Por Santiago Rosero*
El lunes 17 de diciembre, un muy envalentonado Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, acompañado de su asesor Jorge Carrillo, y de Henry Gaibor, director provincial de Pichincha de la misma institución, se presentaron en la oficina de Nubia Vera, jueza de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, para obligarle a corromperse. Según ha denunciado la jueza, los funcionarios le trajeron un pendrive que contenía un documento con una orden para que no aceptara la acción de protección que interpuso Verónica Abad con el fin de que se anulara la suspensión de 150 días de su cargo como Vicepresidenta, que había ordenado el Ministerio del Trabajo.
Es decir que esos tres funcionarios de la Judicatura, expeditos y bien trajeados, hicieron de intermediaros para exigirle a la jueza que pisoteara la Constitución, las leyes y los tratados internacionales y se sumara a la maquinaria montada por el Gobierno para dejar fuera del tablero a la principal enemiga política del presidente Daniel Noboa. De acuerdo a las declaraciones hechas por la jueza Vera el 26 de diciembre ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde dejó una sustanciosa lista de detalles sobre el caso, aquel día Mario Godoy, mostrándole su teléfono para hacer referencia a unos mensajes, le dijo: “mire, aquí está, Daniel Noboa necesita que esto salga ya, el presidente nos está presionando (…) y solo depende de usted.”
También le anticiparon algo más en caso de que no acatara las órdenes: “Dijeron que me iban a destruir la vida, que me iban a acabar la vida”, contó Nubia Vera.
Para ese momento la presión ya contenía el lenguaje de la mafia y había dejado de lado el vulgar candor utilizado unos días atrás. Según la jueza, el 2 de diciembre el asesor Jorge Carrillo y el director provincial Henry Gaibor la convocaron a una reunión en el Complejo Judicial. Fue el primer acercamiento que tuvieron con ella para presionarla a que fallara en contra de Verónica Abad. Además de ser jueza, Nubia Vera se presenta como escritora y dramaturga, y dos días después de esa reunión, el 4 de diciembre, en pleno fervor de las Fiestas de Quito, iba a presentar una obra en un teatro con aforo para casi 800 personas. Conscientes de ello, los funcionarios de la Judicatura intentaron un soborno solidario: le ofrecieron comprar 500 entradas para la obra, de modo que se asegurara de llenar la casa. La jueza no solo rechazó la cándida oferta, sino que para evitar que su actividad paralela se contaminara con el caso judicial, decidió cancelar la obra un día antes de que se presentara.
Recordemos: el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial. Este órgano no es jurisdiccional, es decir que no puede administrar justicia como la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales o los juzgados de primera instancia. Sus funciones se limitan a la administración y mantenimiento de la infraestructura de la Función Judicial, y aun así el presidente del organismo, Mario Godoy, y sus acólitos, se presentaron el 17 de diciembre en la oficina de la jueza Vera para decirle cuál era el dictamen que debía emitir.
Vera ha dicho que también la amenazaron con destituirla, con destruir su carrera profesional y, ya mostrándole todo el arsenal, le dijeron que su vida corría peligro. Aun así, ella no cedió, y el 23 de diciembre aceptó la acción de protección presentada por Verónica Abad y la restituyó en su cargo de Vicepresidenta del Ecuador. Enseguida el ministro de Gobierno José de la Gasca, el más novel valiente entre los grandes onvres valientes del nuevo Ecuador, con falsa sencillez dijo: “sin esperar, sin presentar dilaciones y sin nada que pueda suponer que no respetemos (sic) las otras funciones del Estado, estamos dando cumplimiento de la decisión adoptada por la jueza Vera”. Eso significó, como sabemos, que para seguir manteniéndola fuera del juego, sobre todo del electoral en las semanas que quedan antes de las elecciones generales de febrero de 2025, mediante Decreto Ejecutivo a Abad se le asignaron funciones en Turquía, y se le notificó que debía presentarse en ese país máximo el 27 de diciembre.
De vuelta en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el pasado 26 de diciembre, en su declaración la jueza Nubia Vera aportó un detalle trascendental. Al presionarla en aquella visita del 17 de diciembre, los miembros de la Judicatura le habrían dicho que si fallaba a favor de Verónica Abad se iba a producir una hecatombe financiera, porque más de USD 11.000 millones no iban a ser entregados por el Fondo Monetario Internacional. “Ni su sueldo se va a poder pagar, no le puede dar (el dictamen favorable) a esta señora Abad, porque va a acabar todo el proyecto presidencial”.
En medio de una refriega jurídica surgida de una cruenta pugna política entre el binomio presidencial -cuyas razones no terminamos de entender-, saltó el recordatorio, que bastante falta nos hacía, de que el proyecto presidencial es, en buena parte, una receta del Fondo Monetario Internacional. Lo explicó en una entrevista hace unas semanas la economista Wilma Salgado. “La receta es el ajuste económico, reducir el gasto público con el objetivo de generar los excedentes que, se supone, van a permitir cumplir con el pago de la deuda pública. Ese es el objetivo fundamental con el que se maneja la política económica en el marco de los acuerdos con el FMI”.
La consecuencia del ajuste económico, explicaba Salgado, es que el gobierno de Noboa ha reducido de manera drástica la inversión pública. Según los últimos datos del Banco Central a octubre de este año, durante los dos primeros trimestres la caída de la inversión fue del 52 %, es decir que se redujo en más de la mitad en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando ya venía en franca caída. Mientras se ha optado por no invertir en, por ejemplo, educación, salud y vialidad, con el consecuente debilitamiento de la inversión privada, que evidentemente participa de proyectos de ese tipo cuando existe inversión pública, uno de los relatos que se montó para defender el proyecto de construcción de la cárcel en Archidona, y que ante todo buscaba funcionar como una forma de chantaje emocional para que la población local lo apoyara, era que sería un activador de la economía.
Pero si supuestamente el país está quebrado, ¿con qué dinero se podría aumentar la inversión y el gasto público? Daniel Noboa tomó dos medidas como parte de los acuerdos con el FMI: la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, y el alza del IVA al 15 %. Estas medidas, junto a otras aprobadas por la Asamblea para el aumento ocasional de ciertos impuestos, según dijo Salgado citando cifras del Banco Central, le han permitido al Gobierno, a septiembre de 2024, tener ingresos adicionales por USD 2.350 millones. El problema es que esos fondos no han sido destinados a inversión o gasto público.
Hay, entonces, ingresos adicionales, pero no solo que no se los ha destinado a inversión o gasto, sino que se han reducido los presupuestos de, por ejemplo, educación y cultura, salud y desarrollo comunal, desarrollo agropecuario. Ese “ahorro” ha generado que, a septiembre de este año, ya no exista un déficit primario (cuando los egresos de un país superan los ingresos, sin incluir el pago de intereses de la deuda pública), sino que, más bien, haya un superávit de USD 1.993 millones.
¿Dónde está la plata? De acuerdo con Wilma Salgado, también como parte de los acuerdos adoptados con el FMI, esa plata está en la Reserva Internacional. La Reserva Internacional se compone de varios activos que administra el Banco Central. “Son fondos de los ecuatorianos, porcentajes de los ahorros de los depositantes que hacen parte del sistema financiero”, explica Salgado. “Hay recursos de los gobiernos autónomos descentralizados que, deliberadamente, el ministro de Finanzas no se los entrega y los tiene depositados allí; y hay fondos de las empresas públicas, incluso de Celec, la Corporación Eléctrica del Ecuador.” A octubre de 2024, según el Banco Central, la Reserva Internacional del Ecuador ascendía a USD 8.645 millones. “Son 8.645 millones que el Gobierno tiene depositados en bancos del exterior sin ganar ningún interés, casi cero, y sin ninguna condición”, dice Salgado. “Mientras tanto, el Gobierno está arrodillado para que el FMI le preste 4.000 millones de dólares, que se los dará por partes mientras cumpla con las perversas condiciones que imponen. Entre esas condiciones está la privatización de activos públicos, como el campo petrolero más productivo del Ecuador, el campo Sacha.”
Efectivamente, mediante Acuerdo Ministerial publicado en el Registro Oficial este 23 de diciembre, el Gobierno autorizó que ese campo, hasta ahora operado por Petroecuador, sea manejado por firmas extranjeras. Se convertirían en beneficiarias las empresas Amodaimi Oil Company, filial de la empresa china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de la empresa canadiense New Stratus Energy.
Entonces, ahí está la plata, decía Salgado, y también “entre los beneficiarios de la política económica de los últimos gobiernos”, particularmente “gracias a las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, que siguen aumentando. En el caso del actual gobierno, un ejemplo es la devolución del impuesto al valor agregado a los proyectos inmobiliarios.”
A finales de octubre, Kristalina Georgieva, directora del FMI, en su cuenta de X felicitó al gobierno de Daniel Noboa por el manejo de la gestión del crédito aprobado en mayo de 2024, y que prevé desembolsos totales por USD 4.000 millones hasta 2028. USD 1.000 millones ya fueron desembolsados en mayo de este año, y otros USD 500 millones serán entregados hasta enero de 2025 si el país cumple “ciertas” condiciones.
En la amenaza que le hicieron los personeros de la Judicatura a la jueza Nubia Vera le hablaron de USD 11.000 millones. Lo cierto es que la enrarecida trama que enfreta a Daniel Noboa con su vicepresidenta reveló un factor que no se dejaba ver en el radar de la conversación pública más álgida. Sea la cifra que sea, la secuencia se repetirá: más crédito y más deuda a condición de más ajustes; más engorde de la Reserva Internacional, más exoneraciones tributarias para los más ricos, y menos inversión y gasto público, de lo que saldrán perjudicados muchos de los que todavía piensan en darle el voto al presidente candidato. Y mientras la receta se repita y se fortalezca, Noboa, con agrado, seguirá recibiendo la felicitación del FMI.
*Columnista invitado.
