Por Milagros Aguirre A.
Como echar sal sobre una herida abierta resultaron las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional el pasado 10 de marzo. Toda la semana anterior en los medios de comunicación no se ha hablado de otra cosa que de “impunidad”, “ni perdón ni olvido”, del daño causado en octubre del 2019, de los daños sufridos en Quito (el Municipio hizo circular un listado), del incendio de la Contraloría (que hasta donde se sabe inició dentro del edificio y no precisamente lo iniciaron manifestantes). Revivir la tragedia de manera exacerbada, la consigna: que Quito no olvida el asedio, el miedo, los adoquines, que los vecinos se unirán para no dejar entrar nunca más a “esa” gente, que Asamblea fuera, que llamados a la muerte cruzada y a empezar, una vez más, de cero en el país…
Recuerdo el relato oficial cuando Dayuma, noviembre de 2007: que la gente disparaba desde las casas, que se cerraron las llaves del petróleo, que no se podía permitir el bloqueo de una vía, que se dinamitó un puente… 25 personas fueron acusadas de terrorismo y sabotaje, detenidas y acusadas por delitos que no cometieron y luego amnistiadas por la Asamblea en Montecristi. Documentado está que entre los detenidos estuvo el panadero, el vulcanizador, que los militares gasearon a la gente dentro de sus casas y que se llevaron detenidas a personas que ni siquiera estuvieron en el paro.
Debe ser desde ahí que soy escéptica: los relatos oficiales no son de fiar… he visto a una abogada de un ministerio negar, en audiencia pública ante un tribunal, la desaparición de la cascada de San Rafael por un proceso de erosión regresiva y por ende, negar un derrame de grandes proporciones del que hay fotos y evidencias; he visto a una empresa petrolera denunciar a un dirigente y a su abogado simplemente por pedir que se cumpla un convenio en la comunidad de El Edén, en el río Napo, donde la empresa llevaba años incumpliendo con todo lo ofrecido. He podido conocer de cerca la torpeza de fiscales y tramposos informes periciales en muchísimos casos relacionados con comunidades, justicia indígena, derechos humanos o delitos ambientales.
Por supuesto, una cosa es fiarse y otra, los hechos. Y muchos de los hechos de octubre de 2019 fueron violentos. No voy a justificarlos y esta columna, por supuesto, no es para eso. Sabemos que fueron violentos porque, además del descontento de los indígenas y de estudiantes, trabajadores y otros sectores que participaron en las jornadas, hubo muchos infiltrados y muchos intereses de pescar a río revuelto y de crear el caos, como bien lo deja ver Carlos Andrés Vera en los capítulos de su documental Laberinto. Pero… más allá de ese octubre tan difícil y doloroso, donde hubo tanta violencia entre los manifestantes como entre los represores, con víctimas mortales y con gente que quedó sin ojos, en un contexto particular, con reclamos frente a un gobierno bastante inútil, incapaz de negociar nada durante once días, permitiendo que se pierda la paciencia y que escale la violencia. Seguramente solo por eso —y luego por el manejo de la pandemia— el de Moreno será recordado como uno de los peores gobiernos de la historia.
No dejo de preguntarme por el escenario distinto que supone hoy, 2022, plantearse el “perdón” (si no quieren, no olviden). ¿Dónde quedó ahora lo de “gobierno de todos” y «gobierno del encuentro”? “Todos” implica, incluso, quienes están en la oposición.
Debería sorprender a la opinión pública que en la lista de amnistiados estén más de 200 personas desde 2012, con causas abiertas por terrorismo y sabotaje… además de las 60 personas involucradas en las jornadas de octubre. Están Victor Guaillas que fue condenado a cinco años, que murió en una de las masacres de la cárcel de Guayaquil dejando a nueve hijos huérfanos; Jovita Curipoma, de Fierro Urco, acusada por la empresa Guayacan Gold y por la fiscalía, de un delito que no cometió, igual que otros defensoras del agua y de sus comunidades.
Las amnistías debieron haber sido un pretexto para eso: para pasar página y trazar caminos de diálogo y de convivencia pacífica, de respeto. Ceder posiciones, buscar puntos de encuentro, entendimientos y trabajar, con cierta empatía, temas prioritarios para el país. Pero parece que hay sectores empeñados en lo contrario, en jalar la cuerda para que se rompa de una vez y estalle, si es posible, una guerra civil con más jornadas como las de octubre, repletas de odio, racismo y violencia.
Cuando se terminó el paro de octubre supuestamente, con el mediador de Naciones Unidas como testigo, se convocó “a crear un entorno de paz” y hasta se presentaron propuestas que nunca se discutieron en serio. Quienes reclaman “ni perdón ni olvido” parece que han olvidado que había ahí unos compromisos que las carteras de Estado, Gobierno y Asamblea recibieron e ignoraron.
Además de quienes vociferan frente a la Asamblea, piden amparo constitucional porque no pueden olvidar octubre, se insultan en las redes y echan gasolina sobre las chispas del descontento queriendo prender fuego, María Paula Romo reclama que el señor Jaime Vargas protesta en español y pide justicia en su idioma materno… es su derecho, aunque no le guste. Caso contrario habría que borrar la plurinacionalidad de la Constitución y las leyes.
Las amnistías a 268 personas, en lugar de ser tan cuestionadas —como si se hubiera perdonado a asesinos, violadores y narcotraficantes— y, dejando de lado octubre e incluso las negociaciones políticas en la Asamblea (que son legítimas pues así, negociando, se mueve la política) que incluyeron en la lista de amnistiados a la Prefecta de Pichincha y a sus amigos, debería ser una oportunidad para revisar por qué la justicia —y la investigación judicial—no funcionan. ¿Qué mismo pasó en Contraloría? ¿Por qué había tanto comunero criminalizado desde 2012?, ¿por qué tanto acusado de terrorismo?, ¿en verdad hay terrorismo en el país?, ¿por qué las empresas mineras ‘legales’ han denunciado a comuneros y los han acusado de “ilegales”?, ¿por qué el Gobierno no actuó a tiempo en las minas de Buenos Aires y permitió la ilegalidad para, finalmente, entregar una concesión a una empresa cuestionada?, ¿por qué los temas de aplicación de justicia intercultural son tan complejos y cómo se puede garantizar ese derecho?… Eso, entre otros muchos temas que salen a la luz.
Las amnistías de hoy, en el escenario pospandemia y en un gobierno que hace constantes llamados al encuentro, debería ser una oportunidad. No lo ha sido. Una pena.
Milagros Aguirre Andrade es periodista y editora general en Editorial Abya Yala. Trabajó en diarios Hoy y El Comercio y en la Fundación Labaka, en la Amazonía ecuatoriana, durante 12 años. Ha publicado varios libros con investigaciones y crónicas periodísticas.
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