Por Fernanda Carrera / @AF1825
La fachada de una casa de caña ha sido utilizada para presentar un plan de vivienda del Estado, como parte de un albergue temporal y como escuela de boxeo. Ahora, es una de las dos paredes que protegen a las familias que aún no pueden acogerse a un plan de contingencia, después de que ese mismo Estado destruyera, el pasado 27 de marzo, sus viviendas, en un operativo de desalojo. La segunda pared fue construida con fundas de plástico. Los escombros quedaron disimulados detrás de un conjunto de banderas blancas.
El plan de vivienda
El 21 de abril, la que podría ser considerada una de las casas más populares del sector fue utilizada por dos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador (Miduvi) para exhibir una oferta de vivienda que ilusionó parcialmente a las familias desalojadas. Una de las funcionarias explicó que podrían comprar una casa de caña, más un terreno, en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, pagando 5 877 dólares. Mientras señalaba el frágil papel con la fotografìa de una casa y algunas cifras escritas con marcador, explicaba a las familias pobres que la cuota inicial que deberían pagar en el Banco de Fomento sería de 482 dólares. Todos la contemplaban atónitos. “El acuerdo al que se ha llegado es que esta cuota sea en seis meses. Las casas se les va a entregar inmediatamente aun así no paguen la cuota, y la cuota la van a ir pagando poco a poco, pero van a recibir la casa”. Las familias que estaban por cumplir ya un mes durmiendo en la calle, en carpas, en viviendas de familiares o vecinos y albergues temporales, acordaron visitar estas casas al día siguiente de ese encuentro.
Cuando llegaron al lugar, se encontraron con el dueño de una empresa fabricante de bloques, quien alegaba ser el propietario del terreno. Era Manuel Orellana.
Manuel mostró un certificado estatal que prueba su permanencia en el sector desde antes del 2010. Él presentó, además, dos oficios con el logo institucional y la firma de Fernando Jara, gerente del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, y Jordi Sánchez Cuenca Alomar, coordinador zonal 5, los dos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los documentos –uno de ellos impreso con fecha 4 de febrero de 2015 y el otro sin fecha– están titulados así: “Predio para reubicación temporal en Las Marías, Monte Sinaí”. En el primero, se solicita que “traslade sus pertenencias a otro solar en el proceso de ocupación del solar asignado para el Proyecto piloto de viviendas de interés social”. En el segundo, le anuncian que tiene “48 horas para que se haga efectivo el traslado de sus equipos, maquinarias y enseres al predio que le fue asignado”. En los dos documentos se establece que la reubicación será temporal, palabra que no se utiliza en la primera notificación, mediante la cual la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares establece que Orellana “será reubicado en otro predio”, citando la reforma a la Ley de Legalización de Tenencia de Tierras (Ley 88).
En un oficio posterior MIDUVI-PNDU-2015-010-0E, la entidad cita el documento enviado el 4 de febrero, señalando que: “Se le hace conocer las coordenadas georeferenciadas del lote temporal que le fue asignado para el traslado” (sic).
El Estado justifica su decisión de retirar las pertenencias de Orellana del lote donde habrían de vivir los desalojados, apelando a la Ley 88, según la que, por efecto de planificación urbana: “Para determinar zonas de equipamientos comunitarios de índole social, si se requiere uno o varios lotes que ya tienen posesionario, este cederá el lote y será reubicado en otro predio”. La ley no hace referencia a “Reubicación temporal” sino a “Reubicación”.
El 20 de marzo –como resultado de una diligencia previa–, el perito judicial nombrado por la Unidad Judicial Civil señaló que el terreno donde se construirán las casas para los desalojados mide 9 398 metros cuadrados.
Manuel no acepta la reubicación en los términos que le ha sido ofrecida. El documento con el sello de Miduvi establece que deberá ser reubicado temporalmente en un lote que mide 7 418 metros cuadrados. Abrumado por la situación y acompañado por uno de sus extrabajadores, cree que la reubicación no le da seguridad jurídica. “¡El 23 de abril proceden a un desalojo forzoso, me desocupan del local, me sacan a mí y a mi familia y me ponen candado!”. Llueve sobre Monte Sinaí, mientras Manuel Orellana se lamenta y revisa los documentos, frente a la reja que delimita el terreno donde aún permanecen los bloques de cemento de la que fuera su empresa. Diez trabajadores construyen las casas de los desalojados.
Tres esqueletos de caña y cemento constituyen las estructuras de las tres viviendas ya construidas sobre el terreno. Cuatro más se sostienen, a medio edificar, sobre los hilos verdes que delimitan el espacio. Seis familias de la extinta Mélida Toral ocuparán estas viviendas, según la información oficial del Miduvi, publicada el 19 de mayo en su página web.
El albergue
Aunque la realidad prueba que las reglas en la Isla Trinitaria son distintas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –acorde con el Derecho a la Vivienda que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– establece que el Estado debe “adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento”, cuando los afectados no dispongan de recursos.
El 28 de abril, en el Centro de Atención Municipal Integral (Cami), el grupo de familias desalojadas mantuvo otra reunión con los mismos funcionarios del Miduvi que usaron la pared como espacio para presentar el plan de vivienda. Sin embargo, la propuesta ya no era la misma.
–¡Esa es la propuesta del Estado –dijo uno de esos empleados estatales–, los compañeros que deseen retirarse voluntariamente lo hacen, el Estado les está prometiendo eso, no hay más!
–¿De dónde va a sacar la gente 480 dólares? –le increparon.
–¡Ustedes lo pegaron en la puerta y dijeron que ya estaba aceptado!, –dijo alguien más.
–¿Fernando qué les dijo? –preguntó el funcionario, refiriéndose a Fernando Jara, gerente del Programa Nacional de Desarrollo Urbano Monte Sinaí.
–Que iba a hablar con la ministra y a la larga no les aceptó nada…
–Llevamos el planteamiento y el mismo Fernando habló con ustedes, les dijo que iba a hablar con la ministra, que les iba a extender el plazo…
Para Ivete Ravilla, una de las mujeres desalojadas, madre de tres hijos y pareja de un trabajador informal, la oferta del Miduvi no se ajusta a sus condiciones económicas.
–Nosotros le dijimos a los señores del gobierno que nos ayuden, que podíamos dar la mitad y la otra mitad que nos hubiese diferido, pero el gobierno dijo que no, que tenían que ser los 482 dólares en un mes.
Un mes y veinticuatro días han pasado desde que Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría Técnica de la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, creada por el presidente Rafael Correa, dijera –ocho horas antes de que empezara el desalojo– que 47 familias habían accedido a este plan. El 20 de mayo, el Miduvi anunció públicamente que la ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, fue recibida con aplausos por los integrantes de las seis familias que habitaban en la desaparecida cooperativa Mélida Toral, quienes se acogieron al Plan de Contingencia. Al cierre de este artículo, seis familias ya se han acogido al Plan de Vivienda, pero una decena de familias sigue viviendo en la calle. Durante el día el sector permanece vacío. Al terminar su jornada de trabajo, los desalojados ocupan el albergue precario que han construido con fundas, cañas y plástico.
En su parte pertinente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que: “Los desalojos forzosos, que se define como ‘la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índole’, son, prima facie, una violación del Pacto”.
El knock-out
Mientras ocurría el desalojo, ese 27 de marzo, el hijo de Antonio aprobó el examen de ingreso a la universidad. Ahora, la vida de la familia transcurre alrededor de una casa colectiva casi sin paredes. Alguna canción romántica del grupo Aventura suena a todo volumen por ahí. Ha caído la tarde y se pueden escuchar los golpes secos junto con esa música melosa. Han empezado las clases de boxeo en la improvisada escuela que dirige Jecson Preciado, otro vecino de la cooperativa Mélida Toral. Jóvenes aprendices se preparan en la faena de golpear profesionalmente a otros con sus guantes. Es más, dos de ellos participarán en un campeonato nacional de boxeo dentro de unas semanas más.
“Necesitamos una ayuda de urgencia, si no, vamos a estar aquí siempre, porque no tenemos adónde ir”, dice Antonio, para resumir su angustia. Entonces, otro golpe seco suena cerca de él.
Ese mismo día, la noticia de la llegada del papa Francisco al Ecuador ocupa la primera plana de los periódicos. Pero, esta noticia tiene una connotación distinta para estos habitantes de la provincia del Guayas, pues el gobernador, el oficialista Rolando Panchana, acaba de presentar su renuncia por pedido de sus propios compañeros de bancada. Es que ha propuesto cambiar el sitio donde el Sumo Pontífice oficiará la Misa, en Guayaquil, y eso, al parecer, ha molestado a su movimiento político. Según su coidearia Viviana Bonilla, secretaria de la Polìtica, Panchana “sugirió sin sustento” y “afirmó sin presentar el informe”. Antonio se enteró de la noticia unas horas después, cuando el mismo Julio César Quiñónez –hasta entonces titular de la Secretaría Técnica de la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares– fue nombrado nuevo gobernador de la provincia.
–¡Sal de ahí, rápido, muévete –ordena el instructor a uno de sus pupilos–, saca las manos largas porque te va el contragolpe!.
Preciado sostiene dos manoplas y sus estudiantes se mueven como si bailaran, resistiendo la pelea.
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Galería de Santiago Arcos Veintimilla
Excelente nota ¿qué hacer para ayudar?