Por Karol Noroña / @KarolNorona
«Llevo a Ecuador y a mi pueblo en el corazón, le doy esperanza a los familiares para que sigan buscando a sus desaparecidos», dijo Joel, padre de Sara y Sofía Oviedo, cuando supo que por fin las habían encontrado.
Dejaron su Venezuela natal para escapar del hambre, de un futuro oscuro que no auguraba luz. Joel, Misbelia, Sara, Sofía, Eliza y un bebé que pronto llegará al mundo son el rostro de los caminantes que, lejos de su nación, buscan un proyecto de vida digna, humana y amorosa. En 2017 pisaron por primera vez tierra ecuatoriana y en este territorio encontraron finalmente su hogar. No ha sido fácil. Sus pies llevan impresas las huellas de cientos de jornadas duras en las calles, de su resistencia como ciudadanos de a pie que se ganan el pan diario con las ventas ambulantes, la vía de sustento que miles de ecuatorianos y migrantes asumen como batalla diaria frente a la crisis sanitaria.
-Venimos desde abajo, de las calles, del esfuerzo, me dice Joel.
-¿Y cómo ha sido la vida en Ecuador?
-Nos ha ido bien, bendito Dios. Este país nos abrió las puertas para poder crecer, para estar estables.
Joel está emocionado, aliviado. Su voz ya no es la misma del 25 de abril, cuando pedía a la comunidad ecuatoriana y a la venezolana seguir con la búsqueda de Sara y Sofía, sus hijas de 13 y 12 años. Durante cuatro largos días, un Ecuador conmocionado llenó las redes sociales con sus rostros. Habían desaparecido a las 16:30 del jueves 22 de abril en las calles Gonzalo Zaldumbide y Ramón Borja, en el sector La Kennedy, en el norte de Quito, justo cuando 16 provincias del país volvían al confinamiento por la pandemia del covid-19. La crisis sanitaria ha frenado miles de servicios, pero no ha pausado la desaparición de personas, que se ha recrudecido en medio del silencio.
“Fueron cuatro días sin dejar de trabajar por mis hijas, de buscarlas, de hacer una secuencia junto al equipo investigativo de Ecuador que nos apoyó”, cuenta Joel, mientras espera el reencuentro con sus niñas en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Macará junto con miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinapen). Minutos más tarde de nuestra conversación, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, confirmó la noticia.
Aquel 22 de abril, Joel y Misbelia salieron de su casa rumbo a una clínica para el chequeo rutinario de su embarazo. Sara y Sofía quedaron al cuidado de Jonas, su tío, quien luego contó que las niñas fueron a comprar a un minimarket cercano. No regresaron. Entonces, la búsqueda incansable comenzó y a las 13:18 del 23 de abril, la denuncia del caso se formalizó en Fiscalía.
El rescate de Sara y Sofía, ¿una luz en medio del vacío?
Un hombre que había visto los carteles de búsqueda de Sara y Sofía las reconoció en un bus y no dudó en ayudar. Hizo que el vehículo se detuviera y allí las encontraron, en Castilla, en la ciudad peruana de Piura. La tarde de lunes 26 de abril, mientras Joel esperaba el encuentro con sus hijas, el abogado Aníbal Rivero, representante legal de la familia, afirmó que las hermanas habían sido encontradas junto con dos mujeres que las habían sacado de Ecuador -y que habrían sido aprehendidas para las investigaciones del caso-. Sin embargo, Tanya Varela, comandante general de Policía de la República del Ecuador, descartó la mañana del martes 27 que existieran personas detenidas por la desaparición de las niñas. Según la información oficial, fueron localizadas solas y desorientadas, e indicó Varela que, a pesar de que no habría nadie detenido, la indagación continuará. Lo dijo en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, que dejó más preguntas que certezas: ¿cómo dos niñas son encontradas en Perú cuando en Ecuador las fronteras se mantienen cerradas y las restricciones de movilidad se refuerzan? ¿Por qué se dijo que dos mujeres habían sido detenidas por presunto secuestro y luego se desmintió esa información? ¿Cómo avanzarán las investigaciones si no hay presuntos responsables detenidos para ser investigados?
La comunidad cumplió su rol: miles y miles de carteles que exigían su búsqueda se viralizaron en redes, varias publicaciones fueron impulsadas por organizaciones sociales como la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, la Fundación Venezolanos en el Exterior Ecuador, el activista Eduardo Febres Cordero y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador, incluso antes de que los afiches del Ministerio de Gobierno se difundieran por canales oficiales. Pero estas denuncias no son aisladas.
En el país hay solo subregistros que no logran dimensionar la problemática de desaparición de personas, que se ha recrudecido en medio de la impavidez de las autoridades. El balance del Ministerio de Gobierno -la Cartera de Estado que por ley debe llevar el registro- fija que desde 1947 hasta febrero del 2021, 1 556 personas aún siguen desaparecidas en Ecuador. Sus casos todavía se encuentran en investigación previa, la primera fase del proceso investigativo. Y las alertas, en lo que va del 2021, se multiplican: 1 418 emergencias de desaparición de personas han sido receptadas por las salas del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Es decir que son, en promedio, 12 las emergencias registradas a diario.
La colaboración ciudadana fue clave para encontrar a las niñas Oviedo Quintana. Una serie de imágenes que las ubicaban en la frontera con Perú se difundían en redes sociales como posibles pistas de su paradero. Esa viralización también puso en debate el cuidado y los recaudos que deben tomarse para hacer circular información cuando nos enfrentamos a casos de desaparición de personas. Las desapariciones no son coincidencia y en la estructura de la problemática pueden tejerse otros delitos como redes de trata, ciberdelitos, acoso, violencia de género, tráfico de personas, esclavitud sexual, entre otros. Cuidar vidas es también cuidar la información.
Joel relata que fueron días sin madrugadas, todos destinados a la búsqueda conjunta con las autoridades ecuatorianas y el equipo de la Dinapen, liderado por la mayor Silvia Araque y el capitán Alejandro Iza. Debido a las alertas de una posible salida forzada del país, la Interpol emitió su alerta amarilla internacional de búsqueda de personas desaparecidas y el Ministerio de Gobierno activó la alerta Emilia, aunque tardía, el domingo 25, a tres días de la denuncia. Las investigaciones seguían hasta que Joel recibió una fotografía de sus niñas.
Misbelia sonríe ahora, acompañada de su abogado, Aníbal Rivero, mientras confirman la noticia de su rescate en una transmisión en vivo presentada por la periodista venezolana Yasmina Hera, quien reside en Quito y quien, además, acompañó la cobertura del caso y la socializó con periodistas ecuatorianos. El jurista, por su parte, dijo que la familia y las autoridades nacionales realizarán una rueda de prensa para esclarecer las circunstancias del caso y no adelantarán detalles hasta la apertura del diálogo oficial.
Ella, madre de tres, se siente acompañada, hay en ella un alivio que contagia. El que sentiría toda mamá que reclama a sus hijas desaparecidas.
El caso de Sara y Sofía es un símbolo de esperanza en este país, de lo que se logra cuando hay unión. Pero sí, es aislado. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, cuyos miembros se unieron a la búsqueda de las niñas con la difusión de la Alerta Ralse, una acción desde la sociedad civil, sienten también la tranquilidad de que las niñas estén en casa, pero exigen que la investigación determine el fondo de esta desaparición y la de miles de personas que aún no regresan a su hogar y que son reclamadas vivas por los familiares. “Nos alegramos profundamente por sus padres, nosotros sabemos lo que es vivir una desaparición, pero sabemos que es importante conocer qué es lo que hay detrás de la ausencia, ¿cómo dos niñas de 13 y 12 años desaparecen de cara a las restricciones por el covid-19? Hemos escuchado cómo las autoridades hablan de desapariciones “voluntarias” cuando publican una fotografía, para ellos es fácil hacerlo, pero debe indagarse en los motivos, de lo que hay detrás de esas ausencias”, dice Lidia Rueda, presidenta de Asfadec.
Fernando, padre de Michelle Montenegro, joven docente y activista desaparecida el 5 de junio del 2018, grita siempre frente a la casa del gobierno ecuatoriano, en el Centro Histórico de Quito. Es crítico con la actuación de fiscales y agentes investigativos: su caso no avanza y Michelle aún no está en casa. Piensa en la importancia de la celeridad en los procesos, pero también cuestiona cómo, en pleno estado de excepción, dos niñas son movilizadas hasta la frontera con Perú sin que las hayan encontrado primero. “Estaban con dos mujeres, ¿cómo es posible que eso suceda? Fiscalía recién emitió la alerta Emilia el domingo 25 de abril. Tenían que hacerlo apenas se conoció la denuncia. Eso es lo que reclamamos. Este caso nos alegra, claro que sí, pero es importante que se agilicen las pericias de búsqueda”, afirma.
Sara y Sofía han sido encontradas y esa es una buena noticia, un signo de lo que la presión social consigue. Pero ayer también fue localizado el cuerpo sin vida de Pablo Alexander Landeta Tonato, un joven de 29 años, desaparecido el 20 de abril del 2021, en el sector La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Y los carteles de búsqueda comienzan a replicarse nuevamente para encontrar al pequeño Joshua Salinas,de 8 años, desaparecido el 14 de febrero del 2019 en Otavalo y a quien su madre Lilia Acosta busca incansablemente o a Alexander Romo, de 2 años, desaparecido el 6 de noviembre de 1994, en Quito. Desde hace más de 26 años, María Eugenia Basantes, su madre, reclama el silencio y espera respuestas por el paradero de su hijo.
El hogar en la maleta
“Todo principio es duro”, dice Joel, recordando el largo camino que ha recorrido junto a su esposa y a esas dos niñas, Sara y Sofía, que estudian en colegios de Quito. El camino ha sido difícil, afirma, pero siempre hay momentos para tomar impulso. Ha tocado puertas, ha pisado suela, ha sentido las ampollas en las plantas de los pies, como también lo ha hecho Misbelia. Después de cuatro años en Ecuador, el futuro ya pinta luz. “Yo tengo conocimiento en repuestos automotrices y vehículos de alta gama. Ahora tengo mi empresa en este país que me acogió. Puedo decir que, gracias a Dios, ahora estamos estables”, cuenta Joel. Pero esa realidad le es ajena a miles de migrantes que dejaron su nación y se las arreglan en la calle desde entonces.
Entre 2015 y septiembre de 2019, casi 400 000 migrantes venezolanos decidieron establecerse en Ecuador, de acuerdo con el informe ‘Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador’, elaborado por el Banco Mundial y difundido en junio del 2020. Y la cifra de los caminantes que buscan sobrevivir al éxodo y al abandono de su propia nación en Ecuador va en ascenso. José Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, afirma que, de acuerdo con el balance y análisis realizado por la organización, son 450 000 migrantes, regulares e irregulares, residentes en el país hasta marzo del 2021. Desde Venezuela en Ecuador, explica, han mantenido contacto con 275 000 venezolanas y venezolanos que han llegado al país para asesorarles, guiarles laboralmente y conocer su condición socioeconómica para contribuir a su desarrollo y no dejarlos solos, solas. El 86% del total, dice, todavía continúa en una situación irregular con su hogar aún en la maleta, buscando oportunidades y trabajo.
El 24 de mayo del 2021, Guillermo Lasso llegará al sillón presidencial con varios pendientes en su agenda de Derechos Humanos y este es uno de ellos. Las organizaciones y los movimientos sociales son firmes. El Ecuador necesita un gobierno que se ocupe de las personas desaparecidas y de sus familias, y de quienes se encuentran en situación de movilidad, caminando miles de kilómetros, intentando quebrar el mandato de desigualdad, corrupción y pobreza que les ha arrancado de su tierra.
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