Por Milagros Aguirre A.
Hace unos días circulan en el chat del barrio varias alertas y denuncias acerca de llamadas extorsivas. Desde un número desconocido hacen una llamada y, si el usuario no contesta, empiezan los mensajes de texto y de voz: sabemos donde vives, te queremos proteger, alguien te quiere hacer daño y ha acudido a nuestra organización y nosotros te vamos a proteger… y esa protección cuesta, por supuesto. Un amigo músico también lo ha denunciado en redes y ha debido cambiar su número de teléfono. Nadie sabe qué hacer… la violencia empieza a colarse, a entrar sin tocar las puertas para dejar pasar al miedo.
En otra esquina del país explotan carros bomba —Esmeraldas, Daule— y en otra, desaparecen 150 pistolas del rastrillo de un cuartel policial, por ahí aparecen cuerpos desmembrados, drones y avionetas.
Mientras toda esa violencia, venida del narcotráfico y del crecimiento de las bandas delincuenciales, sigue ocurriendo a diario y sus tentáculos se hacen cada vez más grandes y tenebrosos, nos cuentan que un movimiento guerrillero/terrorista está siendo desarticulado. Allanamientos, operativos y detenidos.
Algo no cuadra. Las organizaciones de derechos humanos han dado una rueda de prensa (a la que la prensa tradicional no acudió) mostrando otra cara de la moneda: los detenidos son activistas, sí. De un movimiento llamado guevarista, de izquierda, sí. Militantes también, pero no “terroristas”. En la rueda de prensa familiares de los detenidos —Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, y Natalia Sierra, tía de Ernesto Flores—visiblemente afectadas, dieron su relato de los hechos. Claudia Gallardo contó que llegó la policía en la madrugada, que intentaron entrar a golpes pero que su padre mismo les abrió la puerta, y que se llevaron a su hermana y su cuñado, en presencia de su hijo, un niño de 11 años.
Gallardo dijo que estarán vigilantes porque todo esto suena a persecución política. Natalia Sierra comentó que la Policía irrumpió en la madrugada en la casa de su madre, de 81 años, y sin explicación, se llevó detenido a su sobrino. Militante. Sí. Activista, también. Pero no terrorista. “Hago responsable al Estado de cualquier cosa que pase con nuestros familiares, de lo que pase con mi madre, que es una víctima del Estado”, dijo, rota, pero con firmeza.
Que estos activistas, participantes en manifestaciones callejeras, luchadores sociales, inconformes con la realidad, con sus filiaciones políticas, hayan sido detenidos ahora, no cuadra. No convence la versión del terrorismo ni de que se esté cocinando un grupo guerrillero en el país. Suena más bien a cortina de humo, a historia repetida.
Algo similar ocurrió con los llamados 10 de Luluncoto, durante el gobierno de Rafael Correa. Acusados de los delitos de subversión, sabotaje y terrorismo y de formar parte de una célula subversiva del Partido Comunista Marxista Leninista, el gobierno se ensañó con ellos. Ellos eran militantes, sí, activistas, también y se preparaban para una marcha de protesta contra el gobierno. Y eso fue todo.
Las dos últimas ministras de Gobierno, Romo (ministra de Moreno) y Vela (ministra de Lasso), han planteado el tema de la existencia de movimientos de guerrilla urbana, luego de los sucesos de octubre de 2019, pero sus declaraciones más bien han aparecido en el contexto de la protesta y con el argumento de evitar desmanes en movilizaciones o marchas. Hoy las acciones judiciales estarían corroborando esos argumentos.
Los guevaristas repetidamente han contestado que lo suyo no es la violencia, aunque sí, la protesta , el activismo y el trabajo con comunidades y con sectores desfavorecidos, la defensa de derechos de trabajadores y de defensores de la naturaleza.
Han puesto en sus redes un video de Gabriela (“madre guevarista y no terrorista”) trabajando con niños en el barrio de San Roque. Y han denunciado la detención ilegal y arbitraria de sus militantes. Las organizaciones de derechos humanos dicen que estarán alerta. La sociedad debe estar alerta. La prensa también debe estar alerta… la persecución y hostigamiento por ideología política, por no estar de acuerdo con ‘chinos’, ‘cabezones’, comunistas, guevaristas y demás ‘istas’ no le hace bien a la construcción de la democracia.
Paradójicamente, en los cientos de casos de sicariato que van ocurriendo en el país, no se ve tanta efectividad: si en algún caso se atrapa al sicario… aquellos que pagan al que dispara el gatillo suelen estar libres, paseando con total impunidad. Algo no cuadra, definitivamente, en el país.
Es importante que el gobierno aclare la situación de estos detenidos, que se garantice su derecho a la defensa, que no se trate de un acto de criminalización política ni réplica de casos ya vividos de represión estatal. Porque… este gobierno, el del encuentro, no quiere ser calificado de represor, ¿o sí?
Milagros Aguirre Andrade es periodista y editora general en Editorial Abya Yala. Trabajó en diarios Hoy y El Comercio y en la Fundación Labaka, en la Amazonía ecuatoriana, durante 12 años. Ha publicado varios libros con investigaciones y crónicas periodísticas.
Otras columnas de Milagros Aguirre.
Explora el mapa Amazonía viva
¿Ya escuchaste nuestro podcast?
Al Oído Podcast es un proyecto de periodismo narrativo de la revista digital La Barra Espaciadora y Aural Desk, en colaboración con FES-Ildis Ecuador y FES Comunicación.
Al oído Podcast son crónicas y reportajes que recogen los relatos de ciudadanas y ciudadanos, pueblos, nacionalidades y colectivos que han sido víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales y de sus libertades individuales, como un ejercicio de memoria colectiva.
El equipo de Al Oído podcast está integrado por Pepe German, en la dirección técnica, la producción y el diseño de sonido; Ana Cristina Alvarado y Jonathan Venegas, en la locución; Diego Cazar Baquero, en la dirección de contenidos y un amplio equipo de reporteros free lance.
Búscanos donde sea que encuentres tus podcasts favoritos. Si tu aplicación de podcast lo permite, suscríbete para recibir nuestras entregas automáticamente.
