Por Jefferson Díaz / @Jefferson_Diaz
Una sola palabra: deportación. Tal parece que ese fue el único enfoque que desde la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, le dieron a las reformas de la Ley de Movilidad Humana aprobadas el 3 de diciembre.
Ahora existen nueve causales de deportación, entre las que destacan dos por su ambigüedad: ser “una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado”, y “alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o alterar el orden público”.
Son tan ambiguas dichas causales que el debate para definirlas se convirtió en una papa caliente dentro de la comisión y pasaron la posta al Ejecutivo para que se encargara de los detalles de su aplicación. El asambleísta Fernando Flores (CREO), presidente de la comisión y exponente de las reformas ante el Pleno de la Asamblea Nacional, aseguró que fue “imposible” sustentar lo que significa ser una amenaza o riesgo para la seguridad pública.
Para Flores, decir que una persona cumple con esas características “depende de un sinfín de circunstancias y condiciones del momento”.
Entonces, ¿para qué colocar esas causales? ¿Para qué centrar el debate de las reformas a una ley que debería garantizar el derecho a migrar, en su criminalización?
Para los defensores de los derechos de los migrantes y periodistas que cubrimos migración, Ecuador siempre fue un país bandera por su concepción de la “ciudadanía universal” dentro de su Constitución. Un país que parecía derribar las barreras burocráticas de las fronteras, y garantizaba -legalmente- que todos los ciudadanos dentro del país: sin importar su condición migratoria, tenían los mismos derechos y deberes.
Una concepción que poco a poco se convirtió en ilusión -y en ingenuidad, de parte de los que defendemos el derecho a migrar- al ver los casos de los cubanos deportados en 2016, y de las estrategias legales que trató de establecer el Ministerio de Gobierno al exigir que los venezolanos que quisieran entrar al territorio debían, obligatoriamente, presentar un pasaporte. Violando acuerdos internacionales. Olvidando que la migración forzada de millones de venezolanos en el mundo se basa en una grave crisis humanitaria. Que estas personas no solo huyen de la falta de alimentos, medicinas y seguridad ciudadana, por ejemplo, sino también de la violación de sus derechos básicos, entre esos: el derecho a la identidad.
Para que los venezolanos obtengan un pasaporte hace falta, básicamente, mucha suerte y mucho dinero.
¿Está la soberanía de Ecuador por encima de los derechos de sus habitantes?
No lo está. Y debemos deslastrarnos de ese discurso extremo de “seguridad nacional” donde se usa a la migración como chivo expiatorio para excusar todos los males que aquejan a nuestro país. No podemos permitir que la burocracia mantenga el mensaje de conflicto de ellos contra nosotros. Que se use de excusa para ponernos a pelear entre nacionales y extranjeros.
No podemos permitir que desde la Asamblea Nacional se lancen dardos en contra de cualquier nacionalidad, en contra de la migración.
Eso se le olvidó, lamentablemente, al asambleísta Flores, cuando en el segundo debate del Pleno para aprobar las reformas, respondió a una intervención de la asambleísta Esther Cuesta de la siguiente manera: “Lo que están buscando ustedes es que podamos dar libertad a los delincuentes que soltó el señor (Nicolás) Maduro. Que se inmiscuyeron, infiltraron, dentro de los migrantes que venían huyendo de la dictadura de Maduro, por el hambre, por la falta de medicamentos; y vinieron a generar el caos en el país. Eso no lo vamos a permitir tampoco”.
Cuando se usan palabras como “delincuentes”, “infiltraron” y “caos”, dentro de un debate que se supone busca mejorar las condiciones de los migrantes en Ecuador a través de las reformas de una ley, se pierde la brújula humana que debería tener la migración, y se entra en el terreno del miedo. De la confrontación. De criminalizar a un gentilicio. Y así lo hagas de manera consciente o no, un asambleísta debería tener más cuidado a la hora de elegir sus palabras.
Nos encontramos en un escenario peligroso. Un escenario donde pagan justos por pecadores ante la falta de contexto.
La seguridad y estabilidad de Ecuador no pasa por buscar chivos expiatorios en la migración ni por aprobar leyes que cercenan el derecho que tenemos todos de migrar. Un derecho del que hacen uso más de dos millones de ecuatorianos en el mundo.
Ningún ser humano es ilegal. Y para combatir ese precepto, debemos informarnos a través de fuentes confiables, hablar con expertos en migración, conversar con los migrantes y mejorar nuestra empatía.
Por ejemplo, para el 29 de julio de este año, Ecuador tenía 37 mil privados de libertad (PPL), de los cuales 946 eran venezolanos, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Solo un 2.5% de la población total de PPL son venezolanos.
¿Sabrán de estos datos en la Asamblea Nacional? ¿En el Ejecutivo?
Jefferson Díaz es periodista venezolano-ecuatoriano radicado en Quito. Trabajó para el diario Últimas Noticias y para los medios digitales VivoPlay.net y elestimulo.com, en Venezuela; y para los diarios La Hora y El Comercio, en Ecuador.
