El tablero electoral ha sido alterado por el crimen político en contra del candidato del movimiento Construye. El electorado de Ecuador espera los comicios del próximo domingo 20 de agosto en medio del terror, la rabia y la indecisión.
Las investigaciones del crimen en contra de Villavicencio están en manos de las autoridades de Ecuador, de Colombia y del FBI de Estados Unidos. La violencia política y el narcotráfico son dos fenómenos que operan juntos en el país y los primeros indicios dan cuenta de esta relación.
La Barra Espaciadora
El magnicidio en contra del candidato presidencial Fernando Villavicencio representa, hasta el momento, la más alta expresión de la creciente ola de violencia que azota a Ecuador. Sin embargo, es solo un eslabón más de una cadena de amenazas y crímenes cometidos durante la administración del presidente Guillermo Lasso en contra de figuras públicas. Pero es, también, el resultado de un proceso mucho más extenso.
Ecuador sucumbe al odio político instaurado desde hace más de quince años. La violencia criminal de hoy es una consecuencia de la violencia que alimentó el poder político durante los últimos tres gobiernos. Los discursos estigmatizantes en contra de todo detractor, la persecución mediante el abuso del sistema de justicia y el acallamiento de la opinión divergente desde el periodismo; la venganza como eje de la política pública y la pugna por espacios de poder contaminados de corrupción e ilegalidades son solo algunos ingredientes de una macabra receta que incluye al narcotráfico, profundamente enquistado en las instituciones del Estado durante los últimos tres regímenes.
A Fernando Villavicencio lo mataron el 9 de agosto de 2023. Solo diecisiete días antes, el 23 de julio, el alcalde de la ciudad portuaria de Manta fue asesinado por sicarios mientras visitaba un barrio de su ciudad. Ríder Sánchez Valencia, candidato a asambleísta para la provincia de Esmeraldas -una de las más violentas e inseguras del país－ por la Alianza Actuemos, que respalda la candidatura de Otto Sonnenholzner a la Presidencia, fue asesinado el 16 de julio. El lunes 15 de mayo, el alcalde de la ciudad de Durán, Luis Chonillo, quien había asumido el cargo tres meses atrás, sufrió un atentado del que salió ileso, pero tres personas fueron asesinadas en el hecho. Días antes, Chonillo había declarado que los 14 directores municipales de su administración habían recibido amenazas extorsivas o de muerte. El 4 de febrero de 2023, a vísperas de las elecciones seccionales en el país, fue asesinado Omar Menéndez, el candidato a alcalde por la ciudad costera de Puerto López auspiciado por el movimiento Revolución Ciudadana. Catorce días antes, el 21 de enero, fue asesinado por un sicario Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía de la ciudad costera de Salinas, en medio de un mitin de campaña. El 20 de diciembre de 2022, Javier Pincay, quien era por entonces candidato a la Alcaldía de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, fue víctima de tres disparos pero no murió. Horas más tarde, un explosivo estalló junto a una de las furgonetas de su campaña y se esparcieron panfletos con un mensaje: “Te lo dije, con la PLATA del NARCO no se juega. Me devuelven SÍ o SÍ Toda mi PLATA o atente a todas las consecuencias TÚ y toda tu gente”. El 5 de febrero, Pincay ganó las elecciones y comenzó su gestión con resguardo policial permanente.
El asesinato de Villavicencio es parte de esta secuencia que convierte a Ecuador en un Estado cuya política ha sido tomada por intereses del crimen organizado.
El 10 de agosto de 2023, a menos de 24 horas del magnicidio en contra del presidenciable, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra la candidata a asambleísta Estefany Puente, en la parroquia 24 de Mayo, en la provincia costera de Los Ríos.
El lunes 14 de agosto, en Esmeraldas, fue asesinado el líder político de Revolución Ciudadana Pedro Briones, mientras decenas de motociclistas en Guayaquil protestaban en una marcha motorizada en contra del traslado de alias ‘Fito’, a quien reconocieron como su «papá» y su líder. Varios policías motorizados custodiaron la protesta de los seguidres del recluso, considerado uno de los más peligrosos narcotraficantes del país. La serie de crímenes políticos que azota a Ecuador solo se incrementa con el paso de los días.
La despedida y el relevo político de Vilavicencio
Luego del crimen, Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio, fue el encargado de realizar los trámites legales correspondientes mientras la esposa, Verónica Saráuz, y las hijas de Villavicencio llegaban a Quito desde Estados Unidos, donde residían desde que el candidato asesinado se postuló, para evitar el riesgo, debido a que el político ya había recibido varias amenazas de muerte.
Al mediodía del jueves 10 de agosto, el cuerpo fue trasladado a la funeraria Memorial, en la avenida Río Coca, centro norte de Quito. Zurita condujo el carro fúnebre que había sido cubierto con una bandera del Ecuador.
Lo velaron a puertas cerradas. Un contingente de policías rodeó la zona y sólo familiares y amigos cercanos pudieron entrar a la sala, en donde se había dispuesto escolta policial. Llegaron personajes como la líder indígena Lourdes Tibán, el candidato Yaku Pérez y la política coidearia de Villavicencio Martha Roldós.
Alrededor de las siete de la noche entraron dos sobrinas de Villavicencio que llegaron directamente desde la Amazonía, donde residen. Los pocos partidarios que se congregaron pudieron entregar sus ramos de rosas blancas a través de ellas.
Al día siguiente, el 11 de agosto, el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno María Paula Romo, y que auspició a Villavicencio, organizó una capilla ardiente en el Centro de Exposiciones Quito en la que pudieron entrar los partidarios del candidato presidencial.
El gran hangar estaba lleno de fotos del candidato, sonriente. Hombres y mujeres con banderas del Ecuador ocuparon los graderíos. Amigos y familiares se congregaron y, sentados, miraban las grandes pancartas. En la parte alta, una pantalla dejaba circular imágenes, videos y entrevistas al político asesinado.
Había dolor y miedo. Periodistas con chalecos antibalas cubrían el evento. En el estrado habló primero el binomio presidencial de Villavicencio, Andrea González Nader, quien dijo que “él dio la cara y el pecho” ante la situación del país. González también usó un chaleco antibalas.
En el podio, lleno de flores blancas, se exhibió una foto de Villavicencio con una banda presidencial que llevaba la leyenda: “Mi poder en la Constitución”.
El público gritaba: “¡Fernando siempre vivo!”
Patricio Carrillo, exministro del Interior y candidato a asambleísta por el movimiento Construye, casi no pudo controlar su voz. Con espasmos de ahogo recordó al líder de su partido.
Luego subió al podio Christian Zurita. Vestido de negro, tomó fuerza y gritó: “¡Que viva Fernando!”. Luego recordó cómo se conocieron en la universidad, en 1988. “A Fernando le han dicho de todo: exsindicalista, activista, periodista, pero Fernando era un escritor”, destacó Zurita. “Yo le decía, Fernando, usa chaleco, casco, y él me decía: no, eso nunca va a pasar”.
Mientras hablaba Zurita, la gente gritaba: “¡Correa asesino!”. Zurita se preguntaba “¿Esto se va a quedar así?”. Y la gente gritaba: “¡No!”.
“Siento en lo más profundo de mi ser que, así como luchamos con todas nuestras fuerzas contra la impunidad ―Zurita mantuvo el silencio por unos instantes mientras cerró los ojos y apretó su puño izquierdo―, yo prometo, juro ―guardó silencio de nuevo mientras seguía con sus ojos cerrados y el ceño fruncido― que lucharé hasta identificar… y no dejaré esto en la impunidad.
Su puño se mantuvo cerrado con mucha fuerza al igual que sus ojos y sus labios, mientras la gente aplaudía.
“Él era mi pana, mi yunta, mi bróder, el más grande de mis amigos, y yo no le voy a fallar”, finalizó Zurita.
También hubo mucha confusión. No había certezas sobre si el ataúd llegaría al Centro de Exposiciones Quito. Circulaba información contradictoria. Que ya lo habían enterrado. Que ya no iban a traer su cuerpo. Que estaba por llegar la caravana fúnebre.
Martha Roldós, amiga personal y además exasambleísta, dijo que después de esto vendría “honrar el legado de mi amigo, que es un legado de valentía”. Para Roldós, Villavicencio fue “el hombre más valiente de los últimos quince años” e insistió en que el asesinato deja un camino abierto no solo para la política, “sino también para los periodistas de investigación; todos los que hacemos periodismo de investigación debemos estar detrás de la investigación de la muerte de Fernando”, concluyó.
Una mujer de la tercera edad estaba sentada en la primera fila. Vestida de negro no paró de llorar durante la ceremonia. Al terminar la misa, se aferró a su hijo que estaba a su lado y entre sollozos aseguró que Villavicencio había sido como un hijo más para ella. Lo había visto por última vez dos días antes del asesinato. Contó que ella le había ayudado a conseguir su primer trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, antes de trabajar como líder sindical en la estatal petrolera Petroecuador. Que era sencillo, dijo. Que cuando ella compraba papas, Villavicencio le decía: “No te comerás todas, dejarás un poquito”. Que tenía un sentido del humor muy fino, aseguró, y que no pensaba que él iba a morir antes que ella.
Alrededor de las tres de la tarde llegó finalmente el féretro, cargado por policías y familiares. La gente hizo una larga fila para tocar la bandera del Ecuador que estaba encima del ataúd. Sus hijas tocaron una canción con instrumentos de percusión.
Alrededor de una hora después, se retiró el cuerpo de Villavicencio y en la sala sólo quedó el ruido que hacían los trabajadores del lugar al retirar los grandes carteles con la imagen del difunto.
El entierro fue en el camposanto Monteolivo, solo con la presencia de los familiares. Sus hijas cantaron mientras el ataúd bajaba a la fosa.
Al mismo tiempo, decenas de personas se reunieron en el lugar del crimen, en las afueras del coliseo del colegio Anderson. Llenaron la acera de rosas blancas, los conductores que pasaban por ahí hacían sonar sus bocinas, banderas del Ecuador y banderas blancas con la foto de Villavicencio se agitaron durante más de una hora.
Hasta el sábado 12 de agosto por la noche no se sabía quién sería el reemplazo de Fernando Villavicencio para la candidatura a la Presidencia. El movimiento Construye planteó que Andrea González, la candidata a la Vicepresidencia, pudiera reemplazar al candidato asesinado. Sin embargo, en la mañana del domingo 13 de agosto se confirmó que el periodista Christian Zurita sería el nuevo candidato presidencial.
Enésimo estado de excepción, armas y traslado de alias ‘Fito’
Horas después de que se confirmara el fallecimiento de Villavicencio, el presidente Lasso y los miembros de su gabinete de seguridad decidieron emitir un decreto para declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional y movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Con ese decreto, Lasso acumuló 19 estados de excepción desde que comenzó su mandato, sin lograr detener la escalada violenta. Al contrario, los hechos demuestran que luego de cada estado de excepción, solo aumentan los secuestros, asesinatos y amenazas.
La tarde del sábado 12 de agosto, tres días después del asesinato de Villavicencio, Lasso dispuso un nuevo operativo de control penitenciario, esta vez dentro de la cárcel regional Guayaquil 4, donde estaba recluido Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de la banda narcocriminal Los Choneros, quien habría amenazado a Villlavicencio horas antes del crimen. Se trató de la quinta intervención desde que entró en vigencia el estado de excepción. El delincuente －considerado uno de los más peligrosos del país y quien ha dirigido los ataques en las calles ecuatorianas con la finalidad de generar terror y afianzar el control sobre las rutas internas del narcotráfico－ fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, junto a Tomas Daniel Piguave Candelario, alias ‘Gordo Candela’ o ‘Candelario’, y a Freddy Gonzalo Mendoza Fernández, alias ‘Gordo Mendoza’.
Muchos analistas y expertos en seguridad se preguntan por qué si Macías, Piguave y Mendoza habían sido catalogados por el Estado ecuatoriano como altamente peligrosos no estaban cumpliendo sus penas en las celdas de máxima seguridad.
Alias ‘Fito’ estuvo en la cárcel regional N° 4 durante una década y desde ahí ha controlado las dinámicas de ese centro de reclusión mediante extorsiones a los demás reos, al personal penitenciario, administrativo y a las autoridades de seguridad que no se atrevían a tocarlo. En los muros de los patios de esa penitenciaría, se exhibe un retrato suyo dentro de una especie de escudo de armas, en el que se ven sus iniciales, un fajo de billetes y armas. La imagen es una clara muestra de que ahí dentro no existe dominio del Estado y sus nsttuciones sino de las organizaciones criminales.
La Roca tiene 36 celdas individuales, donde los detenidos no tienen contacto entre ellos. Pasan 23 horas en sus celdas y tienen una hora libre en el patio. Este centro de reclusión volvió a operar en abril del 2022. Estuvo cerrado durante nueve años, luego de la fuga de 19 presos en 2013. Entre los presos que escaparon estaba, precisamente, alias ‘Fito’, quien fue recapturado meses después.
Las cárceles ecuatorianas son territorio bajo el poder de grupos de dlelincuencia organizada (GDO), en terminología policial adoptada incluso por los mismos delincuentes. Desde el 2019, cuando se registró la primera crisis carcelaria, durante el mandato de Lenín Moreno, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha estado bajo la dirección de siete funcionarios, seis de ellos, durante la administración de Guillermo Lasso. Ninguno ha logrado imponer el control del Estado sobre el sistema.
Solo entre 2021 y 2023 se han registrado 14 masacres dentro de las cárceles. Durante el régimen de Lasso ocurrieron 13 de ellas. En estos episodios han sido asesinadas 459 personas que guardaban prisión, según las estadísticas oficiales. Muchas de ellas fueron descuartizadas, incineradas o decapitadas. Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos aseguran que se trataría de un subregistro.
Luego de la última masacre antes del asesinato del candidato Villavicencio, ocurrida en julio de 2023, el Gobierno dispuso nuevos operativos de control y requisa y se hallaron, como siempre, armas de fuego, armas blancas, drogas, teléfonos celulares, computadoras y un sinnúmero de objetos prohibidos. Pero lo que más llamó la atención fue el hallazgo de armas de grueso calibre en el cielo raso de una oficina administrativa del SNAI. Por esta razón, renunció Guillermo Rodríguez a la dirección de esa institución. Pero Lasso demoró una semana, hasta el 8 de agosto de 2023, para nombrar a Luis Ordóñez como su reemplazo. Al día siguiente, fue asesinado Villavicencio.
El 28 de julio, un miembro del cuerpo de seguridad de Villavicencio emitió la alerta por una amenaza de muerte presuntamente emitida por alias ‘Fito’ en contra del candidato presidencial, en la que el delincuente preso le advertía que no mencionara más su nombre en sus declaraciones, a cambio de continuar con vida. Macías, alias ‘Fito’, protagonizó una alocución con formato de rueda de prensa, desde el recinto penitenciario en el que estaba detenido, para llamar a un pacto de paz entre bandas. Las autoridades no explicaron por qué el detenido tenía acceso a dispositivos de comunicación y transmisión vía internet desde la cárcel y lo exhibía sin pudor alguno.
En medios colombianos confirmaron la identidad de los seis presuntos implicados de nacionalidad colombiana de los cuales varios ya tenían antecedentes penales por violencia intrafamiliar, robo, homicidio, tráfico de armas, narcotráfico: Andrés Manuel M., José Neider L., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Jules Osmin C., y Jhon Gregore R.
Esto se supo luego de que la misma noche del asesinato se habían reunido de manera virtual altos mandos de la Policía de Colombia, altos mandos de la Policía de Ecuador y agentes del FBI, de EE.UU.. El sábado 12 de agosto, el Ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó esta cooperación conjunta y el lunes 14, los oficiales acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Quito, donde sostuvieron reuniones.
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