 

Pero las cifras son confusas. Según la Dinased, al menos, 35 000 personas han desaparecido desde el 2014, y de ellas, 33 699 fueron localizadas. Pero apenas el 4% de esos 1 301 casos no resueltos se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado.

Juliana Lizbeth es el rostro de su linaje. Su nombre es el producto de la memoria de su abuela Julia, y Lizbeth es su propia madre. Juliana nació un 21 de agosto de 1993: siete kilos y 50 centímetros. Y desde ese día la vida se volvió música, aprendizaje, fe y sueños. Juliana tenía los ojos preñados de anhelos y una voz que sanaba, como aquella vez que acompañó a su prima Lorena al hospital y le ayudó a dormir mientras le cantaba para que el dolor dejara de torturarle el cuerpo. ‘July’ quería llenar los estadios -repite su madre- y ahora es quien llena el país de memoria y denuncia.

Cada miércoles, Elizabeth y el resto de familares de personas desaparecidas en Ecuador van a la Plaza Grande, frente a la casa del gobierno. Ese es su espacio de resistencia  frente al poder. Cada jornada es diferente, como lo fue la del miércoles 14 de abril, cuando agentes de Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional intentaron callarlos porque, según ellos, molestaban una reunión presidencial en los salones del Palacio. Les impusieron a gritos “un poquito” de silencio aquella mañana, mientras ese mismo día se confirmaba el hallazgo de las osamentas, la ropa y la mochila de Yajaira Alvarado, una niña de 12 años, desaparecida en el cantón Marcelino Maridueña, en Guayas, el 13 de febrero del 2020. Su madre también gritó en esa misma plaza, reclamaba viva a su niña y pedía desesperada que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes investigue. Pero esa unidad policial no priorizó el caso, pese a que ella denunció con pruebas y videos que un hombre se había llevado a su niña. Le devolvieron su muerte, y por eso y por Juliana y por los cientos de personas desaparecidas en Ecuador, a la Plaza Grande no volverá el silencio.

*Portada: Cada miércoles, Elizabeth -junto con sus compañeras y compañeros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador- se planta frente al Palacio de Carondelet para reclamar respuestas. Foto: Karol Noroña.

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