Por Stephen Bruque
Mucho se ha dicho ––desde foros y encuentros relacionados con urbanismo y desarrollo– sobre la importancia del espacio público en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Estas discusiones se han circunscrito, en mayor medida, al ámbito de lo arquitectónico, dejando en un segundo plano otras miradas que puedan aportar al debate desde lo cultural y desde lo social.
No obstante, la visión unívoca sobre el espacio público repercute en la adopción de políticas públicas e implementación de acciones desde los gobiernos locales, de aquello que parecería ser lo ideal para todos y todas, pero donde no todos y todas opinamos.
Y es que la discusión sobre el espacio público debería responder a cuestiones clave como las formas de interacción que se pueden dar en estos espacios, desde una construcción de convivencia, inclusión y participación. Y surgen preguntas: ¿De qué manera lo funcional y lo estético pueden dar respuesta a las diversas necesidades ciudadanas, desde aquellos que requieren generar una fuente de ingresos, hasta aquellos que necesitan un espacio de creación y expresión?, y ¿cómo los habitantes de las ciudades pueden ser parte de la construcción de políticas sobre espacios públicos?
Hay que recordar que la Constitución ecuatoriana, en el Art. 23, reconoce que “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.” Esto implica que toda política que modifique su uso está promoviendo o restringiendo el ejercicio de un derecho constitucional. De tal manera que el debate sobre estas políticas debe cobrar mayor relevancia y hacer hincapié en enfoques sociales y culturales que trasciendan lo meramente físico.
“Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.” Artículo 23. Constitución de la República del Ecuador.
Este artículo constitucional señala además que “El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.” Es decir, existe una estrecha vinculación del espacio público con la expresión cultural de quienes habitan la ciudad. Pero estos temas han estado sujetos a la coyuntura creada por las distintas administraciones locales, las cuales han visto desde distintos parámetros las formas en las que el espacio público se puede convertir en lugar para la expresión social y cultural.
La recién aprobada Ley de Cultura reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso, participación y difusión de expresiones culturales diversas en el espacio público. Expresiones como el teatro callejero han estado presentes desde siempre, tomándose plazas y parques sin mayor inconveniente. Sin embargo, otras expresiones artísticas como el graffiti generan más tensiones y cada alcaldía lo ha manejado a su manera. Ahora, se requiere que la política pública local sea más clara en relación con estos temas.
En el caso de Quito, se podría analizar las huellas que han dejado diversas alcaldías con el paso del tiempo, y donde la intervención del espacio público ha sido, en muchos casos, la puesta en práctica de una visión de disenso y no de consenso, con resultados diversos. Solo por mencionar el caso de los espacios públicos inaugurados en la alcaldía de Augusto Barrera, podemos comparar el bulevar de las Naciones Unidas con el bulevar de la 24 de Mayo. El primero se convirtió rápidamente en un espacio de alto tránsito peatonal, desde una apropiación del espacio y de las propuestas culturales que allí se presentan. El segundo se convirtió enseguida en un desierto de cemento que anuló las posibilidades de una apropiación por parte de los vecinos del sector y de los turistas a los que se quería atraer.
En la actual administración se destaca el interés por readecuar parques y canchas en distintos puntos de la ciudad. El césped o suelo sintético es sinónimo de ‘modernidad’ en estos espacios destinados a la recreación activa. Estas acciones muestran el interés del gobierno local por mejorar estos lugares, sin embargo, no dan cuenta de una verdadera política sobre el espacio público vinculada a lo ecológico, a lo sociocultural, a lo estético, a lo productivo, entre otros ámbitos de importancia.
Si bien hay que reconocer que cada alcaldía ha aportado con ciertas iniciativas creativas e interesantes para incentivar dinámicas sociales y culturales en determinados espacios, todas han sido esporádicas y sin una continuidad real. No se trata de recurrir al eventismo para cumplir con normativas o buscar respaldo popular. Tampoco se trata de reclamar puntualmente esto o aquello en cuanto al mantenimiento del espacio físico. Se trata de generar una política pública con una mirada amplia sobre la necesidad de que las personas y comunidades construyan, deconstruyan y reconstruyan su propia realidad desde el plano físico-funcional y simbólico-interpretativo de los espacios públicos de Quito. Un urbanismo social que incida en la vida de todos aquellos que formamos parte de esta ciudad.
Stephen Bruque es comunicador y gestor cultural, especialista en Museos y Patrimonio Histórico por la Universidad Andina Simón Bolívar.
