Ecuador Asamblea 2025: ¿quiénes son los candidatos?
La mayoría de postulantes tiene trayectoria en el sector público. Cuatro no han presentado todas sus declaraciones tributarias.
Los candidatos a asambleístas de Zamora Chinchipe aparecen en quince procesos penales tramitados en la última década. Las denuncias, que abarcan delitos como ocupación ilegal de tierras, peculado, estafa, hurto y demás, señalan a ocho postulantes. Sin embargo, ninguno fue encontrado culpable, pues todos los casos fueron archivados o declarados prescritos.
Asimismo, cuatro candidatos no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI); y tres constan como deudores tributarios, aunque con valores bajos.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. La Barra Espaciadora y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Víctor Cueva Rojas, candidato de la Alianza Fuerza, Frente de Unidad por la Equidad y Renovación (listas 2-1), fue denunciado en 2013 por presunto peculado, cuando se desempeñaba como viceprefecto de Zamora Chinchipe, junto al líder indígena y entonces prefecto Salvador Quishpe (PK).
El caso avanzó con una investigación previa iniciada en marzo de 2013, y el 16 de julio de 2015 se dio inicio formal a la instrucción fiscal, que los acusaba de irregularidades en proyectos de infraestructura vial. Las denuncias, respaldadas por un informe de la Contraloría General del Estado y presentadas por la Fiscalía, señalaron supuestos incumplimientos en procedimientos administrativos y posibles sobrecostos en las obras.
El caso concluyó con la prescripción, el 21 de marzo de 2022, al determinarse que habían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la causa sin que se dictara una sentencia. Esta decisión cerró el proceso judicial y exoneró a Cueva y Quishpe de responsabilidad penal, dejando sin resolver en juicio la determinación de culpabilidad o inocencia. Fundamedios consultó a Cueva sobre este proceso, pero no hubo respuesta.
También consta el caso de Sheny Meza Ochoa, del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23. Ella tuvo tres investigaciones archivadas. La primera, en 2023, por supuesta estafa, concluyó al no contar con la colaboración de la denunciante.
En otra denuncia por presunta estafa, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes. Finalmente, en 2024, un caso relacionado con un supuesto uso indebido de documentos también fue archivado tras confirmar que Meza resolvió el conflicto con la denunciante. Fundamedios contactó a la candidata para tratar sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.
Miriam Zamareño Pérez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, enfrentó dos denuncias. La primera, en 2017, fue por presunto tráfico de tierras. La investigación concluyó tras dos años sin encontrar pruebas que le permitieran a la Fiscalía formular cargos. El juez determinó que el caso debía resolverse en la vía civil.
En 2024, Zamareño tuvo una segunda denuncia por presunta tentativa de asesinato. El incidente, ocurrido en el barrio El Pincho, en Yantzaza, involucró agresiones en un conflicto de tierras en el marco de un escándalo público que incluso requirió de intervención policial. La Fiscalía determinó que no había elementos para configurar un delito penal y remitió el caso a la vía civil. Fundamedios consultó a Zamareño sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.
Otros casos incluyeron a Glenda Quezada Sarmiento, de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y un socio suyo. Ambos fueron denunciados por supuestos hurto y abuso de confianza. Tras las investigaciones, la Fiscalía concluyó que no existían delitos y archivó ambos casos.
Consultada al respecto, Quezada defendió su inocencia y profirió una advertencia: “Son procesos que ya están archivados porque se demostró mi inocencia y no pasó de indagación previa. Pero me llama la atención que solo saquen los procesos que existieron y no se trate de dar a conocer a una figura como candidato en todos sus aspectos. No puedo dar más información, pero estaré atenta, para mí, al intento de acoso hacia mi persona. Estaré pendiente con mis asesores legales”.
Esperanza del Cisne Rogel, del oficialista Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, enfrentó dos procesos. El primero en 2019, por presunto ejercicio ilegal de la profesión, se archivó tras concluir que Rogel no actuó como abogada, como sostenía la denuncia, sino como representante de su comunidad.
En 2023, fue investigada por supuesto peculado como comisaria municipal de Yantzaza, pero la Fiscalía concluyó que no había pruebas que la vincularan al delito, archivando también este caso.
Édgar Jumbo Pineda, también de SUMA, enfrentó dos procesos, que fueron archivados. Uno, en 2021, por presunta falsificación de documentos, y otro, en 2024, por supuesta violencia psicológica, ambos cerrados por falta de pruebas y la no colaboración de los denunciantes.
Alcíbar Lupercio Sarango, del Movimiento Acción y Servicio (MAS), afrontó denuncias por presuntos violación a la intimidad y perjurio, en 2015 y 2022. En ambos casos, la Fiscalía determinó que no existían elementos para formular cargos y archivó las investigaciones. Él se ha desempeñado como asesor parlamentario y ahora busca ocupar directamente un curul.
Para contrastar sus versiones, se intentó contactar a los candidatos mencionados, pero ninguno concedió entrevistas ni respondió a las solicitudes.
En esta provincia amazónica, que tiene un padrón de 92.069 votantes, 22 candidatos de 11 organizaciones políticas compiten por dos curules en la Asamblea Nacional.
Incrementos de patrimonios y obligaciones tributarias
El exasambleísta Diego Esparza Aguirre, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), incrementó su patrimonio de 7.450 dólares a USD 78.700, entre 2018 y 2021, de acuerdo con sus declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General del Estado. En los años mencionados, pasó de trabajar como técnico territorial y analista en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, a ser electo asambleísta. Es el único candidato que busca la reelección. Dejó su curul tras la muerte cruzada ordenada por el expresidente Guillermo Lasso.
En contraste, hay candidatos cuyo patrimonio ha disminuido. Un caso que salta a la vista es el de Wilson Uday Patiño (Nuevo Horizonte), que en 2017 declaró 1’341.380 dólares, cuando trabajaba en el Municipio de Yantzaza; y en 2024, como jefe político de Zamora Chinchipe, registró un patrimonio de 1.020 dólares. Básicamente, todos los bienes inmuebles que había señalado anteriormente ya no constan en su última declaración.
De los 22 candidatos, 14 han ocupado cargos públicos. Cada una de las once organizaciones políticas presenta a dos candidatos en esta provincia. De estas, Amigo (lista 16) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) postularon candidatos sin ninguna experiencia en el sector público, contrario a ADN (lista 7), MAS (lista 63) y Nuevo Horizonte (lista 21-25), donde todos tienen ese tipo de historial laboral. En todos los demás movimientos hay un candidato con y otro sin trayectoria en la burocracia.
Además del exasambleísta Diego Esparza y del exasesor parlamentario Alcíbar Lupercio, hay otra candidata que también ha trabajado en la Asamblea Nacional. Janeth Macas Mendoza (PSE) busca pasar del servicio legislativo a la representación política.
En cuanto a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), cuatro candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta en los últimos años: Sheny Meza (SUMA), en 2021 y 2023; Héctor Valladarez (RC), en 2022; Eldi Quiñonez (Fuerza), en 2020; y Esperanza Del Cisne Rogel, en 2018.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
El candidato que más alto declaró este impuesto fue Diego Esparza (PSE), en 2022, con 6.684 dólares. Mientras que Wilson Unday y Narciza Orellana, ambos de Nuevo Horizonte, declararon en 2022 un impuesto a la renta de 1.015 y 1.076 dólares, respectivamente.
Por otro lado, tres candidatos registran deudas con el SRI, con valores por debajo de los 60 dólares.
En esta provincia, que tiene una vasta y megadiversa región fronteriza, los motores del desarrollo económico, así como los principales problemas sociales, están estrechamente ligados a la actividad minera.
Conoce a los candidatos antes de votar
Esta es una investigación realizada por el Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC).
