La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
¿En qué parte de las 1 400 páginas de “documentos desclasificados” sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio están las acciones derivadas del plazo impuesto por el presidente Lenín Moreno para que se avispen sus ministros y se rinda el mismísimo Guacho? En ninguna. Si bien la orden llamó la atención por absurda, al ser una decisión de gobierno al menos debió haberse registrado, si no en los cuadernos militares y policiales, sí en la cadena de responsabilidades asignadas de manera oficial.
Pero en el bulto de papeles pomposamente llamados “desclasificados”, se acumulan copias de cédulas, notas de condolencias, impresiones de internet. Resulta que el gobierno desclasificó información que aseguraba era reservada y hasta secreta, pero que en realidad era pública o ya había sido publicada. Una tomadura de pelo al país y una falta de respeto absoluta a la dignidad de los familiares.
¿En dónde están los reportes de Inteligencia o los informes completos sobre los contactos telefónicos y otros canales abiertos por los secuestradores?, ¿quién autorizó, hizo y tiene los peritajes?, ¿dónde están las versiones rendidas por los dizque colaboradores directos de Guacho? Deberían ser parte de la información desclasificada, pero tampoco están. ¿Y las comunicaciones y registros del propio diario El Comercio? Menos todavía.
Frente a la pila de papeles, los familiares y amigos de Javier, Paúl y Efraín se sienten burlados. Con el dolor intacto fueron llevados a los salones de Carondelet, a los despachos más altos de los ministerios, cruzaron el continente hasta la sede de la OEA en Washington, viajaron a Colombia y hablaron con Juan Manuel Santos. Creyeron en que la institucionalidad de Ecuador y del mundo se pondría a las órdenes de su causa: conocer la verdad, pero la verdad también fue secuestrada y permanecerá secuestrada mientras la agenda pública continúe siendo solo el diseño caprichoso de ciertos políticos.
¿Dónde están los nombres, apellidos, roles y responsabilidades de todos los funcionarios públicos, militares, policías, jueces, fiscales, lugartenientes, traficantes, proveedores, empresarios, políticos que deberían estar detallados en los expedientes? ¿Se trata de la incompetencia de la Secretaría de Comunicación o de la negligencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia? ¿O es que este silencio delata su complicidad con algún intocable e innombrable?
En el Ecuador, el tratamiento de la información reservada responde a un doble estándar. Callar y hablar son actos prohibidos o permitidos de acuerdo con los intereses que estén en juego, muy al margen de las disposiciones legales expresas sobre el uso y archivo de información reservada.
El secretismo con que se ha manejado la información sobre los periodistas asesinados, los diagnósticos del crimen en las fronteras o las rutas del narcotráfico no tienen correspondencia con los documentos secretos que se divulgan como si fueran canguil para acusar a tal o cual tendencia.
En contraste, los informes mejor guardados de la Contraloría o de la Fiscalía –aquellos de los que, según las autoridades, solo hay dos copias– se publican en la prensa, en medios digitales o en redes sociales bajo la misma lógica perversa que estila la clase dirigente: como armas políticas. Paradójicamente, aquí sí tenemos un festival de nombres: Rafael Correa, Jorge Glas, Carlos Pólit, Iván Espinel, Fernando Balda, Carlos Baca Mancheno, José Serrano, Fernando Villavicencio… La larga lista solo revela que los secretos mejor guardados del Estado –más allá de quién sea el de turno en Carondelet– se han constituido en un capital valiosísimo que circula o se oculta en función de los réditos políticos y marquetineros de un poder que no genera ni una pizca de credibilidad en la gente.
