Y la herencia cultural, ¿a quién le importa?

Por Carolina Calero Larrea

El cantón Santa Elena, ubicado en la costa sur de Ecuador, está conformado por 68 comunas legalmente constituidas desde 1937, luego de que el gobierno de Federico Páez promulgara la primera Ley de Organización y Régimen de las Comunas. No obstante, pocos reconocen la importancia histórica, el estatus jurídico y la situación de conflicto territorial que están viviendo estas comunas ancestrales.

Silvia Álvarez dice que las comunas pueden ser entendidas como “unidades sociopolíticas de carácter estable, identificadas por su asociación a un territorio político-productivo de origen étnico sobre el que tienen derechos territoriales exclusivos”. La principal característica de las comunas está en la posesión colectiva del territorio y en el uso tradicional del mismo a través del desarrollo de actividades productivas como la agricultura, la pesca artesanal y la ganadería.

Legítimamente, el territorio comunal es indivisible, inalienable e inembargable, y en él no tiene cabida la propiedad privada. Es decir, cada comuna, desde que es reconocida como tal, posee un estatuto, un registro de la propiedad, una linderación y escrituras públicas otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Ningún comunero o familia comunera puede tener escrituras públicas de su predio, pues legalmente existe una sola escritura a nombre de la comuna. Las empresas privadas, personas naturales o instituciones tampoco pueden, de acuerdo con la Ley de Comunas y la Constitución de la República, adquirir territorios comunales y obtener escrituras públicas por la vía jurídica sin el consentimiento del cabildo y de la asamblea comunal. La Ley de Comunas aún vigente es clara, y establece en su artículo 21 que:

“Ningún notario podrá extender escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las comunas, sin previa comprobación de que se hayan observado fielmente las disposiciones constantes en el Art. 17. Si llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas prescripciones, tal instrumento adolecerá de nulidad, a costa de los que hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura”.

A pesar de esto, según el Presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena, Smeling Suárez, “actualmente no hay ni una sola comuna que no tenga conflictos de tierras (…). Hay comunas invadidas, dirigentes perseguidos y con sentencia, y ni un solo juicio ganado por las comunas”.

El Manifiesto Comunero escrito en agosto del 2014, con la participación de representantes de las 68 comunas, establece en uno de sus puntos que: “se agravan los conflictos territoriales de nuestras comunas asediadas en su patrimonio territorial por grupos privados que por distintas vías tratan de despojar inconstitucionalmente e ilegalmente a nuestras comunas de sus territorios (…)”. Así mismo, una comunicación realizada en noviembre del 2014 por la Federación de Comunas de Santa Elena al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, sede Guayaquil, señala que “en claro irrespeto y violación a la norma constitucional, varios grupos privados pretenden despojarnos de parte de nuestro territorio y determinadas autoridades administrativas y judiciales asumen resoluciones favorables a estos grupos privados, negando el carácter ancestral de nuestra propiedad colectiva sobre dichos territorios”. Y es que durante los últimos 30 años, más de 25 mil hectáreas de tierras comunales de las provincias de Santa Elena y Guayas fueron objeto de invasiones, traspasos irregulares y ventas ilegales. De acuerdo con Decio Machado, quien se basa en cifras del Magap, hoy se registran cerca de 150 mil hectáreas inmersas en este tipo de conflictos, es decir que más del 50% de los territorios de propiedad colectiva de Santa Elena estaría en riesgo de ser fragmentado y privatizado.

En la gran mayoría de los casos las empresas privadas han aplicado mecanismos fraudulentos para acceder a las tierras, valiéndose de falsos títulos de propiedad u obteniendo escrituras públicas ilegítimas pero inscritas en el Registro de la Propiedad por acción de jueces y abogados cómplices. Hoy, debido al gran potencial turístico, urbanístico y productivo que poseen los territorios comunales de la Península, se han incrementado las ventas, las apropiaciones ilícitas, las adjudicaciones fraudulentas y el despojo. A lo largo de la Ruta Spondylus (antiguamente conocida como Ruta del Sol), se puede notar gran cantidad de letreros que indican “Esto es propiedad Privada, no ingrese”, o anuncios que promocionan la venta de los terrenos comunales.

“Somos el pueblo indígena Guancavilca”

El territorio que actualmente conforma la Península de Santa Elena estuvo habitado, antes de la llegada de los españoles, por la Sociedad Manteño-Guancavilca (700a c. 1530 d.C.). Según Álvarez (1999), como producto de los procesos de colonización los guancavilcas perdieron su lengua nativa, su vestimenta, su moneda y se adaptaron rápidamente al sistema socioeconómico y cultural occidental, pero esto no significó la pérdida de su carácter étnico, y más bien, estas “pérdidas” habrían sido estrategias o transacciones para mantener el territorio y las formas de organización social tradicional.

La etnicidad de los actuales pueblos comuneros está estrechamente vinculada con la posesión colectiva del territorio. La vigencia de un sistema de propiedad colectiva es la evidencia de la continuidad cultural y por lo tanto, es el principal indicador de identidad cultural y étnica de las comunas. De ahí que, uno de los argumentos más potentes para arrebatar y privatizar los territorios colectivos sea la negación de la condición étnica de los comuneros. Por el hecho de no poseer una vestimenta tradicional, un lenguaje originario y una religiosidad específica se los ha tachado de grupos aculturados.

Acertadamente Silvia Álvarez señala que detrás del cuestionamiento al carácter étnico de estos poblados, está el interés de las élites y grupos económicos por desarticular, controlar y privatizar los territorios comunales de la provincia.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) reconoce y legitima a los habitantes de las comunas como pueblos indígenas Guancavilcas, y el Art. 60 de la Constitución de la República reconoce a las comunas como “formas de organización ancestral” que tienen derechos particulares sobre sus “territorios ancestrales”, no obstante, el conflicto étnico-territorial persiste en la actualidad.

Ante esta situación, las comunas se encuentran redefiniendo su situación identitaria. En el Primer Congreso de las Comunas de Santa Elena desarrollado en agosto del 2014, por ejemplo, se estableció como una de las necesidades y compromisos de los pueblos comuneros el “definirnos que somos pueblo indígena Guancavilca”, como un mecanismo y estrategia para la reivindicación de los derechos colectivos sobre el territorio.

Comuna Montañita

Ante los ojos del mundo, Montañita es un “paraíso” turístico visitado por sus playas y su “ambiente festivo”, sin embargo, se ignora que este “paraíso” es una comuna ancestral marcada por las luchas cotidianas que sus habitantes emprenden para proteger su territorio.

En el 2011 Montañita (parroquia Manglaralto) inició un litigio para no perder 150 hectáreas de territorio comunal reclamado por la familia de banqueros Andrade Peñaherrera, propietarios de la compañía Manglaralto Sociedad (MASA) y propietarios también de SolBanco. El alegato del juez Leonidas Litardo Plaza para fallar en contra de la comuna y a favor de Luisa Andrade Peñaherrera, representante legal de la empresa privada, dice textualmente:

“Es inadmisible aceptar la alegación de la Comuna Montañita, que dice entre otras cuestiones que las comunas tienen derechos imprescriptibles, inalienables, indivisibles e inembargables; sustentada en una propiedad ancestral e indivisible (…); pues al menos en esta Provincia [Santa Elena] no existe una sola comunidad o comuna, que como tal tenga o mantenga condición étnica pura; y que por ello sus territorios conserven identidad autóctona, como es el caso de la comunidad Tsáchila, en Santo Domingo de los Tsáchilas, las que existen en la Región Interandina; el Chota, en Esmeraldas y principalmente en la región amazónica, las que sí tienen que ser, particularmente protegidas, por su naturaleza étnica”.

Este discurso deja notar la vigencia de un concepto esencialista de la identidad étnica por parte de una voz oficial del sistema judicial. La “identidad autóctona”, bajo los argumentos señalados, excluye por completo a los comuneros de Santa Elena quienes para el juez no mantienen una “condición étnica pura”. Esta “pureza étnica”, por lo contrario, sí la mantendrían los Tsáchilas, los afros, los pueblos de la Amazonía y los indígenas de la Sierra. Posiblemente el alegato de juez se basa en aspectos como la vestimenta (plumas, ponchos), el lenguaje nativo o el color de piel, que son solo algunos de los elementos manifiestos que construyen la identidad étnica. Este caso deja en evidencia la relación entre la negación de la etnicidad de las comunas de la Península y el arrebato de los territorios colectivos.

Juntas del Pacífico y Sacachún

Otro caso reciente es el sucedido con las comunas Juntas del Pacífico y Sacachún, en la parroquia Simón Bolívar-Julio Moreno. Estas comunas se encuentran actualmente en un litigio con la empresa DIVEÑO S.A. representada por Rafael Enrique Noboa Baquerizo en sociedad con Johanna Bohman Amador de Noboa, Cónsul de Suecia en Guayaquil y cuñada del antes nombrado. DIVEÑO S.A. alega ser propietaria de aproximadamente 583 hectáreas divididas en dos predios que se sobreponen al cerro Las Negras, un importante sitio arqueológico reconocido por su valor científico, histórico y simbólico para las comunas de la parroquia. En este cerro se encontraban dispuestos nueve monolitos antropomorfos de origen Guancavilca, entre ellos San Biritute que desde el 2011 retornó a la Sacachún. Además, recientemente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha identificado la presencia de trece sitios de importancia arqueológica en el cerro. Según Stalin Tomalá, presidente de la comuna Juntas del Pacífico, el problema en la comuna es crítico, pues “en Juntas existen 9 774 hectáreas, de las cuales 3 500 están en poder de particulares”.

Comuna Valdivia

Otro caso polémico es el de la comuna Valdivia, ubicada en la parroquia Manglaralto, en la vía que lleva a Montañita. En este caso, los comuneros han luchado por casi treinta años para recuperar 267 hectáreas que fueron adjudicadas injustamente a la Compañía Marfragata en 1998, paradójicamente un año después de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del sitio arqueológico (13.000 metros) en donde Emilio Estrada encontró los primeros hallazgos de la milenaria Cultura Valdivia (1956).

Entre los argumentos que constan en la escritura pública otorgada a  esta empresa, se alega tener títulos de propiedad desde 1876. El litigio con Marfragata se reactivó en el 2013 luego de que el Alcalde de Santa Elena, Otto Vera, resolviera declarar de utilidad pública o de interés y de ocupación inmediata, tres hectáreas de terreno ubicadas dentro del supuesto predio de la compañía Marfragata. Esto debido a que el Ministerio de Turismo solicitó al Municipio de Santa Elena la declaratoria de utilidad pública y fin social de dicho terreno con la idea de construir allí el Parque Marino Valdivia. Marfragata se opuso y el Municipio inició una demanda de expropiación urgente y de ocupación inmediata de las 3 hectáreas. A la vez, Marfragata interpuso una demanda en contra de los ex dirigentes comunales acusándolos del delito de usurpación luego de unas protestas masivas en la comuna, y otra demanda al Instituto de Obras Públicas por construir en “propiedad privada”.

Hoy el Parque Marino está concluido, no obstante, el litigio no está resuelto pues Marfragata interpuso una acción de protección. A esto se suma el descontento de los comuneros respecto a la visión turística del Ministerio de Turismo, que parece haberlos excluido de la administración del Nuevo Parque Marino.  

El Mito del Agua

“Los animales se nos mueren porque no hay agua. Las tierras están secas porque no llueve”, dice José flores, poblador de la comuna Manantial de Colonche. Es que el problema de tierras comunales se ve agravado por el desabastecimiento de agua para consumo humano y regadío en las comunas de la península.

Según el censo  nacional realizado en el 2010, el 57,4% de la población en la provincia de Santa Elena tiene abastecimiento de agua mediante red pública. Las estadísticas, sin embargo, no especifican el nivel de desabastecimiento en las áreas rurales que predominan en el cantón Santa Elena, en donde se asientan las comunas, pero es fácil suponer que el abastecimiento de agua se concentraría en las zonas urbanizadas de Salinas, La Libertad y la cabecera cantonal de la Provincia. Lo que sí se especifica en el censo es que en el cantón Santa Elena existe un nivel de pobreza que supera el 80%, esto quiere decir que hay necesidades básicas insatisfechas, entre ellas, acceso al agua potable mediante alcantarillado. Las estadísticas como dato duro reflejan una realidad, corroborada con los testimonios de los pobladores, quienes muy lejos de la invención, la queja y el paternalismo, expresan su descontento ante un problema que afecta cotidianamente a sus vidas.

Santa Elena es un territorio históricamente marcado por la ausencia de lluvias y presencia de fuertes sequías. Hace más de mil años, los Guancavilcas (700 d.C. – 1534 d.C.) que habitaron esta zona solventaron esta problemática mediante el manejo de tecnologías hídricas, concretamente a través de la construcción de albarradas o jagüeyes, una especie de lagunas artificiales cuya cualidad era mantener el agua de las lluvias. Aún hoy, algunas de las comunas utilizan las pocas albarradas que han quedado para la agricultura y la ganadería, siempre y cuando haya llovido y exista la suficiente reserva de agua. Junto a este conocimiento práctico, existe también un pensamiento mítico: “Dicen que el Señor de las Aguas, el auténtico, anda por la provincia de Bolívar, porque ahí si llueve bastante”, advierte José Flores, devoto de la imagen. En Sacachún, por lo contrario, “desde que volvió San Biritute a la comuna, las lluvias regresaron”, cuenta Ambrosio Tigrero, quien presenció el rapto de San Biritute.

En torno a estos dos íconos existe una ritualidad y eficacia simbólica que rebasan toda lógica occidental de pensamiento. Y no es casual o arbitrario que imágenes católicas como el Señor de las Aguas y símbolos prehispánicos como el Monolito de San Biritute en Santa Elena, representen el agua, la lluvia y la fertilidad. La fragilidad de las condiciones básicas para la supervivencia por falta de agua explica por qué los habitantes de la Península de Santa Elena han orientado toda la potencia de sus creencias y peticiones hacia la venida de las lluvias.

Posiblemente uno de los recuerdos más presentes en la memoria de los comuneros es la sequía que se produjo a mediados del siglo pasado, pues se extendió durante casi dos décadas. La gente migró de Santa Elena a Guayaquil y las tierras fueron prácticamente abandonadas.

A finales de la década de los ochenta, la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé) inició la construcción del Trasvase Daule-Santa Elena. La idea era abastecer de agua para consumo y riego a la zona llevando agua desde el río Daule hasta la represa de Chongón, a partir de lo cual se distribuiría hacia el resto del territorio. Se suponía que con esta primera fase del proyecto se beneficiarían cerca de 24 000 hectáreas, sin embargo, al menos hasta el 2001, únicamente fueron irrigadas 6000 hectáreas de tierras comunales que ni siquiera pertenecían a los comuneros.

De acuerdo con un estudio realizado por la ESPOL en el 2005 el área de influencia alrededor del canal Trasvase está ocupada por propietarios privados, a tal punto que la pertenencia de tierras comunales en esta zona es menor al 10%, esto quiere decir que los principales beneficiarios del agua serían empresas privadas que se han apropiado de los territorios comunales cercanos al canal para el desarrollo de sus monocultivos y biocombustibles.

En noviembre del 2014, el gobierno de Rafael Correa inauguró una nueva etapa del Trasvase (Chongón-San Vicente), esperando con ello irrigar cerca de 9 000 hectáreas de terreno y beneficiar a cerca de 85 000 agricultores de las parroquias Simón Bolívar, Colonche y Manglaralto. Pero, la problemática no está solventada. Si antes no se regularizan y esclarecen las políticas sobre la tenencia ilegal de territorio comunal por parte de empresas privadas, esta gran obra y el agua que provee, nuevamente sería monopolio exclusivo de los grupos de poder. Frente a esta situación, los comuneros plantearon en el Primer Congreso de Comunas de Santa Elena, algo tan práctico como realizable, que unifica tanto tecnologías modernas como tecnologías ancestrales: “que el agua del Trasvase no sea para la producción de biocombustible. Que se utilice el agua del Trasvase para llenar las albarradas”

En el caso concreto de las comunas de Santa Elena, se trata de una lucha legítima e histórica por la supervivencia. Al fin y al cabo, sin agua y sin tierra, ¿quién puede vivir? Hoy las comunas se enfrentan a una arremetida desarrollista que afecta sus derechos colectivos: hoteles de élite con playas privadas para turistas adinerados, monocultivos, camaroneras, grandes proyectos inmobiliarios y turísticos inaccesibles para los comuneros, se presentan como premoniciones cercanas y ya visibles.

La provincia de Santa Elena tiene infinitos potenciales culturales. En esta zona existe una cantidad incalculable de recursos arqueológicos, conocimientos tradicionales, prácticas productivas y capital humano participativo y proactivo, pero todo está en riesgo, primero por la falta de agua y segundo por el peligro que corre el territorio colectivo que está pronto a privatizarse. Ciertamente es urgente la radicalización de una política pública orientada a garantizar los derechos colectivos, la interculturalidad y la equidad social, lo que implicaría desarticular la hegemonía de los grupos económicos que están fulminando cada día un verdadero modelo de Buen Vivir, como es la organización comunal y el territorio de posesión colectiva en la Provincia de Santa Elena.