Tras las protestas de una comunidad indígena que pedía detener la minería ilegal hace más de un año, en mayo de 2023 se realizó un operativo militar contra la extracción que resultó en la destrucción de 34 retroexcavadoras.
Nuestro medio aliado Mongabay Latam habló con la Defensoría del Pueblo, un defensor de derechos humanos y una lideresa indígena que denuncian la actividad minera en Punino, así como la corrupción que la sigue permitiendo. Esta veeduría les ha generado amenazas.
Por David Tarazona
“Los usurpadores nos mantienen bajo amenaza, con audios, para que no pongamos ni un pie cerca de las minas. Han destruido nuestras casas, las quemaron”, dice una lideresa indígena del pueblo kichwa de Punino que ha sufrido intimidaciones por rechazar la minería ilegal, por lo que pidió la protección de su identidad. El río Punino y la población del mismo nombre están ubicados en el noreste del país, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, a unas tres horas de Quito en automóvil.
Sus palabras reflejan en lo que se ha convertido Punino, una tierra de nadie, donde conviven mineros con concesiones legales y los ilegales, lo que se ha materializado en una devastación ambiental sin precedentes en la zona, según cuentan los habitantes del sector. La minería —tanto ilegal como la legal— arrasó 217 hectáreas de bosque entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) —un programa de monitoreo satelital de la deforestación y minería ilegal liderado por la ONG Amazon Conservation— y la Fundación Ecociencia. A inicios de mayo, un operativo militar intervinó al menos 3428 hectáreas afectadas por la minería en la zona que incluye el estudio de MAAP y Ecociencia, junto con otras cercanas al Punino, específicamente en la parroquia San José de Guayusa, en las comunidades indígenas de San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla. “Prácticamente, el río Punino ha sido totalmente afectado”, comenta uno de los comandantes de la operación.
Sin embargo, en entrevista con nuestro medio aliado Mongabay Latam, un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Napo, un defensor de derechos humanos y la lideresa de Punino cuestionaron los resultados del operativo. Comentan que los mineros escondieron o enterraron sus máquinas para evitar que fueran destruidas, lo que implica que hubo una fuga de información que los advirtió. Por este motivo solo 37 retroexcavadoras fueron intervenidas, de estas 34 fueron destruidas y 3 suspendidas de la operación. “La pregunta es, ¿en dónde están las más de 250 máquinas que operan en la zona?”, comenta el defensor de derechos humanos y miembro del Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo, José Moreno.
Denuncias como esta le han generado problemas a Moreno y a otros dos defensores del medio ambiente consultados. “Hemos recibido amenazas. Hubo un atentado tipo sicariato contra otro colega de apellido Rojas. La Fiscalía considera que pudo haber sido en contra mía y se confundieron, ya que compartíamos oficina. También, Pepe Moreno, un defensor de derechos humanos, fue agredido hace un mes”, dice Eduardo Rojas, delegado provincial en Napo de la Defensoría del Pueblo. Rojas señala que en Punino trabajan al menos 500 mineros en 30 o 40 campamentos.
Posible filtración de información y amenazas contra defensores
Eduardo Rojas describe el reciente operativo militar contra la minería ilegal que se realizó en el sector de San José de Guayusa, en las comunidades indígenas de San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla, que están en las riberas del río Punino. “El operativo reciente se llama Manatí 3. Participaron 1500 efectivos entre policías y militares, liderados por el Ministerio del Interior y la Fiscalía a través de la Unidad de Delitos Ambientales”, comenta Rojas, quien reconoce que estas acciones son importantes, pero que sus resultados fueron limitados. “Son apenas 34 máquinas las impactadas”, dice. Cada retroexcavadora está avaluada en más de 150 000 dólares. En la operación, las autoridades también encontraron dos generadores de energía, cuatro bombas de agua y 3150 galones de hidrocarburos.
Rojas cuenta que la minería ilegal en el sector Yutzupino, en la provincia de Napo, fue la génesis de la afectación actual a Punino. “La minería ilegal en Punino es el efecto rebote de lo que sucedió en Yutzupino a finales de 2021 y comienzos de 2022”, explica. Según dice, en Yutzupino hubo un operativo en febrero de 2022 que fue anunciado tres días antes por el entonces gobernador de Napo —Wilfrido Villagómez—, lo que le permitió a los mineros sacar sus máquinas de la zona. “La maquinaria que huyó, pasó de Yutzupino a Punino”, dice el delegado de la Defensoría del Pueblo en Napo.
Rojas agrega que ni siquiera las concesiones que se suponen legales en Punino cuentan con licencia ambiental y certificado de no afectación de recursos hídricos, que deben ser emitidos por el Ministerio de Ambiente para que sea aceptada la operación minera. “Se han devastado alrededor de 3000 hectáreas”, denuncia Rojas. José Moreno agrega que se han deforestado al menos 25 kilómetros en el curso del río Punino. Este río es afluente del Payamino, que provee el agua potable a los 45 000 habitantes de la ciudad de Coca, capital de Orellana.
La lideresa indígena que pidió la protección de su identidad señala que la deforestación ha dañado su territorio y que es paradójico que, mientras el Estado a ellos no les permitía aprovechar el territorio, a los mineros sí les dio concesiones o ha permitido que la extracción ilegal opere. “Los mineros han ahuyentado a la danta o tapir (Tapiridae). Han tumbado bosques y sembrado. El Ministerio de Ambiente a nosotros sí nos decía que no debíamos talar, ni sembrar, que solo podíamos hacerlo para subsistencia”, señala y agrega que hay una alta mortandad de peces.
Sin embargo, y pese a la continua devastación ambiental, las personas consultadas en este reportaje consideran que los operativos no han logrado ser efectivos. “Tres días antes del operativo Manatí 3, la gente empezó a enterrar las máquinas o a sacarlas del territorio para que no fueran incautadas”, dice Rojas, quien añade que esto solo se pudo deber a una fuga de información estatal.
Sobrevuelo que muestra la devastación minera en Punino en el marco del operativo Manatí 3. Crédito: Fuerzas Armadas de Ecuador, Policía y Rapinet TV.
Además, el delegado de la Defensoría del Pueblo considera que no es un buen resultado que solo hayan capturado a dos personas, cuando en la zona operan casi quinientos mineros. “¿Dónde están el resto de los mineros y cómo obtuvieron información privilegiada para poder huir y retirar la maquinaria con un buen tiempo de anticipación?”, denuncia Rojas. El delegado recuerda que las filtraciones de información en estos operativos ya tienen precedentes como, por ejemplo, la captura a finales de 2022 del exdirector de Minería Ilegal de la Agencia de Regulación de Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por facilitar información de las acciones militares a las redes criminales que operan en Yutzupino.
Rojas y la lideresa indígena señalan que los mineros son principalmente ecuatorianos pero que también hay algunos colombianos. La lideresa también asegura que el sector de mayor riesgo y donde le prohibieron el ingreso por su oposición a la minería es el Alto Punino. Denuncia que hay hombres armados que los tienen amenazados y que quemaron viviendas en su comunidad. “Nadie quiere hablar, hay amenazas y amedrentamiento”, señala el defensor de derechos humanos José Moreno.
Él también ha sido víctima de presuntos mineros, pero en Tena, capital de Napo, donde está el río Yutzupino. Durante una protesta contra la minería en marzo de 2023 en la parroquia Talag, cuatro personas lo golpearon. “Hace un mes tuve una agresión por parte de operadores mineros”, dice Moreno.
El irrespeto al medio ambiente y a la autoridad de las comunidades indígenas no solo se ha manifestado con violencia física. Las comunidades dicen que controlar la llegada de mineros ilegales es muy difícil pero que ni siquiera los que se hacen llamar legales pidieron la aprobación de las comunidades para operar. La lideresa indígena señala que nunca les pidieron “permiso de nada” y que con ofertas económicas, lograron convencer a algunos indígenas, dividiendo a la comunidad. Rojas cuenta que “todas las concesiones han sido entregadas desde el Ministerio de Ambiente en territorios de pueblos indígenas, sin haber realizado la consulta previa, libre e informada. Hemos demandado ese otorgamiento”. En la provincia de Napo hay 153 concesiones mineras que ha entregado el Estado ecuatoriano en 32 277 hectáreas, tal como contó Mongabay Latam. En Punino hay tres concesiones, según denunció la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador en 2022.
Pero aunque el Estado entregó estos permisos a los mineros, no ha tenido la misma celeridad para reconocer formalmente las tierras de los kichwa de la zona. Pese a esto, las comunidades siguen empeñadas en proteger su bosque, que hace parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. “Hemos luchado por más de 30 años para obtener la adjudicación de estas tierras que eran de mis ancestros”, agrega la lideresa, quien señala que en una reunión de abril de 2023 con el Ministerio de Ambiente, funcionarios del mismo se mostraron favorables a reconocer el territorio kichwa, pero hasta el momento no ha habido avances.
¿A dónde va el oro ilegal y de dónde llega el mercurio para extraerlo?
Los expertos consultados dieron pistas de cómo funciona el comercio ilegal minero en la zona. “Se dice que el oro sale hacia Perú por la frontera sur, pero no es algo verificado”, dice el delegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, Eduardo Rojas. José Moreno dice que ha escuchado que sale hacia Perú, que otra parte va a Colombia y que Ecuador provee oro también a Canadá.
Sobre el mercurio, Moreno señala que este “llega desde Zamora Chinchipe y Loja, luego pasa a Morona Santiago y de ahí a Napo. Esa es la ruta con mayor ingreso de mercurio. Otra parte menor estaba ingresando por Pasto, Nariño y La Hormiga, Putumayo, en Colombia. Tenemos registros en las botellas de mercurio de que viene desde Colombia, Perú y hasta México”, comenta.
En Ecuador está prohibido el uso del mercurio en la minería, pero su importación y exportación no lo están, pese a que el país ratificó el Convenio de Minamata en 2016, un tratado internacional vinculante que busca regular el uso de este elemento químico. Rojas comenta que el mercurio entra por contrabando a las minas.
El uso del mercurio en Punino además podría tener consecuencias en la salud de sus habitantes. “Las comunidades están preocupadas por tomar agua contaminada. Por eso empezaron a hacer plantones liderados por el obispo en el cantón Coca, en Orellana. La Alcaldía y la Prefectura guardan silencio”, dice Rojas.
La lideresa indígena comenta que no saben si están contaminados, pero les preocupa que puedan desarrollar alguna enfermedad. También conserva la esperanza de que Punino vuelva a ser como era antes de la llegada de la minería. “Que se fueran las concesiones y los mineros. Para volver a trabajar con las plantas medicinales. Todo era un paraíso, ya no. Queremos que sea como antes”, dice.
Mongabay Latam consultó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para conocer si la entidad ha entregado licencias ambientales o certificados de no afectación de recursos hídricos a los concesionarios mineros de Punino. También para determinar si las concesiones mineras se superponen a territorios indígenas. Incluiremos la respuesta del Ministerio cuando esta llegue.
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