El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha ofrecido duplicar la producción petrolera, pero su promesa no se sostiene en la técnica. Además, deberá encarar la cantidad de arbitrajes internacionales que enfrenta Ecuador. La inseguridad jurídica que se ha enraizado en el país y la ignorancia extendida sobre la materia multiplican los riesgos. Hablar sobre la industria petrolera requiere de conocimientos técnicos que no pueden someterse a la demagogia.
Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Entre el ideal del progreso y la defensa de los recursos naturales, la política extractivista del gobierno de Guillermo Lasso devela contradicciones y mucho desconocimiento, tanto sobre la técnica petrolera como acerca de leyes, convenios y acuerdos internacionales de los que Ecuador como estado es suscriptor. Organizaciones ambientalistas y defensoras de Derechos Humanos exigieron la revocatoria de los decretos 95 y 151, recientemente promulgados por el régimen y los calificaron de inconstitucionales. Representantes de Acción Ecológica, Colectivo Caminantes, Alianza por los Derechos Humanos, Colectivo Ecuador Libre de Transgénicos, Yasunidos y Naturaleza con Derechos rechazaron estos decretos que anuncian la duplicación de la producción petrolera y el fortalecimiento de la actividad minera en Ecuador.
Pero, para hablar de petróleo y antes de analizar la propuesta del gobierno de Guillermo Lasso, es necesario conocer sobre lo que esta gran industria significa pues, a pesar de que el primer pozo petrolero fue perforado en Ecuador en 1911, pocos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de petróleo. ¿Qué son las reservas petroleras? ¿Cómo se determina su existencia o cómo el Estado maneja las negociaciones del que durante más de 45 años ha sido uno de los principales recursos de la economía nacional? ¿Por qué la política ha generado tanta inseguridad jurídica en el país?
La industria petrolera por dentro
Para que exista petróleo debajo de la tierra deben transcurrir millones de años. Durante ese tiempo tan prolongado las capas de la tierra se comprimen y mucho material orgánico queda acumulado entre ellas. Plantas, troncos, huesos de animales, hojas, frutos… La presión que han ejercido esas capas de tierra debajo de la superficie ha hecho que lentamente el oxígeno sea eliminado y se produzca petróleo y también gas. Cuando el petróleo y el gas se han formado, buscan salir hacia la superficie, pero en el camino se encuentran con capas de rocas que los detienen y en esa lucha queda atrapados en una especie de cápsulas subterráneas, pero también queda atrapada mucha agua. Esa agua subterránea se llama agua de formación.
La industria petrolera se propone la misión de encontrar en qué lugar del subsuelo del planeta hay acumulaciones de petróleo. Para eso debe explorar y, luego de largos y complejos procesos, debe obtener la certeza de que esas reservas de petróleo tengan la calidad necesaria para que puedan venderse.
Debido a todo esto es que entre la exploración inicial y la extracción de petróleo hay muchos pasos que son ineludibles. La única manera de saber si debajo de la tierra hay petróleo es perforando la tierra. Y perforar es una operación muy costosa, de modo que invertir en perforación es una apuesta arriesgada en la cual no se garantiza el exito, pues intervienen muchas variables y siempre existe incertidumbre.
Jaime Checa, geofísico y especialista en exploración de la Colorado School of Mines, explica que, para saber si debajo de la tierra hay petróleo, se necesita aplicar distintos métodos de exploración. Entre ellos, métodos geológicos, geofísicos, sísmicos, gravimétricos o magnéticos. Ninguno de estos métodos, por sí solos, puede determinar si debajo de la tierra hay petróleo. Es necesario combinar varios de ellos para obtener suficientes certezas.
Ahora bien, para producir petróleo de calidad comercializable deben ocurrir “muchas confluencias”, dice Checa. Solo sumando esas confluencias necesarias es posible determinar si en el subsuelo existen reservas. Pero, ¡cuidado! No todas las reservas calculadas representarán petróleo para ser vendido.
Las reservas petroleras se clasifican en tres tipos: probadas, probables y posibles. Las reservas probadas, como su nombre lo indica, son aquellas que sin duda servirán para el comercio y tienen un 90% de certidumbre. Las reservas probables no han sido probadas, pero tienen un mayor rango de posibilidades de convertirse en comerciales y por eso tienen un 50% de certidumbre. Y las reservas posibles son aquellas cuya calidad comercial tampoco ha sido probada y tiende a no serlo. Por eso tienen un porcentaje de certidumbre de 10%.
Un mal cálculo en la industria petrolera puede significar cientos de miles de millones de dólares en pérdidas. Para evitar tantos riesgos, existe una metodología estándar en el mundo y una serie de empresas certificadoras con altísima legitimidad. El PRMS o Petroleum Resources Management System -por sus siglas en inglés- es un sistema de gestión que contempla todos los requisitos para certificar que una reserva es una reserva.
Si los Estados cumplen con todos estos procedimientos, emiten mensajes de credibilidad a los inversionistas privados y a sus compradores. Pero, si no cumplen o si sus leyes son inestables y sus políticos son corruptos, el mensaje que emiten esos Estados ahuyenta a los inversionistas y a los países que podrían comprar ese petróleo. “En la medida en que una empresa o un país se aparte de esos estándares -explica Checa- va a ser muy difícil que atraiga inversión o que pueda negociar”. Es decir, una reserva que no haya pasado por todos estos procesos de certificación no existe.
En Ecuador, aquellas reservas que han pasado por todos estos procedimientos de certificación constan en el Libro Nacional de Reservas. Si no están ahí, no existen. Una negociación entre el Estado ecuatoriano y empresas extranjeras interesadas en invertir no puede iniciarse con reservas que no hayan sido probadas y luego debidamente certificadas por las correspondientes entidades oficiales a cargo de regular la industria hidrocarburífera.
Es descabellado pensar que un inversionista vaya a invertir su capital en donde no existen condiciones claras y seguridad jurídica pues la estabilidad de las políticas públicas es muy importante.
¿Duplicar la producción? ¿Entrar en el Yasuní?
Una vez que hemos comprendido cómo funciona la industria petrolera, volvamos al inicio.
“La política extractivista de Guillermo Lasso no honra su palabra”, dijo Pedro Bermeo, de Yasunidos. Así llamó la atención -en una rueda de prensa, la mañana del jueves 12 de agosto, en Quito- ante la paradoja de que en medio de la crisis ambiental más grave que enfrenta el planeta, el Gobierno ecuatoriano pretenda duplicar la producción petrolera diaria y reforzar la exploración y explotación minera mediante el Plan de Acción para el sector minero, que es parte del decreto 151. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el hecho de que Lasso incumpla de esta manera sus ofrecimientos de campaña. ¿Palabra de honor?
Cuando aún era candidato, Lasso dijo estar dispuesto “a prohibir la minería a cielo abierto e impulsar un turismo sustentable que respete los animales y los bosques”. Con el afán de congraciarse con los colectivos ambientalistas, el candidato Lasso condenó la “minería que pueda contaminar fuentes de agua, pajonales, páramos, corrientes subterráneas de agua. Porque la vida de los seres humanos está primero y necesita y depende de agua limpia, que no esté contaminada”.
Con respecto a las políticas hidrocarburíferas, habló de reemplazar el uso de diésel para los vehículos de transporte y carga pesada por un programa que impulse el uso de vehículos eléctricos y su adquisición sin aranceles. Pero, al parecer, el Lasso presidente piensa distinto al Lasso candidato.
El economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 2007-2008 y exministro de Energía y Minas, se preguntó sobre la posibilidad real de que se duplique la producción petrolera diaria, como ha ofrecido el Primer Mandatario. Su inquietud es también la de los colectivos que estuvieron presentes esa mañana del 12 de agosto. Tomando en cuenta la infraestructura actual que posee el Estado ecuatoriano -afirman- es imposible duplicar la cantidad de petróleo que se extrae. Además, los colectivos ciudadanos cuestionaron la capacidad estatal de transporte del crudo a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) o del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (Sote), que son los dos únicos medios de transporte de crudo con que cuenta el Ecuador.
La Barra Espaciadora habló con el coordinador de la Comisión Petrolera del Ecuador, Gonzalo González, para conocer argumentos técnicos sobre la oferta gubernamental.
González cree que “por potencialidad y por reservas es posible alcanzar ese objetivo”, pero se pregunta cómo, cuándo y con qué recursos se lo conseguirá. Este abogado en libre ejercicio especializado en Arbitraje Nacional e Internacional, Contratación Pública, Recursos Naturales, Petróleo y Gas, dice que el enfoque de la política estatal debe orientarse a instrumentalizar la oferta de Lasso y parte de señalar que la gestión estatal en materia petrolera no ha sido eficiente. “Hay que abrir un espacio para la inversión privada”, advierte.
Pero dentro de la industria local se percibe un cierto recelo para comentar los planes gubernamentales. Un especialista en transporte de hidrocarburos con más de 25 años de experiencia, a quien contactamos para este reportaje, prefirió proteger su identidad. “Este país tiene una capacidad vasta para transporte de petróleo sin necesidad de modificaciones significativas -dijo, amparado en el anonimato-; se puede transportar un millón de barriles sumando el SOTE y el OCP”. No obstante, este funcionario de carrera aseguró que desconfía de que la oferta del presidente Lasso sea realizable porque se necesitaría construir una red de oleoductos secundarios. “Depende de dónde saquen, porque con el plan de desarrollo de cada campo debería haber oleoductos secundarios”, dijo.
González concuerda con él en el sentido de que logísticamente, alcanzar el objetivo del Gobierno “es todo un operativo”. Sus cálculos apuntan a que en los próximos 8 o 10 años se alcanzaría la duplicación de la producción petrolera siempre y cuando se inviertan “entre 16 000 y 20 000 millones de dólares”.
Lo que ni González ni el funcionario anónimo se atreven a decir con frontalidad es de qué zona de la Amazonía se extraerían los recursos que permitirían cumplir con la meta del Gobierno. “No queremos afectar el ITT y construir la infraestructura toma tiempo”, dijo González y añadió que el ITT “es el cuello de botella” porque es una zona sensible y considera que es posible “no ampliar la frontera petrolera sino usar mejor la capacidad instalada”. Su idea es explotar más de los campos que ya tienen producción. Pero “los plazos se van a extender”, detalló.
El experto en transporte de petróleo amparado en el anonimato, en cambio, se contuvo aún más al hablar del tema: “Si yo digo lo que sé me han de cancelar”.
Alberto Acosta cree que la única alternativa que tiene el Gobierno para duplicar la producción es ampliar la frontera petrolera y entrar en el área protegida del Parque Nacional Yasuní. “¿Quieren ampliar la frontera petrolera hacia el corazón del Yasuní y hacia el centro sur de la Amazonía?”, se preguntó con indignación.
«Casos fortuitos» en medio de la peor crisis climática
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha otorgado hasta la fecha 146 Autorizaciones Administrativas Ambientales a las actividades extractivas petroleras en todo el territorio ecuatoriano, en bloques operados tanto por la empresa pública como por las empresas privadas certificadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
En Ecuador, de acuerdo con cifras oficiales, la mayor cantidad de campos productivos está en manos de la empresa estatal Petroecuador EP, que al 30 de agosto del 2021 registraba una producción de 365 685 barriles de petróleo diarios y que tiene a su cargo 22 bloques petroleros. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables tiene a su cargo 28 bloques y las empresas privadas operan 20 bloques. Es decir que el Estado tiene a su cargo el 71% de los campos en producción del país. Sin embargo, su eficiencia y cumplimiento de la Constitución han sido puestos en tela de duda.
Al cierre de este reportaje, un informe de seguimiento continuo del Monitoring of the Andean Amazon Project revelaba que avanza aceleradamente la construcción de una vía de acceso dentro del llamado Bloque ITT, rumbo al campo Ishpingo. La vía se encuentra a solo 0,5 km de la zona de amortiguamiento, y a 10,5 km de la Zona Intangible que fue creada para proteger a los pueblos tagaeri y taromenane, grupos indígenas en aislamiento voluntario, así como a su ecosistema.
En 2013, BBC News reportó que en Ecuador se registraba un derrame petrolero cada semana. En junio de ese año, más de 11 400 barriles de crudo se vertieron al río Coca desde el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en ese entonces. Pero esa publicación recogió también otro antecedente: en abril de ese mismo año, más de 5 000 barriles de crudo contaminaron un área agrícola y ganadera de la provincia costera de Esmeraldas por una fuga del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Los derrames de petróleo son comunes en Ecuador. El peor de los últimos 15 años ocurrió el 7 de abril del 2020, justo al inicio de la pandemia, por la ruptura de los oleoductos de la OCP y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote, manejado por Petroecuador EP) en las inmediaciones de la cascada de San Rafael, entre las provincias de Orellana y Sucumbíos. Se trató de una tragedia anunciada, como lo reportamos en Mongabay Latam y La Barra Espaciadora. El derrame echó aproximadamente quince mil barriles de crudo y gasolina base a las riberas de los ríos Coca y Napo, afectó a ciento nueve comunidades ancestrales y las consecuencias, a más de un año, continúan perjudicando a la Amazonía, tal como también lo reportamos en su momento.
El pasado 28 de agosto, un nuevo derrame petrolero en el Bloque 49 afectó el río Duvino y amenzó con llegar al río Aguarico. La empresa estatal calificó el hecho de “evento fortuito”. Ya en junio de este año, un reporte de la revista Plan V determinó que entre 2015 y junio de 2021, se habían registrado 899 derrames petroleros en el país y que en el 2020, la frecuencia fue de casi dos derrames semanales.
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En el campo Shushufindi, durante el 2021, se han registrado 8 derrames. En el campo BHR se ha registrado uno, igual que en los campos Aguarico, Libertador, Bermejo y Lago Agrio. Y en el campo Drago se han producido 2 derrames en lo que va del año. Pero la cifra total hasta la fecha ronda los 50 derrames en estos ocho meses del 2021.
Pero eso no es todo. La reciente apuesta del gobierno ecuatoriano también se contradice con el contexto global actual. El 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) presentó el primero de cuatro informes sobre cambio climático que verán la luz hasta el 2022. En el documento, los especialistas advierten que para lograr que el calentamiento no sobrepase los 1,5 °C es necesario un rápido abandono de los combustibles fósiles —hidrocarburos como el petróleo y el gas, además del carbón— para lograr disminuir en al menos un 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y eliminarlas para el 2050, tal como lo reportó Mongabay Latam.
“Para evitar que la temperatura siga subiendo en el corto plazo hay que reducir mucho las emisiones de metano”, dijo Fabrice Lambert, climatólogo experto y uno de los científicos que redactó el informe. Y reducir las emisiones de metano implica revisar la extracción de petróleo y de gas —cosa que según el científico se puede resolver fácilmente utilizando la tecnología adecuada— y la ganadería bovina, para lo cual “es necesario reducir el consumo de carne de vaca”, explicó.
Pero el Gobierno ecuatoriano —antes de cumplir sus primeros cien días de gestión— ya ha mostrado su intención de intensificar las políticas extractivistas aun a pesar de que su nueva política ambiental, presentada a inicios de junio, incluyó rebautizar al Ministerio del Ambiente y Agua como Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de que, igual que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, se ha ofrecido caminar hacia un cambio de matriz energética que, en la práctica, no ha ocurrido. “¿De qué transición ecológica se habla?”, se preguntó Acosta.
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Sylvia Bonilla, abogada de la Alianza por los Derechos Humanos, aseguró que los decretos 95 y 151 “son inaplicables por ser inconstitucionales”, pues dice que no garantizaron el derecho a la participación de las poblaciones directamente afectadas. “Toda esta política ha sido impuesta”, dijo Bonilla. Vivian Idrovo, también integrante de la Alianza, añadió que las poblaciones afectadas por la actividad extractiva petrolera y minera son “zonas biodiversas con antecedentes de afectaciones” y que muchas de ellas se han declarado en resistencia e incluso enfrentan amenazas, lo que constituye un latente riesgo de que los conflictos sociales ya existentes se incrementen e incluso se puedan tornar insostenibles. Además, las organizaciones señalan las violaciones que el Estado ecuatoriano estaría infringiendo a tratados y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en abril del 2021, y el Convenio 169 de la OIT.
En este 2021, Ecuador cumple 49 años desde que se inició la actividad petrolera extractiva en su territorio, en 1972. Sin embargo, la situación de pobreza que viven las poblaciones en donde la actividad petrolera ha tenido lugar no ha cambiado. Los habitantes de la Amazonía norte y suroriente, donde existe mayor presencia de actividad hidrocarburífera, no han resuelto sus necesidades fundamentales.
El silencio de la Corte Constitucional
Tanto Bermeo como Bonilla creen que la Corte Constitucional tiene una responsabilidad crucial en materia de conservación ambiental y protección de derechos de pueblos y nacionalidades ante las actividades extractivas, y demandan la celeridad en casos que están pendientes y no cuentan con pronunciamientos claros.
La abogada defensora de derechos Verónica Potes detalló cuáles son estos casos. En la Corte Constitucional reposa el caso del derrame petrolero del 7 de abril del 2020. En mayo del 2021, la misma CC decidió revisar por su propia iniciativa este tema, sin embargo, tres meses después, no hay un pronunciamiento.
Otro caso que espera atención por parte de los jueces de la Corte Constitucional tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 751 del expresidente Lenín Moreno, que fue presentada el 2 de julio del 2019 y no ha sido procesada. El Decreto redelimtó la Zona Intangible en el Parque Nacional Yasuní donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, y permitió actividades hidrocarburíferas en la llamada zona de amortiguamiento que protege esa reserva natural.
Además están pendientes dos casos sobre consulta previa de pueblos indígenas: el de Cofanes Sinangoe y el de 16 comunidades wao en Pastaza que le ganaron un juicio al Ecuador por falta de consulta previa de la ronda suroriente. La consulta previa no ha llegado a ser implementada a pesar de que constituye un mandato constitucional. “Hay una serie de decisiones que ayudarían bastante a ponerle un paro al Gobierno con respecto a lo que puede y no puede hacer unilateralmente en el área petrolera y minera y no tenemos decisiones aún”, reclamó Potes. “Lo que queremos reclamar es que una política es un instrumento de decisión estratégica que también tiene que ser sometido, no solamente a la consulta con pueblos indígenas sino también a la consulta con todas las comunidades, la comunidad ecuatoriana, la comunidad científica, la comunidad académica. Las cortes han probado no ser unas vías muy expeditas cuando se trata de petróleo o minería”.
Transparencia para sanar la vergüenza internacional
A este panorama se suma la inseguridad jurídica que producen los procesos arbitrales y la reputación internacional de un país que incumple sus acuerdos. Según información de la Procuraduría General del Estado (PGE), Ecuador se encuentra inmerso en 18 procesos activos con sede internacional. Un comunicado publicado en su portal web explica que estos arbitrajes son de tipo comercial y de inversiones referentes a distintas materias, particularmente a los recursos naturales no renovables, como hidrocarburos, minería o electricidad.
Uno de los últimos casos que acaparó la atención de la industria extractiva fue el de la petrolera francesa Perenco. En mayo de 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) falló a favor de esta firma, a la que el Estado ecuatoriano debe cancelar 435 millones de dólares debido a la imposición, en 2006, de la Ley 42 sobre el contrato que mantenían las dos partes y que, a decir del CIADI, violentó el Tratado de Inversión Bilateral con el que el país se había comprometido.
Si bien la PGE manifestó que se respetaría lo dictaminado por esta instancia, también adelantó que buscaría una modalidad de pago por cuotas, con el objetivo de reducir el impacto fiscal que la millonaria suma representaría para el país.
Pero Perenco no es el único proceso internacional en materia hidrocarburífera que compromete la reputación y las finanzas nacionales. En abril de 2018, la empresa de origen qatarí Gente Oil impulsó una demanda al Estado por el incumplimiento al contrato de prestación de servicios para la operación del Bloque Singue. El proceso arbitral en sede internacional continúa en proceso. Su fundamentación se ampara en el Reglamento de Arbitraje de la ONU para el Desarrollo Mercantil Internacional, que es administrado por la Corte de La Haya.
También consta el caso Chevron, que se encuentra en etapa de apelación del laudo, después de que la Corte de la Haya fallara a favor de la petrolera.
La preocupación por estas indemnizaciones ha impulsado incluso que el procurador general, Iñigo Salvador, remita a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Repetición que tiene como objetivo establecer responsabilidades patrimoniales contra los funcionarios cuyas acciones u omisiones desemboquen en condenas de tribunales nacionales o internacionales.
Como vemos, duplicar la producción petrolera, como ha ofrecido Guillermo Lasso, pasa por remediar las vergüenzas internacionales que experimenta el país. También se necesitaría de muchas «confluencias», como ocurre con el proceso en sí mismo de la extracción de petróleo. Infraestructura adicional, pero también seguridad jurídica. Reservas probadas, pero también protección a las reservas naturales como el Parque Nacional Yasuní, en donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Dinero, mucho dinero. Tiempo, mucho más del que le han hecho creer a Lasso, y, sobre todo, la aceptación de los habitantes de los territorios que se verían afectados por las actividades hidrocarburíferas. Sin la confluencia de todos esos elementos, la promesa gubernamental es solo demagogia y populismo.
Jaime Checa cree que estos son tiempos en los que es necesario pensar a la industria petrolera de otro modo. Además de generar seguridad jurídica en los Estados, de educar a la clase política para que no manipule a la opinión pública poniendo en riesgo miles de millones de dólares y de diseñar políticas supeditadas a los instrumentos internacionales de protección del medio ambiente, de los pueblos y nacionalidades afectados y de sus territorios, es urgente cambiar la mentalidad.
“El valor de una empresa hoy en día no depende únicamente de sus reservas o de su valor económico, sino también de la manera como conduce sus negocios -dice- , depende también de cómo atiende los temas ambientales y sociales”. Checa se refiere al Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria, un conjunto de estándares internacionales que evalúan la forma como se conducen las empresas en función de promover la transparencia de sus procesos, mejorar el relacionamiento con las comunidades y respetar el medio ambiente de manera comprobable y objetiva.
“La riqueza en el subsuelo no garantiza la riqueza en superficie, tienes que asegurarte de que los beneficios se distribuyan y lleguen a quienes tienen que llegar, y esa no es una tarea fácil pero si se adopta como un objetivo corporativo y nacional finalmente rinde frutos. No basta con que la actividad genere regalías si esas regalías después son mal utilizadas”. ¿Cómo se debe contratar mano de obra en los sectores rurales? ¿Cómo se debe contratar bienes y servicios? ¿Cómo deben transparentarse los procesos de otorgamiento de licencias ambientales? Estas son solo algunas de las preguntas que la industria y los gobiernos están obligados a responder. “La corrupción se puede combatir con transparencia en la industria”, concluye Checa.
Plan Biorregional 2030
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