Por Milagros Aguirre A.
Ha pasado un mes desde que se inició el paro de la comunidad waorani de Dikaro, que reclama al Ministerio de Energía, a Repsol, a Petrolia, a Petroecuador, por lo que ocurre en su territorio. El gobierno —como tantos gobiernos— no entiende que el caso waorani es un caso particular y que, en lugar de arremeter contra quienes les acompañan en sus demandas, deberían escuchar.
Era obvio que la comunidad iba a reaccionar con la salida de Repsol o Petrolia del llamado Bloque 16, ubicado en pleno Parque Nacional Yasuní. Las autoridades debieron prever cómo sería esa salida con suficiente tiempo, antes de dar luz verde a la transacción que la petrolera española hacía en Madrid, vendiendo sus acciones a una empresa llamada New Stratus Energy (cuya operadora local fue Petrolia). Mientras se realizaba esa transacción de las grandes corporaciones se aplazaba o se dejaba de lado el plan de reversión y eso, inevitablemente, tendría consecuencias en las comunidades.
Digamos que la comunidad escogió una pésima fecha para sus demandas: empezó el paro el 25 de diciembre, cuando se supo que Petrolia, el día 31 de diciembre, debía entregar el bloque. Y es que ese tema les tomó por sorpresa. Esta empresa quiso quedarse y continuar con la operación, pero las autoridades decidieron que lo mejor era cumplir con la terminación del contrato que tenía fecha de caducidad 2022. Bien. Pero, ¿con qué plan asumirían el bloque? Parece que no había plan. O al menos las comunidades no lo conocen y, por ahora, lo único que tienen es incertidumbre.
Repsol generó en la zona una situación de dependencia con el grupo waorani que, por cierto, es el grupo de más reciente contacto con la sociedad envolvente. Los waorani de la zona de Dikaro empezaron a tener relación con el mundo occidental a finales de los años setenta, es decir, hace poco más de cuarenta años. En todos esos años, su relación ha sido prácticamente exclusiva con la petrolera y con sus trabajadores y relacionadores comunitarios.
La compañía, en esa zona del Yasuní, se hacía cargo de casi todo, porque ahí no hay presencia del Estado. Los profesores, el colegio y la escuela, la salud y hasta los funerales o las emergencias, eran temas resueltos por la compañía. Y así y todo… la situación de las comunidades es bastante precaria: 20 años de explotación petrolera y aún no están resueltos temas como el agua para consumo humano. Está claro que ahora, con la empresa estatal operando, las cosas no van a ser igual. ¿Con qué herramientas cuentan los waorani de esa zona para afrontar el cambio? Prácticamente con ninguna.
Si el ministro Santos (y su entorno) conociera un poco de los waorani no debería sorprenderle el pliego de peticiones. Endosar el paro de Dikaro a una hermana Laurita como “la principal activista” (como dice un comunicado firmado por la organización waorani, principal interlocutora del Estado y de la empresa petrolera) y el pliego de peticiones al abogado que ahora les acompaña es fácil. Pero el mundo waorani es muy complejo y las autoridades no parecen estar dispuestas a hacer ese esfuerzo de entendimiento.
El Ministro ha dicho cosas como que en 15 años no queda rastro de la contaminación. No es así. Y lo sabe. Las huellas quedan y solo basta recorrer algunas comunidades para notar no solo esa brea que permanece en la tierra, sino las enfermedades en la piel. Por eso es necesario hacer una auditoría ambiental para saber en qué condiciones quedó la casa una vez que salió el inquilino. Los waorani que habitan ahí merecen conocer cómo quedó su territorio luego de tantos años de explotación petrolera.
Y merecen saber cómo va a ser su vida de hoy en adelante, su relación con la petrolera y con las instancias estatales, a quién acudir cuando tengan algún problema de salud o cómo van a ser los nuevos contratos laborales, porque algunos de los miembros de la comunidad trabajan en la compañía. Ellos merecen saber si van a quedarse los profesores, si van a controlar la vía de ingreso, si van a poder salir a estudiar sus hijos, si van a tener recursos para ello y cuáles van a ser las compensaciones por seguir operando en su territorio. No pueden seguir en la incertidumbre. En un mes, no se ven señales claras de que las autoridades se preocupen por este grupo humano tan vulnerable. Al contrario, los waorani se sienten más inseguros: se va la luz en la comunidad (por un accidente, según las autoridades), helicópteros que vuelan cerca de sus casas y de las casas de sus vecinos los tagaeri-taromenani a quienes también tienen temor pues ya tuvieron muertos a lanzas hace 10 años (aunque el Ministro niegue su existencia con el peregrino argumento de que nadie les ha visto), miedo a la presencia militar, preocupación sobre su futuro, insisto: Icertidumbre… Por ahora, son 300 indígenas de contacto reciente —hombres, mujeres y niños— en un bloqueo pacífico de la llamada vía Maxus, contra todo un aparato estatal que no sabe qué hacer.
De todas formas la vida de ese grupo humano va a cambiar porque cambian las reglas de juego y las responsabilidades empresariales y estatales para con ellos. Están en el derecho de saber qué piensan las autoridades y cómo van a ser esas nuevas reglas. ¿Es tan difícil entenderlo? En lugar de endosar la responsabilidad del paro a una monja y al abogado que les han acompañado, las autoridades deben plantearse seriamente la protección y supervivencia de estos grupos humanos que siguen siendo vulnerables y que habitan en el corazón del tan mentado Yasuní. No están haciendo la tarea.
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