Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Ecuador no entiende de amenazas. Hace menos de una semana, mataron al periodista Armando Linares, en México, y con ese crimen ya fueron ocho los periodistas asesinados en lo que va del 2022 en ese país. Hace cuatro años, el 26 de marzo del 2018 en Ecuador, fueron secuestrados Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, miembros de un equipo de prensa de diario El Comercio, y luego fueron asesinados en Colombia. Pero el caso continúa impune.
Cuatro años después han vuelto a matar a Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, porque la impunidad simboliza la repetición de un crimen. Cada día que pasa sin respuestas ni culpables los matan de nuevo. Cuatro años después, sus muertes continúan burladas en medio de pretextos y excusas que solo insultan a sus familias. Cuatro años sin verdad, sin justicia, sin reparación.
En la Fiscalía General del Estado, el llamado caso Nos Faltan 3 no sale de la etapa de indagación previa y, a duras penas, ocupa el tiempo libre de las autoridades de turno. La Fiscalía nunca dispuso la reconstrucción de los hechos. Las versiones que se han rendido hasta ahora responden a pedidos de las familias de las víctimas, no a decisiones fiscales. Es más, la Fiscalía ha llegado a pedir a las víctimas que les digan qué investigar y cómo comunicar el caso, ellos, que además deben lidiar a diario con el dolor. La fiscal general, Diana Salazar, ha convocado a una serie de reuniones infructuosas que extienden la tortura que viven los deudos mientras los miembros del Comité de Crisis que se conformó durante el régimen de Moreno para atender el caso no han sido llamados a rendir sus versiones. Los familiares de Javier, Paúl y Efraín se quejan de que la Fiscalía ofrezca, se comprometa, pero se excuse de avanzar argumentando que las leyes ecuatorianas no contemplan la omisión para determinar responsabilidades, sino tan solo las acciones. ¿Y los tratados internacionales que sí tipifican la omisión?
El 20 de diciembre del 2021, el gobierno de Guillermo Lasso invitó a las familias de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega al Palacio de Carondelet. A la cita también fuimos invitados algunos periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que vigilan la libertad de expresión. Pero la invitación no fue espontánea. Fue, más bien, el resultado de una carta abierta que un mes antes, el 17 de noviembre, la Fundación Nos Faltan 3, Fundamedios, Fenape, la Red de Periodistas Libres, Udla Channel y la Fundación Periodistas Sin Cadenas dirigimos a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; al ministro de Defensa, Luis Hernández; al secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, y a Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. La carta relataba las preocupaciones por el aumento de las amenazas y agresiones a periodistas en Ecuador sin que haya una política integral de protección y seguridad para el trabajo de la prensa.
Y aunque tarde, un mes después de haber enviado esa carta, Vela y Bonilla nos recibieron en el Salón Azul de Carondelet. Al inicio, Vela escuchó atenta y en silencio nuestras inquietudes. Luego celebró la reunión y reconoció que “es fundamental que se destrabe ese proceso de indagación en la Fiscalía” y abogó por “una sanción doble”, no solamente por las instancias judiciales sino también desde la necesidad de reconciliación que busca la sociedad. “Que no deje la situación en el limbo”, dijo, y fue tajante cuando exclamó que hechos como esos nunca más deberían repetirse. Pero desde entonces, nada se ha hecho mientras los riesgos aumentan progresivamente.
Los datos no mienten: el equipo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) registró 107 agresiones contra la prensa y 131 víctimas, solo en el último semestre del 2021. De ellas 39 fueron mujeres y 92 hombres. De esos ataques, 41 correspondieron a agresiones policiales, bloqueo informativo, amenazas de muerte, procesos judiciales, allanamientos, atentados con explosivos, intentos de asesinato, intentos de secuestro o atentados armados.
Pero eso no es todo. El pomposo comité para la protección de periodistas que imaginó la exministra de Gobierno María Paula Romo representa uno de los insultos más viles en contra de las familias de los tres miembros del equipo de El Comercio, pues solo son papeles inútiles. “Podemos coincidir en que [el comité] no ha funcionado para nada, no se ha conformado nunca, lo hicieron simplemente para decir que se hizo algo después del lamentable incidente con los periodistas de El Comercio”, nos dijo Eduardo Bonilla esa mañana, en Carondelet y la ministra Vela abogó por restablecerlo con la ayuda de las familias. Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, recordó en esa reunión que el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en diciembre del 2019 y entregado al procurador del Estado, Iñigo Salvador, señalaba la falta de acciones coordinadas por parte del Estado y sus instituciones. Pero hasta la fecha, las recomendaciones del ESE no han sido puestas en práctica.
Sin embargo, lo fundamental tiene que ver con el bloqueo a la información neurálgica del caso. Cuatro años después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su compromiso ni con su obligación de liberar la información que consta en las actas 18 (del 28 de marzo del 2018), 19 (del 13 de abril del 2018) y 20 (del 17 de abril del 2018) del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe). Vela tomó nota de estas actas y como parte del Cosepe, se comprometió a solicitar al ministro de Defensa que se convoque y se incluya en el orden del día la desclasificación de esa información. Pero tres meses después, la oferta no pasa de las palabras rimbombantes. Incluso Lasso, en septiembre del 2021, asumió personalmente el compromiso en una entrevista con Sara España, de diario Expreso. “Si me pregunta, soy partidario de desclasificar esa información -dijo-; cuando llegue a mis manos procederé como le estoy diciendo».
Cuando se trata de un caso en el que se ha violado Derechos Humanos, no cabe la reserva de la información, de acuerdo con la Constitución. Hay que decir que de este bloqueo, precisamente, se vale la Fiscalía para justificar su imperdonable estancamiento. “¿Cómo no voy a permitirme agredir a un periodista cuando sé que no me va a pasar nada?”, se preguntó Ricardo. “Si secuestro y asesino a tres periodistas, ¿qué ha pasado? Ya han pasado cuatro años y seguimos en etapa de investigación en la Fiscalía, ¡no pasa absolutamente nada!”.
Pero la responsabilidad no recae sobre una sola entidad, sino sobre todo el Estado. Es lamentable que esta dinámica se haya convertido en una práctica instituida tanto en el gobierno de Moreno como en el de Lasso. Recordemos que Romo llegó a anunciar, el 1° de junio del 2020, mientras aún era ministra, que la captura de alias Lino Julián Ruiz por parte de la Policía Nacional tenía que ver con el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio, cuando en realidad se buscaba a ese integrante del Frente Oliver Sinisterra por el atentado con explosivos ocurrido en San Lorenzo, en enero del 2018. Aun así, si alias ‘Julián’ hubiera estado vinculado al secuestro, ¿por qué 18 meses después no se le ha incluido en el expediente del caso ni se le han formulado cargos? ¿Esperan acaso que las familias pidan el cierre del caso? La impunidad se construye con los mensajes que se difunden o con aquellos que se omiten.
El asambleísta Fernando Villavicencio anunció con alarde, en julio del 2021, que se había reunido con Lasso y que el Presidente le había confirmado su intención de desclasificar la información del Cosepe, levantada durante la crisis por el secuestro. Villavicencio, además, aseguró que tenía documentación sobre el caso. ¿En qué quedó todo eso? La Fiscalía le ha pedido a Villavicencio que presente esa información. ¿Acaso el legislador judicializó esos documentos o solo se trató de un show mediático? ¿Hasta cuándo van a repetirse los saludos a la bandera a costa del dolor de tres familias?
No nos explicamos que el Consejo de Comunicación se vanaglorie con frecuencia de sus supuestos avances en conversaciones con funcionarios de la Fiscalía para, según nos han dicho, diseñar protocolos para el tratamiento de casos de periodistas en riesgo, mientras este caso está atorado, precisamente, en manos de esa entidad. ¿De qué sirve cualquier acción si no procura resultados?
En ese encuentro en el Salón Azul, Patricio Segarra, hijo de Efraín, pidió la palabra y grabó en mi memoria esta frase: “El legado más importante que pudieron dejar nuestros familiares es que nunca más le ocurra algo así a un periodista”. Ese anhelo es el mismo que marca la vida de los demás familiares de Javier, Paúl y Efraín.
Proteger al periodismo no es un privilegio para pocos. La buena salud del periodismo determina la calidad de una democracia, mientras que la impunidad simboliza la repetición de un crimen. A Paúl, a Efraín y a Javier los están matando todos los días y esta, una vez más, es la conmemoración de la impunidad.
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Diego Cazar Baquero es periodista, docente y cantante. Es director y editor general de la revista digital La Barra Espaciadora y es cofundador y miembro del consejo editorial de la revista LATE. Es parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
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