Fernando Carrión: “En Ecuador se hace imprescindible una política antinarcotráfico”

Por Gabriela Ruiz Agila y Diego Cazar Baquero

Ecuador es parte de la llamada Red Global del Crimen, una estructura de mil cabezas que controla el negocio del narcotráfico a escala mundial, que maneja las políticas de los Estados y que somete al terror a millones de inocentes.

La presencia en este país andino de grandes y peligrosísimos cárteles de la droga no es nueva. La prensa registra hechos desde hace más de una década. Ajusticiamientos, secuestros por extorsión, atentados terroristas. Pero desde que se inició el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos disidentes y otros exclusivamente delincuenciales han cambiado el mapa del narcotráfico en el territorio colombiano. El panorama dista mucho de mostrar un ambiente de paz, como se empeña el gobierno colombiano en convencer a su pueblo y a la comunidad internacional.

Desde el 27 de enero de este año, una serie de atentados en territorio ecuatoriano ha dado señales de que el conflicto interno colombiano ha cruzado fronteras. Los hechos, en realidad, solo develan que nada de lo que ocurre es nuevo del todo. El discurso de la ‘isla de paz’ con el que ha vivido Ecuador durante décadas ha opacado una verdad que ahora aplasta el ánimo de todo un pueblo.

En esta entrevista, el analista Fernando Carrión nos brinda elementos para comprender el rol del Ecuador en esta red global del mercado de la droga y sus consecuencias.

¿Cuál es el contexto, en el espacio y en el tiempo, para entender los hechos últimos suscitados en Mataje, provincia de Esmeraldas, y el secuestro de los periodistas de diario El Comercio?

En la última década, Ecuador fue considerado una isla de paz. La violencia política en Colombia tenía a las FARC, ELN, Quintín Lana y otros grupos, mientras que en el caso de Perú, Sendero Luminoso acometía acciones militares. En  1999, se firma el Plan Colombia, que empieza a ejecutarse con mucha más fuerza en el 2002 con el presidente Álvaro Uribe, hacia la internacionalización del conflicto. Al Ecuador le correspondió, por ejemplo, la construcción de la Base de Manta. Los golpes que se produjeron por la implementación de las políticas oficiales de Colombia tuvieron un ‘efecto globo’, es decir, el Ecuador dejó de ser país que exclusivamente se dedicaba al bodegaje y al tránsito de droga para pasar a ser sede de laboratorios que procesan cocaína. Entre 1999 y 2002, Ecuador dolarizó su economía, convirtiéndose en un país atractivo en la región para el lavado de activos. A estas condiciones se suma la localización geoestratégica del Ecuador, entre los dos países más grandes de producción de coca en (Colombia y Perú). También estamos muy bien localizados para el abastecimiento por toda la zona del Pacífico hacia los Estados Unidos -por Centroamérica-, y en la cuenca amazónica hacia el Brasil, que es el segundo país de consumo en el mundo, y camino hacia el resto del mundo.

¿Es Ecuador un eje nuclear, entonces?

Ecuador es una especie de hub o router, es una plataforma internacional de articulación, principalmente en el tema de mercados ilegales para delitos como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, circulación de armas ilegales. El narcotráfico, al consolidarse como plataforma, se ubica dentro de la división internacional del trabajo en una condición muy favorable.

Hay muchos más actores que las disidencias de las FARC en la frontera norte entre Ecuador-Colombia. Hablemos de ellos.

La actual situación de los actores y las divisiones de las FARC está inscrito en el proceso de los Acuerdos de Paz firmados en septiembre de 2016. Pero no en el sentido de lo que se viene sosteniendo que son un conjunto de gente que no plegaron al proceso de paz. Esa población de las FARC que son disidentes no llega al 10% de la cantidad de personas que entregaron las armas, que son alrededor de 6 000 personas. Las cifras calculadas por el Gobierno colombiano estiman que cerca de 600 hombres se apartarían del proceso, y probablemente se integrarían a las bandas criminales como Clan del Golfo, Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, independientemente de su filiación ideológica. El problema que existe es que dentro de los Acuerdos de Paz se establecía explícitamente que una vez que se firmara la paz, los territorios en los que operaba las FARC debían tener una presencia del Estado, y eso no ha ocurrido.

La masacre en Tumaco, en octubre de 2017, por ejemplo, ¿fue una señal de protesta frente al Estado colombiano?

El Estado colombiano se comprometió a tres cosas: introducir prácticas productivas que sustituyan a los cultivos principalmente de cocaína, marihuana y opiáceos; la dotación de infraestructura y servicios educativos y de salud para estas zonas; y políticas de seguridad. Esas tres cosas no se cumplieron. Muchos territorios a los cuales no llegó el Estado colombiano están en la franca disputa entre distintos grupos del narcotráfico, disidentes de las FARC y los paramilitares. En la frontera sur de Colombia (Nariño y Tumaco) estarían alrededor de 12 grupos pugnando por el control de estos territorios.

¿Estos grupos son únicamente colombianos o también hablamos de cárteles mexicanos operando en territorio colombiano y ecuatoriano?

A partir de la aplicación del Plan Colombia, en el 2002, los cárteles colombianos empiezan a recibir un fuerte impacto de la política del Plan Colombia. Los cárteles se dividen y pluralizan. Ahí es cuando cambian de cartel a banda criminal o BACRIM. Esto significó que la droga colombiana, principalmente la del cártel de Medellín, que antes introducía la droga vía aérea y marítima, se cerró por las políticas antiterroristas de guerra a la droga y que se impulsan después de los atentados del 2001 en Nueva York. Eso obliga a que esa producción que surge principalmente en el área andina (Bolivia, Perú y Colombia) tenga que encontrar otras rutas para entrar a los Estados Unidos. La principal ruta de paso sería por la frontera terrestre de México. Y a partir de ese momento hay un cambio sustancial de la estructura organizativa de los cárteles. Antes era exclusivamente el Cartel de Medellín el que producía, trasladaba [la droga] por las rutas que existían, e incluso vendía al microtráfico dentro de los Estados Unidos, y tenía el control interno del mercado. A partir del 2001, aparece lo que he definido como la Red Global del Crimen.

La Red Global del Crimen es una alianza de distintos cárteles mexicanos y colombianos para la producción, traslado, paso de la frontera con Estados Unidos y venta de drogas. Esto le ha dado una potencialidad impresionante al crimen vinculado al narcotráfico. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa se encuentra en 51 países -incluido el Ecuador– y tiene 3 700 empresas legales. Un holding de esta Red de Global del Crimen no puede ser manejado por inexpertos o por una sola estructura.

¿Qué es lo que ocurre a partir de 2008?

Entra la crisis económica de las hipotecas de los Estados Unidos y de Europa y se presenta una contracción del consumo de drogas de cerca de 30%. Esa droga empieza a irse a otros mercados. Ahí aparecen otros cárteles probablemente más fuertes como la ‘Ndrangheta de Italia que tiene presencia en 37 países del mundo, entre esos el Ecuador. Esta Red Global del Crimen es una forma de articulación bajo la característica de un holding de distintas organizaciones que cumplen tareas específicas en ámbitos específicos bajo la modalidad de la franquicia o la tercerización. Así se forma esta gran estructura que tiene alrededor de unos 20 años. Nosotros no entendemos esto porque no queremos entender. Aquí no ha surgido una política antinarcóticos explícita.

Ante este gran entramado de una red de narcotráfico que no viene de ahora sino de hace años, ¿por qué el ocultamiento histórico por parte del Estado ecuatoriano?

Por el Ecuador pasan 220 toneladas de cocaína, según datos del 2010 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La droga pura se multiplica cuando se mezcla y entra a los mercados locales, y los precios varían según el lugar en donde se vende. Por decir algo, la producción de coca en Colombia está a alrededor de 600 dólares el kilo, y cuando se convierte en cocaína, su precio alcanza 1 800 dólares, es decir, tres veces más. En Ecuador debe estar en alrededor de 2 600 dólares, en la frontera de México con Estados Unidos está en 60 000 dólares, en las calles de Nueva York está en 120 000, y en Australia que es el lugar más caro está en 250 000 dólares.

¿Por qué el Ecuador nunca reconoció esto?

Por la ficción con la que se vivió este tema (narcotráfico) y se ha vivido. Desde el 2008, podríamos decir, se globalizó el consumo, que se ha sostenido a través de la Red Global del Crimen. El Ministerio del Interior capturó alrededor de 96 toneladas de droga en 2016 y batió récord. Entre el 16% y el 17% de droga estaba destinada al consumo. El consumo se ha incrementado en el Ecuador. Por lo tanto, Ecuador debe tener una política pública de consumo, de traslado de droga, de lavado de activos así como de bodegaje. En el Ecuador se hace imprescindible tener una política antinarcotráfico. La ficción sobre la supuesta ausencia del narcotráfico en nuestro país se refleja en cómo se está llevando institucionalmente todo lo que atañe a los datos y políticas antidrogas en el país. El país va construyendo sus propias explicaciones. Lo sucedido el 27 de enero en la frontera entre Ecuador y Colombia en la zona de San Lorenzo y Mataje, se está viendo exclusivamente desde una enfoque militar. Es de muchísima preocupación porque se va conformando la ficción de que este es un problema exclusivamente de seguridad. Se militarizó la opinión pública.

Desde el 27 de enero hasta la presente fecha no he escuchado a gente civil hablando del tema, ni a la gente que vive en la zona fronteriza. He escuchado hablar a los militares en servicio pasivo y a los funcionarios públicos de este gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema en la frontera? Es un problema militar. El gobierno de Correa golpeó a las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿cuál es la salida? Dotar de más recursos a las Fuerzas Armadas. No sé si este sea el problema principal pero sí es esta la óptica…

El otro enfoque es la paz, a través de la militarización. Se aproximan las elecciones presidenciales en Colombia. Las encuestas de opinión pública señalan a Iván Duque, candidato uribista, como posible ganador. Si eso ocurre, probablemente los Acuerdos de Paz se van a ir al traste. Los uribistas han venido sosteniendo que la paz es el problema y por lo tanto, puede venir la salida de la guerra. Hay que exigir que Colombia dé explicaciones.

Eso quiere decir que esta guerra que vendría, con el uribismo de vuelta en el poder, ya nos involucraría por primera vez como país, como Estado…

Pero no por primera vez. En el 2002 ya nos involucró con el Plan Colombia. Lo que pasa es que ahora ya no sería a través de un proceso de paz sino a través de un conflicto interno mucho más complicado del que se tenía.

Hay una concepción en el imaginario de los países latinoamericanos sobre la guerra contra las drogas. Las políticas de Estado tienen que ver con la militarización de zonas de riesgo, con la criminalización del consumo, etc. ¿Cómo puede Ecuador pasar de la militarización a una política antidrogas distinta?

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron formadas durante décadas para enfrentar conflictos limítrofes, porque los conflictos con el Perú nos obligaron a eso. Un conflicto limítrofe es una cosa totalmente distinta a lo que ocurre en la frontera con Colombia: toda la logística, toda la infraestructura, estaba dirigida hacia allá. Se firman los Acuerdos de Paz en 1998 y un año más tarde, se firma el Plan Colombia. Las Fuerzas Armadas no tienen doctrina, logística, infraestructura para enfrentar el narcotráfico. Y lo mismo ocurre con la Cancillería, el Ministerio del Interior y toda la sociedad ecuatoriana.

Si las Fuerzas Armadas no cuentan con la formación o capacidad de enfrentar, por ejemplo, el poderío de las organizaciones criminales o la capacidad de organización de los carteles o disidentes en frontera que están movidos por la demanda de los mercados de droga, ¿qué otros elementos hay para esta lectura contextual?

Lo novedoso está en dos cosas: el coche bomba del 27 de enero y el secuestro de periodistas. En la frontera sí había existido el secuestro, pero no a periodistas. Las negociaciones las debía asumir el gobierno colombiano porque los periodistas estaban en Colombia, y debe ser el Estado colombiano quien resuelva y asuma las consecuencias de la violencia. Me parece que ha habido una gran irresponsabilidad del medio de comunicación que difundió el video del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Debe plantearse algún mecanismo para que rinda cuentas. Se pusieron del lado del crimen y no del lado de la paz.

¿Estamos quizás ante una red de complicidades? ¿Siempre lo hemos estado o se inauguran nuevas complicidades?

Estamos un paso atrás del crimen. ¿Qué es ilegal? Para marcar lo que es ilegal tiene que estar establecido a través de una norma jurídica. Entonces, siempre tenemos una lucha que no es de igual a igual y siempre estamos atrás, porque los grupos criminales son terriblemente flexibles mientras que las políticas públicas son estáticas.

Una de las propuestas más fuertes desde el Estado ecuatoriano, luego de los acontecimientos desde enero, es aceptar el apoyo de Estados Unidos e incluso hubo quien habló de la posibilidad de instalar de nuevo una base militar.

El regreso de la base militar en Manta es un absurdo destinado al apoyo de Colombia (de su Plan), un país que cuenta con siete bases militares y que no le brindaban ninguna seguridad. Hemos tenido una política muy errática frente al secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Primero, se planteó que eran grupos colombianos de narcotraficantes que luchaban contra el Ecuador. Luego, el fiscal [general de Colombia, Néstor Humberto] Martínez plantea dos tesis: uno, que alias ‘Guacho’ es  ecuatoriano y que las FARC tienen 15 millones de dólares en propiedades en territorio ecuatoriano, y que por tanto, el problema es nuestro. El Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa asumen esas como políticas. Y hace poco el Ministro del Interior planteó que es directamente el cártel de Sinaloa. Y tras eso, la única salida es la militarización. Al cártel de Sinaloa bajo ningún punto de vista le conviene cerrar una de las rutas más importantes y este momento [esa ruta] está militarizada. La tesis de ‘Guacho’, en cambio, entra dentro de la lógica de estos dos grupos que se están disputando los terrenos vacíos que dejó las FARC y que no fueron asumidos en su debido momento por las políticas establecidas en los Acuerdos de Paz por parte del gobierno colombiano.

El secuestro de los periodistas es una señal, sin duda, no se trató de un secuestro común, si bien ha habido secuestros antes en la zona como mecanismos de extorsión y para nutrir arcas de los grupos…

Estos periodistas entraron en una zona que el Estado ecuatoriano no controla, y por eso es que las Fuerzas Armadas les dijeron: esto es responsabilidad de ustedes. Los periodistas tienen los medios a través de los cuales hacer mayor eco que un ciudadano. La lógica del secuestro ha ido cambiando en el tiempo. Al principio se secuestraba para difundir una proclama. Colombia tiene por política la no negociación con secuestradores como política. Incluso si una persona ha negociado en términos privados la liberación de un familiar, esa persona está sujeta a cuentas con la justicia. En Ecuador, como no ha tenido secuestros significativos en el orden político o por narcotráfico, la política es menos clara. El involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad (militares o policías) en el cometimiento de delitos y su participación en la estructura de las organizaciones que conforman la Red Global del Crimen es una posibilidad que no se ha explorado en la opinión pública.

¿Cuánto le va a costar a Ecuador involucrarse en esta guerra contra el narcotráfico? ¿Estamos los ecuatorianos dispuestos a correr con ese sacrificio?

Las bandas criminales que operan en la frontera Ecuador-Colombia están articuladas en la Red Global del crimen y funcionan con muchísimos recursos económicos para infundir miedo, para poder doblegar ciertas estructuras legales y corromperlas. Eso incluye a los medios de comunicación. Se destaca el lavado de activos como una forma de penetración ilegal dentro de los mercados. En las fronteras, las inequidades entre los mercados ecuatoriano y colombiano son tan fuertes que se está acabando con la producción económica de ambos lados. Y entonces estos territorios buscarán ser controlados por estas fuerzas.

¿Cuál sería Una persona ideal o real práctica de salida de este conflicto?

Así como los militares permanentemente están diciendo en los medios de comunicación que ellos alertaron los problemas que iba a traer la paz, yo digo que estoy alertando desde este momento, los problemas que la guerra va a traer a partir de la nueva presidencia que surja en Colombia, en el caso de que fuera uribista el candidato que triunfe.