Por Ángela Lascano D. / @angela_lascano
“¿Y mis derechos qué?” fue la pregunta que guió el conversatorio ofrecido el pasado martes 5 de marzo por representantes de diez organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. En este encuentro, se abordó la vulneración de derechos en el contexto actual del país, caracterizado por la recurrente imposición de estados de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno.
“Las organizaciones sociales que estamos presentes en este espacio tenemos una trayectoria de varias décadas de lucha contra el abuso de poder que vulnera derechos y pone en riesgo la vida y la dignidad”, expuso Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). “Hoy nos convocamos para denunciar estos abusos y exigir un país en el que la justicia social y ambiental garanticen oportunidades para vivir con dignidad”, añadió.
Los representantes alegaron que la crisis de inseguridad y violencia que afronta Ecuador es el resultado de un Estado que, además de fallar a la hora de garantizar los derechos básicos de la población, ha optado por la militarización como forma de hacer frente a esa violencia.
Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE), explicó que las medidas punitivas son una falsa política de seguridad que, si bien no impactan en la disminución de la criminalidad, sí resultan en graves violaciones de los derechos humanos en poblaciones empobrecidas y racializadas, dijo. “¿Cuáles son los resultados de la mano dura? Desde 2019 han existido 39 decretos de estados de excepción. De estos, 13 fueron emitidos para combatir a la violencia criminal fuera de las prisiones y 7 con respecto a la violencia dentro de las prisiones. Pero las muertes dentro de la prisión continuaron y las muertes fuera de ella se incrementaron”.
Ingrid García, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Patricia Carrión, de Cedhu, hicieron hincapié en el perfilamiento racial que ha implicado la militarización. “La población afroecuatoriana ha sido históricamente estigmatizada y discriminada. Ahora, el trabajo de los miembros de las fuerzas del orden se ha direccionado a aprehender, torturar y atacar al pueblo afroecuatoriano. Muchos de ellos se encuentran desaparecidos”, denunció García.
Patricia Carrión llamó nuevamente la atención sobre el caso del puente Tachina, en Esmeraldas, donde cinco jóvenes, después de haber sido detenidos por las Fuerzas Armadas, fueron empujados y arrojados al río. En este incidente, dos de ellos perdieron la vida y uno aún permanece desaparecido. “Esperamos que el caso sea investigado a profundidad porque, en efecto, se encuadra en el abuso de la fuerza pública en el contexto de un estado de excepción -añadió Carrión-, no creemos que es un hecho aislado. Sabemos de otros casos que están pasando sistemáticamente en varias provincias en el Ecuador”.
Sybel Martínez, de la Alianza por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señaló que son los niños, niñas y adolescentes quienes han sido víctimas del crimen organizado: en 2023, cada día murieron dos menores de edad por causas violentas. Entre enero y junio de 2023, 1326 niños y adolescentes fueron detenidos por diversos crímenes asociados al crimen organizado. “Las infancias no pueden ser vistas como sujetos a castigar, sino como víctimas a proteger -explicó y se preguntó-; ¿cómo concebirse como un país democrático civilizado cuando quienes más atención y cuidado merecen han terminado siendo invisibles a los ojos de un Estado que no da respuestas a la vida de estos niños?”.
Los representantes de las organizaciones subrayaron también el discurso de deslegitimación y odio que ha empezado a construirse en su contra. Luis Saavedra, de Inredh, indicó que atribuir responsabilidad de la criminalidad a las organizaciones de Derechos Humanos, que se pronuncian en contra de la militarización, no es más que una estrategia para no mirar la responsabilidad de las élites políticas y financieras.
Las organizaciones reunidas emitieron un pronunciamiento que reflejaba y enfatizaba los puntos tratados durante el conversatorio. “Los Derechos Humanos ponen límites al ejercicio del poder”, se declara en el documento. “El rol de las personas defensoras contribuye a sociedades más justas y es fundamental, además, que la sociedad se movilice para exigir su reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento”.
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