Por Jefferson Díaz / @Jefferson_Diaz
“Cuentas claras conservan amistades”, un dicho que nunca debería olvidarse. En especial dentro de los organismos, públicos y privados, que manejan los presupuestos de cooperación internacional para ayudar a los migrantes y refugiados que viven en Ecuador.
Por ejemplo, para 2022, las agencias del sistema de Naciones Unidas como Acnur y la OIM, sin olvidar a sus socios ejecutores como HIAS o el Consejo Noruego para Refugiados, están pidiendo 288 millones de dólares para el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Pero lo que no mencionan estos organismos es que no existe un mecanismo de contraloría abierto al público para ver en qué se ha invertido ese dinero. Y solo existe un simple informe, que supuestamente realizó la Cancillería, para dar cuenta del dinero de la cooperación internacional recibido en 2019 para los migrantes venezolanos.
Naciones Unidas funciona como una empresa dentro de los países donde tiene actividades: firman un convenio de cooperación con los representantes gubernamentales y el seguimiento de sus acciones queda en manos de nadie. Por ejemplo: la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública no aplica a la Acnur o a la OIM, por ser entes privados. Así que desde el periodismo es importante levantar una ceja, o las dos, en señal de incredulidad: ¿cómo confiamos en alguien que es opaco con el manejo de sus finanzas?
Si nos vamos al Servicio de Seguimiento Financiero de las Naciones Unidas, entre 2019 y 2021, para el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, agencias como Acnur, OIM, HIAS, Programa Mundial de Alimentos y el Servicio Jesuita de Refugiados recibieron 217,4 millones de dólares en Ecuador. Este fue el tercer país del mundo en recibir más dinero, después de Colombia y Perú, para ejecutar este plan.
Y cuando lees los informes anuales de estas agencias, consigues un entramado de burocracias donde te entierran entre siglas inentendibles y números que promueven una supuesta efectividad cuantitativa y no cualitativa. Son informes hechos para que sólo ellos los entiendan, y para que los migrantes sigan confiando ciegamente porque, ¿quién dudaría de Naciones Unidas?
Pues mucha gente duda de ellos. Y no debemos olvidar los escándalos de corrupción y abusos que rodean a la institución: abusos sexuales de parte de las misiones de paz de la ONU en la República Democrática del Congo o Haití o la expulsión del director de la agencia para refugiados desde Palestina por cometer abusos. Uno creería que una organización con estos errores debería mejorar. Pero no, la opacidad sigue a la orden del día. Y sabemos que la migración forzada de venezolanos revivió el trabajo de estas organizaciones en América Latina, que antes se enfocaban en trabajar en África o en el sudeste asiático. Ahora desde Ecuador tienen una excusa para seguir pidiendo dinero, y estoy seguro de que las piernas les deben estar temblando mientras el mundo ahora mira hacia Ucrania.
No quieren que el dinero se vaya para allá.
Y mientras la lucha de los migrantes y refugiados venezolanos, para esas agencias, se convierte en un mero intercambio comercial, siguen estando en las calles sin empleo, sin seguridad social, sin verdaderos planes de integración y con un gentilicio que ha sido tan mancillado por aquellos que deberían protegerlo, que ahora no son personas sino meros números en una estadística para aumentar las arcas de algo o de alguien.
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Jefferson Díaz es periodista venezolano-ecuatoriano radicado en Quito. Trabajó para el diario Últimas Noticias y para los medios digitales VivoPlay.net y elestimulo.com, en Venezuela; y para los diarios La Hora y El Comercio, en Ecuador.
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