Fundación Perioditas Sin Cadenas
Aumento de despidos, disminución de los salarios, baja de la publicidad, censura y falta de acceso a la información sobre la emergencia sanitaria. Esos son algunos de los impactos de la pandemia en cuatro provincias del Ecuador, donde los comunicadores que conservaron su empleo reportaron que su carga laboral aumentó y quienes salieron de medios han buscado crear nuevos proyectos, pero otros han buscando alternativas ajenas al periodismo para sobrevivir.
Estos son algunos de los hallazgos de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que aplicó encuestas a 50 periodistas y dueños de medios de comunicación de Guayas y de tres provincias de la frontera norte, con énfasis en Carchi. El objetivo fue conocer sus condiciones de trabajo y las principales secuelas que ha dejado la emergencia sanitaria. También conversó a profundidad con 25 de ellos para entender su problemática.
La investigación no solo exploró las condiciones de los periodistas en las ciudades principales sino en algunos de los cantones de cada provincia. La organización espera completar este estudio en un total de 10 provincias del país hasta finales del 2021. Mientras tanto, estas son las primeras tendencias que ha logrado identificar en sus primeros tres informes.
Entre el 20% y 30% de los encuestados perdió su trabajo
Según el informe, la precarización laboral ha sido un problema permanente, especialmente en lo relacionado a salarios y protección social, situaciones que se agravaron con la pandemia. Antes de la emergencia sanitaria, el 50% de los trabajadores de la comunicación consultados en Guayas percibía un salario mensual inferior a los 800 dólares; de ellos, 25% ganaba menos de 400 dólares y otro 25% entre 400 y 800 dólares, es decir, la mayoría de empleados de esta rama percibía sueldos inferiores a los exigidos por la ley, una condición que solo empeoró con la pandemia. Asimismo, el análisis revela que el 48% de los encuestados no cuenta con un seguro médico. De los que poseen uno, 28% está afiliado al IESS y solo 24% accede a un seguro médico privado.
En Carchi, una de las provincias de la frontera norte donde se hizo este estudio, la situación es similar. El sueldo del 65% de los encuestados es de menos de 400 dólares. En general, los sueldos de los periodistas en la frontera norte bordean el salario básico y depende en buena parte de la publicidad de empresas privadas y autoridades locales que controlan los contenidos periodísticos. Una práctica usual para los periodistas de estas provincias era vender noticias a medios nacionales, pero esto también se limitó durante la pandemia. Un periodista de esta zona dijo: “Acá los sueldos son bajos, la mayoría de compañeros trabajamos en dos medios, hacemos prensa y tv, o radio y tv, eso es lo que sucede en las fronteras, así se vive, dos trabajos para tener un sueldo que alcance”.
Cuando llegó la pandemia uno de los efectos más visibles fue la disminución de la publicidad tanto en medios grandes como en pequeños. Eso provocó la supresión de plazas laborales o cierres de medios. En Guayas, el 30% de los consultados perdió su trabajo durante la pandemia. En Carchi, un 20% de los periodistas encuestados se quedó en el desempleo. En esta provincia algunos han iniciado proyectos independientes, pero siguen en una situación precaria por los bajos ingresos que han logrado obtener.
“ACÁ LOS SUELDOS SON BAJOS, LA MAYORÍA DE COMPAÑEROS TRABAJAMOS EN DOS MEDIOS, HACEMOS PRENSA Y TV, O RADIO Y TV, ESO ES LO QUE SUCEDE EN LAS FRONTERAS, ASÍ SE VIVE, DOS TRABAJOS PARA TENER UN SUELDO QUE ALCANCE”.
En Guayas, la caída de ingresos fue el justificativo que encontraron los directivos para concretar sus planes de reestructuración, que implicaron suspensiones de jornada y luego desvinculaciones. Un periodista relató: “Estaba muy cerca de cumplir mis años para jubilarme, pero a un paso de estar en eso me despidieron. Lo mínimo que esperaba era que me dejaran jubilar. Fue inesperado porque inicialmente lo que nos dijeron era que algunos iban a mantenernos con suspensión temporal y luego nos mandaron un correo diciéndonos que nos desvinculaban de la empresa”.
En Carchi, se redujo casi a cero los ingresos por pauta, sobre todo al inicio del confinamiento. La Asociación de Comunicadores de esa provincia gestionó con entidades estatales y con la empresa privada ayudas alimentarias y elementos de bioseguridad para 70 comunicadores durante los primeros meses de la pandemia.
Quienes mantuvieron sus trabajos, informaron sobre largas jornadas de la mano del teletrabajo. “Parecía que nunca iba a terminar de trabajar porque como teníamos el programa instalado en las computadoras, nos podíamos conectar en cualquier momento. Yo me conectaba a las 09:00 y veía la hora y eran las 21:00 y seguía trabajando. En una ocasión me tocó levantar a las 05:00 para enviar textos a corrección”, contó uno de los entrevistados en Guayas.
Pero estas situaciones son más apremiantes para los periodistas independientes. Según el estudio de la Fundación, el 50% de los periodistas entrevistados en Guayas trabaja en solitario, haciendo reportería en calle, una cuarta parte usa transporte público para movilizarse y otro 25% tiene que hacerlo en su vehículo particular. Uno de los consultados afirmó: “Los más vulnerables sí son los de radios y los medios llamados más alternativos (digitales pequeños), te estoy hablando de estas personas que son periodistas desde sus perfiles de redes sociales o se crean un perfil de noticias y viven del día a día”.
En Carchi, el 35% dijo estar en relación de dependencia, mientras que la mayoría trabaja de forma autónoma para varios medios. Durante la emergencia sanitaria se vieron obligados a estar en primera línea, arriesgando su salud.
En este escenario, ha crecido otra amenaza. En Guayas los periodistas han detectado “competencia desleal” en su entorno, pues se han visto desplazados por “Youtubers” e “influencers” de programas de farándula. que están siendo contratados La afectación se refleja, sobre todo, entre los medios pequeños y comunitarios, pero además compromete profundamente la calidad periodística.
Ocho medios cerrados total o parcialmente
En Guayas, la Fundación constató el cierre total y parcial de siete medios de comunicación en la provincia: cinco privados, un comunitario y uno público; la mayoría de ellos ubicados en Guayaquil. Las razones del cierre se relacionan principalmente con la caída abrupta de la publicidad, lo que les impidió seguir al aire por la imposibilidad de mantenerse sin auspiciantes.
Los medios que cerraron definitivamente fueron: Revista Sadhana (privado), Revista Rincón Guayaquileño (comunitario), Periódico y TV El Durandeño (privado), Periódico El Horizonte (privado, cierre parcial), Periódico El Pichinchano (público), Infopower EC (privado) y el semanario Viva Samborondón (privado).
El informe enfatiza en que en Guayas muchos de los medios son unipersonales, es decir, su estructura depende de una sola persona, un comunicador o periodista que abrió un medio para difundir información que consideraba de interés a través de sus perfiles de redes sociales. Los otros medios, si bien tenían más colaboradores, únicamente les pagaban por pieza periodística. En el caso de los que cerraron, todos trabajaban de esta manera. En las entrevistas, los periodistas manifestaron su esperanza de continuar con su labor.
En la frontera norte, las redacciones de los medios locales también son pequeñas, en el caso de las radios los mismos dueños hacen las veces de reporteros. En Carchi, el cierre de Diario La Hora fue una mala noticia para el periodismo en esta zona. Los miembros de la redacción de este rotativo, formada por nueve personas, en las dos provincias, fueron desvinculados en abril, cuando acumulaban entre dos y tres meses impagos. Hasta octubre solo les habían abonado un mes de sueldo atrasado. Los dueños del medio no atendieron los pedidos de entrevista hechos por la Fundación.
Además del caso de diario La Hora, algunos medios nacionales suspendieron las colaboraciones que mantenían en Carchi. Ese es el caso de Ecuador TV, por ejemplo, que prescindió de su corresponsal y de su camarógrafo.
Otro golpe fue la suspensión de la edición impresa del Diario del Norte, un medio que cubre las provincias de Carchi e Imbabura. Eso se tradujo en despidos.
LA FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS SE LEGALIZÓ EN FEBRERO PASADO. DESDE JUNIO TRABAJA EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS PERIODISTAS Y MEDIOS.
Mínimos protocolos para la
cobertura y el bloqueo a los datos
La baja afiliación de los periodistas y su no acceso a un seguro de salud, público o privado, trajo consecuencias durante la pandemia. Por ejemplo, una periodista que tuvo que cubrir la emergencia sanitaria en primera línea y que resultó contagiada del Covid-19 en Guayas reporta hasta hoy efectos secundarios de la enfermedad.
Según el informe, el 65% de los trabajadores de la comunicación encuestados en esa provincia aseguró no haber recibido capacitación oportuna sobre cómo protegerse del Covid-19 durante las reporterías. Asimismo, el 50% reportó que no recibió ningún tipo de aprovisionamiento (tapabocas, gel antiséptico, guantes, traje de bioseguridad, etc.) por parte del medio. “Hasta el inicio de la pandemia el diario no puso lo mínimo, que era el gel antiséptico y no hubo esta exigencia de las mascarillas”, relató un periodista a la Fundación.
En Carchi, entre los periodistas que siguieron trabajando durante la emergencia sanitaria, la mitad no recibió el aprovisionamiento de bioseguridad necesario para ejercer su oficio, y solo el 45% de los medios de comunicación creó protocolos para prevenir los contagios por Covid-19. Apenas un 20% de los entrevistados se sometió a una prueba para detectar el coronavirus por cuenta de la empresa de comunicación.
A esto se suman las presiones y el bloqueo de la información. En Guayas, los entrevistados contaron que las autoridades alegaron “derecho a la privacidad” de los fallecidos y contagiados para no revelar los datos exactos ni las estadísticas de los casos. El 55% de los entrevistados aseguró haber tenido dificultad en el acceso a la información durante la pandemia. Incluso una comunicadora y un fotógrafo fueron amenazados en un hospital e impedidos de cubrir los hechos.
En Carchi, el 55% de los encuestados que trabajaron durante la pandemia se quejó de las dificultades en el acceso a la información. Informaron que no pudieron acceder libremente a estadísticas de contagiados y fallecidos y no se pudo realizar coberturas fotográficas en los centros sanitarios.
Los testimonios recogidos en Guayas hablaron de una censura relacionada con la imposición de contenidos, especialmente en los medios públicos, donde ha existido -en este Gobierno como en el anterior- injerencia para favorecer a la administración de turno. En la pandemia la situación se agravó, pues se exigía a los periodistas publicar y relevar la información gubernamental.
EL 55% DE LOS ENTREVISTADOS, TANTO EN GUAYAS COMO EN CARCHI, ASEGURÓ HABER TENIDO DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA.
La autocensura en la frontera norte
La investigación revela que la autocensura se ha tomado este territorio, que los temas polémicos se tratan superficialmente y que algunos salen de la agenda mediática de un día para otro porque a las redacciones o a los periodistas les llegan “avisos” para que dejen de informar.
Grupos armados, mafias locales que controlan el contrabando de combustibles y personas vinculadas al narcotráfico se han ido turnando en las intimidaciones a los periodistas. Estos han enfrentado estas presiones en soledad, solamente uno de los consultados puso una denuncia en la Fiscalía por una llamada amenazante que recibió desde un número de teléfono colombiano. La incipiente investigación del ministerio público llegó a determinar que la llamada fue hecha desde una cárcel en El Cauca (Colombia), pero hasta allí llegaron.
Las amenazas no han ido a más porque los periodistas han dejado de tocar los temas polémicos o han dejado de visitar lugares donde saben que no son bien recibidos. Muchos de los consultados dicen que han dejado de “exponerse” para proteger a sus familias.
Tras el secuestro y asesinato del equipo de prensa de El Comercio, las coberturas en zonas del límite fronterizo se pararon durante más de un año y no se tocó el tema de los grupos residuales de las FARC. Un equipo periodístico que siguió el caso del soldado Ilaquiche, que desapareció en la población carchense de Tobar Donoso poco después que los periodistas, recibió un mensaje claro desde el lado colombiano para abandonar la historia.
Diez periodistas entrevistados en la frontera norte para esta investigación contaron que sus pedidos de información y de entrevistas son denegados con el único argumento de que necesitan autorización de las autoridades nacionales. Esto dificulta la contrastación de la información y en muchos casos posterga las publicaciones.
Los periodistas de esta zona fronteriza, además, siempre han tenido que lidiar con amenazas. Un 35% de los periodistas encuestados dijo haber sido intimidado a través de llamadas telefónicas y haber recibido agresiones verbales. No se han hecho muchas investigaciones periodísticas de largo aliento, y las contadas excepciones han sido detenidas con intimidaciones.
La mitad de los consultados admitió haber sido víctima de algún tipo de limitaciones por parte del medio de comunicación para el cual trabaja, al menos una vez en sus años de experiencia. Entre las temáticas que los periodistas no han podido trabajar por un veto de los dueños del medio de comunicación está el gasto público en salud, la corrupción política, las libertades (matrimonio igualitario) y el contrabando.
