La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
En 36 días –contados desde el pasado 3 de abril, cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, hasta el 9 de mayo, cuando se publicó la base de datos con los nombres de los involucrados–, la mayor filtración de la historia se convirtió en todo, mucho y nada a la vez.
Es paradójico que la filtración de 11,5 millones de archivos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca sea insuficiente para arrojar resultados que al inicio parecían obvios, como el establecimiento de garantías para que haya transparencia en los temas públicos (no exclusivamente estatales) y la urgencia de cambios radicales en la regulación de los mercados societarios.
El entusiasmo con que varios activistas lanzaron en las redes la campaña #DifundanTodo se dio en las narices ahora que lo tienen casi todo. Al menos 300.000 nombres fueron liberados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en gran medida, debido a la presión de una opinión pública que al poco tiempo de alegrarse por la primicia empezó a exigir más información.
En el caso ecuatoriano, dado su contexto preelectoral, de polarización partidista, de intereses económicos marcados y de debilidad institucional, la mayor filtración de la historia está por devenir en una nueva tragicomedia con buenos y malos, dramas y silencios, intereses y, lo más grave, inocentes que no lo son.
En el capítulo Ecuador, el ICIJ reveló que hay 1 852 entidades offshore, 928 personas vinculadas, 325 bufetes y abogados intermediarios y 617 direcciones. Como vemos, las listas son largas y requieren más que buena voluntad para su tratamiento.
En esta primera fase “postfiltración” nos encontramos en medio del bullicio de intereses particulares y contrapuestos, del escándalo que no mueve un grano de arena de las estructuras económicas y de poder. La discusión no está solo en la legalidad o no de los Panama Papers, sino en su calidad de síntoma de un orden sistémico que garantiza y justifica la desigualdad. Estos papeles revelan la inequidad evidenciando el exceso, en contraposición con los típicos tratados académicos sobre la pobreza. Quizás allí resida uno de sus mayores méritos.
En el capítulo Ecuador, el ICIJ reveló que hay 1 852 entidades offshore, 928 personas vinculadas, 325 bufetes y abogados intermediarios y 617 direcciones.
Sin embargo, el bullicio empieza a parecerse a una torre de Babel. Cada quien habla y dispara desde su metro cuadrado de interés, lo que precisamente demuestra el caos institucional del Ecuador.
Un puñado de funcionarios de Petroecuador y del área energética (Alex Bravo, Carlos Pareja y Pedro Merizalde) están siendo investigados por tener negocios con empresas de papel en los paraísos fiscales. La Contraloría confirmó que las auditorías están en marcha porque estos personajes no incluyeron esos negocios en sus declaración de bienes.
Lo absurdo es que quien los terminará investigando es el fiscal Galo Chiriboga, quien también contrató a Mossack Fonseca para crear una compañía que se llama Madrigal Finance y que, de lo publicado y de su incapacidad para justificarlo, no fue incluida en su declaración de bienes cuando se desempeñó como ministro y presidente de Petroecuador, entre el 2005 y el 2008. ¿Quién investiga al fiscal? Nadie. Y la contundencia de esa respuesta nos obliga a no emitir más comentarios sobre este señor y a confiar en la inteligencia de nuestros lectores.
El oficialismo también tiene para disparar. En la lista de los Panama Papers están citados personajes vinculados a grupos de poder tradicionales, como Heinz Moeller, Francisco Vivanco, los hermanos Ortega Trujillo o Juan José Pons. O Juan Eljuri –cercano, entre otros, a los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa.
Estos papeles revelan la inequidad evidenciando el exceso, en contraposición con los típicos tratados académicos sobre la pobreza. Quizás allí resida uno de sus mayores méritos.
Esto ha provocado una cacería de brujas de todos los días. Si no es un astronauta, es un banquero; si no es un ministro, es un alcalde… Con un millar de nombres publicados, esa lógica se extiende al infinito y los ciudadanos de a pie no logramos entender nada.
Políticos, empresarios, autoridades, periodistas y ciudadanos estamos hablando idiomas distintos. Los Panama Papers se convirtieron en Babel Papers. Papeles de Babel en un país que, a punta de desigualdades, se comunica a través de intereses radicalmente opuestos, donde el proyecto común es la absolución propia y el señalamiento del otro en defensa del metro cuadrado en el que vivimos como individuos.
La bulla de denuncias, sospechas y acusaciones a los de a pie no nos da certezas. Las exigencias de los #DifundanTodo resulta tan inútil como el silencio de los periodistas que trabajaron con el ICIJ. La vinculación del fiscal Chiriboga provoca tanto pánico como debería provocar a los ciudadanos la pérdida de una oportunidad para sentar un precedente de transparencia en el país.
Han pasado pocos días desde la publicación de los Panama Papers y de la base de datos, por lo que podría decirse que todavía se puede dar el beneficio de la duda a las instituciones públicas y de la sociedad civil que se desenvuelven en ámbitos fiscalizadores.
Mientras tanto, es como si nada hubiera pasado: miles o millones de personas charlamos sobre el truculento mundo de las offshore en los paraísos fiscales y, sin embargo, no nos terminamos de explicar por qué puede ser truculenta una actividad de negocios que, si bien reconoce la sombra de dudas que la persigue, también se jacta -con ley en mano- de ser absolutamente permitida.
