Por Sebastián Angulo / @SebasDrummer
De tres cosas se habla con los taxistas: clima, fútbol y política. Mientras transitaba por la avenida O’Higgins, arteria emblemática de la capital chilena, el conductor –de unos sesenta años– elogiaba la velocidad de Antonio Valencia, la casi única noción que tenía de Ecuador. Cuando el tráfico o taco, como le dicen por estos lugares, se puso más pesado, le lancé:
—¿Qué le parece la presidenta Bachelet?
—Es terrible lo que está pasando, po’ –contestó, luego de respirar hondamente–, ahora resulta que hay demasiada corrupción en Chile. Todos estamos molestos y cansados. Todos son mañosos, los de izquierda y de derecha. No sé que pasa… ¿Qué le pasa a Chile?Lo decía con un tono que denotaba indignación y vergüenza.
La carrera finalizó cuando el taxímetro marcó 3 200 pesos. Cuando bajé del auto, un carabinero me dijo que la circulación vehicular era lenta debido a las protestas estudiantiles que piden esclarecer los casos de corrupción que se destaparon en los últimos cinco meses. Los diarios todos los días tratan de establecer la red de políticos implicados en actos ilícitos. Una vez a la semana aparece, al menos, un nombre nuevo en la lista.
El último Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el de mayor credibilidad de este país, que se presentó el 7 de mayo, muestra el nivel más bajo de confianza que tiene la ciudadanía hacia los partidos políticos en Chile desde el regreso a la democracia, con apenas el 3% de credibilidad.
Ricardo González, coordinador del Programa de Opinión Pública del CEP, cree que esta cifra es la más baja que se ha registrado desde el 2002, año en que se incorporó esta pregunta a sus sondeos. Sin embargo, explica el mismo González, consultoras internacionales planteaban esta interrogante en sus estudios aplicados en este país en años pasados, como la realizada por World Values Services, en 1990; en ese año, la confianza en los partidos políticos llegó al 50%. En el 2011, la misma encuesta marcó el 17% “y la cifra que obtuvo esa organización fue similar a la del CEP”, dice el funcionario.
Pero, ¿cómo llegó Chile a este momento? A finales del 2014 ocupó el puesto 21, junto a Uruguay, en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI). Es decir, las naciones menos corruptas de Latinoamérica. Mientras que Ecuador llegó al puesto 110 y Venezuela al 165.
Hace unas semanas, el diario El País, de España, titulaba: “La vanidad herida de Chile”, para referirse al momento que atraviesa la nación, considerada un modelo en el manejo económico, político y hasta moral en la región.
Pero, para entender estas cifras en rojo y todo el culebrón político, debemos remontarnos a finales de enero de este 2015. En ese entonces, se reveló el primer indicio de posibles actos ilícitos. El primer escándalo, conocido como el caso Caval, tiene que ver con los procedimientos poco éticos en los que habría incurrido Natalia Compagnon, la nuera de Bachelet, para obtener mayores ganancias y beneficios en negocios inmobiliarios. A la empresaria se le acusa de “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, según la Justicia chilena. La esposa de Sebastián Dávalos, el hijo mayor de la Mandataria, es propietaria del 50% de las acciones de la empresa Caval. Con un préstamo de USD 10 millones que Dávalos habría gestionado personalmente con Andrónico Luksic, propietario del Banco de Chile, y que este le habría concedido de inmediato, Caval adquirió unos terrenos en Machalí, una comuna en el centro del país. Estos predios fueron revendidos y gracias a ello la inmobiliaria habría obtenido una ganancia de más de USD 4 millones. El asunto no queda ahí. La revista chilena Qué Pasa, la primera en mirar la cola del ratón, reveló a finales de febrero (http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml) que Caval selló otro contrato con el nuevo dueño de los terrenos. Si estos se venden por segunda ocasión, la firma implicada recibiría al menos otros USD 2 millones más. Todo ello habría permitido ganar a la inmobiliaria más de USD 7 millones en pocos meses gracias “al tráfico de influencias”.
El otro escándalo, conocido como caso Penta y Soquimich, es más transversal y están implicados políticos de la izquierda y la derecha chilenas. Se inició un proceso por supuestos delitos tributarios y pagos de soborno en el cual están involucrados hasta empresarios. La red enlaza hasta al expresidente Sebastián Piñera. Por estas supuestas irregularidades, la Justicia chilena ya ordenó la detención de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los fundadores del grupo Penta, un holding que maneja activos por unos USD 20 000 millones. También se dictó la prisión preventiva de Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el gobierno de Piñera (2010-2014); e Iván Álvarez, exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII). Ahora, estos funcionarios se encuentran bajo prisión domiciliaria. La acusación inicial dice que el fraude alcanzó los USD 260 millones que habrían servido para financiar campañas de políticos de diferentes tendencias.
Para el filósofo y analista político Max Colodro, además de la crisis de corrupción coyuntural que sufre Chile, la clase política y las instituciones atraviesan su momento más bajo de confianza debido a un “problema más profundo que se genera en una frustración de expectativas de la sociedad”. Esta desilusión, dice Colodro, es producto de cambios y reformas que se han ofrecido en diferentes ámbitos, pero que no se han cumplido. El punto más alto de indignación, que entró a la historia chilena, se vivió el 6 de mayo. Eran las 20:00 y la presidenta Bachelet anunciaba que pidió la renuncia a todos sus ministros. Lo hizo nada más y nada menos ante el famosísimo Don Francisco. Y no fue en Sábado Gigante. Mario Kreutzberger, nombre original del presentador, realizó una serie de entrevistas a los políticos más influyentes del país. El programa se llamaba ¿Qué le pasa a Chile?, la misma pregunta retórica que se hizo el taxista y que todos se la hacen acá por estos días.
Ahora, al país austral le espera vivir una reforma constitucional programada para septiembre de este año. En la elaboración de la nueva Carta Magna —promesa de campaña de Bachelet— se incluirán mecanismos para evitar nuevos casos de corrupción, como el financiamiento total de los partidos políticos con fondos públicos y no a través de aportes empresariales.
Ante ese escenario, dice Colodro, los partidos enfrentan el desafío de reestructurarse y ajustarse a la nueva Constitución. El camino que deben tomar para que mejoren su imagen ante la ciudadanía –continúa el analista– es fijar una agenda de modernización y cambio en su legislación que contribuya a restringir la relación entre la actividad política y la actividad empresarial.
Jaime Bellolio, diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha, asegura que las agrupaciones políticas siempre han tenido baja aceptación por parte de la población desde 1990. “Hay un fenómeno mundial de desencanto con la política”, asegura. Sin embargo, reconoce que la baja popularidad se agudizó debido a estos últimos casos de corrupción en el país. Tanto las empresas como los partidos chilenos –afirma el diputado– “no han evolucionado a la par del mundo” y por ello requieren modernizarse para no desaparecer. “La modernización implica preocuparse de los problemas cotidianos de los ciudadanos”.
Asimismo, para Pepe Auth, jefe de bancada de diputados del Partido por la Democracia, de centro izquierda, la poca aceptación que tienen los políticos “no es ninguna novedad”. Actualmente, lo correcto, dice Auth, es “hablar mal sobre la clase política”. Según el socialdemócrata, la creación de una nueva Constitución será el espacio para la refundación de todas las agrupaciones políticas chilenas. “Yo soy partidario de que los partidos pasen a ser corporaciones de derecho público y no de privado, de manera que se les pueda hacer exigencias en esa calidad”.
Mientras tanto, todos continúan tratando de resolver la pregunta: ¿qué le pasa a Chile? Luego de la autocrítica en todos los sectores de la sociedad, una nueva Constitución parece ser la salida. En septiembre se iniciará la resolución de este acertijo.
Sebastián Angulo es ibarreño perdido en Santiago de Chile. Como periodista ha escrito sobre economía para El Comercio, Hoy y Revista Líderes. A veces, toca la batería y se considera más curuchupa que hipster. Actualmente cursa el Magíster en Periodismo Escrito en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Felicitaciones muy buen escrito.