Por Diego Cazar Baquero y Susana Morán
Fotos: Martín Asturias y Luis Argüello
Ese viernes 22 de marzo, Quito amaneció asfixiada por la maciza neblina invernal. “Lo que ha valido es solo nuestros pulmones para ellos –se quejó, la mañana de ese viernes, un abacalero que aguardaba en la vereda de las oficinas de la la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en Quito– ¡como que nuestras vidas enteras valen 50 hectáreas!”.
Desde el pasado 18 de febrero, cuando el Ministerio del Trabajo dispuso el cierre temporal de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador y la suspensión de sus actividades por 60 días, al menos 300 campesinos abacaleros se quedaron sin siquiera recibir el austero ingreso que les dejaba su oficio. Por eso, una delegación de extrabajadores se reunió con el subsecretario de Gobernabilidad de esa Secretaría de Estado, Carlos Gómez de la Cruz, luego de que funcionarios de esa entidad –al enterarse de sus planes de protesta frente al edificio del Ministerio de Trabajo– les convencieran mediante llamadas telefónicas de que no se manifestaran.
La denuncia de las precarias condiciones de trabajo en las que vivieron los trabajadores de Furukawa llegó a los despachos estatales en marzo del 2018. Sin embargo, un año después, los abacaleros enfrentan hambre, deudas, e incertidumbre y muchos de ellos reclaman que las gestiones emprendidas desde entonces por las entidades del Gobierno han sido tibias e ineficaces.
El 16 de noviembre se conformó una mesa interinstitucional presidida por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, con Gómez de la Cruz como delegado del Gobierno, para llevar adelante la coordinación interministerial y el proceso de negociación entre las partes. El propósito: diseñar estrategias de acción para atender el caso Furukawa desde distintos frentes. Las autoridades ofrecieron atender de inmediato las necesidades de los agricultores, dispusieron nuevas inspecciones a los campamentos, ordenaron levantar censos en la zona, movilizaron personal de varios ministerios. Funcionarios dijeron varias veces, en distintas reuniones, que la solución estaba cerca y que existía la posibilidad de que se entregara a los afectados 50 hectáreas de tierra como compensación por las violaciones de derechos humanos a las que fueron sometidos cientos de abacaleros desde 1963.
El tiempo en la piel
“Están insultando a los años que nosotros hemos sufrido”, gritó el mismo campesino. Él, junto a unos cincuenta campesinos, esperaba la hora de entrar a la reunión. “¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo estropeados?”, se preguntaba otro de sus compañeros.
Walter Cuero –un hombre de 71 años que ha gastado 25 de ellos trabajando en los campos de abacá de Furukawa y que ha participado de todas las sesiones durante un año para reclamar reparación y restitución de derechos– se estiraba el cuello de la camisa esa misma mañana fría para mostrar los callos que se han formado sobre su hombro por cargar los tallos de la palma de abacá. A su lado, dos sesentones analfabetos, José Luis Branda y Rubén Cañizares, mostraban sus manos ‘mochas’ y tiritaban.
Talleros y talleras, tuseros, maquineros, tumbadores, tendaleras, todos y todas llevan en sus cuerpos las huellas del tiempo de trabajo en las abacaleras. En su piel está inscrito el tiempo de explotación sufrido. Algunos muestran las cicatrices de casi toda su vida como testimonio. “¡Y nos vienen a ofrecer una basura! Entonces, ¿nosotros no valemos?”.
Cuando las autoridades desmontaron la intención de protesta de los agricultores ese jueves 21, y les convocaron a la reunión al día siguiente, los campesinos pospusieron la indignación y la rabia, y albergaron la expectativa de que recibirían soluciones claras durante la cita. Como no habían contemplado un día más de estadía en la capital, tuvieron que pernoctar en un albergue público, pero creían que el sacrificio valdría la pena.
Debajo de la chaqueta con la que se protegía de la brisa helada, Domingo Poroso escondía la protuberancia que lleva en la nuca hace tiempo. Este hombre afro, ancho, de 57 años y metro ochenta de estatura, deshojaba palmas de abacá una mañana, bajo el sopor del trópico, cuando una rama cargada con un racimo de frutos le cayó encima. El golpe lo inmovilizó. Los abacaleros les llaman ‘toros’ a esas ramas colmadas que pueden llegar a pesar entre dos y tres kilos. Pero ese peso, sumado a la fuerza de la gravedad al caer de una altura de cuatro o cinco metros, convierte a un ‘toro’ en un proyectil letal.
En un hospital cercano al campamento de abacá donde Domingo vivía, le dijeron que debería someterse a una cirugía para evitar que el bulto continuara creciendo. Sin embargo, los 19 años de trabajo en Furukawa no le sirvieron para exigir cobertura médica pues nunca tuvo afiliación a la seguridad social. Los 240 dólares que recibía cada mes por sus labores de tumbador de abacá no alcanzaron para cubrir el costo de la operación. Apenas le alcanzaban para comprar los alimentos y para pagarle a la empresa el arriendo del cuarto sin baño ni letrina ni agua potable ni luz eléctrica donde ha dormido una tercera parte de su vida y donde, todavía hoy, malvive. Ahora, el bulto en su nuca mide unos cinco centímetros de diámetro y ya ni el mísero salario que recibía llega a sus manos. Por eso, Domingo llegó ese jueves a Quito.
El viernes, 12 de los 50 abacaleros que viajaron a la ciudad fueron atendidos a las once de la mañana, cuando la cita se había pactado a las nueve. Hicieron una fila frente al escritorio de seguridad, a la entrada del edificio, y uno a uno empuñaron un esferográfico para garabatear sus nombres sobre la hoja de registro. Es lo único que muchos de ellos saben escribir. Unos pisos más arriba tuvieron que volver a registrar sus nombres. El proceso demoró cerca de media hora más. Luego –acompañados de dos abogados especializados en Derechos Humanos, pertenecientes a las organizaciones Cdes y Cedhu–, ocuparon las sillas alrededor de una larga mesa de reuniones y esperaron la llegada del Subsecretario.
Los encorbatados
Gómez de la Cruz cree que “la empresa debería, por un tema de restitución de derechos, reincorporarles a la mano de obra”. Él reconoce distintas “realidades” frente al caso Furukawa: la primera, para él, es la de los 198 trabajadores de la empresa que gozan de contrato laboral y que constan legalmente en nómina pues trabajan en los 8 campamentos que funcionan bajo la administración directa de la empresa. “Hay que ver siempre desde el Estado todas las realidades –explicó–. Esa es la primera realidad”. La segunda ‘realidad’ es la de los “extrabajadores de los arrendatarios”, como los llama. A este grupo él le otorga características: “Tienen una situación de vida precaria, muchos de ellos ya han cumplido 65 años o más”, y por esa razón, dice, ellos no estarían dispuestos a continuar trabajando para Furukawa. Y la tercera ‘realidad’ que Gómez de la Cruz plantea es la de un grupo “que estimamos deben ser alrededor de 120 y 180 personas que serían los que trabajaban en los 17 campamentos que eran manejados por los arrendatarios”. Estos últimos son los únicos abacaleros que han decidido organizarse. 50 de ellos están en proceso de legalizar la Asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer, y 164 extrabajadores –al cierre de esta publicación– exigen a la empresa sus liquidaciones de acuerdo con el tiempo de vida que le han entregado.
En una entrevista posterior concedida a esta alianza periodística, el pasado 1 de abril, Gómez de la Cruz admitió que no conoce personalmente ninguno de los campamentos de la empresa y no recordó el nombre de esta pre-asociación, pero dijo haberse reunido 15 veces con sus integrantes. “Lo que más nos interesa como Estado es el tema de restitución de derechos”, repitió, luego de aclarar varias veces que no se considera un burócrata. Durante el tiempo que las haciendas abacaleras han permanecido cerradas, cuenta que ha mantenido dos reuniones con su gerente (y cónsul honorario de Noruega en Ecuador), Marcelo Almeida Zúñiga, pero hasta ahora no ha habido una sola reunión oficial de negociación en la que estuvieran presentes al mismo tiempo los trabajadores, Gómez de la Cruz como representante del Estado y Almeida, como representante legal en Ecuador de la firma japonesa. “El Estado, una vez que tenga la estrategia de restitución, sentará al gerente general y dispondrá las sanciones reparatorias que se estimen oportunas en virtud de la normativa legal, de los elementos del análisis técnico y también de la voluntad de los propios trabajadores –explicó al respecto el Subsecretario–. Si él sale, la empresa está físicamente acá, tiene terrenos por 2 800 hectáreas, si no estoy mal; un patrimonio de más de 15 millones de dólares. Independientemente de si el señor Marcelo está o no está, ahí está el patrimonio de la empresa que tendrá que responder”.
El Subsecretario Gómez de la Cruz admitió que no conoce personalmente ninguno de los campamentos de la empresa y no recordó el nombre de esta pre-asociación, pero dijo haberse reunido 15 veces con sus integrantes.
Ante la inquietud sobre la llamativa inacción por parte del Estado para dirigirse exclusivamente a Almeida, Gómez de la Cruz respondió con otra pregunta: “A más de las sanciones que tiene el Estado a la empresa por los conceptos que puede sancionar a través del Ministerio de Trabajo, ¿cuántas denuncias hay a Marcelo Almeida o a la empresa desde algún extrabajador?”. Pero, casi todos los extrabajadores son analfabetos.
El miércoles 20, Joffre Chila se quejó de que en la hacienda Gloria, de propiedad de Furukawa, empleados de la empresa acompañados de funcionarios de la Secretaría de la Gestión de la Política entraron a los campamentos para llevarse los motores de las máquinas desfibradoras con las que él trabajó casi toda su vida. “Esos son los jefes de campo, los administradores, los encorbatados –recuerda–; andaban como unos 15, más o menos”. Los nervios de Joffre eran también rabia.Luego de visitas semanales a distintos campamentos de abacá de Furukawa, los equipos de La Barra Espaciadora y Plan V constataron que la situación de varios arrendatarios es la misma que la que ha vivido el resto de trabajadores: la precariedad y la vulneración permanente de derechos humanos.
Aunque las sanciones contra la empresa no incluyen confiscación de sus bienes y aunque sus empleados pueden hacerse de su maquinaria si quieren, Joffre Chila sintió que al llevarse esos motores, tanto el Gobierno como la empresa le arrebataban lo último que le quedaba para reclamar sus derechos al trabajo y a una vida digna. “He dado toda mi vida, mis pulmones los he dejado aquí, estoy envejeciendo aquí en la Furukawa por trabajar para ellos y hasta la vez nosotros no hemos recibido ni un caramelo”, sollozó, conteniendo el llanto. Este hombre bajito, delgado, de ojos saltones, tiene 39 años y entró a los 9 años a trabajar en las plantaciones. No estudió nunca. “Solamente aprendí a medio firmar mi nombre con letras sueltas”.
La revista noruega Bistands Aktuel recogió el caso Furukawa bajo el titular “Cónsul noruego en ‘escándalo de esclavitud’ en Ecuador” recoge la serie de esta alianza periodística.
Pedro Ortiz Castillo trabajó desde los 15 años en el abacá y ahora tiene 77. “Éramos como esclavos”, recuerda. Alcanzó a tercer grado de escuela porque tuvo que dedicarse al trabajo del campo las cuatro quintas partes de su vida. Desde que se ordenó el cierre de Furukawa, el 18 de febrero, él recoge cacao por la zona todos los días en que se siente fuerte. Le pagan 15 dólares por trabajar desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. Aunque, a veces, en lugar de dinero, recibe racimos de banano.
“¡Soy solito, solito!”. Así se presentó Segundo Manuel Custodio de la Cruz, un hombre de 64 años, enjuto y de voz retraída, también analfabeto. Su madre murió cuando él tenía 14 años y su padre, cuando había cumplido los 28. Trabajar en los campos de abacá es lo único que aprendió en la vida, desde que con 17 llegó a los sembradíos de la línea 40. Ahora, que la empresa cerró, don Segundo depende de la solidaridad de sus conocidos.
El tiempo de los escritorios
Los informes ministeriales y las resoluciones de sanción que emitió en febrero el Ministerio del Trabajo reconocieron que la empresa había cometido 31 incumplimientos relacionados con formas de encubrimiento de las relaciones laborales, “condiciones infrahumanas” de trabajo, “accidentes laborales”, “trabajo infantil”, “personas de la tercera edad” sometidas a trabajos forzosos y que no había cumplido con todas las imposiciones legales en materia laboral. El Estado, sin embargo, no ha sancionado todavía a la empresa por haber incurrido en la figura de intermediación laboral, cuando es a través de esta violación que ha podido someter a los cientos de trabajadores a condiciones de explotación violando sus derechos fundamentales. A pesar de las evidencias irrefutables mostradas por el informe de la Defensoría del Pueblo de 18 de febrero y respaldadas por las publicaciones que desde el 17 de febrero ha hecho esta alianza periodística, hasta el día de esta publicación no se ha dispuesto medida alguna para contrarrestar la carencia de necesidades básicas como la vivienda, la salud, la educación o la alimentación de las personas que trabajaron en los campos de abacá de Furukawa.
La Defensoría del Pueblo presentó oficialmente el informe del caso Furukawa a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, posesionada este lunes 8 de abril, y solicitó el inicio de las investigaciones judiciales pertinentes.
En un correo electrónico del viernes 5 de abril, Sharián Moreno, Subsecretaria de Trabajo del Ministerio del Trabajo, dijo a esta alianza que “a través de oficio sin número y sin fecha, ingresado en esta Cartera de Estado mediante Hoja de Trámite Nro. MDT-DRTSPP-2019-1278-EXTERNO, de 22 de febrero de 2019, el abogado de la empresa FURUKAWA PLANTACIONES DEL ECUADOR S.A. señaló que se encontraban realizando los correctivos respecto de los hallazgos determinados por este Portafolio, solicitando el levantamiento de la suspensión de actividades laborales de la empresa” (sic). Sin embargo, cerca de que se cumplan dos meses de ese ofrecimiento, no existe prueba alguna de que esos correctivos se hayan implementado.
Clarissa Irene Guagua tiene 42 años y 4 hijos de entre 4 y 18 años. Tres de ellos estudian en instituciones públicas y el cuarto debería entrar al preescolar con el inicio del ciclo lectivo, el próximo 22 de abril. “¿Cómo vamos a hacer para comprar los uniformes, las listas de útiles, zapatos?”, se preguntó esta mujer que ha dedicado casi toda su vida a tendalear fibra de abacá. El lunes 18 de marzo debía matricular al más pequeño y no lo consiguió por la falta de dinero.
Fernanda Yépez, Subsecretaría de Educación Especializada en Inclusión, en entrevista concedida a La Barra Espaciadora y Plan V, el jueves 4 de abril en la sala del despacho ministerial, habló de una de las tres visitas que aseguró ha hecho el Ministerio de Educación a la zona. “Los técnicos que fueron hicieron un levantamiento de historias de vida de 8 o 9 familias y solamente tendría yo el dato de esas familias a las que nosotros fuimos”, dijo.
A su lado, Andrés Pazmiño, subsecretario de Apoyo y Seguimiento del mismo ministerio, aseguró que los mecanismos de identificación, asignación y de inclusión en procesos formativos de esa cartera “son particularmente rápidos”. Pero precisó el problema: “La cantidad específica de gente que necesitamos atender, como tal, es un levantamiento de información interinstitucional que no tiene datos duros todavía”. Para este proceso, el Ministerio de Educación –aseguran los dos subsecretarios– depende del trabajo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social haga. “Si los datos nos entregan hoy, mañana estarán inscritos los niños”, ofreció Yépez, pues aseguró que ese jueves 4, o el viernes 5, esa información llegaría. Pero no llegó. “Tendremos una claridad con respecto al tiempo efectivo que nos demoraremos –reforzó Pazmiño– en función de dónde están ubicados y el número total de personas, que eso es algo que debería resolverse (para cumplir el plazo que nos habían puesto) el día de mañana”. Pero el plazo no se cumplió.
Moreno, en cambio, aclaró que la cartera de Trabajo fue parte de una reinspección interinstitucional en las haciendas de Furukawa el pasado 8 de marzo, y explicó que se encuentran “en un proceso de sistematización y análisis de la documentación recabada, por lo que de conformidad a los principios contenidos en la Constitución de la República del Ecuador no podemos emitir un pronunciamiento anticipado, sin antes contar con todos los elementos necesarios”.
“La estrategia interna que hemos tomado, al existir mucha gente que últimamente está diciendo que han sido trabajadores y extrabajadores, hemos hecho varios barridos de las distintas haciendas en distintos momentos”, explicó Gómez de la Cruz. El funcionario de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política ha dicho que estas visitas se realizaron de manera sorpresiva “porque desgraciadamente no es un censo del INEC, es un censo en el que el Estado va a restituir derechos”.
Pero muchos extrabajadores que no se enteraron de que se realizarían estos “barridos” no estuvieron presentes. “Preguntamos los nombres de las personas faltantes”, explicó el Subsecretario, y aclaró que la información se ha contrastado progresivamente de acuerdo con los resultados de las distintas visitas.
La Dirección Nacional de Registro Civil y Cedulación, en un informe del 22 de marzo, detalla que de 143 personas entrevistadas en noviembre del 2018, en febrero y en marzo del 2019, apenas 34 cuentan con documento de identidad vigente “sin novedad”. 60 personas necesitan obtener cédula de identidad por primer vez o necesitan renovar el documento. 42 personas necesitan inscripción. Una persona extranjera requiere de un documento de identidad que debe gestionar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y 6 personas cuentan con inscripción pero no constan en el sistema.
50 hectáreas por la dignidad de cientos
La ausencia de una estrategia gubernamental clara y la presencia irregular de funcionarios del Estado amenaza con convertirse en un germen de violencia en los campamentos de la empresa Furukawa. Al cierre de esta edición se supo que incluso hay graves amenazas en contra de ciertos arrendatarios por parte de otros abacaleros que reclaman una solución urgente para su falta de ingresos desde el cierre, el 18 de febrero.
El mismo Gómez de la Cruz habla de “robos brutales de abacá, de maquinaria, han incendiado camiones, han robado piezas de algunos vehículos”. Uno de los extrabajadores –quien nos pidió proteger su identidad– cree que algunos funcionarios que llegaron a censar los campamentos “no andaban trabajando para el Estado, andaban trabajando para la Furukawa, porque preguntaban que si nosotros estábamos de acuerdo con seguir trabajando con la Furukawa. Entonces, nosotros le supimos responder que nosotros no queremos trabajar más con la Furukawa. Proponiéndonos a pagar 390 dólares para que nosotros volvamos a trabajar con la Furukawa, eso dijeron ellas, porque los señores de la Furukawa le habían dicho a ellas que ellos nos hablen a nosotros en esa manera. Nosotros lo que queremos es que nos arreglen nuestro tema de liquidación y no trabajamos más con la Furukawa”.
En la reunión del viernes 22 de marzo, el Subsecretario propuso a los abacaleros un plazo de 7 días “para planificar la estrategia de corto y medio plazo de restitución de los derechos de los trabajadores en cuestión de un mes, dos meses (…). Paralelamente, a más de esa restitución de medios de vida, todas las personas que se sientan vulneradas en sus derechos, de los 63 años (sic) que pasaron porque son varias generaciones, podrán implementar –ya no por vía del Ejecutivo porque no es nuestra competencia, sino por vía judicial– las acciones legales del caso para un tema de las obligaciones que tuvo la empresa hacia atrás”.
Once días después, el martes 2 de abril, Gómez de la Cruz los convocó a una nueva reunión y aún no había una propuesta de restitución de derechos, de modo que la delegación convocada hizo una rueda de prensa el miércoles 3 de abril, en los bajos del Ministerio del Trabajo, para anunciar que no descansarán hasta obtener una justa compensación por sus años de trabajo en la empresa Furukawa, y advirtieron que no recibirán limosnas.
Al publicarse este reportaje, todavía no hay una propuesta concreta por parte del Gobierno. Mientras los funcionarios diseñan su estrategia, los abacaleros se sumen en la incertidumbre, en el miedo y en la miseria.
