Por Milagros Aguirre A.

Si bien el petróleo es la materia prima de la que vive el país, es también una de las fuentes más grandes de corrupción. Todos los días leemos sobre ello: contratos por aquí, por acá, por acullá, con millonarias coimas, comisiones, lobbistas, mafiosos y gansteriles personajes. Ya no sorprenden los casos de corrupción petrolera ni tenemos clara la dimensión de las enormes pérdidas para el país y de las jugosas ganancias que entran a los bolsillos de funcionarios corruptos. Luego, ingenuamente, hay quien se pregunta por qué es que las comunidades protestan, de qué se quejan, ignorando que el petróleo, por ahí, no ha dejado casi nada… Mientras entran millones de dólares a los bolsillos de empresarios y funcionarios, a las comunidades les llegan migajas. Y a veces algo más que migajas, pero migajas al fin.

El caso del ahora Bloque 16 es dramático para las comunidades waorani. El petróleo entró a operar en sus territorios con la compañía Conoco en 1986, luego vinieron la Maxus, YPF Ecuador, Repsol YPF y desde el 2000, la española Repsol asumió la explotación del Bloque 16 en el Parque Nacional Yasuní, hasta ahora, 2022, fecha en que debía hacerse la reversión de su contrato al Estado. Repsol se promocionaba como la empresa más limpia y responsable con el medio ambiente y con las comunidades. En definitiva, los mejores estándares. Pocos meses antes de la reversión, la empresa española “vendió” sus acciones y dejó la operación en Ecuador sin beneficio de inventario. Nadie le pidió cuentas: ni el gobierno ni mis amigos yasunidos ni los dirigentes de las organizaciones indígenas ni ninguna oenegé. Nadie. Ni quienes protestaban antes porque Repsol controlaba el ingreso al Bloque (me pregunto qué pasará cuando ya nadie controle) pidieron cuentas a la empresa que operó más de dos décadas en una zona tan sensible como el Yasuní.

La operación de traspaso a otra empresa, New Stratus Energy (ahora bautizada como Petrolia), no ha sido muy clara ni se sabe el monto de la transacción ni las reales condiciones de la misma. Lo único claro es que Repsol se fue en puntillas, sin ser vista, sin que nadie se dé por informado, sin rendir cuentas —ni al Estado ni a las comunidades— ni del estado actual de la infraestructura, incluida la vieja tubería, ni de los pasivos ambientales ni de la situación laboral de los empleados ni tampoco de la situación en la que quedan las comunidades —kichwas y waorani— donde estaba operando.

El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní

Con los waorani el asunto es delicado: tanto la organización waorani, NAWE, como las comunidades del bloque 16, dependen económicamente de la empresa petrolera. El llamado “Acuerdo de amistad, respeto y apoyo mutuo”, firmado primero por Maxus (1993) y luego con Repsol, ha creado dependencia de la compañía. De eso ahora echa mano la tal Petrolia, con una fuerte campaña de prensa en donde algunos waorani la defienden, hablan de que son “socios” y piden que siga operando. Incluso marcharon a la Plaza Grande pidiendo que se quede Petrolia porque tienen miedo de quedarse en el total abandono. Ahí, donde no ha llegado la mano del Estado, la compañía (Repsol, no Petrolia) se ha hecho cargo —y era lo mínimo que tenía que hacer— de todo en los últimos 22 años: trabajo, vivienda, salud, educación, proyectos productivos, emergencias y hasta funerales, cosas que el Estado no ha podido atender y que hace parte de las migajas recibidas por el rentable negocio petrolero.

La transacción se ha hecho pocos meses antes de la terminación del contrato con el Estado y ahora, la empresa que “compró” esas acciones no quiere irse. Claro: le apuesta a una mina de oro negro en la que se suma la infraestructura del Bloque 31 para sacar el crudo pesado del 43 (ITT). No solo eso, como el Estado está pensando —ahora sí— en revertir el contrato y llamar a licitación, la nueva empresa amenaza ya con arbitrajes internacionales, y lo peor es que en esas demandas casi siempre pierde el país. ¡Buen negocio, promocionan una inversión de 200 millones de dólares y amenazar con un arbitraje por 260 millones!

El Estado debía pedir las cuentas claras a Repsol antes del término del contrato e iniciar el proceso de reversión y luego, licitar la operación a otras empresas, más aún, tomando en cuenta lo delicado de la operación en el corazón del Yasuní y además, con un proceso de consulta previa a las comunidades waorani y kichwa del bloque, pues se trata de lo que ocurra en su territorio, en su casa, en los próximos años.  

New Stratus Energy —o Petrolia— es como el inquilino (en este caso, el inquilino se fue y dejó a otro en su lugar) que no quiere irse pese a que su contrato terminó. El Estado no tiene obligación alguna de extender el contrato al nuevo inquilino o de renegociar con él, pero sí tiene la obligación de buscar un arrendatario mejor que el anterior para que cuide bien la casa. Ojo. Mejor. Porque puede ser todavía peor: Petroecuador no es un ejemplo de operador, todo lo contrario: sobre sus hombros carga ineficiencias, incumplimientos con las comunidades,  corrupción, además de la culpa de enormes tragedias y desastres ambientales y sociales en la Amazonía.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía, pareciera que ahora quieren hacer lo que no hicieron hace varios  meses —revertir la operación y convocar a licitación— y esto ha dado pie a que una empresa que, de acuerdo con publicaciones en distintos medios, no tiene muy buena tarjeta de presentación (basta con buscar New Stratus Energy en Google), amenace con acudir a instancias internacionales. ¿Inversionistas o especuladores?

Para las comunidades, de todas formas, el tema se pone difícil, con esta compañía o con la que venga, si el Estado no asume sus responsabilidades y las tareas dejadas a las empresas (educación, salud, vivienda, bienestar de las comunidades, cosa que es su obligación). Cuando se fue la compañía Occidental (Oxy) —y quedó Petroecuador— para las comunidades fue peor el remedio que la enfermedad. Eso no puede ni debe pasar hoy:  cualquier contrato que hagan en el Yasuní deben hacerlo con respeto a la autodeterminación de los pueblos, cumpliendo con el proceso de consulta previa a la que tienen derecho, recibiendo las compensaciones a las que también tienen derecho. Siempre hay otra opción: que dejen de explotar ese bloque, pero eso significaría que el Estado debe asumir y garantizar la vida, los ingresos, el trabajo, la salud, la alimentación y el desarrollo, de las comunidades que han sido afectadas por el petróleo los últimos 30 años.

Los colegas de la prensa, los ambientalistas, las organizaciones de derechos humanos, la dirigencia indígena, deberían estar vigilantes de lo que pase con este tema si aún creen que hay que proteger y defender el Yasuní y a las comunidades que lo habitan.



Explora el mapa Amazonía viva


Solange Rodríguez Solange Rodríguez Solange Rodríguez Solange Rodríguez Solange Rodríguez

El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní El inquilino petrolero que quiere quedarse con el Yasuní

1 COMENTARIO

  1. Sra Milagros Aguirre , esta bien que ponga luz en estos temas , pero alguna vez usted ha hecho un análisis del comportamiento de estas comunidades que están inmersas en este caso en territorio del Yasuni , cierto que deben ser oídas , atendidas, compensadas , pero también deben tener un comportamiento Justo y correcto y la realidad es que no es así , le invito a investigar , analizar y concluir también el otro lado de la medalla de lo que esas comunidades hacen , como extorsionan y usan sus derechos como privilegios , les dan como usted indica en su nota , todo lo que necesitan y merecen sinembargo ellos siempre exigiendo cosas injustas e incorrectas , por ejemplo piden sueldos para los dirigentes sin un horario laboral , piden carros para uso personal y no les importa para nada ni el ambiente ni el cuidado de su “casa” y así por el estilo muchas prebendas usando su “condición de comunidad amazónica” , me encantaría ver o leer un reportaje de su autoría sobre este tópico también , saludos

Los comentarios están cerrados.