Por Karina Marín / @KarinaML17
Lo que comparto a continuación es la reescritura de un texto que publiqué en 2013, en el desaparecido diario Hoy, luego de que el entonces presidente Rafael Correa amenazara a las asambleístas de su partido si votaban a favor de la reforma al COIP que ellas mismas habían impulsado, la misma que planteaba despenalizar el aborto en casos de violación. Vuelvo hoy sobre esta reflexión y me sobrecoge pensar cuánto tiempo ha pasado desde aquello, mientras miles de mujeres siguen muriendo en Ecuador por verse obligadas a someterse a abortos clandestinos, y mientras miles de niñas siguen siendo forzadas a parir el producto de una violación. Como defensora de los derechos de las personas con discapacidad, me estremece pensar que muchas de esas niñas y mujeres son personas con discapacidad. Me estremece pensar que la ley está hecha de tal modo que permite que el mismo violador pueda hacer que esa niña o mujer con discapacidad aborte las veces que sea necesario, para borrar la huella que deja el delito de la violación en ese cuerpo devastado.
En aquel entonces, anoté que no debemos olvidar que la única reforma al COIP que se llevó a cabo en 2013, en lo que respecta al aborto, tuvo que ver con una rectificación formal del modo de nominar a las mujeres con “discapacidad mental”, que antes la ley reconocía como “idiotas” o “dementes”. Esta modificación, sin embargo, no representa más que una acción políticamente correcta pero hueca, que enmascara la continuidad de la discriminación. Además, da lugar a muchas dudas: ¿qué entiende la Ley por “discapacidad mental”? El término, como tentativa de clasificación, no está reconocido por organismos internacionales. Por lo tanto, genera ambigüedad, lo que a su vez ocasiona que la aplicación de esta excepción sea arbitraria y peligrosa.
Ahora bien, esta excepción del COIP, que consta en el Art. 150.2, parece desconocer que miles de mujeres con discapacidad en todo el mundo son víctimas de abuso sexual. Desconoce, además, que al permitir que terceros decidan sobre la terminación del embarazo producto de una violación, se incumplen acuerdos internacionales que determinan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, derechos que deben ejercerse de manera autónoma e informada. Fue precisamente debido a ese incumplimiento que, luego del último informe presentado por el Estado ecuatoriano ante el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el 2019, los expertos internacionales expusieron entre sus observaciones la necesidad de que el Estado ecuatoriano prohíba expresamente la esterilización forzada y la interrupción del embarazo sin consentimiento. Recomendó, además, que el Estado garantice “la integridad y autonomía de las personas con discapacidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado y con apoyo en la toma de decisiones para solicitar o rechazar tratamientos en todos los procedimientos que les incumban”.
Algunas voces piadosas tratarán de argumentar diciendo que las mujeres con discapacidad que han sido violadas merecen otro trato y algo de compasión. Pero dejando de lado rodeos moralistas y otras delicadezas, la verdad es que no quieren imaginar la maternidad de mujeres que la sociedad prefiere asumir como seres asexuados, a veces angelicales, otras veces monstruosos. Lo que está detrás de esta excepción tiene que ver con un ejercicio del poder sobre la vida de los individuos, que decide qué vidas merecen ser vividas y qué vidas pueden ser desechadas. Lo que está detrás de esta excepción es, para decirlo fácil, pura hipocresía.
Las sociedades modernas, industrializadas, se sostienen sobre la base de tener que garantizar solamente la reproducción de ciudadanos económicamente productivos. Esto permite comprender por qué la reproducción y la sexualidad son los grandes temas alrededor de los que giran los debates sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Por lo tanto, ¿qué tipo de ser humano puede ser engendrado por una mujer con discapacidad? Uno que, según la mirada normalizadora de algunos, heredero del ‘mal’ materno represente una carga para la sociedad. De ese modo, prescindir del nasciturus que se prospecta en el cuerpo de la mujer “idiota” no es un acto de piedad hacia ella, sino un modo de controlar la expansión de lo que la sociedad –y el Estado, respaldado por las leyes que la regulan– percibe como anormal e improductivo.
Se entiende entonces que, cobijada por una religiosidad también controladora, esta excepción se esconda tras la máscara de la conmiseración. Pero lo cierto es que el Art. 150.2 del COIP es el lugar de la ley en el que se concentran todas las contradicciones de los argumentos que dicen defender vidas y los usos demagógicos, partidistas y clientelares de los derechos de nosotras, las mujeres. Porque cuando el acto de violación sexual está siendo consumado, no hay nada que diferencie a una mujer de otra. Porque las mujeres con discapacidad también son mujeres. ¿O es que acaso la falta de discapacidad en unas mujeres le da características distintas a la violencia sexual perpetrada en su contra? Un absurdo como este ya no puede sostenerse. Al menos, no sin una buena dosis de cinismo.
Si la Constitución que tanto defienden se jacta de garantizar la igualdad de sus ciudadanos ante la ley, prohibiendo todo tipo de discriminación, esta excepción irrespeta esa Constitución, porque discrimina a todas las mujeres: a unas, porque se percibe en ellas un cuerpo imperfecto, incapaz de engendrar y de autodeterminarse; a otras, porque el derecho a decidir sobre su propio cuerpo desaparece para dar paso a una corporalidad ‘naturalmente’ destinada a la reproducción, incluso si para ello ese cuerpo fue violentado. En uno y otro caso, tanto como la ‘revolución ciudadana’, que acentuó sin ningún tipo de vergüenza imaginarios de segregación y violencia, los supuestos defensores de la vida, muchos de ellos acérrimos opositores al correísmo, replican los argumentos de exclusión y tortura. Ellos, votantes entusiastas del nuevo presidente conservador, fieles a sus creencias religiosas, terminan siendo aliados de su peor enemigo. Afortunadamente, desde los feminismos, hace rato sabemos que el patriarca se viste de cualquier ideología.
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Karina Marín Lara es escritora, crítica literaria e investigadora académica. Su trabajo gira en torno a los estudios visuales, la literatura y los estudios críticos del cuerpo y la discapacidad. Desde el feminismo, milita por los derechos de las personas con discapacidad.
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