Ecuador Asamblea 2025: ¿quiénes son los candidatos?
Once de los 33 candidatos a asambleístas por Orellana han trabajado en gobiernos seccionales.
Seis de cada diez candidatos a la Asamblea Nacional por Orellana han sido servidores públicos; la mitad de ellos ha trabajado para gobiernos seccionales. Por otro lado, once aspirantes deben presentar a la autoridad tributaria alguna declaración de impuesto a la renta desde 2017.
La candidata de mayor trayectoria en la función pública es Nuvia Vega Morillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7); ha tenido nueve cargos en municipios y la Prefectura de Orellana entre 2019 y 2023. Ha sido gobernadora, coordinadora de talento humano, funcionaria de participación ciudadana, analista financiera, directora de tránsito y auxiliar de monitoreo de tránsito.
Su patrimonio ha sido cambiante y ha variado de menos 2.000 dólares a 24.000 dólares. En los últimos siete años ha pagado 196 dólares de impuesto a la renta (IR) y ha registrado una deuda firme de 60 dólares en el SRI. Fundamedios intentó obtener una versión de Vega, pero no obtuvimos respuesta.
Carlos Guamán Méjico, del partido Unidad Orellanense, ha sido entre 2019 y 2024 subcoordinador de gestión ambiental, subcoordinador de participación ciudadana de la Prefectura y comisario del Municipio de Joya de los Sachas. Guamán tiene la misma fecha de inicio de funciones (4 de junio de 2021) en dos cargos diferentes y con patrimonios diferentes, según consta en la Contraloría General del Estado.
En una declaración tiene menos 4.000 dólares y en la otra, menos 8.000 dólares. Además, uno de los cargos no tiene fin de gestión, el de subcoordinador de participación ciudadana. En los últimos cinco años ha pagado 3.121 dólares de IR. Tampoco obtuvimos respuesta a nuestro pedido de información. Unidad Orellanense, lista 2-3, es la alianza conformada por Unidad Popular (UP) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP).
Patricio García Poveda, candidato por Súmate y Transfórmate Orellanense (lista 23-61) ha sido gobernador de Orellana y responsable de la delegación provincial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. A pesar de ser dos cargos diferentes con fin de gestión en diferentes fechas, el patrimonio es el mismo en las dos declaraciones juramentadas: 138.674,27 dólares. En los últimos tres años ha pagado casi 2.000 dólares de impuesto a la renta.
Entre otros cargos que han tenido los candidatos a asambleístas encontramos a Stalin Hernández Silva, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), que fue Intendente General de Policía. Dos candidatos por el movimiento Súmate y Transfórmate Orellanense han ostentado cargos altos: Patricio García Poveda, que fue gobernador de Orellana hasta diciembre de 2023, y Adrián Zambrano Maza, que durante 2024 fue Teniente Político de la provincia. La exlegisladora por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) Mariuxi Cleopatra Sánchez Sarango busca la reelección.
Patrimonios altos
Iván Santiago Valladares Noboa, candidato por el partido Avanza (lista 8), fue concejal del Municipio de Francisco de Orellana entre 2019 y 2023. Antes, fue vocal de la Delegación Electoral de Orellana. En cinco años su patrimonio pasó de 100.000 dólares a 300.000 dólares (valor declarado en 2023). Se trata de una de las cifras más altas entre los candidatos a asambleísta por Orellana. Sin embargo, en 2023 declaró cero en impuesto a la renta, y entre 2022 y 2017 pagó 3.744 dólares.
Washington Wong Nan es candidato por Avanza. Tiene registrado un solo cargo público entre 2019 y 2023, como gerente general de la Empresa Pública de Comercialización Turística de Orellana. Su patrimonio supera el medio millón de dólares, siendo el candidato más adinerado de la provincia. En 2017, 2018, 2020 y 2023 declaró cero en IR, entre 2019, 2021 y 2022 pagó 2.579 dólares.
Rocío García Jaramillo es candidata por Democracia Sí. Fue directora del distrito educativo Loreto entre 2018 y 2019. Tiene, además, otro cargo como servidora pública con la etiqueta de “candidata” en el CNE desde el 23 de septiembre de 2020. Su patrimonio creció 100.000 dólares entre agosto de 2019 y septiembre de 2020. Desde el 2019 ha declarado impuesto a la renta en cero y no ha hecho la declaración del año 2020 y 2023. Intentamos contactarla, pero no ha respondido las preguntas.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. La Barra Espaciadora y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Estafa, robo y uso doloso de documentos
Dos candidatas han sido denunciadas en un mismo proceso. Se trata de Delfa Beatriz Calderón Maldonado, de Pachakutik, y la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori Abarca (CREO), quienes fueron acusadas por presunto uso doloso de documentos, luego de que un examen de Contraloría registrara alrededor de 22.956,72 dólares no justificados durante el periodo de Llori como prefecta de Orellana, entre 2014 y 2018.
Calderón era la tesorera de la Prefectura. De acuerdo con el proceso judicial, hubo varios funcionarios que hicieron una especie de devolución o abono de diferentes cantidades de dinero. El caso se inició el 16 de agosto de 2022 y fue archivado debido a que Llori gozaba de fuero de corte como asambleísta. De acuerdo con el juez de la causa, el fuero de corte se extendía a todos los denunciados.
En mayo de 2021, Llori se convirtió en la primera mujer autoidentificada como indígena en dirigir el Parlamento ecuatoriano. Un año después, una mayoría del PSC y la RC la destituyó del cargo de presidente (aunque no perdió su curul). Antes de salir, Llori dijo a la prensa: “Si yo me voy, regresa el correísmo”. En 2007, la entonces prefecta de Orellana fue detenida y trasladada a Quito acusada de sabotaje y terrorismo en medio del paro de Dayuma contra una petrolera. Llori pasó 293 días en un calabozo en la cárcel de mujeres de Quito; al quedar libre volvió a ganar la Prefectura en 2009 y luego fue reelecta en 2014.
Calderón, en cambio, es, desde 2019, administradora de la Federación Deportiva de Orellana, cargo del que no ha registrado su fin de gestión en Contraloría. Entre 2019 y 2023 su patrimonio se duplicó, pasando de 80.000 a 163.000 dólares. Por otro lado, Llori casi duplicó su patrimonio entre 2021 y 2023, durante su periodo como asambleísta, pasando de 154.000 dólares a 273.000.
Delfa Calderón pagó 51,48 dólares en 2017 por impuesto a la renta y los demás años los ha declarado en cero. Llori ha pagado más de 16.000 dólares en impuestos entre 2017 y 2023. Enviamos solicitud de información a las dos candidatas, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.
Franklin Hinojosa, candidato por ADN, es docente en la Dirección Distrital de Educación de La Joya de los Sachas desde 1987. Según el portal de Consulta de la Función Judicial, Hinojosa mantiene tres procesos abiertos por el presunto delito de estafa.
Dos de ellos se encuentran todavía en la fase de investigación previa; se solicitó ante el Juez que se archiven las investigaciones pero dicho pedido fue negado. En uno de los casos, la Fiscalía volvió a solicitar el archivo, pero los denunciantes se han opuesto. La consulta se ha llevado ante el Fiscal Provincial de Pichincha.
En el segundo caso, Hinojosa fue declarado culpable del presunto delito de estafa, tanto en primera instancia como en apelación. Actualmente, dicho proceso se encuentra a la espera de resolución del recurso de Casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, desde septiembre de 2024.
El candidato no ha causado impuesto a la renta desde 2017. Hinojosa tampoco respondió al pedido de entrevista de Fundamedios.
En Francisco de Orellana compiten 10 organizaciones políticas y tres alianzas por las tres curules provinciales.
Conoce a las y los candidatos antes de votar
Esta es una investigación realizada por el Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC).
