Redacciones Ecuador Chequea y La Barra Espaciadora
La necesidad de votos para aprobar el proyecto de Ley que normará el aborto por violación —despenalizado en el país desde abril del año pasado— ha hecho que la Comisión de Justicia de la Asamblea cambie continuamente los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.
Hace un mes, la Mesa propuso un tope de 28 semanas de gestación en personas mayores de 18 años y dejó sin plazos para el caso de menores. Hoy, en cambio, se aprobó que sea máximo hasta las 16 semanas de gestación y, en los casos excepcionales de niñas, adolescentes, personas de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, hasta las 18 semanas de gestación.
Así consta en el informe final que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea para su votación. En el discurso la justificación para reducir los plazos es lograr una “Ley justa y reparadora”. En realidad, según fuentes bajo reserva, hay dos motivos:
El primero es tratar de convencer a la mayoría de legisladores para lograr los 70 votos necesarios. Es que, a pesar de que el aborto por violación se despenalizó hace casi un año, hay asambleístas que tratan de llevar el debate hacia si es legal o no la sentencia de la Corte Constitucional, cuando esa es ya una decisión tomada. “Yo espero que obtengamos los votos para que así la Asamblea pueda acatar la resolución de la Corte, una vez que se ha llegado a un consenso en cuanto a los plazos”, dijo Esther Cuesta (UNES).
El segundo motivo para reducir los plazos es evitar que el Pleno trate el informe de minoría, impulsado por la correísta Sofía Espín, donde se propone que el plazo máximo sea de 6 semanas para mujeres mayores de 18 años, y hasta 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad.
Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión, dijo que no está de acuerdo con los plazos que constan en el informe final, ya que es arbitrario e injusto con las niñas, adolescentes y mujeres violadas. “Sin embargo, el informe de minoría no es una opción y es inconstitucional, no cumple con los señalamientos de la Corte y pone obstáculos al acceso a este procedimiento”, dijo Jaramillo, al dar su voto a favor del informe de mayoría.
Por su parte, Espín defendió su propuesta y confía en que el de mayoría no tenga respaldo.
Aun con los ajustes a los plazos, nada está seguro en el Pleno, donde las bancadas han dejado en libertad de votación a sus asambleístas para que lo hagan de acuerdo con sus criterios personales.
El panorama
Con o sin Ley, la despenalización del aborto por violación está vigente en el país. La sentencia de la Corte Constitucional ordena a la Asamblea que apruebe una normativa que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, pero deja claro que la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir la sentencia, ni sancionar a mujeres o médicos que realicen el procedimiento.
Cristina Vera, abogada y activista, explica que si la Asamblea no logra aprobar la Ley, el sistema de salud —público y privado— tiene que seguir brindado el servicio y el Ministerio de Salud debería establecer unos lineamientos temporales, sin requisitos o condiciones. “La Asamblea caería en un incumplimiento”, agregó.
Integrantes del movimiento feminista cuestionaron los nuevos plazos que constan en el informe de la Comisión de Justicia al considerarlos restrictivos. A través de su cuenta de Twitter, Estefanía Chávez, de la organización Surkuna, reveló que, de las 21 sobrevivientes que han atendido desde abril de 2021 y que han solicitado un aborto por violación, el 57% se encontraba en el segundo trimestre, por encima de la semana 20 de embarazo.
Esta publicación es parte de la coalición Ecuador Verifica y ha sido realizada por el equipo de Ecuador Chequea.
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