Durante meses, después del 13 de abril del 2018, los teléfonos de los familiares de Efraín Segarra Abril, Pául Rivas Bravo y Javier Ortega Reyes no paraban de sonar. Sus colegas y amigos los acompañaron en vigilias, misas y hasta organizaron una gran marcha para visibilizar la peor tragedia que ha sufrido el periodismo ecuatoriano de los últimos tiempos. Los tres habían sido secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, y las autoridades se perdían entre discursos vagos y contradictorios. Con el tiempo, vino el silencio. Un silencio que ocasionalmente se rompe con noticias como detenciones de sospechosos, constantes cambios de fiscales y hasta errores que terminan por liberar de responsabilidades a los implicados materiales de estos crímenes.
De todo esto fueron testigos Estefanía Pesántez y Gabriela Loja, dos jóvenes que, cuando ocurrieron los hechos, cursaban su último nivel de Ciencias de la Comunicación y Periodismo Digital en la Universidad de Cuenca. Ellas participaron en protestas pacíficas en la capital azuaya para presionar a los estados de Ecuador y Colombia para que actuaran a tiempo, con el propósito de lograr la liberación del equipo periodístico secuestrado el 26 de marzo del 2018, en Mataje, Ecuador.
Cuando les llegó la hora de decidir el trabajo que harían para obtener su licenciatura no dudaron: este crimen y las responsabilidades por acción u omisión de ambos países serían el tema de su documental. Tardaron más de un año en completar el trabajo que lleva por nombre el grito que todas las noches, durante un mes, retumbó en la Plaza Grande, en Quito. ‘Nos faltan 3’.
La película -de una hora y 13 minutos de duración- se estrenó la tarde y noche del miércoles 11 de noviembre del 2020, en Quito, en el cine Ocho y Medio, en La Floresta. Se ha previsto que el filme se difunda más adelante en otras salas del país.
La tragedia de Paúl, Efraín y Javier marcó profundamente a Estefanía y Gabriela. Ellas se cuestionaron sobre su futuro laboral. ¿Estaban enfrentándose a una carrera en la que podrían trabajar con seguridad? Tras más de 12 meses de lecturas, entrevistas, viajes y reflexión, la respuesta fue cruda: no.
Con su documental reconstruyeron esa trágica historia que dejó hijos huérfanos, padres con el corazón destruido y un equipo de trabajo incompleto para siempre y sin una explicación. Dos años y ocho meses después, aún no hay respuestas. “Nos dimos cuenta de que había muchas contradicciones en lo que las autoridades informaban a la ciudadanía y a los familiares en cosas delicadas, como si se estaba negociando o no con los secuestradores o sobre la liberación fallida que se difundió y que luego fue desmentida”, dice Gabriela.
El equipo periodístico de diario El Comercio reporteaba en la frontera norte de Ecuador sobre el atentado que acabó con la vida de los marinos Sergio Elaje, Jairón Sandoval, Luis Mosquera y Wilmer Álvarez, cuando fue retenido por miembros del grupo armado irregular Oliver Sinisterra, un residual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Lo ocurrido, dicen Gabriela y Estefanía, fue un shock para un país que había visto tragedias similares solo a través de noticieros, desde latitudes lejanas o en la vecina Colombia. “Todos los ecuatorianos guardábamos la esperanza de verlos regresar con vida, pero no fue así”.
Para Gabriela, esto es una prueba de que en Ecuador no existen protocolos ni medidas de seguridad reales para coberturas de riesgo. A raíz de los crímenes en contra de Javier, Efraín y Paúl se han emitido documentos aislados pero no existe ninguna iniciativa estatal para remediar los altos niveles de inseguridad en los que trabajan los periodistas ecuatorianos. Reporteros, directores de medios, editores, fotógrafos o camrógrafos son sometidos, en muchos casos, a presiones políticas, amenazas de grupos irregulares y delincuentes comunes o a una creciente precarización laboral.
Todos estos elementos configuran una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho que toda la sociedad tiene de informarse, por lo tanto, ponen en serio riesgo la democracia ecuatoriana. La única iniciativa que en este sentido surgió como propuesta desde el Estado fue la de conformar un comité interinstitucional para la protección de los periodistas, sin embargo, ni siquiera los funcionarios de las entidades que se supone que conforman ese comité saben de su existencia ni de las particularidades de su funcionamiento. En la práctica, ese comité no existe.
En su investigación y durante sus clases universitarias, Estefanía y Gabriela encontraron que en otros países incluso se hacen simulacros de situaciones de riesgo para que los periodistas sepan cómo actuar ante las amenazas y minimizarlas. “Aquí no existe un documento completo al respecto ni una real protección”, dicen. Esta es una de las adverisdades que buscan revelar en su trabajo fílmico.
Quizás el más alto objetivo que las dos jóvenes realizadoras se plantearon sea contribuir a la memoria histórica de un caso que se volvió parte de sus vidas y que les permitió, a través de sus diálogos con los más cercanos a los tres, conocer a los protagonistas de su historia. Ahora, se sienten orgullosas de que su documental se haya estrenado en las salas del cine Ocho y Medio, en Quito, porque “es una oportunidad muy grande para que nuestro trabajo no quede ahí, sino que sirva para que la ciudadanía no los olvide. Lo que pasó con Paúl, Javier y Efraín es algo que debemos recordar y más aún cuando es un caso sobre el que aún no se hace justicia”.
El Estado ecuatoriano ha dilatado el proceso de investigación del caso de los tres periodistas de El Comercio, al punto de que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado la lentitud de los procesos de indagación. En más de siete ocasiones, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha ofrecido desclasificar toda la información tratada en el Cosepe a cargo del caso durante los meses más críticos, y no lo ha cumplido. La tesis ecuatoriana ha llegado a desconocer que los hechos criminales ocurrieron desde que los periodistas, en territorio ecuatoriano, fueron secuestrados, con un afán de tergiversar los hechos y evadir sus responsabilidades. El trabajo de las fiscalías de Ecuador y Colombia no ha sido diligente ni ha habido coordinación alguna entre los dos procesos de investigación. Y mientras este clima de desidia e impunidad se naturaliza, en la zona de frontera no se ha reparado la ausencia del Estado ni ha disminuido el riesgo para la población.
El documental Nos faltan 3 representa un ejercicio de memoria y encarna el interés de que las nuevas generaciones de periodistas en Ecuador mantengan vivo el grito de protesta en contra de la impunidad oficial, y a favor de la protección de la libertad de prensa como una garantía de la democracia.
(Todas las imágenes de esta publicación son cortesía del colectivo Nos Faltan 3)
