El pueblo afroecuatoriano cuestiona la reducción de la cifra de su población, de 7,2% en el censo de 2010 a 4,8% en el censo de 2022.
Seis entidades del Estado fueron acusadas por organizaciones afroecuatorianas debido a su responsabilidad en lo que podría configurar una violación a derechos constitucionales.
La reducción de la población afro en el censo representaría, además, una disminución en las asignaciones obligatorias del presupuesto estatal para desarrollar políticas públicas en su beneficio.
Por Mayuri Castro / @mayestefi
Varias organizaciones afroecuatorianas interpusieron el 10 de diciembre de 2024 una acción de protección —recurso para exigir la reparación de un derecho constitucional— contra seis entidades públicas y sus autoridades: Daniel Noboa, presidente de la República; Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas y Economía; Sariha Moya, secretaria de Planificación; Juan Carlos Larrea, procurador del Estado, y Lido López, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Las delegaciones acusan al Estado de haber cometido un etnocidio estadístico en su contra.
La primera audiencia se realizará el próximo viernes 17 de enero de 2025.
La Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune), Fundación Azúcar, la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) reclaman la invisibilización de la población afro en los resultados de población del censo realizado en 2022. Los datos muestran un supuesto decrecimiento de esta población, de 7,2% en el censo de 2010 a 4,8% en el censo de 2022.
Ese porcentaje quiere decir que en Ecuador habría 814.495 personas afrodescendientes entre los más de 16 millones de habitantes que registra el país. Pero esas cifras no coinciden con las proyecciones de crecimiento de la población que hace el mismo INEC.
Este hecho vulnera los derechos constitucionales a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al autorreconocimiento y autodeterminación del pueblo afroecuatoriano, dicen los representantes de las organizaciones. Por eso, con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), interpusieron la acción de protección.
La audiencia se fijó para el 20 de diciembre, pero se difirió para el 10 de enero de 2025, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas, el INEC y la Secretaría de la Presidencia presentaron nuevos documentos de respaldo. Sin embargo, tampoco se realizó la diligencia en esa fecha y más bien se la trasladó para el 17 de enero de 2025, pues el INEC presentó documentos adicionales el 8 de enero.
Cuando se presentaron los resultados del censo de 2022, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de ese año, las organizaciones del pueblo afroecuatoriano realizaron una reunión presencial y virtual con autoridades del INEC para hablar sobre lo que llaman “etnocidio estadístico y omisión censal” de la población afroecuatoriana.
Según Irma Bautista, coordinadora de la Conamune, “ellos (el INEC) intentaron justificar ese resultado que nos tocó profundo por todo lo que conlleva ser una minoría”. En el documento de la acción de protección consta que la respuesta del INEC fue que la reducción censal se debió a “problemas de asociatividad por rasgos fenotípicos”. En otras palabras, la institución habría asegurado que las personas afrodescendientes, en la pregunta sobre autoidentificación del censo, no habrían reconocido que son afrodescendientes.
La Barra Espaciadora solicitó una entrevista con algún representante del INEC para conocer su explicación sobre este tema pero una comunicadora de la entidad respondió: “Por el momento no están disponibles nuestros voceros oficiales por temas de agenda”.
Irma dice que en la reunión, las autoridades del INEC no reconocieron el error cometido en el censo de población, tampoco aceptaron pedir disculpas públicas, como lo solicitaban las organizaciones, y se retiraron. “No comprendemos cómo nuestro pueblo no ha crecido y ha desaparecido”, exclamó indignada.
El documento de la acción de protección presentada por las organizaciones afrodescendientes también dice que los censistas no fueron capacitados sobre cómo evitar racismo y discriminación al momento de encuestar. Así mismo, el documento dice que calificaron a la gran mayoría de territorios, sectores, barrios habitados por afrodescendientes como peligrosos, provocando así que no sean censados.
Diana León, abogada de Inredh que acompaña a las organizaciones sociales, dice que “la invisibilización estadística no solamente son datos sino que, además, no permite la materialidad de las políticas públicas para atender los problemas de la población afroecuatoriana”.
La jurista puntualiza que esta población ha sufrido históricamente racismo, tratos crueles y discriminatorios durante varias décadas, por lo que el reconocimiento de su existencia es importante para que se atiendan sus necesidades y se protejan sus derechos.
El caso Furukawa, que revela las modalidades de servidumbre de la gleba implementadas en el agro ecuatoriano para someter a trabajo esclavo a población negra proveniente de la provincia de Esmeraldas, es una muestra de estos tratos sufridos por la población afrodescendiente. El caso obtuvo una sentencia por parte de la Corte Constitucional luego de varios años de lucha, sin embargo, aún sigue en curso un proceso penal por trata de personas en la justicia ordinaria. También lo es el reciente caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Josué, Ismael, Saúl y Steven, tres adolescentes y un niño afrodescendientes en manos de 16 militares, ocurrido en Guayaquil en diciembre de 2024.
