Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
¿Dónde está la principal responsabilidad de discutir y aprobar la primera Ley de Culturas con que contaría el Ecuador? Seis años de espera han desencantado a más de uno, mientras la comisión legislativa correspondiente, al mando del asambleísta oficialista Raúl Abad, tiene ya en su manos –hace unas semanas– un conjunto de insumos elaborados por el Ministerio de Cultura para comprender cómo se debería elaborar este cuerpo legal.
Más que una entrevista al Ministro de Cultura, Guillaume Long, esta es una charla extensa pero necesaria sobre la mentada Ley de Culturas, así que, ¡al grano!
Después de que el país ha esperado la Ley de Culturas durante 6 años, ¿no es un mal momento para discutirla y aprobarla, siendo este un año de crisis, con escasos recursos, un año preelectoral, además de otras situaciones adversas?
No diría que hay circunstancias adversas para la Ley, sino más bien circunstancias quizá más difíciles para la política pública, porque, evidentemente, no tenemos la misma cantidad de recursos que teníamos antes y hay que tener un poco de cuidado en cómo se gastan o se invierten esos recursos. Pero, para la Ley, más bien creo que las condiciones son positivas, de hecho me parece que hay un clamor ciudadano y un clamor, sobre todo de parte de los artistas, los gestores culturales y los actores del ausente Sistema Nacional de Cultura, para que por fin tengamos esa Ley. Y ese clamor debería –ojalá suceda eso– dejar las posiciones más maximalistas, las intransigencias, los odios exacerbados, las rivalidades… Es un sector complejo el de Arte y Cultura porque ha sido muy precarizado, muy excluido, muy maltratado, y en vez de consolidarlo y de darle mayor nivel de solidaridad, se lo ha dividido más. Yo creo que hay mucha competencia por recursos, bastantes nexos clientelares a lo largo de los años y de las décadas, entonces –ojalá–, en este momento, seis años y medio desde que se presentó la Ley por primera vez en la Asamblea, todos pongamos el hombro para apoyar esa Ley. Es la única Ley que manda a hacer la Constitución que no se ha hecho. Y realmente creo que eso habla muy mal de nosotros en el sector. Y para que no hayamos podido hacerlo ha habido diferentes factores: hubo de entrada una comisión ad-hoc en la Asamblea Nacional, presidida por Marco Murillo y en donde no había una clara mayoría. No fue la comisión permanente de Cultura la que se encargó de la Ley sino una encargada ahí, ad-hoc. Hubo luego desacuerdos en el interior de la Asamblea, ha habido mucha inestabilidad en cuanto a los ministros de Cultura y eso tampoco ayudó a un proyecto que tenga continuidad. Una serie de factores han impedido que la Ley pase. Uno de ellos –insisto– son las rivalidades entre los sectores. Pero, creo que más bien hay una toma de conciencia por parte de la ciudadanía, de que ya estamos en el último año de la Presidencia de Rafael Correa y de este período parlamentario, y de que si no aprovechamos ahora para sacar la Ley, bueno, el futuro es muy incierto, quizá nunca salga. Tenemos 24 leyes que norman la cultura y las artes en este país sobre un periodo de más o menos 40 años, en marcos constitucionales totalmente disímiles, ¡es un caos absoluto!, y ha llegado el momento de que tengamos una sola Ley de Cultura bien hecha, ubicada en el siglo XXI, con pensamiento de vanguardia, para ordenar ese sector.
Ahora, a las fuerzas involucradas en este aletargamiento en la discusión y aprobación de la Ley, todos las conocemos –Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana y Asamblea Nacional–. ¿Dónde está en este momento la pelotita y cómo ve el Ministerio de Cultura las condiciones en las que ahora se encuentra la Ley?
La pelotita sigue donde ha estado en estos años, que es en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros, en estos últimos meses, hemos hecho un acercamiento que creo que estaba pendiente y hemos trabajado técnicamente en una larga lista de insumos. Nos hemos puesto la Ley al hombro y hemos trabajado los insumos para esta Ley. Pero el proyecto de Ley es el del 2009, el que tiene que entrar a debate. Hay un pedido de alcance por parte del pleno de la Asamblea, a la comisión. Eso significa que la comisión puede debatir de nuevo, considerar de nuevo o realizar ciertos cambios al proyecto inicial de Ley. Entonces, nosotros, más bien, hemos estado apoyándole como un ente asesor, como un ente técnico. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver a una comisión con una propuesta bastante más clara para el segundo debate, una comisión que nos invita a nosotros, que invita a las diferentes instituciones del sector Cultura, a gestores, a artistas, y que retoma ya con mucha mayor fuerza el tema de la Ley para aprobación final –ojalá– ya en el Pleno. Yo quería realmente aprobarla en el 2015, y una serie de factores imposibilitaron eso, pero confío en que ya en las próximas semanas –ojalá no más de dos, tres meses– podamos tener una aprobación por parte del pleno de la Asamblea.
Cuando hablamos de que la comisión va a invitar a ciertos sectores, ¿estamos pensando en una nueva socialización? Porque, hay que decir claramente que, si bien se han hecho ciclos como ‘Los cien días de la Cultura’ y otros acercamientos a la comunidad y a sectores culturales, realmente una socialización a nivel nacional, bien difundida, sí ha hecho falta. ¿Se conoce a nivel nacional en qué términos se está discutiendo la Ley de Culturas?
O sea, la socialización es importantísima y es una labor fundamental de cualquier actividad legislativa. Pero aquí sí ha habido grandes ejercicios de socialización, lo que pasa es que han pasado tantos años que se han diluido. Pero llega un momento en el que ya hay que tomar decisiones. No podemos seguir en socializaciones ad infinitum ni se pueden recoger todas las opiniones conflictivas, en algún momento la Asamblea tiene que pronunciarse para el bien del país, precautelando los intereses de las grandes mayorías. Entonces, creo que tiene que haber un ejercicio de socialización pero ya hemos tenido mucho ejercicio en ese sentido. Tuvimos ‘Los cien días de la Cultura’, como bien dijiste, tuvimos un ejercicio de consulta prelegislativa que fue muy amplio y que nos arroja resultados muy interesantes que, por supuesto, hay que respetar: todo el tema de la interculturalidad, los derechos, incluyendo los derechos laborales, la seguridad social –que es uno de los temas más recurrentes en este proceso de levantamientos de opiniones y demandas–, en fin, todo eso, en nuestros insumos, está recogido, así como el tema del fomento, para que por fin haya dinero público al alcance de los artistas que no tienen medios de producción. Ahora, yo aspiraría a que el proceso de socialización para segundo debate se haga, por supuesto, pero que ya pasemos a los grandes acuerdos nacionales sobre los grandes temas: patrimonio, innovación, industrias culturales, fomento por parte del Estado para apoyar a los artistas, sobre todo a los que empiezan, un verdadero sistema integral de educación y formación en las artes y en la cultura –algo que no ha habido en este país y que para mí es el gran vacío, pues si no tienes educación artística no vas a tener gran riqueza artística y cultural–, y el tema de los derechos y la seguridad social, además del reordenamiento institucional de todas las leyes que tenemos. El Sistema debe tener instituciones –como en el caso de la Casa de la Cultura– absolutamente autónomas, pero con una reforma para estar a la altura de los retos del siglo XXI. Cuando ya tengamos acuerdos nacionales sobre esto, hay que ir a la votación a segundo debate y no perder más tiempo, aterrizar los reglamentos, porque es un inicio la Ley, no es el fin, el inicio de una normativa secundaria, y empezar a hacer política pública.
Como parte de la propuesta de reorganización institucional del Sistema Nacional de Cultura, se propone la creación de dos subsistemas: el de Memoria Social y Patrimonio (con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto de la Memoria Social) y el subsistema de Artes e Innovación (con el Instituto para el Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, el CNCine y la Casa de la Cultura Ecuatoriana). En un momento en el que el Estado tiene que ajustarse los cinturones, planteamos una ley ambiciosa e ideal –que el sector cultural ha esperado durante muchos años–. ¿Cómo se está pensando la provisión de los recursos para financiar estas instancias y para fomentar las prácticas creativas?
Yo te diría dos cosas: a veces creemos que no ha habido recursos cuando sí ha habido y no necesariamente han sido bien empleados. Racionalizando el Sistema de Cultura yo creo que podemos encontrar recursos que no necesariamente se han usado. Por ejemplo, el Instituto para el Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, va a reemplazar el actual Consejo de Cultura, que es una institución que no funciona para nada y que administra un fondo, el Foncultura, que sí ha tenido recursos, quizá no lo que aspiraríamos a tener, pero ha tenido más o menos dos millones y medio de dólares anuales que no se han usado, por inercias, burocratismos. De hecho, del Foncultura hay 25 millones que no se han empleado. ¿Qué no haría yo por tener 25 millones en este momento para poder fomentar las artes y la cultura con los artistas que nunca han accedido a ese tipo de recursos? Entonces, si todo eso lo reformamos por Ley, vamos a ver que, incluso con montos similares a los actuales, se pueden hacer cosas que no se han hecho. En segundo lugar, me atrevería a decir que la Ley no es para este año, que es un año difícil, sino que es para la posteridad. Hay que leer la Ley más allá de la coyuntura económica del 2016, y que, más bien al revés, es algo que nos garantiza que tengamos –venga quien venga, con o sin voluntad política de invertir en Cultura– un marco jurídico que nos blinde y nos permita crecer en términos culturales y artísticos.
Con la CCE ha habido una polémica que, además, se ha focalizado y ha perjudicado el debate general de la Ley. Sin embargo, una vez aclarada la cuestión de que no se plantea romper con la autonomía de la Casa, me queda la duda de cuál va a ser su rol real…
¿Cuál es nuestra posición frente a la CCE? Primero, desde el primer día, cuando me posesioné como ministro, garanticé que lo que nosotros defenderíamos sería la autonomía de la CCE (…). Entonces, claramente autonomía, pero autonomía no significa no rendir cuentas, no racionalizar recursos, no ser eficientes, tener una burocracia que no está acorde a las nuevas normativas de funcionar en el Estado. La autonomía también significa democratizar esta Casa de la Cultura que a veces ha sido un poco excluyente (…). Estamos en el marco cultural de Montecristi, aquí la Constitución habla de derechos culturales de todas y de todos. Si uno quiere ser miembro de la CCE tienen que hacerse asambleas mucho más democráticas y mucho menos cerradas. Ahora, sí creo en el legado de Benjamín Carrión y que la CCE fue creada en un momento muy importante, y que jugó un rol fundamental en la consolidación de nuestra identidad nacional, del estado-nación en un momento de fragilidad de nuestro país, cuando habíamos perdido la mitad de nuestro territorio, la revolución Gloriosa, etc., y creo que la mejor forma de rendir tributo a este legado de Benjamín Carrión y a esa Casa de la Cultura es seguir actualizándola para que siga vigente. Democratizarla, tener mayor racionalidad… No es posible que la matriz en Quito juegue un doble rol: por un lado ser el representante a nivel nacional de toda la Casa de la Cultura, ser más o menos el regulador, o más o menos el juez, y por el otro lado ser parte. Juez y parte. Es decir, es un Núcleo Pichincha sin llamarse Núcleo Pichincha, pero también maneja el sistema. Ahí hay un conflicto de intereses. Nosotros estamos proponiendo que exista una Matriz, una coordinadora nacional, que tenga un tamaño reducido, con una junta plenaria que se deba a la junta plenaria de la Casa de la Cultura, que son todos los presidentes de todos los núcleos (…), y que exista un núcleo Pichincha que, ese sí, es el espacio público de Pichincha, y obviamente, al presidente del Núcleo Pichincha lo eligen los actores culturales de Pichincha.
Autoconvocados en una asamblea…
En este momento el presidente de la Matriz es electo por los Núcleos. Es el único que no es electo por los artistas de su provincia. Entonces hay muchas cosas por democratizar y que tienen que ver con el nuevo marco constitucional.
Pero, hemos hablado de la CCE desde el punto de vista institucional, administrativo, a mí me sigue intrigando cuál es el rol, pues la CCE se ha convertido en un conjunto de salones, salas y teatros que se alquilan, y para eso hay un montón de espacios…
La CCE tiene una gran ventaja: posee una gran infraestructura territorial. Por eso es tan importante. Nosotros no somos enemigos de la CCE. Yo quiero ver una CCE que florezca, en donde haya arte por todas partes, mucha diversidad… ¡Y tiene presencia en 170 cantones de los 221 de todo el país! Eso es algo que tenemos que aprovechar. Nosotros, como Ministerio, más bien debemos dejar que la Casa de la Cultura sea este gran espacio público abierto donde sucede el arte de forma autónoma, creativa y libre, y nosotros ser el Ministerio rector, que hace las grandes políticas públicas, que regula, que controla, administra los museos, los repositorios de memoria, los grandes elencos, las orquestas… No debemos ser el Ministerio del conciertito por aquí, del te financio el librito por acá.
La CCE recibió 17 millones de dólares para el 2014. Más o menos ese es el promedio anual. ¿Cómo se manejaría la asignación para la Casa en adelante?
Bueno, ojalá la Casa pudiera tener más presupuesto. Mientras más presupuesto para el sector Cultura, qué mejor. Nosotros no queremos, para nada, quitarle presupuesto. Lo que sí, dentro de esos 17 millones, tiene que haber unas reglas del juego muy claras sobre cómo es el financiamiento de los núcleos. No puede ser de forma discrecional (…). Yo me atrevería a pensar en que tengan una fórmula básica en cuanto a la infraestructura que administran, demográficamente, y que se pueda tener un modelo de evaluación de impacto, que la misma Matriz podría ayudar a hacer el seguimiento, junto con el Ministerio, y estimular a través de recursos adicionales para que seamos más eficientes y tengamos Casas más democráticas (…). La Casa de la Cultura tiene que seguir eligiendo sus autoridades y decidiendo qué obra o qué libro va a publicar. Simplemente queremos que los recursos –que sí son de todos los ecuatorianos– sean bien empleados y que haya una rendición de cuentas en ese sentido, con eficiencia y sin burocratismos.
La Ley de Culturas está pensada en dos instancias: la producción artística –que la veo relacionada más con las prácticas artísticas y las bellas artes–, y por otro lado, el tema de patrimonio y memoria. Siempre ha sido polémica la comprensión de estos dos conceptos. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Cultura, como ente rector, para que pueda ser puesta en práctica, cuando en los insumos presentados a la Asamblea parecería vincularse mucho a lo patrimonial con la promoción turística, en desmedro de dinámicas sociales, historicidad, etcétera?
Sí, más bien, es por ahí. Si se lee bien los insumos que estamos entregando a la Asamblea, es todo lo contrario. El trabajo que estamos haciendo en Patrimonio está íntimamente vinculado a la memoria social, a la identidad, a la memoria viva también, no es solamente patrimonio tangible o de las ‘viejas piedras’, es también el patrimonio intangible, es lo que constituye nuestra cultura, nuestra memoria, nuestra narrativa, nuestra identidad. Más bien, creo que una de las partes más fuertes de los insumos de la Ley es el tema patrimonial. Estamos entrando en insumos vanguardistas, en el debate de la Unesco sobre patrimonio, cuestionando ciertas cosas de la Unesco, pero, más bien creo que es la primera vez que se está planteando un debate sobre el patrimonio intangible. Con respecto a la ‘diplomacia cultural’ (concepto que consta en los insumos de la Ley), creo que hay que pensarlo más como un tema de promoción de la identidad ecuatoriana y de la ecuatorianidad, o sea, hay países que tienen una política exterior muy basada en lo cultural, pensemos en Francia, con su Alianza Francesa (…), pero, en general, también hay que pensar en nuestra diáspora, en los ciudadanos que están fuera del país. Incluso, por qué no pensar en un núcleo de la CCE en New Jersey o en Murcia. Yo sí creo que el giro que le estamos dando –incluso a la memoria social con la creación del Instituto de la Memoria Social, a nuestro patrimonio, a los museos y a los archivos de la Biblioteca– es un giro muy contemporáneo, muy vivo, de dejar de lado la idea del museo con los objetos inertes, y hacer de estos espacios algo más vivo, con mucha relación con el sistema educativo, con los pueblos y las nacionalidades, empoderándonos nosotros de nuestro patrimonio. Ahora, si es que hay un plus turístico, en buena hora, no seamos ingenuos, yo creo que los países más visitados del mundo lo hacen, incluso, hasta la fecha gracias a su gran patrimonio cultural –de nuevo el ejemplo de Francia, que es el país más visitado del mundo, más que por su biodiversidad, por el patrimonio cultural de sus grandes ciudades–, si es que nosotros logramos eso, en buena hora, yo no tengo ningún tabú con eso. Pero creo que el énfasis de la Ley es mucho más rico, muy vinculado a la interculturalidad y muy vinculado a la memoria de los pueblos.
El patrimonio arqueológico ha estado muy descuidado históricamente en el Ecuador. Y hay un problema adicional: que el INPC no ha tenido la posibilidad de emprender acciones legales. Hay imposibilidad en cuanto a recursos y en cuanto a políticas para acceder a lugares que son propiedad privada y, al mismo tiempo, están inventariados como patrimonios arqueológicos. ¿Cómo la Ley plantea enfrentar esta situación?
Bueno, la Ley aterriza claramente los preceptos de la Constitución. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cuál es el rol del Ministerio frente, por ejemplo, al rol de la Casa de la Cultura. El Ministerio va a recuperar la capacidad regulatoria en el tema patrimonial, de hecho, el Ministerio va a tener la capacidad de plantear juicios, ya no el INPC. El INPC hará informes técnicos, alertas, todo lo vinculado a lo investigativo. Claramente, el COOTAD plantea que la administración de los bienes patrimoniales es una responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, básicamente de los municipios, pero eso no significa que el Ministerio no tenga que jugar un rol regulador (…). El Ministerio, en esta Ley, va a tener gran capacidad sancionatoria. Ahora, sí creo que hay que pensar muy bien cuál es el rol del Ministerio en territorio. En el tema arqueológico, en especial, la Constitución es clara en que esto debe ser una competencia del Ejecutivo y del Ministerio. Hay una suerte de excepcionalidad arqueológica dentro de la Constitución, que dice que todos los bienes arqueológicos deben ser normados y administrados por el Ministerio, y eso no significa que no pueda haber procesos de coadministración o cogestión, como lo vemos en Ingapirca (…). Pero, incluso los bienes patrimoniales arqueológicos son propiedad del Estado. Que tú puedas tener ‘tenedores’ está bien, pero con licencia del Estado, y no pueden revender esos bienes. (Caso contrario) puede ser revertida la tenencia. Los sitios arqueológicos tienen que ser administrados por el Estado y los objetos arqueológicos pueden tener tenedores privados que los custodian, pero no los pueden revender, deben cumplir con normas técnicas y si no se cumplen con las expectativas, el Estado los puede recuperar.
¿Cómo entiende el Ministerio lo comunitario, la comunidad?
Bueno, es fundamental. De hecho, en todos los insumos que estamos presentando nosotros están los pueblos y nacionalidades, las comunidades, las comunas también, en la Costa, que son importantes y a veces nos olvidamos, los colectivos, en general. Porque la Constitución plantea algo que rompe el esquema anterior, que son los derechos culturales de la ciudadanía. Muchas veces pensamos las leyes en cuanto a los más interesados, a los trabajadores del gremio –entre comillas–, pero eso sería pensar al Ministerio de Salud como el Ministerio de los médicos, y claramente no es así. Entonces, tenemos que pensar, desde nuestro Ministerio, en los derechos ciudadanos, en los derechos culturales de la ciudadanía que están planteados en nuestra Constitución (…).
O sea, ¿no estamos entendiendo a la comunidad solamente como las comunidades indígenas, apartadas de lo urbano?
Bueno, yo amplié el sentido de comunidad como de comunidad a pueblo.
Justamente, porque al usar ese término, muchas veces se descuida a la comunidad urbana…
O sea, yo hablo de pueblos y nacionalidades, pero estoy de acuerdo, yo creo que cuando uno habla de la comunidad, es la comunidad rural, la comunidad urbana; los insumos que estamos planteando hablan mucho de cultura viva y comunitaria, que es un tema muy urbano, muy vinculado, incluso, a los jóvenes urbanos que hacen gestión cultural en algunas situaciones periféricas, complicadas en el contexto urbano.
¿Cuál es la expectativa que tiene el Ministerio sobre cuándo será aprobada esta esperada Ley?
Bueno, esa es una responsabilidad de la Asamblea Nacional, pero yo confío en que ya en unos dos o tres meses podamos estar ya en segundo debate por fin aprobando esa Ley, y ojalá sea lo más pronto posible para que luego nosotros podamos trabajar junto al Presidente de la República en el Reglamento a la Ley y crear las nuevas instituciones. En realidad, se crea una sola nueva institución: el Instituto de la Memoria Social, y se transforma instituciones existentes. Y sí nos gustaría terminar esa transformación antes de terminar nuestro período, en mayo del 2017 nos vamos y sería bueno dejar ese legado para que otros tomen la posta y puedan aterrizar en políticas públicas todo lo avanzado en el ámbito de lo normativo.
¿Cuál es la correlación que se plantea entre la Ley de Culturas y la Ley de Comunicación?
Yo me he reunido varias veces con el Cordicom, estamos trabajando con Comunicación (Secom); estamos trabajando todavía esa parte, pero, claramente, no se puede hablar de cultura sin hablar de industria audiovisual, hay que repensar algunos temas vinculados al 1X1, pues no ha tenido siempre los resultados que hemos deseado.
Entra ahí también aquello de que el entorno digital se plantea como espacio público en el proyecto de la Ley, ¿no?
De hecho, hay toda una parte sobre espacio público digital, y es la primera vez que se plantea ese debate en Ecuador. O sea, estamos trabajando totalmente el ámbito de lo digital.
¿Cómo podríamos explicar en síntesis el hecho de que el entorno digital sea comprendido como espacio público?
Bueno, estamos viendo que los consumos culturales a nivel planetario muestran que la mayor curva de crecimiento está en el ámbito de lo digital. O sea, Internet está creciendo. Yo creo que de aquí a veinte o treinta años la televisión va a llegar casi al ocaso, incluso la televisión por cable satelital. La gente prefiere aplastar ahora un botón para ver la película que esperar a las ocho y media para ver su película. Mal haríamos en no tener una Ley que enfrente ese problema. Ahora, hay que pensar en Internet como espacio público, y eso significa lo mismo que el espacio público tangible, o sea: no discriminación, inclusión, políticas públicas, fomento, apoyo a grupos juveniles que tienen propuestas on line, todas estas propuestas que no aplicaban a los fondos existentes –que casi no se usaban– tienen que aplicar. Y también tienen que haber políticas –casi me atrevo a decir– antiimperialistas, de soberanía en ese sentido (…). Entonces, tenemos que pensar cada vez más la soberanía desde el ámbito nacional, desde el ámbito regional, desde la Unasur, desde la Celac, para tener nuestros propios servidores, nuestros propios repositorios, nuestras redes.
Y, ¿eso garantizaría que no se persiga a internautas con el pretexto de regular el espacio público en el entorno digital?
Pero, yo no creo en regular al arte, ni en el entorno virtual ni en el espacio real ni en ningún espacio. Yo creo que hay que generar condiciones para la libertad artística. Eso a veces significa regular o controlar un poco, y a instituciones, para que esas instituciones presten un mejor servicio, tengan fondos al alcance y generen condiciones para la libre expresión. Pero yo no creo en la regulación del arte, de ninguna manera, ni en el espacio virtual ni aquí. De hecho, creo que es un gran error del socialismo del siglo XX (¡y yo soy bien socialista!) haber tenido un arte oficial. El arte siempre es político y debe ser político, pero no creo que tenga que haber un arte oficial ni que tenga que haber reglamentación en ese sentido.
