Por Alejandra Carrión Vásquez y Gabriela Ruiz Agila

“La guerra es un juego de hombres; la máquina de matar tiene sexo, y es masculino”.
Susan Sontag. Ante el dolor de los demás. 

QUITO E IBARRA. Ecuador.- Durante 90 minutos, Yordy Rafael L. G, retuvo por el cuello a una mujer embarazada. Amagó con el cuchillo que llevaba en su mano izquierda. Diez policías acudieron al llamado de emergencia sin lograr neutralizar al agresor. Él gritó: “¡Si no eres mía, no serás de nadie!” y apuñaló a la mujer en repetidas ocasiones. Diana Carolina, de 22 años, murió en la vía pública frente a la mirada de transeúntes en la ciudad de Ibarra. La calle se puso oscura. La noche se hizo pesada. Y una turba enardecida se lanzó sobre el asesino. La furia xenófoba de la turba –aquella que la psicología de masas dice que se mueve por las emociones y no por la razón– despertó en Ibarra tras la muerte de Diana, ejecutada por su pareja. La policía detonó gas lacrimógeno para disuadir el ajusticiamiento. Pero ya es tarde para todos: la hoguera bárbara del odio se ha encendido y reclama ‘ojo por ojo y diente por diente’.

Cuando la masa actúa en función de las emociones, las consecuencias casi siempre son devastadoras. Aún más si en el imaginario colectivo está arraigada la idea de que el femicidio sucedió porque se trata de un “delincuente venezolano” y no porque ese hombre es un producto del sistema androcéntrico y patriarcal. Un hombre que deshumanizó a su pareja, quitándole la vida como si fuera desechable, bajo el argumento femicida “mía o de nadie”, una demostración del más perverso machismo, del poder ejercido en una relación asimétrica que conduce a la muerte de la mujer.

Este caso fue una demostración de poder magnificada, porque tuvo público: a la Policía, en primera fila, inmutada y perpleja; a los desesperados transeúntes del centro de la ciudad, que pedían a gritos disparos contra el agresor cuando Diana aún estaba viva; y, los millones de usuarios de redes sociales que vieron la muerte de la mujer, a través de videos viralizados. ¿Acaso la xenofobia en Ecuador –ante la migración forzada de venezolanos y venezolanas– ha permanecido oculta, a la espera de un detonante?

En Ibarra, la noche del 20 de enero y la tarde y noche del 21 de enero, la gente a pie, en motos, en autos, con pancartas, vuvuzelas, con la bandera de Ecuador a cuestas, gritó que quiere a los venezolanos fuera. Se movilizó hasta los puntos de concentración de personas venezolanas en situación de calle para seguirlos hasta expulsarlos de la ciudad, no sin antes quemar sus pocas pertenencias y lanzarles piedras. Ante la reacción enfurecida de la gente, el Estado no tomo decisiones como declarar en emergencia la ciudad o la provincia con el propósito de contener esa furia.

Los manifestantes se apostaron frente a las instalaciones del ECU-911, frente a la Fiscalía y también patrullaron las calles de Ibarra. Avanzaron a los hoteles y hostales alrededor de la terminal terrestre para desalojar a los extranjeros. La consigna: “Barrer, hacer una limpieza (de venezolanos) de nuestra ciudad porque estamos indignados de tanta delincuencia”. “Venezolano que sea cogido, venezolano que vamos a hacer justicia”, amenazó un exaltado ciudadano entrevistado en vivo por tvncanal.com.

Mientras se escribe este reporte, son públicas las amenazas en redes sociales. Venezolanos hablan de no enviar a sus hijos a las escuelas, de no ir a trabajar, denuncian que los están desalojando de las viviendas. Se están afectando las vidas de al menos 9 000 venezolanos registrados por la Embajada de ese país, según informó el encargado de Negocios, Pedro Sassone. Seres humanos que salieron de su país en contra de su voluntad, escapando de las precarias condiciones de vida a las que les ha sometido el gobierno de Nicolás Maduro, el mismo gobierno que desconoce públicamente las razones del éxodo y que desde septiembre de 2018, puso en marcha el criticado Plan Retorno para sus compatriotas.

La mañana del domingo 20 de enero, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, tuiteó en su cuenta oficial el siguiente mensaje:

Luego de este mensaje, las reacciones de rechazo al discurso xenófobo dirigido desde la máxima autoridad del Estado ecuatoriano provocaron la concentración de cientos, de miles, de manifestantes en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato y otras ciudades. La xenofobia se transformó en un dispositivo de encubrimiento: la violencia de género manifiesta en los delitos cometidos en Quito y en Ibarra son producto de un modelo patriarcal de comportamiento que el presidente ecuatoriano, mediante su mensaje xenófobo, estaría ocultando.

Luego del lamentable comunicado de Lenín Moreno, varios de sus funcionarios intentaron remediarlo. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, apareció en cadena nacional para acomodar el discurso. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, también lo intentó en varios medios pero tropezó de nuevo al escribir en Twitter sin mostrar pruebas este mensaje:

Finalmente, el mismo presidente Moreno trató de retractarse creyendo que podía pasar desapercibido su desafortunado error:

Entre las medidas consta la de solicitar a cada ciudadano venezolano en mayoría de edad, un documento que registre su pasado judicial y que esté apostillado, es decir, oficializado. Es paradójico e insultante que los mismos funcionarios del gobierno ecuatoriano reconozcan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha querido entregarles la información de sus ciudadanos migrantes y que, como reacción, soliciten a los mismos migrantes un documento que todos sabemos que les será difícil, sino imposible, obtenerlo.

Rechazo en redes, miedo en las calles. ¿Guerra contra migrantes y mujeres?

El domingo 13 de enero, Martha, de 35 años, fue brutalmente violada por tres hombres en un bar de la avenida De los Shyris, en Quito. Sobre la mesa de billar del negocio, picos de botella, vasos y el taco de billar, se encontraron huellas de sangre. Los agresores fueron aprehendidos infraganti en la escena del crimen. Actualmente, están presos en el Centro de Rehabilitación de Latacunga.

La noticia de este crimen se viralizó en redes sociales bajo el hashtag #TodasSomosMartha. Una semana después, la etiqueta #TodasSomosDiana se sumó a la indignación colectiva y sus nombres y fotografías se hicieron públicas en Facebook y Twitter. El asesino fue detenido y trasladado también al Centro de Rehabilitación de Latacunga, donde horas después intentó suicidarse.

Luego de los episodios, varios escritores realizaron el ejercicio de leer en primera persona el relato de lo ocurrido, mientras que varios colectivos se convocaron en un primer plantón el domingo 20 de enero.

El lunes 21 de enero, el colectivo Vivas nos queremos convocó a una concentración en la Tribuna de los Shyris, en Quito, que con el lema: “Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan” se movilizó hacia las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de Octubre. Y es que la violencia contra migrantes y mujeres también evidencia la capacidad de respuesta del tejido social, su efectividad para movilizar a los colectivos con enfoque de derechos humanos frente a las desapariciones, las causas feministas como el derecho al aborto libre y el femicidio. Coinciden todos en la necesidad de justicia y reparación para las víctimas y en la exigencia del respeto a los derechos de las mujeres y la erradicación definitiva de la violencia de género, naturalizada en todos los estratos de la sociedad ecuatoriana. La violencia contra las mujeres se manifiesta en las palabras oficiales así como en los delitos de violación sexual en un bar quiteño o  en el asesinato a cuchilladas en las calles ibarreñas.

Esta no es la primera ‘Manada’

“Las violaciones que hacen los hombres son espectáculos para otros hombres. Este es un dato muy clave cuando se viola en manada, porque tiene que ver con el hecho de mostrarse como machos ante otros machos con la idea presente de que ellos pueden hacer cualquier cosa con la mujer”, explica la antropóloga Rita Segato. Para lograr sumisión total, las drogas que privan de la voluntad son las más utilizadas por las llamadas ‘Manadas’.

En Ecuador también hay ‘Manadas’ que alardean del poder machista. En una fiesta en Calderón, al norte de Quito, un líquido morado fue mezclado en la bebida de una adolescente de 15 años y ella fue violada en reiteradas ocasiones por cinco adolescentes de entre 17 y 18 años, en su mayoría, integrantes de una misma familia. También la golpearon con un bate de béisbol. En la madrugada del 14 de mayo del 2016 la abandonaron en la puerta de su domicilio, inconsciente. La adolescente despertó días después en el hospital donde la internaron sus padres. Uno de sus agresores fue condenado a 29 años y 4 meses de cárcel en diciembre del 2018, otro está prófugo y tres tienen procesos en la Fiscalía de adolescentes infractores, en Quito.

En enero del 2018, siete universitarios se encontraron en la Diablada Pillareña. En la noche fueron hasta un mirador y tres encapuchados los intimidaron con armas de fuego. Mataron a uno de los chicos, forzaron a otro a bajarse del auto, se llevaron a tres jóvenes y a dos mujeres. Pararon en un camino de tercer orden, golpearon a los hombres y  violaron a las dos jóvenes. De los tres agresores, uno está sentenciado a 40 años de prisión y los restantes están prófugos.

Años antes, en agosto del 2013, dos universitarios violaron a Gabriela D., de 19 años, tras mezclar sustancias estupefacientes en su bebida para quitarle la conciencia. Por el estrés postraumático de la violación, ella se suicidó en 2014. Su ultraje fue registrado en fotos. Sus agresores -Iván R. y Fausto S.- cumplen una condena de 16 años por violación con resultado de muerte.

Karina del Pozo y las argentinas Marina Menegazzo y María José Coni, violentadas sexualmente por más de un agresor, fueron asesinadas para encubrir la violación.

En España, la Manada en San Fermín, integrada por cinco hombres, violó a una joven de 19 años y los delincuentes grabaron lo sucedido.

También está registrada la violación grupal a una adolescente de 14 años, cometida por cinco hombres de entre 21 y 23 años, en Miramar-Argentina, el 1 de enero de 2019.

Y cómo olvidar la violación y muerte –por reflejo vagal producto del dolor causado por el empalamiento– de la adolescente argentina de 16 años Lucía Pérez, en manos de dos hombres de 23 y 41 años. Ella previamente fue drogada.

El objetivo de citar estos casos –que fueron de conmoción social en su momento– no es levantar el morbo. El rescate de la memoria es fundamental para que los hechos violatorios de derechos fundamentales dejen de ocurrir. Recordarlos significa decir, una vez más, que el machismo –como brazo ejecutor del patriarcado– no tiene bandera ni nacionalidad.

Diana. Martha. Martha. Diana. Nuestro Canto viene para ti. Nuestra palabra es para ti.

*Mujeres de su casa

En apariencia, los países renunciaron a la guerra como instrumento de su política nacional una vez que se dio término a la Guerra Fría. La política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece contradecir este principio: militarización de las fronteras, incremento de deportaciones masivas, endurecimiento de política exterior para blindar fronteras. La guerra preventiva como estrategia se afirma en la presión que Estados Unidos ejerce sobre los gobiernos latinoamericanos para contener los flujos migratorios desde Latinoamérica.

Este medio reportó en 2017 el incremento de solicitudes de refugio de venezolanos en Ecuador. La comunidad internacional reconoció apenas un año después la evidente necesidad de protección que demandaban. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió una Nota de Orientación acerca del Flujo de Venezolanos donde establece su atención como migrantes económicos, familias mixtas, apátridas y retornados, pero en especial que “hay un número importante de personas con necesidades de protección internacional que calificarían como refugiados”.

Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, desde febrero del 2017, y su Reglamento, que promueven los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, eliminación progresiva de la condición de extranjero, y ciudadanía universal. Son estos mismos los instrumentos que se vulneran y, como consecuencia, se atenta contra los derechos de la población migrante (salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros). Regularizar su condición migratoria se ha convertido en una odisea, pues los venezolanos en Ecuador deben presentar sus antecedentes penales apostillados y pagar multas equivalentes a un salario mínimo, o el precio de la visa, que asciende a más de 700 dólares. Al menos 800 venezolanos se presentaron a la II Jornada Consular para entrega de pasaportes, prórrogas y apostillas, al finalizar el 2018.

Es por ello que el 21 de diciembre del 2017, la Misión Scalabriniana, Servicio Jesuita a Refugiados, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito y defensores/as de derechos a título individual; presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Movilidad Humana (LOMH).

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