Ecuador Asamblea 2025: ¿quiénes son los candidatos?
Seis de los postulantes han estado relacionados en procesos judiciales, la mayoría archivados por falta de pruebas.
De los 18 candidatos a asambleístas provinciales por Pastaza, trece han sido funcionarios públicos. De ellos, dos han registrado incrementos patrimoniales significativos. A pesar de que cuatro de estos aspirantes se destacan por poseer los patrimonios más altos, sus aportes al impuesto a la renta son prácticamente inexistentes.
Uno de los casos más llamativos por el incremento de patrimonio es el de Raúl Valverde Gallardo, candidato del movimiento Integración, Progreso y Cambio (MIPC, lista 62).
Valverde, de 67 años, ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría General del Estado. En 2015, se desempeñó como médico veterinario del Municipio de Pastaza, periodo en el que su patrimonio superaba el medio millón de dólares. Tres años después, en 2018, su patrimonio aumentó en un 193%, alcanzando más de 1,5 millones de dólares.
Según su última declaración juramentada presentada a la Contraloría en 2022, cuando dejó el cargo de administrador del camal municipal, su patrimonio se ubicó en 1,4 millones de dólares.
En cambio, Marivel del Rocío Bravo, candidata por la alianza Unidos por el Progreso (listas 6-61, del PSC y Unidos por Pastaza) es la única que registra un patrimonio negativo. Lo que significa que tiene más deudas que bienes y activos.
Otro caso es el de Polo Lascano Díaz, también de la alianza Unidos por el Progreso, quien ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría.
En el 2021 y por casi mes y medio (entre inicios de abril y finales de mayo), Lascano fue docente en la Universidad Estatal Amazónica. Posteriormente, fue designado gobernador de Pastaza por el entonces presidente Guillermo Lasso, cargo que desempeñó durante un año, hasta junio de 2022. Entre 2023 y 2024, ejerció como asesor en la Asamblea Nacional.
Entre su primer y último cargo público —tres años en total—, el patrimonio de Lascano experimentó un aumento del 70%. El incremento más significativo sucedió entre 2022 y 2024, cuando su patrimonio pasó de más de 68.300 dólares a más de 118.600 dólares.
Una de las candidatas con mayor patrimonio y cargos en la administración pública es Deysy Ortiz Durán, de la alianza Revolución Ciudadana (RC-RETO, listas 5-33). Según los registros de la Contraloría, Ortiz inició su carrera en el sector público en mayo de 2019 y continuó hasta agosto de 2024. Actualmente, su patrimonio asciende a casi 250.000 dólares.
María Cristina Acuña, candidata oficialista por la alianza ADN-Semilla (listas 7-63) y esposa del actual prefecto de Pastaza, declaró un patrimonio de casi 182.000 dólares. A lo largo de su trayectoria, Acuña ha ejercido un único cargo público: el de presidenta del Patronato Provincial de Pastaza, posición que ocupó desde mayo de 2023 hasta julio de 2024.
Otros candidatos que han ejercido cargos en la función pública son: José Luis Nango y Jeimy Pozo Morillo, de Pachakutik; Karol Barona Sánchez, de Amigo; Raúl Tello, de SUMA; Rosa Valencia, del MIPC; César Andino, de ADN-Semilla; Diana Bermeo y Sebastián Ochoa, de CREO. Este último se desempeña desde el 2023 como Teniente Político de la parroquia Tarqui.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. La Barra Espaciadora y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Alto patrimonio, bajo pago de impuesto a la renta
En el caso del candidato Valverde, del MIPC, que en cuatro años tuvo un significativo crecimiento patrimonial, los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran que Valverde solo ha declarado valores de impuesto a la renta en dos ocasiones desde 2017: en ese año, registró apenas 23,92 dólares y, en 2020, señaló 130,65 dólares. Las demás declaraciones han sido en cero.
Algo similar sucede con el postulante Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, quien según el SRI, entre 2017 y 2023, declaró valores solo en cuatro de los siete años. El más alto fue en 2022, con 862,54 dólares, y el más bajo en 2019, con 51,78 dólares.
La candidata de RC-RETO Ortiz Durán registra desde 2017 un promedio de declaración anual del impuesto a la renta de 1.475 dólares, aunque en 2020 declaró en cero y en 2021 su declaración fue de apenas cuatro centavos.
Todos los candidatos menores de 30 años no registran declaración del impuesto a la renta o han declarado cero dólares. Se trata de Esteban Chávez (26 años) y Jennifer Jiménez (22 años), de Unidad Popular; Karol Baraona Sánchez (29 años), de AMIGO; Jeimy Pozo Morillo (27 años), de Pachakutik; Sebastián Ochoa (24 años), de CREO; César Andino (29 años), de ADN-Semilla.
La aspirante por SUMA Sarbelia Toqueton, de 39 años, también ha declarado cero dólares de IR, según el SRI. En cambio, el candidato José Luis Jiménez, de SUMA, desde 2017 hasta 2022, no ha presentado la declaración del impuesto a la renta.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Ninguno de los 18 candidatos tiene deudas con el SRI, según la información pública de la entidad.
Procesos penales de los candidatos
Cinco de los 18 candidatos han sido investigados o constan dentro de causas por el presunto cometimiento de delitos. En casi todos los casos, los procesos han terminado en el archivo de las causas tras la etapa de investigación previa por falta de elementos probatorios.
José Luis Nango, de Pachakutik, fue procesado por el presunto delito de cohecho en el 2016, mientras se desempeñaba como secretario en la Fiscalía de Napo. El caso fue archivado en el 2017. No obstante, la más reciente acción registrada en el Satje por este proceso data de diciembre de 2024, cuando un juez de la Unidad Multicompetente de Quijos dispuso “la desactivación / ocultamiento” del proceso porque “se encuentra concluido por archivo de la indagación previa”. Esto, como respuesta a la solicitud presentada por Nango en noviembre del año pasado, amparado en el reglamento para el tratamiento de datos personales.
Nango también consta entre los investigados previamente por el presunto delito de negligencia en el manejo de documentos procesales. La causa fue ingresada en agosto de 2020, un año y siete meses después de que Nango fuera delegado provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. El proceso fue archivado.
En el 2017, la candidata Diana Bermeo, de CREO, fue procesada por el presunto delito de calumnias, según el Satje. El querellante aseguraba que Bermeo habría causado daños a su honor y reputación durante una diligencia judicial relacionada con un proceso de reivindicación de tierras. El tribunal concluyó que las expresiones atribuidas a Bermeo no cumplían con los elementos necesarios para configurar el delito de calumnia: no se demostró que hubiera una imputación falsa de un delito concreto ni se estableció el dolo o intención de causar daño al honor del querellante. Además, la evidencia presentada fue considerada insuficiente. El juez de primera instancia ratificó el estado de inocencia de Bermeo.
Esta decisión fue convalidada en apelación por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Bermeo tiene otra investigación archivada porque la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para formular cargos en su contra. El juez encargado del caso aceptó la solicitud del fiscal el 5 de diciembre de 2024.
En cambio, José Luis Jiménez, candidato por Amigo, fue acusado en 2019 por el presunto delito de abuso de confianza, según consta en el Satje. Los documentos disponibles no detallan los hechos que dieron origen a la acusación, pero sí se señala que el proceso no avanzó a la formulación de cargos porque la Fiscalía declaró que no contaba con pruebas suficientes en ese momento para sustentar una imputación penalmente relevante.
Sarbelia Toquetón, de SUMA, y su hermano fueron denunciados en abril de 2024 por el presunto delito de intimidación. Tras la investigación previa, la Fiscalía pidió el archivo de la causa porque no hubo elementos para establecer indicios claros sobre la existencia del delito. En mayo de 2024, una magistrada aceptó el pedido de la Fiscalía y archivó el caso.
En cambio, Polo Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, consta en dos causas que fueron archivadas tras la investigación previa, en junio y noviembre de 2015: una por supuesto delito de robo y otra por supuesta intimidación.
Conoce a las y los candidatos antes de votar
Esta es una investigación realizada por el Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC).
