Redacción La Barra Espaciadora
¿Qué pasó en realidad con el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y su conductor, Efraín Segarra? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Otra vez: ¿qué pasó? Y más: ¿qué sigue pasando? Las preguntas con las que se arma todo reportero ya no son suyas, sino de quienes quedamos. Y entre los que quedamos se cuentan todos, desde sus familiares más cercanos hasta aquellos que diariamente ponen un pie fuera de la cama para hacerle frente a la incertidumbre.
Sin embargo, con mayor o menor conciencia del valor de las respuestas, el jueves 12 de diciembre, día en que se dio a conocer el informe final de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre el secuestro y asesinado del equipo de El Comercio, vimos cómo los gobiernos de Lenín Moreno y de Iván Duque se hermanaron para cerrarle el paso a la verdad.
En la audiencia, en Washington, estuvieron presentes los directivos de la CIDH, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, del Equipo de Seguimiento Especial (ESE, que levantó el informe), los delegados de Ecuador y Colombia, y los familiares de las víctimas y periodistas.
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El informe de 103 páginas refleja un gran esfuerzo por contar la verdad y, a la vez, sortear las presiones que intentan maquillarla. La recomendación de una reparación integral para los familiares de las víctimas, la evidente descoordinación de las investigaciones y la infame falta de transparencia por parte de ambos gobiernos son algunos de los temas más destacados.
En el fondo del caso está la posibilidad abierta de que tanto Ecuador como Colombia reconozcan sus responsabilidades y se vean obligados a determinar una reparación integral a los familiares de las víctimas por acciones u omisiones que incidieron en el secuestro y asesinato de los integrantes del equipo periodístico.
“Querido Ricardo, querida Yadira, querido Galito”. Así saludó el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Morales, delegado ecuatoriano, antes de iniciar su intervención. Ese saludo a los familiares de las víctimas resultó equivalente al pedido que “muy cariñosamente” hizo el embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez para que el documento emitido por la CIDH se mantenga en reserva por tratar, según él, asuntos de “defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales…”.
Ordóñez –un político tildado de ultraconservador en su país, y quien hacía pocas semanas protagonizó un cruce de palabras con la comisionada y presidenta del ESE, Esmeralda Arosemena– dijo que el equipo “excedió el mandato” para el que fue creado, y cuestionó el informe diciendo que “falta a la objetividad y a la rigurosidad”, pues acude a “referencias periodísticas o literarias como el libro Rehenes”.
El periodismo como insumo de investigación para la CIDH
El informe del equipo de la CIDH, en su párrafo 329, claramente descarta “una conducta temeraria” del equipo periodístico: “…según lo ha constatado el ESE, el equipo de El Comercio llegó a la zona a hacer un cubrimiento periodístico, no ingresó por el río, ni por una trocha, ni lo hizo saltando los controles. Por el contrario, según la información analizada, pidió autorización al jefe del Mando Único, y quedó registrado en el DESMAJ (Destacamento de Infantería de Marina de Mataje), todo lo cual en principio descartaría una conducta temeraria. En este sentido, para el ESE, el ejercicio probatorio respecto de dicha hipótesis debe evitar caer en una especie de re victimización a las víctimas debido a su trabajo periodístico.”
El informe, en su párrafo 335, recomienda que se “designe una comisión especial” que “garantice a los familiares de manera coordinada el acceso a la información en poder de las diferentes agencias, y se establezca:
En Ecuador:
- Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro
- Qué papel cumplió el comité de crisis
- Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse
- Cuándo se tomó la decisión de la ruta a seguir
- Si se autorizó a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
En Colombia:
- Si existieron durante los meses que actúo el FOS alertas tempranas o claridad por parte de los organismos de protección y seguridad respecto de la existencia de grupos disidentes de las FARC que determinaron situaciones de riesgo extraordinario para periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos
- Si existieron o no operativos de fuerzas armadas colombianas, con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
En el párrafo 339, el informe también “recomienda que los estados de Ecuador y Colombia valoren la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paúl, Javier y Efraín, en el entendido que han sufrido aflicciones severas y afectaciones a las condiciones de existencia propias y en su relación con las víctimas.”
En el punto 7 de la introducción, el Informe señala:
“De igual forma, la información oficial se contrastó con la suministrada al ESE por integrantes del gremio periodístico y las investigaciones abiertas al público. Particularmente, a solicitud de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados, se incluyeron datos del libro Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, aspecto objetado por el Estado de Ecuador bajo la perspectiva de que el ESE debió ceñirse a la información oficial a la que se tuvo acceso, siendo la que, a su juicio, posee las características de relevancia, objetividad, exhaustividad y fiabilidad.” (Ese pág 4)
Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, en la reunión del día 12, hizo alusión a esa incomodidad del Estado ecuatoriano:
“El Estado coincide en que la apreciación -creo que en algún informe anterior lo decía el gobierno del Ecuador- falta a la objetividad y a la rigurosidad, lo anterior teniendo en cuenta que en su Informe el Equipo acude y referencia investigaciones periodísticas y literarias, por ejemplo el libro titulado Rehenes, por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio; el Estado colombiano no tuvo la oportunidad de acceder y analizar las observaciones realizadas y la información complementaria aportada por el Estado del Ecuador.”
Al respecto, el informe textualmente expresa: “… el ESE considera que la investigación realizada por los periodistas Arturo Torres y Ana Belén Arroyo, así como el resto de las publicaciones mencionadas en este informe, aparecen suficientemente documentadas y contienen información que debiera ser tomada en cuenta por quienes dirigen la averiguación penal, a fin de guiar las actividades investigativas necesarias para clarificar la razón de las inconsistencias advertidas. El ESE entiende que el objetivo final de las investigaciones en curso es reconstruir la verdad de lo sucedido -ya sea confirmando o descartando las versiones oficiales o las periodísticas”.
El relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, al referirse a la narrativa de los estados y la inconformidad con que se haya utilizado el libro en el Informe, dijo en la reunión del día 12:
“…toda la primera parte de este, y eso tal vez sea lo innovador, lo que trata es de responder e integrar otros aportes que hubo de la sociedad civil, del periodismo, de los propios estados a través de las investigaciones, con los cabos sueltos que nosotros aclaramos que todavía quedan porque estamos en un inicio que están integrados en esta nueva narrativa para tratar de salir de esa, de lo que siempre pasa: que el Estado se atrinchera en la historia oficial y las víctimas se quedan sin respuesta.”
Promesas falsas e impunidad
Luego de que el ESE presentara su informe y señalara la falta de acciones por parte del gobierno ecuatoriano para evitar el asesinato de Javier, Efraín y Paúl, el canciller ecuatoriano, José Valencia, declaró que los periodistas de El Comercio cruzaron a Colombia de manera voluntaria.
Alineado a las constantes posturas de negación que han mantenido funcionaros del régimen de Moreno, empezando por el mismo presidente y pasando por el Procurador, Íñigo Salvador, Valencia se atrevió a afirmar que el paso del equipo periodístico a territorio colombiano fue una decisión del diario en el que ellos trabajaban. Lo dijo, aun cuando todas las pruebas señalan que el quipo de El Comercio llegó a la población de Mataje, donde fueron secuestrados, con la autorización debida del jefe militar a cargo del destacamento. Lo dijo, incluso a pesar de que diversas investigaciones demuestran que una serie de chats que se mantenían activos como canal de comunicación entre jefes policiales ecuatorianos y delincuentes del Frente Oliver Sinisterra, ya daban señales más que claras de que los asesinatos eran inminentes.
De inmediato, los familiares de los tres periodistas asesinados publicaron un comunicado en el que dijeron no sorprenderse por las declaraciones de un representante del gobierno de Ecuador: “No es la primera vez que intentan responsabilizar a las víctimas por sus malas políticas públicas de seguridad”, decía el documento.
A pesar de que el informe de la CIDH reconoce que el Estado ecuatoriano tenía en sus manos suficientes razones para evitar que los periodistas se expusieran a altísimos riesgos en zonas fronterizas, se demuestra que sus autoridades no lo advirtieron. Al contrario, al pasar caso dos años de los hechos en frontera, la impunidad reina. Muchos amigos y familiares de Javier, Paúl y Efraín temen por la posibilidad de que los procesos de investigación iniciados demoran tanto que incluso prescriban y queden sepultados en el olvido. Para algunos de ellos esa parece ser la intención del gobierno de Lenín Moreno y de sus funcionarios.
Al mismo tiempo, todas las promesas gubernamentales de atender a la provincia de Esmeraldas, la más empobrecida del país, son ahora pura demagogia.
“La mayoría de los casos se identifican y no se sanciona a los responsables. Si se identifican y sancionan a los responsables de los crímenes contra periodistas, rápidamente la situación mejora –dijo el relator de la CIDH Edison Lanza, en noviembre, durante un encuentro en Quito que analizaba los episodios de octubre y las agresiones a periodistas–; ese es un desafío para el mecanismo de protección que se quiera crear en Ecuador y para Ecuador”. Con mucha preocupación, Lanza advirtió: “Estamos naturalizando que a los periodistas se los puede atacar y que no pasa nada, total nadie va a tomar acciones”.
Cabe retomar lo que Juan Pablo Albán, abogado de las familias de las víctimas, dijo en la audiencia con respecto a la importancia de la información que los dos estados –Colombia y Ecuador– posee en relación con este caso. Y pidió, enseguida, que «se convoque a una sesión del Cosepe y que en esa sesión se acuerde la desclasificación completa de toda la información que se encuentra en manos de instituciones del Estado y que la Fiscalía, de hecho, ya ha requerido, (ante lo cual) hay respuestas parciales, justamente, invocando el secreto».
El secreto o el silencio han sido las tácticas que han mostrado todas las posturas del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, los pronunciamientos de los representantes del gobierno ecuatoriano en las reuniones de la CIDH se han orientado siempre a aludir a un cierre, a una conclusión de las investigaciones del ESE. Albán fue muy claro al respecto: «Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín, nosotros no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre. Exigimos que sea visto como una apertura a la verdad, a esa verdad que, como derecho, les corresponde a las familias de las víctimas».
Dos libros incómodos para los gobiernos de Colombia y Ecuador
La tarde del 22 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Quito 2019, hablaron los autores de Rehenes, Arturo Torres y María Belén Arroyo; y Susana Morán junto a Soraya Constante, integrantes del colectivo Periodistas Sin Cadenas y coautoras del libro Viaje Sin Regreso, basado en la investigación Frontera Cautiva.
Los cuatro periodistas contaron cómo nacieron estas publicaciones, cómo se llevaron a cabo las investigaciones, hablaron sobre las contradicciones entre autoridades y gobiernos, citaron las declaraciones de los detenidos en Colombia, las versiones del gobierno ecuatoriano, la indignación que provoca el intento de inculpar a los periodistas por parte del Estado y relataron cómo nació la colaboración entre todos los periodistas para aportar al esclarecimiento de la verdad de los hechos.
María Belén habló del relevo generacional en el periodismo que Javier Ortega representa. Habló de la pérdida que la muerte del periodista significa para su familia y sus amigos, pero sobre todo para el país. Se le quebró la voz a Arturo cuando habló del joven que conoció en la sala de redacción de El Comercio. Dijo que él se abrió espacio solo, habló del niño, del hijo de una familia ecuatoriana que migró a España por la crisis económica de finales de los 90, y habló del profesional que decidió volver a su país.
Es diciembre, vísperas de Navidad, y para muchos de los presentes esta herida abierta es un asunto personal. Los cuatro periodistas participantes de la mesa recuerdan haber trabajado en esa misma sala de redacción, haber conocido a Javier, a Paúl y a Efraín, y saben que pudo ser cualquiera de ellos la víctima.
Y para muchos este es un asunto personal, sin duda. A casi dos años del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio, los habitantes de frontera no han recibido la atención que el Estado ecuatoriano les debe. Las preguntas plasmadas en las páginas de estos dos libros no tienen respuestas. Mataje sigue siendo el poblado olvidado al borde del río limítrofe y el resto de la provincia continúa sin presencia estatal que asegure condiciones dignas de vida. El caso de los tres de El Comercio es un precedente lamentable de lo que significa para el Estado ecuatoriano y para su par colombiano la libertad de expresión, pero sobre todo, la vida humana. Este es un caso acerca de nuestra libertad y de nuestras vidas. Por eso, hablamos de un caso personal.
