Por Jefferson Díaz / @Jefferson_Diaz
*Fernando está enfermo: es seropositivo y emigró desde Venezuela hacia Ecuador hace dos años para conseguir los medicamentos que le permitan sobrevivir. Desde que llegó a Quito, no ha conseguido un empleo fijo. Trabaja a destajo en restaurantes y centros de belleza como personal de limpieza.
“No es fácil. Es un cliché, pero es la verdad: no es fácil ser migrante. Mira, yo he vivido xenofobia por mi acento, discriminación por mi enfermedad y rechazo por querer reclamar mis derechos. No es fácil”, insiste Fernando: 30 años, un metro ochenta y nueve de estatura, gelatina en el pelo, uñas bien cortas y ropa bien planchada.
El 27 de mayo de este año, un día después de que se celebró la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela, Fernando estaba haciendo la fila para recibir sus medicinas en el hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de Quito, y le sorprendió que en menos de un día, durante una sola reunión, se juntaran 2 790 millones de dólares para ayudar a sus coterráneos.
“No era la primera vez que leía sobre donaciones para los venezolanos en los países de acogida. Pero me sorprendió el monto tan elevado. ¿Qué no haría yo con solo una centésima de ese dinero? ¿Qué no haría, para ayudar a mi familia, a mis seres queridos, con parte de ese dinero?”, dice este periodista y también recuerda que cuando solicitó ayuda, este año, a HIAS Ecuador y Acnur Ecuador, le dijeron que no había presupuesto.
Fernando también se enteró de que el 31 de agosto, la Cancillería de Ecuador realizó la 18° Mesa de Movilidad Humana. Un mecanismo que ideó el gobierno ecuatoriano para reunirse con todos los actores que atienden a la migración venezolana en este país desde el 2018. La última mesa reunió a más de 60 representantes entre diplomáticos, miembros de la sociedad civil y coordinadores de las diferentes agencias que conforman el Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador.
Pasada una hora y 20 minutos del encuentro, Fernando escuchó con más atención lo que se decía: la moderadora anunció que Diana Veloz, directora de la Unidad de Inclusión de la Comunidad Extranjera de la Cancillería, presentaría “un diagnóstico” sobre la cooperación internacional que recibió Ecuador.
Veloz habló durante 21 minutos.
Por primera vez durante estas mesas de movilidad humana, una representante del gobierno ecuatoriano rendía cuentas sobre el dinero que entró a Ecuador, a lo largo del 2019, para atender a las personas migrantes, en especial, a los venezolanos. “No podía creerlo. Al fin teníamos algo de claridad con respecto al dinero que llegaba al país para atendernos a nosotros”, exclamó Fernando.
En ese diagnóstico, Veloz dijo que trabajaron desde diciembre del 2019 hasta marzo del 2020 con los diferentes organismos públicos, empresa privada y entes internacionales para recabar la información sobre los proyectos que desarrollaron en torno a movilidad humana en Ecuador. “Realizamos 90 reuniones”, aclaró; y presentó un organigrama donde se indica que en cooperación multilateral el Programa Mundial de Alimentos (PMA) usó USD 33.701.397,12; Acnur, USD 2.267.090,70, y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), USD 680.000.
Mientras que las organizaciones no gubernamentales, socias ejecutoras de las agencias del sistema de Naciones Unidas, usaron: HIAS, USD 12.617.070,58; Servicio Jesuita de Refugiados, USD 4.597.929; y el Consejo Noruego para Refugiados, USD 1.668.924.
Según el diagnóstico presentado por Cancillería, Ecuador recibió USD 109.755.017,48 en cooperación internacional para movilidad humana en total, durante el 2019.
Quién lleva las cuentas
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Unocha, por sus siglas en inglés) mantiene un Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por sus siglas en inglés) en el que las agencias de la ONU y ONG’s que sirven de socios ejecutores, deben registrar el gasto que realizan y el dinero que reciben en los diferentes países donde operan.
En su sección de Ecuador, las cuentas del 2019 reportadas a la FTS por el PMA, Acnur, OIM y HIAS no coinciden con las registradas en el diagnóstico que presentó la Cancillería durante la 18° Mesa de Movilidad Humana.
Por ejemplo: el PMA reportó a la FTS que durante el 2019 se gastó en el Plan de Respuesta para los Migrantes y Refugiados en Ecuador: USD 26,6 millones. Mientras que en el diagnóstico presentado por Cancillería, se dice que el PMA gastó en el 2019 USD 33,7 millones. El PMA reportó al gobierno ecuatoriano que durante el 2019 usó USD 7,1 millones más.
Ahora, Acnur Ecuador reportó a la FTS que durante el 2019 se gastó en el Plan de Respuesta para los Migrantes y Refugiados en Ecuador USD 9,5 millones. Mientras que en el diagnóstico presentado por Cancillería, se indica que Acnur gastó en el 2019 USD 2,2 millones. Acnur Ecuador reportó al gobierno ecuatoriano que durante el 2019 usó USD 7,3 millones menos.
En lo reportado por OIM y HIAS Ecuador existen las mayores diferencias entre lo registrado a la FTS, y lo declarado al gobierno ecuatoriano. La OIM declaró a la FTS que durante el 2019 usó USD 8,3 millones; mientras que HIAS Ecuador reportó que usó USD 2 millones. Ambos presupuestos para atender a la migración venezolana. Pero, según el diagnóstico presentado por Cancillería la OIM usó durante el 2019, USD 680 mil, y HIAS Ecuador, USD 12,6 millones. Una diferencia de USD 7,6 millones y USD 10,6 millones, respectivamente.
La rendición de cuentas
Cada tres años, el gobierno de Ecuador firma con las Naciones Unidas el Marco de Asistencia para el Desarrollo (Undaf, por sus siglas en inglés), y ahí queda establecido cuáles serán los mecanismos y dinámicas de trabajo de cada una de las agencias del sistema de la ONU a cumplir en el país de acogida.
En el Undaf Ecuador de 2019-2022, en la sección de Arreglos de Implementación, se establece la creación de un “Comité Ejecutivo”, conformado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, y como miembro consultivo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Y una de sus funciones es recibir, analizar y aprobar “los informes anuales de progreso”.
Pero, no solo en el Comité Ejecutivo de la Undaf el gobierno ecuatoriano tiene potestad para pedir cuentas sobre la cooperación internacional que se invierte en el país. La subsecretaría de cooperación internacional de Cancillería tiene un Manual de Normas y Prácticas para el Desempeño de las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras.
En dicho manual, en la sección 1.7 de los “Procesos de Control, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión de ONG Extranjeras”, se indica que cada una de estas organizaciones, después de firmar un “convenio básico de funcionamiento” para operar en Ecuador, deben someterse a estos ámbitos de control: control de uso de recursos públicos, control de las transacciones provenientes del exterior, control aduanero y control tributario.
“No podemos decir que las organizaciones internacionales, que ayudan a los venezolanos en Ecuador, no deben rendir cuentas. Si bien no están sujetas a los mismos mecanismos de control de los recursos públicos, ahí tienes las herramientas -el Undaf y el Manual de Normas y Prácticas para el Desempeño de las Organizaciones No Gubernamentales Extranjera- para que presenten informes con resultados cualitativos de lo que hacen. No solo resultados cuantitativos”, dice Giovanna Tipán, académica especialista en migración que trabajó durante seis años en la Oficina de Movilidad Humana de la Prefectura de Pichincha.
“Cuando estaba en la Oficina de Movilidad Humana de Pichincha, nosotros enfocamos la atención en prestar servicios. Por eso, no firmamos convenios con agencias de las Naciones Unidas u otras ONG’s internacionales, porque significaba atarse a su punto de vista: presentar resultados cuantitativos. Además, el Estado es quien debería encargarse de estas cuentas sobre movilidad humana. De los resultados. De los proyectos. Y así evitaríamos estas discrepancias”, dice Tipán.
Para realizar este reportaje, se enviaron correos electrónicos a los departamentos de Relaciones Públicas de Acnur, PMA y OIM, preguntando por la discrepancia entre las cifras que ellos reportaron durante el 2019 a la FTS, y las cifras que presentó Cancillería. También se solicitó una reunión con el representante de HIAS Ecuador que lleva la asistencia humanitaria.
Sin embargo, solo el departamento de Relaciones Públicas de la OIM Ecuador respondió. Esta es una transcripción de las preguntas y respuestas:
OIM Ecuador: Antes de responder a sus preguntas; es bueno remarcar que estas emergen de un informe presentado por la cancillería en la 18va Mesa de Movilidad Humana, sobre Cooperación Internacional recibida por Ecuador, durante 2019. En tal sentido nos será imposible responder por un informe que no se ha elaborado dentro de la OIM
De todas maneras y en cuanto a sus preguntas:
LBE: 1) En la presentación del informe se indicó que los gastos administrativos, durante el 2019, de las agencias del sistema de Naciones Unidas rondaron entre el 5% y 8% de su presupuesto total, ¿cuál es el desglose de esos gastos?
OIM Ecuador: Primero y reiterando, no podemos responder por un informe que no es de la OIM y consecuentemente no nos es posible responder por el Sistema de Naciones Unidas cuando somos una agencia de 17 que conforman el SNU en el país.
LBE: 2) En el informe se indica que OIM Ecuador recibió en el 2019: 680 mil dólares. Pero esa cifra no concuerda con la reportada por OIM Ecuador en la página del Servicio de Seguimiento Financiero de la ONU, ¿a qué se debe esta diferencia?
OIM Ecuador: Nuevamente; este es un informe de la cancillería que brinda una cifra que no coincide con el Servicio de Seguimiento Financiero de la ONU; es entonces pertinente que se le haga la pregunta a la cancillería y no a la OIM porque la diferencia.
LBE: 3) En el informe sobre el uso del dinero durante el 2019, se indica que en su mayoría fue para proyectos en la frontera norte y atender la emergencia humanitaria, ¿cuál es el desglose de montos usados para cada uno de estos proyectos?
OIM Ecuador: Esta información se la ha brindado a la Cancillería por lo tanto, debe realizarse esta consulta a la Cancillería y no a la OIM; pues en la OIM se brinda información a nuestra contraparte ya que existe un compromiso con la cancillería para hacerlo así.
LBE: 4) También el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velasteguí, indicó que OIM Ecuador ayudó a pagar los 50 dólares que costaba la visa VERU a ciertos venezolanos durante el proceso de regularización, ¿cuántos venezolanos se beneficiaron de esta iniciativa desde OIM Ecuador?
OIM Ecuador: Esta es una pregunta que debería ser dirigida al Viceministro Velasteguí; por parte de la OIM mantenemos la confidencialidad de nuestros beneficiarios de acuerdo a normas y procedimientos vinculados a la protección de datos de los mismos dentro de nuestros programas.
También a Cancillería Ecuador se le envió un correo electrónico solicitando una entrevista con Diana Veloz, o con cualquier otro representante que diera más detalles sobre el diagnóstico de la cooperación internacional recibida durante 2019, y pidiendo el informe realizado al respecto. Pero no hubo respuesta.
Decepción con los resultados
Daniel Regalado es presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador y miembro del Consejo de Protección de los Derechos de Quito en representación de las personas en movilidad humana. Una asociación que diariamente atiende a 200 venezolanos entre las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Huaquillas e Ibarra.
“Nosotros siempre hemos sido fuente de información y convocatoria para ellos (las agencias de las Naciones Unidas y ONG’s internacionales). HIAS me ha decepcionado completamente, con el Consejo Noruego (de Refugiados) mantengo menos del 30% de apoyo hacia ellos. La OIM para mí solo es un centro de estadísticas, y lo poco que hacen lo hacen a escondidas. Uno se entera después. Y Acnur siempre deriva a sus socios ejecutores lo que quieran hacer. También me tienen muy decepcionado, y ya no sé si atenderles la llamada cuando me llaman”, dice Regalado.
La asociación que dirige Regalado tiene 4 años buscando maneras de integración y cooperación con los organismos de cooperación internacional en Ecuador que vayan más allá del asistencialismo. “Desde el año pasado hasta acá he rechazado cualquier cantidad de propuestas de Acnur porque no las veo ejecutables. Son muy sectorizadas y no atienden las prioridades de los venezolanos migrantes (…); todo esto lo digo porque me han llegado muchísimos testimonios sobre cómo es la manera de actuar de ellos (Acnur, HIAS y Consejo Noruego) a la hora de asignar ayudas. Es una lotería, así de sencillo”, dice Regalado.
Lo mismo siente *Angélica, venezolana que llegó hace tres años al Ecuador y fue víctima de violencia de género por parte del papá de su hijo menor. Angélica tuvo que ser escoltada por la Policía Nacional desde su apartamento, porque su pareja la amenazó con quitarle al niño y la golpeó. “No tenía adónde ir y unos amigos me recibieron en su casa por unos días hasta que conseguí ayuda”.
Esa ayuda se transformó en un cuarto que le consiguió la OIM en un hostal por el norte de Quito. “Las primeras dos noches fueron tranquilas. Tanto la chica que me atendió desde la OIM, como la dueña del hostal, me aseguraron que ese espacio era seguro y que no debía preocuparme”. Pero Angélica comenzó a notar ciertas discrepancias que no le gustaron: “Había familias en el hostal y peleaban por las noches. Podía escuchar cómo a una de las chicas su marido la golpeaba. Además, el presupuesto que asignaba la OIM para darle alimento a todos los que estaban ahí no llegaba como era”.
Angélica reclamó ante la OIM y la respuesta que recibió fue que antes de su llegada, todo iba bien en el hostal. “Me catalogaron como la problemática, cuando yo les demostré que dentro de ese hostal había violencia de género, algo de lo que yo estaba huyendo; y también mal manejo de los recursos que estaban enviando”.
Solo tras insistir, un representante de la OIM fue hasta el lugar y comprobó lo que estaba pasando. “Nadie quería denunciar, porque no querían perder los beneficios y el dinero que daba la OIM. Pero yo no podía estar en esa situación, y menos con mi hijo pequeño. Ellos (los representantes de la OIM) dijeron que no sabían nada, y me trasladaron a mí y a otra chica que tuvo la valentía de denunciar también lo que pasaba, a otro recinto”.
Angélica recibió una ayuda en efectivo para pagar un alquiler y firmó un convenio en el que la OIM se comprometía a darle una bombona de gas, una cocina y un colchón. Pero, nunca se los dieron.
“Desde Acnur nosotros solo hemos recibido unos kits de alimentos que nos entregaron durante la cuarentena, y nos incluyeron en los comités de vigilancia epidemiológica, que eso solo sirve para cuestiones estadísticas”, dice Alfredo López, uno de los dirigentes de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador (ACVE), que tiene más de cuatro años trabajando por los migrantes y refugiados venezolanos en el país.
La ACVE impulsa un centro de desarrollo infantil en Quito, que buscan que se convierta en un centro de nivelación educativa para los hijos de los migrantes y refugiados venezolanos que se dedican al comercio informal. “Yo, personalmente, le envié un oficio al Programa Mundial de Alimentos para buscar una relación más directa con este proyecto. Y ellos nos respondieron que podríamos ser parte de sus comedores. Pero ellos responden, te invitan a reuniones para conocer el proyecto y nunca concretan”, dice Alfredo, quien agrega que “ellos, además, siempre están pendientes de nuestra base de datos”.
Oscar Padrón, presidente de la asociación Migrante Universal para ayudar a los venezolanos en Ecuador, cuenta: “Nosotros no tenemos un registro de los dineros que reciben las organizaciones internacionales para ayudar al éxodo venezolano. Solo nos enteramos por las notas de prensa. Pero nosotros estamos en el campo, trabajando con los migrantes día a día, y vemos que en la práctica es poco lo que ese dinero ayuda eficientemente a los venezolanos”.
Padrón también habla acerca de la inversión que realizó la OIM para realizar el proceso de regularización de los venezolanos en Ecuador a través de la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU). “El resultado fue negativo. No dan las cifras reales. Y vemos que miles de venezolanos quedaron irregulares. Ellos (OIM y Cancillería) dicen que el resultado fue positivo, pero no es así”.
Según datos de Cancillería Ecuador, para atender el proceso de regularización migratoria de los venezolanos con la visa VERHU, ellos pusieron en marcha el Centro Especializado en la Emisión de Visas de Excepción (CEVE).
Para la creación y funcionamiento de ese centro, la Cancillería destinó USD 714.509,59 entre octubre del 2019 y agosto del 2020. Además, el personal de las coordinaciones zonales, consulados y otras dependencias de la Cancillería también participaron en el proceso.
La OIM hizo una donación de “equipos informáticos” por USD 429.657,43 para el funcionamiento del CEVE. “A ello se debe sumar el aporte, con consultores y personal especializado, que han ofrecido ACNUR y OIM”, dijo el departamento de Relaciones Públicas de Cancillería.
El acceso a controles y evaluaciones de los proyectos e inversiones que realizan las agencias de la ONU y ONG’s internacionales a favor de migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador no es completo. Mientras tanto, aumentan los testimonios entre esta población vulnerable que resumen un solo mensaje: las cuentas no son claras y el dinero que llega no resuelve lo que realmente se necesita resolver.
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