Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo
Un informe del 28 de diciembre de la firma Cedatos indica que solo el 32,7% de la población confía en el presidente Lenín Moreno. La ya golpeada credibilidad del gobierno se vio amenazada al existir la posibilidad de perder el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si no se conseguía la aprobación, y sobre todo la publicación en el Registro Oficial, de la Ley de Simplicidad Tributaria. Mantener esta cuerda de salvación se convirtió en la única opción del régimen para sostener su programa económico que, aunque dice pretender ajustar las cuentas fiscales, se ha sustentado básicamente en mayor endeudamiento, así como en una agresiva disminución de uno de los motores más importantes de la economía: la inversión pública.
Por ello, el último día del 2019, en una acción que ha sido ampliamente cuestionada por varios sectores y analistas, la Asamblea Nacional envió al Registro Oficial para su publicación inmediata, el texto de la Ley de Simplificación Tributaria, con el que se espera recaudar algo más de 600 millones de dólares, pero con el cual también se prevé la salida de grandes cantidades de divisas. El saldo de estas operaciones determinará en buena medida la suerte no solo del crecimiento de la producción en nuestro país, sino también la capacidad de seguir sosteniendo la dolarización.
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Esta ha sido una década marcada por un agresivo endeudamiento a escala mundial, sobre todo para las economías denominadas emergentes y en desarrollo. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, “la relación entre deuda y PIB de los países en desarrollo ha aumentado 54 puntos porcentuales hasta llegar al 168% desde que la deuda comenzó a acumularse, en 2010”.
Ecuador no ha sido la excepción. El país andino cierra el 2019 con una deuda pública consolidada –es decir, que excluye las obligaciones pendientes con otras instituciones del Estado, como CFN o IESS– de al menos 38,33% con relación al PIB. En cuanto a la deuda pública agregada –que incluye deuda entre instituciones del Estado–, el indicador alcanza el 52,03% del PIB (el dato exacto será mayor, puesto que este cálculo del Ministerio de Finanzas al 30 de noviembre consideraba una proyección de PIB mayor a la que anunció la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, el pasado 26 de diciembre).
Ambos indicadores, tanto el de deuda agregada como el de deuda consolidada, son significativamente mayores a aquellos observados en 2018, año en el que la deuda pública consolidada alcanzó el 33,26% del PIB y la deuda pública agregada el 45,2% con relación al PIB. Es necesario aclarar que, a partir de enero del 2019, el Ministerio de Finanzas calcula este indicador utilizando una nueva metodología, según la cual el presente año habría iniciado con un 49,35% de deuda, frente al 46% que se obtuvo con la metodología anterior.
Para intentar solucionar sus problemas financieros, el Ecuador ha optado por el camino de la ortodoxia económica y el auxilio del FMI. Así lo ha dejado en claro el presidente Lenín Moreno en varias ocasiones. Una de ellas cuando dijo que “se debe producir con la derecha, y lo justo repartir con la izquierda”. La frase la pronunció durante una conferencia en la Universidad de Harvard, el 28 de septiembre del 2018, develando así el enfoque político de su gobierno.
Con esta declaración –aparentemente inofensiva– se dividió el ámbito de la producción como si fuera incompatible con el de la distribución. Al primero, objetivo macroeconómico, se le asigna importancia prioritaria, mientras que al segundo se lo ubica como parte del ámbito de “lo social”, con el consecuente menosprecio y relegándolo además a una visión asistencialista, bajo la cual corregir las inmensas y hasta inmorales desigualdades deja de ser prioridad de las políticas públicas y pasa a ser una actividad marginal.
Para continuar con el programa de ajuste, el FMI aprobó un desembolso por 498,4 millones de dólares para Ecuador como parte del acuerdo financiero que el país mantiene con ese organismo multilateral, tras la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, con la que el gobierno espera recaudar más de 600 millones de dólares. Sin embargo, las previsiones no son alentadoras. El mismo Fondo Monetario prevé un decrecimiento de -0,5% del PIB para el 2019 y una cifra similar para el 2020, y resalta el debilitamiento del Ejecutivo luego de los episodios de octubre.
De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Finanzas, y a pesar de haber logrado una importante disminución del déficit fiscal en 2018 (-3 332,9 millones de dólares) con respecto al 2017 (-5 837,7 millones de dólares), las proyecciones de disminuir el déficit en 2019, calculado en algo más de 3 600 millones de dólares, no se cumplieron, pues la principal decisión del gobierno para lograrlo: eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel, tuvo que ser derogada después del paro y las protestas de octubre.
Las pérdidas materiales fueron graves. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, se perdieron 136 millones de dólares por la paralización temporal de los campos petroleros. Adicionalmente, se observó una reducción de 276 millones de dólares en la recaudación de noviembre, con respecto a la del mes anterior.
Y aunque ahora varios analistas políticos y económicos pretendan reducir el análisis y señalar a las movilizaciones como únicos culpables de esto, lo cierto es que las protestas tienen que ver con el progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de una buena parte de la población y la desigualdad profunda que vive Latinoamérica. Pretender manejar ese grave problema a través de la estrategia del berrinche que culpa de todo a su antecesor no solo deja ver inmadurez política, sino también incapacidad por parte del gobierno.
En ese escenario se planteó la eliminación del subsidio como una urgencia para disminuir un gasto al gobierno y con ello, la consecuente necesidad de mayores impuestos. Nadie duda de la necesidad de ordenar las cuentas fiscales. La pregunta seria es: ¿de verdad el Presidente y sus asesores no pensaron en el costo social y político de esta medida? ¿Con tantos estudios citados a favor de la eliminación de los subsidios, nunca leyeron ni revisaron que toda esa literatura científica y académica, incluso aquella producida o auspiciada por el mismo FMI, advierte de los inmensos costos sociales y políticos de esa medida? ¿En serio pensaron que un subsidio que ha estado vigente por más de cuarenta años se podía retirar a cambio de pedir comprensión a la población más vulnerable?
No se trata de argumentos arrogantes como aquel de “lo que están subsidiando es mi gasolina”, ni tampoco de visiones romantizadas como la de “mi tractorcito”; se trata de una economía cuya producción está al menos en un 40% fuertemente ligada a estos combustibles y al aparentemente elemental hecho de que la eliminación de un subsidio es una medida de política económica y por tanto, no puede pretender ser analizada únicamente con ecuaciones matemáticas, sino que tuvo que ser pensada considerando las luchas por el poder.
Así, nos encontramos ahora en el peor de los escenarios, con un déficit no solo irresuelto, sino profundamente agravado, que de acuerdo con el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, podría superar los 5 000 millones de dólares, con un índice de riesgo país de 825 a la fecha de escritura de esta nota, con varios daños materiales y comerciales; según datos de la Defensoría del Pueblo, además, con un saldo de 11 personas fallecidas; 12 personas que perdieron un ojo; una persona que aún permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos y más de 1 000 personas detenidas, 80% de cuyas detenciones han sido catalogadas como arbitrarias por esa misma institución.
Es en ese escenario en el que se insiste en mostrar a la economía como un campo abstracto. Es esa incapacidad para comprender que los fenómenos económicos son esencialmente culturales, sociales y políticos, lo que ha determinado el fracaso de las intenciones del gobierno por desplazar al Estado de sus responsabilidades, pretendiendo que los fenómenos sociales se ajusten, cual variable de modelo parametrizado.
Sin embargo, los presupuestos ortodoxos y neoclásicos suelen ser mucho más idealistas de lo que su supuesto pragmatismo quisiera. Alcanzar nuevos puntos de equilibrio toma tiempo y en ese proceso están implicadas las vidas de los seres humanos, y de la misma manera que se acusa a la izquierda de relegar para el futuro el problema del déficit, la derecha parece no solo querer postergar, sino negar el problema de la inequidad.
Por eso, en lugar de acusar violentamente de comunistas, de maduristas, chavistas, y, por supuesto, de correístas, de enemigos del pueblo, a quienes criticamos las medidas, es imprescindible que el gobierno comprenda que la legítima, y sí, necesaria búsqueda de prudencia fiscal, de atracción de inversiones, de alivio al sector productivo privado, parta de reconocer las dimensiones históricas, sociales y culturales de las acciones políticas. También las de política económica.
Al desafío del déficit, el gobierno debe sumarle las preocupantes cifras de empleo adecuado, de tan solo un 38,5%; el creciente desempleo, que alcanzó este año una tasa de 4,9% hasta octubre de 2019, indicador que casi se duplica en Quito y al cual han contribuido bastante los despidos masivos del sector público, a pesar de que con ello no se ha conseguido mayor disminución del gasto público, pues la variación en gastos de personal entre el 2018 y el 2019 es de -1% y la disminución representa el 0,3% de los gastos totales; ni tampoco se ha propuesto un nuevo modelo de gestión para el Estado, apelando a la mentada eficiencia, sino que solamente se ha reducido personal, empezando por aquellas personas que resultan más fáciles de “desvincular” –eufemismo utilizado para evitar la palabra despedir–, sin ninguna consideración sobre su aporte a la institucionalidad pública.
Ante este difícil panorama económico para el nuevo año, el gobierno debe tener muy en claro que un programa de ajuste siempre termina apretando a alguien y que la clave está en decidir a quién y en qué medida apretará. Que al pensar en ello tenga en cuenta que el desempleo adecuado en el sector rural es del 21,1%, casi la mitad del nacional, que alcanza el 38,5%; que el trabajo no remunerado en esa zona quintuplica al de la zona urbana, con 21,1% frente al 4,9%, y que esas cifras se agravan para la población indígena: 8 de cada 10 indígenas en Ecuador no tienen empleo adecuado y 3 de cada 10 no tienen trabajo remunerado, según las cifras del 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Que considere el gobierno que la inversión de Desarrollo Agrícola en 2019 cayó en 123% con respecto a la observada en 2016, según datos del Banco central del Ecuador; que hay un 15% más de probablilidad de que una familia cuya cabeza es un indígena esté bajo la línea de pobreza, de acuerdo con Cedlas y el Banco Mundial, y que, si dicen tener un mínimo de consideración con el tema de género, deberían estar conscientes de que ante las políticas de disminución agresiva de los servicios públicos, son las mujeres pobres las más afectadas.
Si las intenciones del gobierno contemplan seriamente evitar nuevos levantamientos y protestas, si están decididos realmente a asumir la responsabilidad del gobernante –que es mucho mayor que la de los ciudadanos, justamente porque es el gobierno quien detenta el poder– de evitar la violencia, el diseño y la aplicación del programa económico deben considerar que la economía no se limita a cálculos y ecuaciones, sino que es, sobre todo, una ciencia social y que su manejo constituye una herramienta muy poderosa. Deben recordar que lo que sucede en el campo económico es siempre expresión del funcionamiento cultural de una sociedad.
