Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Fotos: Josué Araujo-Fluxus Foto.
En El juego del camaleón (2009), en tono de crónica y de reportaje, el entonces coordinador de Información de diario El Comercio, Arturo Torres, demostró, por un lado, que el ataque de Angostura fue producto de un proceso de ocho años de espionaje por parte de la Inteligencia de Colombia y de Ecuador, que habían llegado a penetrar a la organización irregular mediante una serie de informantes. Su libro mostró también las relaciones entre una serie de políticos ecuatorianos del entonces entrante gobierno de Rafael Correa con las más altas figuras de las FARC. Nombres como el entonces subsecretario de Coordinación Política, José Ignacio Chauvín; el general (r) René Vargas Pazzos, nombrado embajador de Ecuador en Venezuela en 2007; la exasambleísta constituyente (2007-2008) y nacional (2009-20017) por el movimiento de gobierno Alianza PAIS y actual embajadora en Cuba, María Augusta Calle, entre otros, aparecen en el libro.
Casi diez años después, la investigación de Arturo Torres cobra actualidad. El testimonio de alias ‘Chorizo’, un guerrillero desmovilizado de las FARC, habla de un alias ‘Julio Luna’, quien habría recibido fondos para la campaña presidencial de Rafael Correa. Arturo Torres lo entrevistó en 2008. El vídeo en el que aparece ‘Chorizo’ y en el que asegura que ese ‘Julio Luna’ era el asambleísta y exministro de Cultura del gobierno de Correa, Paco Velasco, fue presentado ante el actual presidente, Lenín Moreno, durante una entrevista periodística con CNN a mediados de abril. El autor del libro, además, revela que el general (r) René Vargas Pazos alquiló una de sus haciendas a Oliver Solarte –muerto en 2011, durante un operativo combinado entre Colombia y Ecuador, en la frontera–, jefe financiero del bloque 48 de las FARC, y cuya función era la de transportar la droga desde el Putumayo hasta la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para luego sacarla hacia las costas del Pacífico. “Las FARC representaban la ley y la fuerza en esa zona por varios años. En los alrededores, al menos diez campesinos murieron, ejecutados”, dice.
Una década después del ataque de Angostura, ¿a qué se debe este sistemático silenciamiento por parte del Estado ecuatoriano con respecto a temas como la provincia de Esmeraldas y el narcotráfico?
Yo tengo dos hipótesis: la una es el abandono histórico. No ha habido respuestas. No se les ha dado la importancia que merecen por ser poblaciones de alguna forma marginales, no significan votos importantes para los políticos, entonces, no es que tengan que rendir cuentas. En el mapa político ya no son importantes las zonas de frontera. Esos votantes no tienen la importancia que tienen las grandes ciudades. Esto evidencia un modelo político perverso que se enfoca en dar mucha importancia a los citadinos mientras la ruralidad está olvidada. Y coincide con que Esmeraldas es la provincia más pobre, abandonada a su suerte, y no sorprende que ahora sea una zona controlada por el crimen organizado. Se puede hacer una presencia visible de militares o de policías pero sabemos que, por abajo, las estructuras están penetradas por el crimen organizado. Y aunque allá se evidencia más, yo creo que el Estado en general está perforado por esas estructuras del narcotráfico. La segunda hipótesis es que no es solo el abandono, sino que hay una actitud deliberada que empata mucho con la lógica del narcotráfico. Hay conexiones del narcotráfico a nivel político, con los que toman decisiones. El narcotráfico tiene estos actores, estos intermediarios, siempre y en todos los gobiernos. A ellos les conviene, tanto en Colombia como en Ecuador, que no haya toma de decisiones. Se bloquean las decisiones porque saben que esta economía tiene que estar atada a un tema de frontera donde el Estado no tiene por qué estar, para que ellos puedan hacer su trabajo en el nivel de la producción de coca. Pero, como menciono en el libro, las redes se extienden a otras provincias que son claves en las estructuras del narcotráfico. Las decisiones no se toman porque hay operadores que lo impiden a propósito, desde el narcotráfico. Porque esto le conviene al negocio. Son actores que pasan en diferentes administraciones, se reciclan, son una constante en los gobiernos. Yo creo que muchos de ellos están articulados al crimen organizado, ya sea para el narcotráfico o para otro tipo de operaciones.
¿No es posible saltar de las hipótesis a la aseveración, en vista de esa falta de certezas que caracteriza a estas estructuras?
Claro. No se han identificado a los responsables pero, como hipótesis, hay elementos para trabajar.
El discurso de Lenín Moreno, desde los ataques de enero, se caracteriza por posicionar la idea de que “el enemigo está afuera” y de que estamos ante “una amenaza nueva”. Parece que se intenta reforzar esa idea de que siempre Ecuador ha sido una isla de paz cuando, en realidad, los datos estadísticos socioeconómicos de la provincia de Esmeraldas, las capturas de droga y los posibles lazos entre miembros de gobiernos y el narcotráfico nos dirían lo contrario. Pienso en el caso de los hermanos Ostaiza, de José Ignacio Chauvín, del exministro Gustavo Larrea, y algunos otros personajes que tú citas en El juego del camaleón. ¿Nos enfrentamos a toda una estrategia de Estado que trasciende a los gobiernos de turno?
Totalmente. Acordémonos también de César Fernández, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fernández era el gobernador de Manabí, fue aportante de la campaña de Lucio Gutiérrez y lo encontraron con droga en Manabí. Esa droga era para el cartel de Sinaloa, lo sentenciaron por narcotráfico. Él, luego, nos revela a nosotros [entonces periodistas de El Comercio] que hizo aportes para la campaña de Lucio. Las alertas son permanentes desde el 2000. El problema está en la frontera desde hace tres décadas, pues es una zona que se disputa para el control de la producción de la hoja de coca, luego del tránsito, la distribución y la venta ya en otros países. Es un problema recurrente durante décadas y los gobiernos no han podido responder de una manera eficaz. ¿No es un problema del Ecuador? ¡Hace tiempo que es un problema del Ecuador! No podemos vivir con la idea de que es un problema únicamente de Colombia pues hablamos de una zona en la que los estados no están. Es un limbo en el que no sabes si estás en Colombia o estás en Ecuador.
No estás en ninguno de los dos países…
Así es. Es un narcoestado en la frontera.
Cuando hablamos de México hablamos ya de un narcoestado. Pero los hechos de este último mes en Ecuador también nos harían pensar que estamos entre dos narcoestados: Colombia y Perú, como los más grandes productores de coca que usan a Ecuador como su canal. ¿Podríamos extender ese concepto de narcoestado hacia nosotros mismos?
Sí. Yo creo que tenemos elementos como para pensarlo. Es ideal para el narcotráfico una economía dolarizada, un Estado que fue durante los últimos años cooptado por la política, en el que todo pasaba por el filtro político, en el que la institucionalidad se perdió, ese modelo sin instituciones independientes es ideal para el narcotráfico. Empiezan como alianzas políticas y luego los políticos se dejan cautivar. El problema de fondo es el financiamiento para las campañas electorales que no tienen ningún control efectivo. La ley existe pero no se aplica. El gobierno lo que hizo es cooptar el Consejo Nacional Electoral. Se estableció que hubo donantes anónimos que dieron 400 000 dólares para la campaña de (Rafael) Correa y, sin embargo, no sabemos quiénes son. Hubo un depósito de 100 000 dólares a la cuenta de campaña en el Banco de Machala que es anónimo. Nunca se investigó eso. Entonces, un gran problema que tenemos es que para el narcotráfico es ideal ‘penetrar’ a estos políticos nuevos que surgen como los grandes adalides de la institucionalidad, porque saben que una debilidad es la económica, entonces meten plata en las campañas a través de testaferros. En el caso de las FARC fue mucho más grotesco, pues ellos mismos luego hablaron de aportes a la campaña de Correa.
Incluso dieron nombres y apellidos…
Sí. Como el caso de Paco Velasco, identificado por el guerrillero desmovilizado (alias ‘Chorizo’). Y esto ha seguido avanzando. No podemos decir que esto va a cambiar. Yo no creo que cambie porque, como le tomó tanto tiempo instalarse, ahora ningún gobierno tiene la capacidad de enfrentar a un monstruo de tantas cabezas como el narcotráfico. Hablamos de economías que tienen escala global, un poder de influencia y tecnología que sobrepasa cualquier capacidad de un gobierno o de un Estado a nivel latinoamericano. El gobierno [de Ecuador] no tiene una estrategia clara para enfrentar el problema. El panorama es más bien desalentador sobre lo que se viene.
¿Eres pesimista?
Sí. Sí. El pesimista es un optimista informado. Lo importante es tener la información para sobre eso tener actuaciones mucho más eficaces.
¿Cuáles serían esas actuaciones eficaces, luego del pataleo en el discurso del gobierno y en sus acciones, que son casi inacciones?
Sí, cada vez me desconcierta más el gobierno. Creo que el primer secuestrado es Lenín –es una imagen trágica pero es lo que percibo–, porque a él le llega la información pero parece que muy tarde, cuando ya las cosas se han desbordado. Yo no había visto un presidente tan aislado de la realidad hace mucho tiempo. Pasamos de un extremo al otro: de un Correa que controlaba todo a alguien que depende de terceros. Se vio con el secuestro [del equipo de diario El Comercio], una primera semana que pasó, días que fueron claves para lo que ocurrió y para el desenlace que tuvieron nuestros compañeros.
Ni Lenín pareció haber urgido a nadie con la intensidad que debía hacerlo un presidente…
Desde el inicio se notó que no le dieron la importancia que tiene el tema, además por todo lo que venía ocurriendo en Esmeraldas ya desde enero. El secuestro es el incidente más grave, pero ya venía una escalada en la frontera. Todos los informes de Inteligencia hablaban de la peligrosidad de los grupos que ya estaban empezando a reaccionar frente a operativos sistemáticos que también se empezaron a hacer desde fines del 2017.
Pero, entonces, hay ahí una contradicción, pues el gobierno de Moreno sostiene que desde octubre del 2017 se intensificaron los operativos y que se logró bloquear la dinámica naturalizada en la zona con respecto a los grupos irregulares y al tráfico de droga. ¿Cómo se entiende que en este primer tramo del 2018 más bien veamos características de desidia, de lentitud, de inoperancia, frente a los hechos ocurridos desde el 27 de enero?
Se confirma lo que pasaba también con el anterior gobierno. Los informes de situación de lo que ocurre en el terreno existían. Siempre llegaron informes de Inteligencia sobre la peligrosidad con que iba evolucionando el tema, no solo en Esmeraldas, sino también en Sucumbíos. Lo de Esmeraldas se sale del esquema del silencio y del perfil bajo que mantiene el narcotráfico; el fenómeno en Esmeraldas tiene características muy especiales, que salen de la lógica con que se ha manejado el narcotráfico durante esta década. Hay cosas que tienen que investigarse bien, como esta ‘sobrerreacción’ de ‘Guacho’ y su gente, pues, realmente detrás de ‘Guacho’ están los carteles mexicanos.
¿Tiene que ver lo que dices con ese salto que dieron las FARC y otros grupos guerrilleros que nacieron como grupos ideológicos, revolucionarios con trasfondo político, y se transformaron en centros de acopio de dinero a través de pactos con el narcotráfico, con el terrorismo y con la delincuencia común? ¿La reacción de alias ‘Guacho’ no es una señal de que hace rato todos esos principios se fueron al traste?
Sí. Se fue degradando con los años. Los ideólogos estaban en una fiesta por el acuerdo de paz y la gente de la base, o sea, los soldados de a pie, estaban en el campo, en el conflicto, eran los que inicialmente se encargaban de cobrar los impuestos a los narcos y se fueron acercando mucho más a esa realidad y se fueron contaminando. Los ideólogos despistados, por otro lado, algunos jugando al narcotráfico, pues hay evidencias de que varios dirigentes de las FARC se vincularon al negocio del narcotráfico como una excepción, pero desde el nivel medio hacia abajo quienes realmente hacían el trabajo, cooperando con el narcotráfico, vieron en eso una actividad lucrativa. Eso se acentúa mucho más con los anuncios para comenzar las negociaciones del proceso de paz.
Sin duda, hay una razón que está relacionada con las condiciones económicas de la población de frontera. Hay una evidente desatención por parte del Estado y esa desatención pasa de ser un descuido a ser una complicidad con el negocio del narcotráfico.
Totalmente. Nos venden que es un asunto de inseguridad y de criminales, pero las mulas y quienes están sembrando la hoja de coca son parte de las víctimas de este problema. Los mayores beneficiarios están en los grandes bancos donde se lava el dinero, donde están las grandes inversiones. Buena parte de la renta de la coca se queda en bancos de EEUU y Europa. Entonces, si hablamos de un fenómeno que mueve más de 550 000 millones de dólares al año, hay tantos intereses de por medio que yo creo que hay que ir hacia la despenalización del consumo.
¿Ese podría ser un debate urgente y necesario ahora mismo, verdad? La política de la guerra contra las drogas ha demostrado ser un fracaso y una práctica exclusivamente guerrerista sin resultados. Si quebramos el mercado de la droga legalizándola, ¿por qué no accedemos de una vez por todas a esa discusión?
Precisamente porque hay estos grandes intereses que saben que hay una sociedad que se alimenta de los prejuicios y nos venden el pecado del consumo y del drogadicto. Me parece que hay que derrumbar un sinnúmero de paradigmas que son impuestos por lógicas muy ajenas a lo que somos. Yo creo en el libre albedrío y en que la gente tiene que saber gobernarse sola. Los Estados están para ayudar a la gente a que tome decisiones y sea lo suficientemente coherente e independiente para saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Ese paradigma del consumidor de cocaína como un delincuente hay que replantearlo. La guerra contra las drogas está perdida hace mucho tiempo porque seguimos dando la misma respuesta a un problema recurrente. La mano dura contra el narcotráfico no es la estrategia, y la evidencia es México.
Es muy paradójico que el Estado ecuatoriano no haya sistematizado toda la información que ha surgido alrededor del narcotráfico en la frontera norte y en la provincia de Esmeraldas, en particular. Que los periodistas no podamos acceder a una base de datos, a información organizada por las instituciones del Estado con respecto a procesos judiciales en materia de narcotráfico. Mientras tanto, la prensa en Ecuador ha registrado hechos desde hace muchos años y se convierte casi en única fuente de consulta. ¿No es una paradoja casi insultante que el exministro del Interior César Navas haya dudado de la experiencia de periodistas con más de una década de trayectoria, cuando los funcionarios como él a veces no llegan a completar ni cuatro años en un cargo?
Es infame, porque además es parte de un discurso de manipulación. El riesgo es innato en esta profesión. Ese es nuestro papel: contarle a la comunidad que hay esos riesgos. Lo que insinuó Navas demuestra no conocer la lógica del periodismo y es parte de un juego perverso político de no asumir la responsabilidad, porque la responsabilidad inicial es del Estado.
¿Cuál es la responsabilidad máxima, en estos precisos momentos, del Estado ecuatoriano con respecto a la frontera norte?
Lo urgente es transparentar qué ocurrió. Hay muchos vacíos. Hay más preguntas que respuestas. Y, a mediano y largo plazo, tener una política y no andar como una veleta. Yo siento que el gobierno es una veleta sin rumbo. Su actuación fue fallida pues no son tres vidas perdidas, solamente, sino que se evidencia la falta de empatía con la sociedad y se revela un doble discurso.
Volviendo a tu libro El juego del camaleón, publicado hace casi 10 años ya, vemos que hay situaciones, personajes y datos que, con los acontecimientos ocurridos desde el último enero, parecen tener estrecha relación. ¿Cuál es el panorama sobre lo que ha ocurrido en Ecuador desde esa publicación hasta hoy?
Lo primero que me llama la atención es la impunidad. Los datos fueron recogidos por la prensa de una manera abrumadora, después del bombardeo de Angostura, en marzo del 2008: ¿cómo es que hay un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano? ¡Tal es el nivel de despiste del gobierno [de Rafael Correa] que las FARC tenían un campamento donde recibían a todo tipo de visitantes! Llegó la Coordinadora Continental Bolivariana articulada a varios políticos ecuatorianos del gobierno, se identificó a mucha gente vinculada con las FARC, y lo que se tenía que identificar es si hubo o no un delito, porque [esos personajes] estaban bien mapeados con seguimientos pormenorizados por parte de la Inteligencia ecuatoriana y colombiana. A nivel judicial no hubo ninguna consecuencia.
¿En qué momento podemos hablar de estos personajes como sujetos de investigación por haber tenido vínculos con una organización criminal y no con un movimiento político con principios ideológicos de justicia social?
Yo creo que desde el 2005 ya podíamos hablar de eso. Ya había capturas, en el caso de los hermanos Ostaiza la droga era de las FARC, en el 2008. Ostaiza se relacionaba con José Ignacio Chauvín, subsecretario de Gobierno. Los hermanos Ostaiza fueron detenidos, pagaron su condena, pero ellos solamente después comenzaron a hablar. Ha habido impunidad y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa impunidad.
En El juego del camaleón tú mostraste esa aparente indignación con la que reaccionó Correa ante el ataque de Angostura e incluso ante la posibilidad de que su gobierno se viera contaminado por algún vínculo con el narcotráfico y con las FARC. Pero –también lo registras– hay funcionarios suyos que han evidenciado muchos lazos con las FARC y con casos de narcotráfico. ¿Cómo entender esa aparente contradicción?
Yo creo que Correa estuvo muy al tanto de esos nexos. Anecdóticamente, yo incluso le entregué personalmente el libro. Él conocía bien lo que pasaba, y si no lo sabía antes, por ser parte del discurso de ese momento, después ya lo supo. Y sin embargo todas las acciones que él tomó luego fueron, precisamente, para facilitar todo lo que hicieron las FARC en la frontera y los grupos delictivos. No se ejecutaron acciones contundentes ni a nivel político ni a nivel militar ni a nivel de la justicia. Él ahora es víctima de su propio modelo, porque al haberlo concentrado todo, ahora tiene que pagar la responsabilidad de todo eso. Ese modelo ahora le devora y él es la primera víctima de ese caudillismo que vivió el país durante diez años.
Ahora, con Lenín Moreno, parece haber un cambio en cuanto a las políticas sobre frontera norte. Hay quienes aseguran que los atentados desde enero de este año son una reacción a operativos que el gobierno –según sostiene– ha desplegado desde octubre del 2017.
Creo que en este momento hay mucho ruido como para identificar cuáles son las motivaciones y si efectivamente hay un giro. ¿Qué es lo que pasa en esa zona y en toda la zona fronteriza con el tráfico de drogas? Que tienes a mucha gente de la policía y de la Armada y también del Ejército que trabaja para el narcotráfico. Entonces, cualquier operativo que hacen los militares –por ejemplo, quieren ir a Mataje si están planeando una operación–, llegan y el laboratorio está vacío, porque los delincuentes ya se enteraron. Porque tienen gente que les informa.
Bueno, cualquiera puede decirte: ¡Pruébelo!
Bueno, hay varios casos judicializado de oficiales de la Policía, del Ejército y de la Armada que han sido detenidos, que solo son un botón de muestra. Hay gente de Inteligencia que recopila información, pero, imagínate en qué escenario lo hacen, si a tu jefe no le puedes informar exactamente qué tipo tiene vínculos con el narcotráfico. Te estás moviendo en un campo minado.
O sea, es otro secuestro.
Totalmente. Un país secuestrado por el narcotráfico.
Si usamos la figura de que Lenín Moreno es el primer secuestrado, con esto podemos asegurar que Ecuador es un país secuestrado, ¿no?
A todo nivel. Ahora no lo dudo. No estamos enfrentando a grupos disidentes, estamos enfrentando a los carteles y esa todavía no es la importancia que le está dando el Presidente al tema. Yo creo que la única forma de romper eso es informando, al contrario de la lógica que hemos vivido estos diez años, de que todo pase por un filtro oficial. Vamos a acabar como nuestros compañeros asesinados si es que seguimos la lógica oficial de no informar.
