El 7 de marzo de 2024, la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe en el que confirma que Ecuador incumplió el Convenio 169, en lo referente a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Una denuncia presentada por el Pueblo Shuar Arutam en 2021, en la que se basó el informe de la OIT, se refiere a la falta de consulta en los proyectos mineros San Carlos Panantza y Warintza. Las comunidades indígenas afirman que la violación de estos derechos ha causado impactos ambientales y sociales.
El informe llega en medio de conflictos por proyectos mineros en los Andes ecuatorianos y después de que Daniel Noboa promoviera a Ecuador como potencia en minería y se convirtiera en el primer presidente ecuatoriano en asistir a una importante cumbre minera en Canadá.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
“La OIT nos da la razón a nosotros, se vulneraron los justos derechos”, dice Jaime Palomino, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en el sureste de la provincia amazónica de Morona Santiago. El 7 de marzo de 2024, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó en un informe que el Gobierno ecuatoriano está obligado a consultar al PSHA sobre toda decisión que autorice actividades de exploración o explotación que afecten a sus territorios ancestrales.
Esta decisión llega después de una década de denuncias de persecución a líderes, división y desplazamiento de comunidades, enfrentamientos con la fuerza pública e impactos ambientales en el territorio. “He conversado con el liderazgo del PSHA, y para ellos es un pequeño primer paso, están conscientes de que la lucha es más grande, porque existe un respaldo del gobierno a la minería”, dice Nathaly Yépez, abogada que acompaña el caso y asesora legal de Amazon Watch, organización no gubernamental que trabaja en la protección de derechos de los territorios amazónicos.
Este pueblo indígena, asentado en la Cordillera del Cóndor, presentó en 2021 una denuncia por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto, debido a que el Estado ecuatoriano impuso dos proyectos de minería a gran escala en su territorio: San Carlos – Panantza, a cargo de la empresa china Explorcobres S.A., y Warintza, ejecutado por la canadiense Solaris Resources.
Pero esas no son las únicas concesiones en este territorio shuar. Hasta el 2019, el Estado entregó 165 concesiones mineras que ocupan el 55 % de las 232 534 hectáreas de territorio del PSHA, de acuerdo con un informe del Proyecto para el Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap). A partir de la década de los noventa, las concesiones se han dado a las empresas Solaris Resources (Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A., EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá) para explotar cobre, oro y molibdeno.
La Asamblea General es el máximo órgano de toma de decisiones del PSHA, pero ni la delimitación de las concesiones ni las siguientes fases de la actividad minera han sido consultadas a los representantes de las 47 comunidades que conforman el pueblo.
Además, Ecuador ratificó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 1998, lo que convierte a este instrumento internacional en vinculante y vigente para el país andino. El Convenio busca garantizar los derechos de indígenas, afrodescendientes y montubios. El artículo 15 se refiere al derecho a la consulta previa en relación con el uso de las tierras ancestrales, y a pesar de que la Constitución del Ecuador (2008) también contempla este derecho en el artículo 57, el país no cuenta con una Ley Orgánica que reglamente su ejecución.
La imposición de los proyectos mineros en medio de este vacío normativo causó desplazamiento y enfrentamientos fatales en San Carlos Panantza, en 2016, en un territorio que hace parte del PSHA. Un policía perdió la vida en ese conflicto y desde ese año la operación está suspendida.
En septiembre de 2022, la Corte Constitucional declaró la vulneración a la consulta previa, libre e informada de la población shuar, por la entrega inconsulta de la licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto San Carlos Panantza. La máxima autoridad constitucional también ordenó que el Estado realice una consulta previa, en un plazo de seis meses, y que el Ministerio de Ambiente ofrezca disculpas públicas. Un año y medio después, ninguna de las medidas de reparación han sido cumplidas a cabalidad.
Solaris Resources y el modelo canadiense
En su informe del 7 de marzo de 2024, la OIT también tuvo observaciones sobre el proyecto de cobre Warintza, a pesar de que la empresa Solaris Resources mantiene una alianza estratégica para negociar la implementación del proyecto con Warints y Yawi, dos de las cuatro comunidades indígenas en el área de afectación minera. “Estos acercamientos no equivalen a un proceso de consulta en el sentido del Convenio [169], el cual, como ya se mencionó anteriormente, está bajo la responsabilidad del Estado y debe sujetarse a los requisitos previstos en el artículo 6 del Convenio”, se lee en el informe.
La OIT también señala que el proceso de consulta previa debe ser diseñado con la participación y con el involucramiento de las instituciones representativas del PSHA, y va en contra de la postura de la empresa, que se presenta ante sus inversores como socialmente responsable.
Ricardo Obando, gerente para Ecuador de Solaris Resources, asegura que “el pronunciamiento de la OIT es consecuente con lo que hemos venido haciendo y trabajando en estos últimos seis años. El estado debe garantizar el debido proceso”.
“Cada aspecto en términos de la relación entre el sector privado y las Primeras Naciones [pueblos ancestrales] aquí en Canadá ha sido la línea de base para desarrollar las bases de nuestro propio modelo para América del Sur. Y funciona”, dijo Federico Velásquez, vicepresidente de Solaris en 2022, durante la cumbre anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés).
Una de las principales críticas al proyecto Warintza, en etapa de exploración en la provincia de Morona Santiago, y que abarca más de 25 000 hectáreas, es que las comunidades Maikiuants y Tinkimints, que también están en el área de afectación, no fueron tomadas en cuenta en la Alianza Estratégica creada por Solaris. Esto acentuó, en 2019, una división entre las comunidades Warints y Yawi, que apoyan el proyecto, y los otros 45 centros comunitarios que conforman el PSHA.
El asunto se complicó más cuando Vicente Tsakimp, quien estaba a meses de dejar el cargo de presidente del Pueblo Shuar Arutam firmó, en enero de ese año y a espaldas de la Asamblea General, un memorando de entendimiento con Solaris Resources y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El siguiente Consejo de Gobierno del PSHA, liderado por Josefina Tunki, se enteró de este acuerdo al asumir el cargo en marzo de 2019, y la Asamblea General pidió desconocer el documento. Poco después, Tsakimp se convirtió en el coordinador de la Alianza Estratégica.
“Hemos respetado lo que establece la Constitución y los tratados internacionales respecto a las instancias y niveles de representatividad y legitimidad de un pueblo y nacionalidad indigena”, dice el representante de Solaris en Ecuador, Ricardo Obando.
Mientras tanto, Jaime Palomino asegura que la empresa interfiere mucho entre las comunidades, ofreciendo proyectos de desarrollo económico y servicios como salud, sin embargo, “esas comunidades no tienen sistema de agua, unidades básicas sanitarias o alcantarillado. La infraestructura educativa es de pésimas condiciones”, dice.
El actual presidente del PSHA también afirma que los pobladores de Warints y Yawi están divididos y que se ha conformado un comité de reubicación. “Para no decir ‘desalojo’, dicen que los van a reubicar. No entiendo a dónde”, reclama. La reubicación, de acuerdo con el presidente del PSHA, estaría a cargo de la empresa y tendría el objetivo de liberar espacio para la operación minera. “Categóricamente hemos hablado que los centros Warints y Yawi siempre van a ser los dueños legítimos del territorio”, responde Ricardo Obando.
Actualmente, el conflicto rebasó a este pueblo indígena. Solaris Resources firmó un acuerdo de cooperación con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), una organización paralela al PSHA, presidida por David Tankamash. Sin embargo, de acuerdo con Raúl Ankuash, presidente de la Comisión de Vigilancia de FICSH, la firma se realizó sin aprobación de la asamblea general. Esto provocó que un grupo de socios se tomara las instalaciones y declarara asamblea permanente desde el pasado 14 de marzo de 2024. Como resultado, el 16 de marzo, Tankamash fue destituido.
Ankuash comenta que el 30 de marzo se realizará una asamblea extraordinaria para elegir a otra persona que lidere la organización.
Jaime Palomino comenta que el medio ambiente también ha sido afectado. “El río Warints se ha convertido en agua sucia. Ya no hay cómo consumir las aguas ni las especies de ese río”, asegura.
“En los 12 años que dura la exploración [en Warintza comenzó en 2019], no hay construcción, usas menos agua de lo que se usa para hacer un litro de leche”, asegura Carolina Orozco, ingeniera ambiental, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador y también gerente de la empresa Torata Mining, que tiene un proyecto en la provincia costera de El Oro.
Esta alianza periodística se contactó con Oswaldo Wachapa, exrepresentante de Warints, para preguntarle su opinión sobre el caso. Sin embargo, respondió que no tiene autoridad para dar entrevistas. “Mejor entren a Warints y realicen la entrevista con el síndico [representante de la comunidad]”, fue su respuesta tras pedirle el contacto del nuevo líder.
A pesar de las declaraciones de Carolina Orozco, en un análisis de imágenes satelitales, Maap reportó que entre junio de 2020 y octubre de 2022, la minería en el proyecto Warintza afectó 15,7 hectáreas. El informe estuvo acompañado de una imagen de muy alta resolución, tomada el 29 de noviembre de 2022, que muestra las áreas deforestadas y dos piscinas de dragado. Una de ellas tiene una dimensión de 15 por 35 metros y la otra de 16 por 18 metros.
Presidente Noboa apoya a la minería en medio de los conflictos
Daniel Noboa es el primer presidente ecuatoriano en asistir al congreso de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), realizado entre el 3 y el 6 de marzo de 2024. “Fue para promover de una manera abierta y clara a Ecuador como un país minero, que está abierto a la inversión canadiense”, cuenta Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canada, quien asistió al evento.
Durante el encuentro, Ecuador firmó contratos por más de 4 800 millones de dólares para seis proyectos. Uno de ellos es La Plata, en las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, en Cotopaxi, provincia andina del centro del país. La canadiense Atico Mining Corporation es la concesionaria. El gobierno de Guillermo Lasso intentó llevar a cabo una consulta en el 2023, con un instrumento creado por el decreto ejecutivo 754, pero no se realizó debido a la oposición de la comunidad. El 9 de noviembre de 2023, el decreto fue declarado inconstitucional.
Según Herrera, Noboa aseguró en la cumbre de PDAC que está priorizando la normativa de la consulta previa. De hecho, el 6 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas emitió el Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada, pero su construcción no contó con la participación de los pueblos indígenas.
El informe de la OIT resalta la necesidad de que se construya este manual de forma colaborativa: “el Comité pide al Gobierno que —dando seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional— refuerce los esfuerzos para que se pueda adoptar sin demora un marco regulatorio que defina el alcance de la consulta en el sector minero y reglamente su procedimiento, y recuerda la necesidad de realizar consultas con los pueblos indígenas sobre su contenido”.
El 19 de marzo de 2024, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Manual. “La regulación de un derecho constitucional, como la consulta previa, debe realizarse a través de una ley orgánica”, señala el comunicado de la Conaie. “No respeta el verdadero espíritu del derecho: la autodeterminación de los pueblos, consentimiento y la protección de su territorio y la preservación de su cultura”, se argumentó en la denuncia.
Ese mismo 19 de marzo, el Ministerio de Ambiente intentó nuevamente realizar una consulta en Palo Quemado y Las Pampas. “Alrededor de 500 policías han reprimido al pueblo de Las Pampas y Palo Quemado en Sigchos, Cotopaxi, para garantizar una falsa consulta ambiental con 70 de 1110 habitantes de la parroquia”, denunció a través de redes sociales el Frente Nacional Antiminero.
A Viviana Herrera también le preocupa el anuncio de la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá. Este TLC incluiría un mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS).
“Hay inversionistas extranjeros que utilizan el proceso de solución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes a los Estados que amplían la protección del medio ambiente, y las compañías mineras y del sector de los combustibles fósiles ya han obtenido más de 100 000 millones de dólares en indemnizaciones en virtud de laudos”, dice David R. Boyd, Relator Especial de la ONU, sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en el informe Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos.
El presidente Noboa también busca dar paso al ISDS a través de la Consulta Popular que se realizará en Ecuador el 21 de abril de 2024. En el país, las Consultas Populares han sido usadas para medir la popularidad del mandatario de turno. En este caso, gran parte de las preguntas están enfocadas en seguridad. Sin embargo, en la tercera pregunta los votantes tendrán que responder a lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
Es por eso que comunidades indígenas, así como sectores sociales y ambientales, creen que en el contexto actual de conflictividad minera, el informe de la OIT se convierte en una herramienta de denuncia a nivel internacional. “Es importante el precedente que deja la resolución de la OIT. Permite remarcar estándares de consulta previa, como la obligación del Estado, y no de las empresas, de hacer consultas”, opina Nathaly Yépez de Amazon Watch.
“Vamos a dar seguimiento al cumplimiento del informe”, asegura Jaime Palomino. A finales de marzo de 2024, se planea realizar una asamblea interfederacional, con organizaciones shuar de la provincia de Morona Santiago, para debatir y plantear nuevas acciones de defensa del territorio. “Los recursos de la minería no aseguran que las familias se beneficien. Tenemos un gran ejemplo, el de la explotación petrolera”, concluye el presidente del PSHA.
Foto de portada: Lideresas shuar y de otras nacionalidades indígenas participaron en una rueda de prensa, el 6 de marzo de 2024, para rechazar la participación de Daniel Noboa en la cumbre PDAC. Foto: Pueblo Shuar Arutam
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